La soya que nunca nos comimos

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Una inversión que supera los 600 millones de dólares para una producción que durante más de año y medio estuvo en cero. En sus mejores tiempos, la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E Lima S.A. logró sembrar 14.958 hectáreas de soya, de las 35.000 hectáreas prometidas por los expresidentes Luis Inácio Lula Da Silva, de Brasil; y Hugo Chávez, de Venezuela, cuando acordaron la creación de este complejo a través de un convenio bilateral firmado en 2009

Los terrenos de la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E Lima S.A. se pierden de vista, pero solo eso hay en la carretera El Tigre-Pariaguán: monte y soledad. La vegetación supera el metro de altura y arropa a los tractores abandonados a su suerte. Son hectáreas y más hectáreas de terreno improductivo que se prolongan a lo largo de la Troncal 9, un camino en línea recta con dos canales, uno de ida y otro de vuelta.

Atrás quedaron los tiempos en que los expresidentes Hugo Chávez –ya fallecido– y Luis Inácio Lula Da Silva –condenado a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero en Brasil, aún en proceso de apelación– celebraban la firma de un programa de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. Corría el año 2009 y ambos mandatarios se dejaron filmar encaramados sobre tractores, recorriendo las sabanas de la Mesa de Guanipa en el estado Anzoátegui. Su objetivo era que Venezuela lograra la siembra de 35.000 hectáreas de soya y poner en funcionamiento una planta de elaboración de alimento balanceado para animales, una planta para la extracción y refinación de aceite de soya, otra para la elaboración de carne a base de soya, otra para fabricar leche saborizada y una planta de procesamiento de semillas. Materializar este complejo se lograría con la intervención de Odebrecht Venezuela.

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Anticipaban un futuro prometedor en octubre de 2009, cuando inauguraron la obra bautizada con el nombre de un militar brasileño que participó activamente en la gesta independentista junto a Simón Bolívar. Después de ocho años, en octubre de 2017, el acceso principal está cerrado con cuerdas, y hace tanto que no se usa esa entrada de tierra que hay pozos de agua estancada bordeando la caseta de vigilancia.

Las paredes de vidrio de las oficinas las revelan vacías, tanto de personal como de mobiliario. Apenas un vigilante asoma la cabeza ante el ruido de los vehículos que circulan por la carretera que conduce al caserío de Caico Seco y, al aguzar la vista, solo se distingue un trío de hombres caminando entre los gigantescos silos, con capacidad para almacenar diez mil toneladas, cada uno. Al fondo, maquinarias agrícolas, equipos y vehículos de transporte y monitoreo permanecen estacionados. La maleza que se cuela entre sus piezas y los cubre indica que no han sido utilizados en mucho tiempo.

Después de ocho años, el acceso principal está cerrado con cuerdas, y hace tanto que no se usa esa entrada de tierra que hay pozos de aguaestancada bordeando la caseta de vigilancia.

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La empresa ha señalado entre sus limitaciones la falta de maquinaria para la cosecha

La planta comenzó como un proyecto de desarrollo agrario y así se mantuvo hasta la aparición del decreto presidencial Nº 8.817 que autorizó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras –ahora llamado de Agricultura Productiva y Tierras–, a constituir la empresa. La medida quedó asentada en la Gaceta Oficial Nº 39.872, del 28 de febrero de 2012. Pero ni como proyecto, ni como empresa formalmente constituida (con el Registro de Información Fiscal G-20010211-0, e inscrita en 4-A RM2DOETG, Nro. 57 del año 2012, ante la Oficina de Servicio Autónomo de Registros y Notarías; Registro Mercantil Segundo del estado Anzoátegui) ha estado exenta de tropiezos.

La propia Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras correspondiente al año 2012 –mismo año en que se constituyó como empresa– reportaba “pérdidas innecesarias de la producción” debido a la falta de maquinaria suficiente para la cosecha y a la entrega no oportuna de los agro insumos. El incumplimiento de las metas les causó, además, “resultados económicos adversos”, con pérdidas operativas de Bs. 23.201.941,38 (el salario mínimo en Venezuela era de Bs. 2.047,52; el dólar oficial estaba en Bs. 4,30 y el paralelo ese año cerró en Bs. 17,32). El capital social de arranque de la empresa fue de 10.000 bolívares.

