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La ruleta rusa de desaparecer en Venezuela

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Las desapariciones forzosas en Venezuela han sido motivo de alarma internacional en 2017, aunque han estado presentes en el país desde el siglo pasado. Alarmantes, angustiantes y desoladoras, ayer y hoy. Pero la certeza de saber a las víctimas con vida alivia sufrimientos

“Estoy metido en un problema”. Con esa frase, Alcedo Mora abrió la última conversación seria que sostuvo con sus dos hijos varones, una semana antes de desaparecer. El mayor, de 28 años y quien porta su nombre y su apellido aunque le llaman Luis, recuerda como si fuera ayer el nerviosismo inusual que se colaba en su voz. “Prefiero que me den un tiro a que me torturen”, les decía y les ordenó que lo buscarán hasta “debajo de las piedras” si sucedía. Ni la prisión ni la muerte le asustaban tanto. La desaparición era su mayor miedo.

Y pasó el 27 de febrero de 2015, cuando no regresó a casa luego de una reunión que sostendría en la Gobernación de Mérida, donde trabajaba como asistente de la Secretaria General de Gobierno. Ese día se despidió de su hijo menor con un abrazo, un beso en la mejilla y una advertencia: “Cualquier cosa, si no llego a la casa dentro de dos días muévanse, porque me jodieron”. Su caso se mediatizó cuando se difundió un mensaje que corrió por las redes sociales, donde advertía que “la cosa era complicada” y que querían “montarle una olla” por sus investigaciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Se ausentó sin quererlo, pero lo previó y lo comunicó. Mora tenía meses escarbando sobre el desvío de gasolina por la frontera andina hacia Colombia. Pdvsa era la protagonista de sus indagaciones en el contrabando del oro negro. Aunque creía en el proceso bolivariano que impulsó el fallecido Hugo Chávez -pertenecía al Partido de la Revolución Venezolana Ruptura (PRV Ruptura)-, no estaba de acuerdo con el desfalco de capitales y la vista de gorda de los burócratas. cita-desaparecidos-2 En la actualidad, es uno más de los individuos cuya corporeidad se eclipsó. No dejó rastro de su ubicación ni se encuentra información sobre su estado de salud por parte de las autoridades. Las desapariciones son una estrategia destinada a generar terror general, presente en el país desde la década de los 60, que continuó en los 80 y 90 en menor cantidad, relacionadas en la lucha contra el delito común, explica Inti Rodríguez, investigador de Provea, en TalCual.

Alcedo Mora fue uno de los tres casos registrados en 2015, y estrechamente relacionado con política. Ni las Naciones Unidas ni las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas a esos temas tienen certeza del número de personas en dicho estado para la fecha. Sin embargo, se conoce que entre el año 2000 y 2016 se registraron 141 casos de desapariciones, de acuerdo con Provea.

Apenas un año antes, las desapariciones de José Rivas, Marco Monasterio, Oscar Romero y Roberto Hernández, prendieron las alarmas nacionales. Se presume que desaparecieron a manos de agentes de distintos cuerpos de seguridad pública entre las fechas 21 y 23 de diciembre de 1999, durante la tragedia de las lluvias en el estado Vargas. La voz se elevó dentro y fuera del país, en especial con el caso de Hernández, para el que Provea introdujo el recurso de Habeas Corpus, el último posible, en que solicitaban el cuerpo del individuo, vivo o muerto. El informe de la CIDH indica que Hernández fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Disip 23 de diciembre de 1999, cuando se encontraba en la residencia de su tío, en Caraballeda, Vargas. Según testigos, los funcionarios descendieron de un vehículo rústico, color amarillo, identificado con el logotipo de la Disip. Sin identificarse y sin orden judicial, procedieron a allanar el domicilio y se llevaron detenido al ciudadano. El tío de la víctima, Carlos Paz, escuchó un disparo y los gritos de Hernández suplicando que no lo mataran. Fue montado herido en el vehículo y sacado de la zona sin informar a nadie las razones de su detención.

Sin embargo, desde la esquina institucional, la detención nunca ocurrió. El director de la Disip para entonces, Jesús Urdaneta Hernández, negó que alguno de sus funcionarios hubiera ejecutado la aprehensión. Con esa alegación, el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas declaró “no tener materia sobre la cual decidir”. El caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004, que lo asumió de oficio dada la “gravedad del asunto”, en lugar de otorgar medidas cautelares, y solicitó al Estado venezolano información sobre el paradero de este ciudadano. Hasta ahora, se desconoce.