Para mantenerse a flote, la compañía obtuvo un préstamo del Banco Venezuela por Bs. 132.500.000,00 que utilizaron para adquirir 46 cosechadoras, pero la maquinaria no llegó al país. En consecuencia, reportaron incumplimientos en los planes de producción y ventas; y bajos niveles de producción. El texto admite que se mantuvieron los costos fijos programados para la siembra de 30.000 hectáreas iniciales, aun cuando la producción real fue de 17 mil hectáreas, “arrojando una desviación de 44%”.

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Pese a los déficits, 2012 fue su mejor año desde que comenzó a operar. En 2009 se cultivaron 1.500 hectáreas de soya; en 2010 se sembraron 1.900; en 2011 se incorporaron 3.340 hectáreas al desarrollo de este cultivo; en 2012 cultivaron 14.100 hectáreas (de 17.000 planificadas) de soya en grano y 127 hectáreas de semilla. Luego, llegó 2013 que fue su mejor año histórico con la siembra de 14.958 hectáreas de soya (de 25.000 planificadas). De ahí en adelante se acentuó la debacle: en 2014 apenas sembraron 229 hectáreas de soya y en 2015 consiguieron trabajar 1.498,13 hectáreas del grano.

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Al garete

La realidad descrita por los anzoatiguenses es mucho peor que la que deja ver el Ministerio en sus números, y la tan pregonada “soberanía alimentaria” luce cada vez más lejana.

Ernesto Castro, productor agrario y perito agropecuario, explica: “Esa fue una de las empresas con mayor potencial de desarrollo agrícola que se le pudo ocurrir a Chávez y a Lula. En la Mesa de Guanipa el suelo puede ser explotado en invierno y en verano, es un suelo liviano, con bastante contenido de arena y un inmenso potencial hídrico por la gran cantidad de agua que hay en el subsuelo. Puede ser trabajados los 365 días del año, y sirve para todo –en referencia a los cultivos”.

Después de enumerar las bondades del terreno, el especialista repasa los beneficios de la soya, un alimento milenario que se ha convertido en uno de los productos agrícolas más completos: “Es indispensable para la producción de alimento balanceado para animales, crucial para obtener pollo, cerdo, huevo, leche y carne”, dibuja mientras se refiere al riego implementado a través de un sistema de pivote central, que fue posible mediante la perforación de pozos y la instalación de un sistema de bombas.

Lo que en la teoría pinta muy bien, en la práctica no se materializó. En 2017 no están sembrando soya, el suelo permanece improductivo y el sistema de riego fue vandalizado. “El complejo se convirtió en un rotundo fracaso debido a la incapacidad del Gobierno. No pusieron el complejo bajo la administración de personas honestas y con ganas de desarrollar el país. Empezando porque hubo equipos de riego que ubicaron en pedregales y en cerro, zonas no aptas para su instalación. Además, el complejo tenía cinco equipos de perforación de última tecnología, ahora quedan tres y no se sabe qué pasó con los otros dos. Tenían tractores, sembradoras, cosechadoras y ahora los que aparecen están todos destartalados. Hay vehículos con el logo del complejo en fincas privadas y no pasa nada. Estaba todo para ponerlo a producir y hoy en día lo poco que queda son las ruinas que dejaron sus administradores, y nadie se responsabiliza por la inmensa cantidad de dinero que invirtió el Estado”, denuncia Castro.

El 11 de abril de 2012, cuando Elías Jaua Milano ocupaba la cartera de Agricultura y Tierras, designó al ciudadano Alfredo José Herrera Muñoz como Presidente del Abreu E Lima. Herrera Muñoz se mantuvo en el cargo hasta el 24 de abril de 2017, cuando el actual ministro Wilmar Castro Soteldo nombró a Hernán Joel Zambrano. Los trabajadores de la empresa describen el cambio como la instalación de una junta interventora.

Luis Bravo, representante del sindicato de trabajadores, denuncia que durante la anterior administración se “extraviaron” 87 tractores y solo lograron recuperar 12, subraya que desde 2013 los empleados no reciben la dotación que les corresponde “ni un par de guantes. Lo que ha causado la muerte de tres personas debido a los químicos a los que estamos expuestos para evitar la presencia de plagas”. Dice que si continúan trabajando es por el legado de Hugo Chávez y ubica el momento en que comenzó a decaer el complejo junto con la muerte del expresidente. “En 2013 fue como que dijeron ‘Vamos a acabar con esta empresa’”.

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Otro empleado que prefiere resguardar su identidad coincide con la fecha de la debacle: “Solo ha habido atraso y más atraso. La anterior directiva recibía comisiones de hasta 10% por cada partida que llegaba. Eso lo denunciamos con pruebas ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y no ha pasado nada. Hubo 10 camionetas desaparecidas. Entre 2014 y 2015 se perdieron 235 toneladas de maíz, después se perdió una buseta y apareció desvalijada. Empacaban el pasto y lo vendían sin rendir cuentas a nadie. Entregamos pruebas de todo, pero no pasó nada y uno se cansa de la lucha”. El empleado puede seguir enumerando irregularidades sin detenerse: tumbaron los transformadores de los postes, les sacaban el cobre y los dejaban en el suelo, hurtaron los motores de las bombas. Llegaron a ser 85 pivotes –con 70 pozos perforados– y ahora nada más quedan 8; entregaron créditos a 150 personas, pero nunca hubo producción.

En la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) nunca dieron respuesta sobre la existencia de este expediente. Sin embargo, el diputado José Brito, quien asumió una curul por el estado Anzoátegui en 2016, confirma su existencia: “Allí reposan todas las denuncias de la gran estafa a la nación que fue este complejo”. El parlamentario por Primero Justicia señala un desfalco de mil millones de dólares y, al igual que los productores y trabajadores, se refiere a la desaparición de los pivotes y de los vehículos. Un secreto a voces en El Tigre, pero sin culpables. Justifica la inacción de los legisladores en las dificultades para operar que ha tenido el Poder Legislativo instalado en enero de 2016. “Estamos en presencia de un régimen que torpedea todo tipo de contraloría y supervisión. Se amparan en un supuesto desacato de la Asamblea para no comparecer en la comisión”.

Bien sabido

Desde que comenzó a operar el Abreu E Lima, han pasado por ese ministerio Elías Jaua –quien prometió que el complejo estaría listo en febrero de 2013–, Juan Carlos Loyo, Yván Gil, José Luis Berroterán y Wilmar Castro Soteldo, y ha habido al menos cinco presidentes del Instituto de Desarrollo Rural: Américo Mata, Denixce Aponte, Javier Ramos, Alí Peña y Oswaldo Barbera Gutiérrez.

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“Yo personalmente le notifiqué a Yván Gil lo que estaba ocurriendo. Le reclamé que hasta cuándo tanta incapacidad con ese complejo; pero lo único que logramos fue que cada vez que venía se rodeaba de un pelotón más grande y prohibía la entrada de todos los que podíamos decirle la verdad”, asegura Ernesto Castro. Los afectados indican el Ministerio Público y la Contraloría General de la República también están al tanto de las irregularidades.

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Alexander González, periodista y dirigente de Primero Justicia en Anzoátegui, formalizó la denuncia ante la Contraloría del municipio Simón Rodríguez –uno de los tres que abarca el Abreu E Lima, junto a los de Francisco de Miranda y Aragua de Barcelona–. En su escrito menciona la compra de equipos de siembra, abonadoras y encaladoras no aptos para grandes extensiones de tierra. Y cita: “Dos de los proveedores –las firmas Distribuidor Ferretero El Vigía y Punto Agro– tienen Registros de Información Fiscal que pueden ser verificados en la base de datos del Seniat –J297990607 y J313668460–, pero no en la del Registro Nacional de Contratistas”. Por ley, ninguna institución del Estado puede hacer negocios con compañías que no aparezcan en este registro. En su escrito, González también citaba las irregularidades señaladas por la Memoria y Cuenta del MAT en 2012.

El oficio lo introdujo en abril de 2015 y la denuncia quedó registrada bajo el expediente Nº OAC-D-001-2015 y remitida mediante el oficio Nº 143.2015 de fecha 20 de abril de 2015 ante la Contraloría General de la República, que en primera instancia solicitó ampliar los detalles del caso. En agosto de 2015 respondieron que “no se describen concretamente los hechos presuntamente irregulares y los mismos no están debidamente fundamentados” y de nuevo solicitaron ampliar su contenido. “Hicimos todo lo pertinente, el 16 de septiembre de 2016 la Contraloría nos informó, sin número de expediente, que la causa había sido admitida, y después de eso no hemos tenido más contacto”, asegura González.

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Las manos de Odebrecht

Los malos resultados en los planes de siembra tienen su parangón en las plantas originalmente prometidas para 2013 que nunca llegaron a completarse.