Hechos como el de Hernández entraban en un limbo legal por la falta de tipificación de la desaparición forzosa en la legislatura venezolana. El abogado penalista y vicepresidente de Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci), Joel García, explica que se contempló en el Código Penal en 2005 y el titular de la acción penal en Venezuela sobre la materia es el Ministerio Público. A través de la Dirección de Derechos Fundamentales, se encarga de preservar, garantizar o investigar hechos que atenten contra ellos, “amén de que la Defensoría también inicie denuncias por estos aspectos”, agrega. Y cuando las instancias nacionales fallan en la resolución de problemas, aparecen los sistemas internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estado Americanos (OEA), o el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. cita-desaparecidos-1 En el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre desapariciones forzosas e involuntarias como la de Alcedo Mora en Venezuela, especialmente durante los cuatro meses de manifestaciones de este año. Según fuentes de ONG que soportan el documento, 5.051 personas, entre ellas 410 niñas y niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1° de abril y el 31 de julio, y más de 1.300 personas seguían detenidas al 31 de julio. El documento indica que algunas de estas detenciones podrían constituir ausencias involuntarias.

Son hechos ocurridos a la luz pública, como también tras las rejas de los centros penitenciarios. Desde 2009, los familiares de Francisco Guerrero Larez, preso recluido en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en Guárico, denunciaban su desaparición forzada dentro del penal. Guerrero Larez había sido sentenciado a prisión por robo agravado en 1997 por 13 años. Allí, fue testigo de actividades ilegales que cometían los pranes o jefes del penal, de la mano de los militares, también jefes, encargados de su custodia. Tener ese conocimiento fue su espada de Damocles, que cuando cayó lo condujo a un descuartizamiento y la desaparición de sus restos, según intuyó su esposa Hilda Hernández por datos de los demás reclusos.

Cuando el padre del preso denunció su desaparición ante la Guardia Nacional Bolivariana –encargada de la custodia del perímetro de dicha cárcel-, el director de la prisión le dijo que no podía darle una respuesta “porque él no controlaba a la población en el penal”. Incluso, se le ofreció a la familia la entrega del cadáver. Fueron solo palabrerías. La respuesta institucional del Ministerio Público ante la ola de denuncias de violaciones contra los Derechos Humanos con el caso de Guerrero Larez fue que el preso se había fugado del recinto. La segunda respuesta fue el silencio, cuando el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado venezolano por la desaparición del individuo. Sin embargo, cuando se descubrió en 2017 que en la PGV había una fosa común con más de 14 cuerpos, 5 de ellos descabezados, el caso de Guerrero Larez cobró nuevamente vigencia y credibilidad. La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, reconoció el descubrimiento de la sepultura.

De acuerdo con la legislatura venezolana, dichas autoridades involucradas deberían cumplir entre 15 y 25 años de presidio, tal como se establece en el artículo 180-A del Código Penal. Por hechos como estos, tanto los sistemas regionales como mundiales también pueden imponer sanciones a los estados o individuos, respectivamente, dependiendo de la gravedad del caso.

No es cuestión de tiempo

Las detenciones arbitrarias entran en la categoría en la medida en que las autoridades, durante un período inicial, se nieguen a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas. Para evitarlo, se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre el arresto de toda persona privada de libertad y sobre su lugar de captura, continúa el documento. “Las autoridades tienen que dejar que te comuniques al momento de tu detención. Cuando te niegan las llamadas entras en ese estado. Es una desaparición forzosa si se da una detención arbitraria, no cometida en flagrancia y sin orden judicial, efectuada por un órgano policial o militar, en la que se desconoce su ubicación y además se niega su aprehensión desde las autoridades. Ahí empieza la vulneración a los derechos fundamentales”, ratifica el abogado Joel García.

Los estándares internacionales aclaran que no existe un mínimo de tiempo, por breve que sea, para atestiguar una desaparición. Pueden ser minutos, semanas, meses. Para Mora han sido dos años y medio. Su hijo Luis ya no huele el aroma del café recién hecho por la mañana ni escucha chistes que le alegren el día. En la incertidumbre y el dolor, espera. “Mi corazón tiene una luz prendida que no se ha apagado, en medio de tanto dolor. No sé cómo estará. Capaz está llevando golpes. Pero tengo esperanzas de que mi papá está vivo”, dice con voz entrecortada.

A Luis le han llegado rumores de la ubicación de su padre por parte de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero no se ha fiado del uniforme, especialmente al darse cuenta de que no tenían investigaciones claras sobre el caso. Se mantiene en la desinformación.