La página web de Odebrecht en Venezuela cuenta entre sus proyectos en ejecución al Abreu E Lima. Tenían bajo su responsabilidad instalar el sistema de riego para las 35.000 hectáreas, el urbanismo de la comunidad, la vialidad rural, módulos de producción lecheros. Además de la ejecución de obras de infraestructura para el cultivo de la soya, tales como: la rehabilitación y construcción de 202 kilómetros de vialidad, obras de electrificación, sistemas de riego, y “en especial la construcción del complejo agroindustrial con planta de acondicionamiento y almacenamiento de soya para una capacidad instalada de 30.000 toneladas por año, una planta de alimentos balanceados para animales para una capacidad instalada de 29.000 toneladas por año”.

Pero las Memorias y Cuentas del Ministerio de Agricultura nuevamente dejan en la calle lo no hecho en el complejo agroindustrial, y confirman lo que está a la vista. Los últimos datos disponibles corresponden al documento del año 2014. Ninguna memoria y cuenta del año 2016 se hizo pública pues habrían sido presentadas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y en la correspondiente al año 2015 sólo mencionan a la empresa una sola vez, y de pasada, entre las 1.327 páginas.

En el informe de gestión de 2014, se extiende la fecha de culminación del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque ninguna de las plantas productivas superó el 1% de avance en las obras ejecutadas.

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Hectáreas y más hectáreas de monte y culebra

En el informe de gestión de 2014, se extiende la fecha de culminación del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque ninguna de las plantas productivas superó el 1% de avance en las obras ejecutadas. La de alimentos consumibles (proteína texturizada y bebida saborizada) solo avanzó 0,69%; la construcción de la obra civil de la planta para la elaboración de alimentos balanceados para animales tuvo 0,24% de avance; la construcción de la planta para la extracción de aceite de soya mediante la extrusión del grano para la obtención de harina y aceite crudo de soya registró 0,67% de crecimiento; la planta para la refinación y envasado de aceite de soya 0,66%; la construcción de calderas e instalación de estructuras para plantas industriales 0,22%; y la construcción de la planta para preparación de aceite y harina avanzó tan solo 0,37%. Así, cinco años después de que fuese inaugurado el complejo, el porcentaje total de avance físico de las obras apenas alcanzaba un 11%.

En una entrevista concedida por Alfredo Herrera en 2011 a la Dirección de Prensa del propio Ministerio de Agricultura afirmaba que se habían completado “24,13 kilómetros de infraestructura para riego en micro redes; 3,8 kilómetros de vialidad agrícola –de 200 anunciados por Odebrecht–, se han perforado y equipado 70 pozos; 84 pivotes; se ha construido 74 kilómetros de tendido eléctrico, 1 estación generadora de energía eléctrica. También se construyó un Centro de Formación Socialista José Inácio de Abreu E Lima donde se han capacitado y formado 95 comuneros en diversas áreas agroproductivas”. Después de esa fecha no se encontraron datos disponibles sobre el porcentaje de avance de los proyectos en manos de la constructora brasileña.

Un trabajador de la empresa que prefiere el anonimato dice: “Odebrecht está ahí, ocupa una oficina, pero no están haciendo nada”. Agrega que la planta de alimento balanceado para animales sí llegó a estar operativa, pero de resto “lo único que funciona son los silos. La de aceite está casi lista, solo le faltan las instalaciones eléctricas”.

Para este reportaje, se buscó verificar esa información enviando un oficio dirigido al despacho del ministro Castro Soteldo. No obstante, la única respuesta que se obtuvo fue la de Randolfo Fernández, director general del Despacho, quien solicitó remitir la petición al director de Prensa, Oscar Soteldo. Así se hizo. Una solicitud similar fue dirigida a Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural; ambas peticiones quedaron sin respuesta.

Y no hay nada que decir de las 491 viviendas, áreas de recreación, plazas, automercado, una escuela, un centro de asistencia médica y un servicio radial, que tenía Odebrecht entre sus planes, salvo que no existen.

Sin derecho a pataleo

El Centro de Formación Socialista José Inácio de Abreu E Lima al que se refería Herrera en sus declaraciones era en realidad casa principal de la finca perteneciente a la familia Muñoz.