Andreína Baduel al menos tiene una fe de vida. Su padre, el General Raúl Isaías Baduel, se encuentra recluido en “La Tumba”, calabozo de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela. El exministro de Defensa cayó tras las rejas por acusaciones de corrupción en 2009. Quien una vez fue leal a Chávez, se autocalificó como su preso político. Desde entonces, Baduel ha estado en Ramo Verde, en su casa bajo arresto domiciliario y de vuelta en la cárcel militar, hasta que el 8 de agosto de este año se interrumpió su condena de forma abrupta. “Durante todos estos ocho años, hemos denunciado las reiterativas violaciones de sus derechos humanos, el aislamiento, la incomunicación, pero nunca habíamos llegado a estos extremos de desaparición forzada. Tememos por su vida”, soltó Andreína.

Unos encapuchados lo sacaron amordazado y a la fuerza del recinto cerca de las 5:30 de la mañana del 8 de agosto, sin orden de traslado de tribunales ni comunicación con los familiares. De hecho, Andreína se enteró del movimiento por una alerta de uno de los custodios de su padre. Y de pitazo en pitazo, se movió a las sedes del Sebin, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), incluso a la Base Áerea El Libertador, en Macaracay, sin éxito alguno. En paralelo, su descendencia se encargó de denunciar la ausencia involuntaria de su padre en las redes sociales, organismos internacionales y embajadas en Caracas. Fueron 23 días de hipótesis refutadas, en los que su familia exigió al gobierno venezolano divulgar el estado de salud de su padre. No hubo respuesta hasta que el 31 de agosto su hijo Adolfo reveló que recibió una llamada de Tarek William Saab, antes Defensor del Pueblo y ahora Fiscal provisorio designado por la Asamblea Nacional Constituyente, en la que les informaba que verían a su padre. “El traslado fue tal cual como fuimos informando, de manera violenta, lo amenazaron, pero no lo golpearon. Está siendo torturado, porque esto es una tortura psicológica, el aislamiento al que está siendo sometido”, dijo Adolfo. Está en “La Tumba”, un recinto conocido extraoficialmente por la crueldad de sus tratos a los detenidos. Luego de un encuentro de treinta minutos, su hijo pudo constatar que Baduel tenía unos kilos menos y no había visto el sol desde el 7 de agosto. cita-desaparecidos-3 Nunca ilesos A Irene Olazo, esposa del Capitán Juan Caguaripano, también desaparecido, le negaban la existencia de aquel calabozo cada vez que acude. Fue del timbo al tambo, a ciegas, en búsqueda de una fe de vida: “Yo me dirijo a los dos Sebin. En el Helicoide me dicen que no está y en Plaza Venezuela me dicen que no existe ningún centro de reclusión”, cuenta, mientras la frustración se cuela en sus testimonios. Caguaripano salió de sus tres años de clandestinidad luego de difundir un video en el que se declaraba en rebeldía contra el gobierno de Maduro. Comandó la “Operación David Carabobo” que tomó el Fuerte Paramacay, en Valencia, con un grupo de militares. Fue capturado el 11 de agosto. El retrato policial de su rostro maltrecho por los golpes se difundió por las redes sociales y prendió las alertas de las ONG. Irene tiene la convicción de que Caguaripano es blanco de torturas, y en varias oportunidades. El martes 19 de septiembre cumplió 40 días aislado, en las sombras, hasta que constató que estaba vivo.

Mientras estuvo recluido en el centro penitenciario del Dgcim desde el 15 hasta el 22 de agosto, Irene cuenta cómo oficiales que intentaban tranquilizarla solo le aclaraban dudas: “Me dijeron que no me preocupara porque lo habían llevado a un centro médico y le estaban suministrando suero. Eso se da cuando hay un cuadro de deshidratación. También me dijeron que le hicieron curas, lo que indica que tuvo una herida abierta. Lo último, fue que ‘si en el Dgcim había tres médicos, en el Sebin había 6’. Todo eso es evidencia de que sí ha sido maltratado”.

Irene se despidió de él la última semana del mes de enero de 2014, sin un rasguño. Entiende que Caguaripano escogió la clandestinidad como un modo de seguridad para su familia. Tres años después, su esposa guapea con la fe como escudo. “Todas las mañanas le pido a Dios que me de fortaleza, porque creo que no puedo con esta angustia. Pero veo la desesperación de mis suegros y sé que tengo que ser fuerte para ellos; veo a mi niña y sé que debo tener fuerzas para que ella pueda darle un abrazo a su papá”. Se fue sin conocer a su hija Samanta de cuatro meses. Irene, madre y padre en simultáneo, se enorgullece al ver el fruto de la formación de la menor, quien ahora reconoce a Caguaripano en las primeras planas de la prensa. No verla crecer fue parte de su sacrificio y su condena, que ahora debe cumplir en contra de su voluntad.