La Estancia fue la primera finca confiscada por el Estado –pues nunca se pagó la expropiación para el desarrollo del complejo agrario. El fundo de 596,89 hectáreas perteneció a la familia desde la década de 1960. Allí, en el sector Cerro del Policía en la carretera nacional El Tigre-Pariaguán, construyeron una casa familiar de 239 metros cuadrados, un bohío en la parte exterior de la casa, garaje y depósito. También se hicieron cargo del asfaltado desde la carretera hasta la casa, de instalar el tendido eléctrico, un tanque de aguas blancas y de fabricar una vaquera, una cochinera y una gallera, además de una casa de tipo rural para el capataz.

Josefina Muñoz no reclama el terreno, sino el pago por esas bienhechurías. “A mi papá le dio un ACV y nos tuvimos que trasladar hasta El Tigre por sus cuidados médicos. Allá estuvimos varios meses durante los cuales la finca se quedó sola. Mi papá falleció y un día recibimos la llamada de un vecino que nos informaba que habían roto el candado de la finca y estaban metiendo camiones”, relata.

La mujer se enfiló hasta La Estancia y al llegar se encontró con que habían roto el portón, se habían metido dentro de la propiedad y robado desde los muebles hasta los marcos de las puertas y ventanas. Al increpar a los presentes sobre el motivo de su presencia en esa propiedad privada, la respuesta que obtuvo fue que se trataba de una “orden de la nación”. Allí estaban unos representantes del INTI, del Inder y de Odebrecht. “Eso fue horrible, me mandaron a salirme de mi casa y desde entonces he llevado papeles a todas las oficinas involucradas. Tengo hasta la declaración jurada del constructor de la vivienda. Odebrecht dijo que pagarían las bienhechurías, si se hacía el avalúo, pero no me dan respuesta. Hasta he ido a Caracas y perdido el viaje”. La mujer continúa llevando papeles porque “la esperanza es lo último que se pierde”.

No se sabe con precisión cuántos fueron los fundos tomados. Los afectados calculan que entre 60 y 100. La Memoria y Cuenta de 2012 del MAT “destaca”, que en 2011 “se recuperaron 1.203,40 hectáreas de latifundio”. Alexander González asegura que confiscaron cualquier finca productiva y no productiva que estuviera dentro de las 35.000 hectáreas seleccionadas en la Mesa de Guanipa.

La familia Raydan también perdió los terrenos que trabajaron por más de 50 años. “Tenemos los documentos de propiedad. Esa fue la primera parcela que otorgó el Instituto Agrario Nacional en la Mesa de Guanipa. Fuimos quienes trabajamos las primeras mil hectáreas de maní en la región”, detalla Juan Raydan.

La Plantación Raydan se ubicaba en un sector conocido como El Oasis. En sus mejores tiempos cultivaron 1.000 hectáreas, que luego se redujeron a 600, donde sembraron maní, maíz, sorgo y cereales; y tuvieron 400 vacas productoras de leche. “Comenzó la debacle a finales de los ochenta, cuando el Gobierno le quitó el subsidio al campo”. Luego vino el Abreu E Lima: “En vez de poner a producir a los que estaban allí expropiaron todo, en un proyecto que no cuajó y en el que se ha denunciado corrupción por millones de dólares en tractores, silos, infraestructura y galpones. Además tuvo un gran impacto ecológico, pues deforestó alrededor de 20.000 hectáreas, quitando la flora nativa que es la que sustenta la biodiversidad en la zona”, declara Raydan. De hecho, parte del proyecto del Abreu incluye la reforestación que, según los trabajadores del complejo, no se ha realizado.

“Agarraron esos terrenos para negocios y no para producir. Una vez que se hizo evidente que las tierras no iban a producir, pensamos que el Inder lo devolvería a sus propietarios, pero en nuestro caso el Inder le entregó 250 hectáreas de nuestra finca a un foráneo”, denuncia Juan Raydan.

¿Soberanía alimentaria?

A finales de 2017 sembraron en el complejo 200 hectáreas de maíz semilla y 200 hectáreas de caraota, “pero son ajenas, pertenecen a un privado”, asegura Luis Bravo, representante del sindicato.

Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), enfatiza que “Venezuela no produce ni el 1% de la soya que consume, y lo que se ha sembrado en 2017 ha sido iniciativa 100% privada en Guárico y Portuguesa”.

El 29 de abril de 2016, el ministro Castro Soteldo realizó una inspección en el complejo y afirmó que las obras tenían un avance “que supera el 88%, con una inversión de unos 600 millones de dólares”. También juró que Venezuela importa alrededor de 1.600 toneladas de este rubro de las 1.900 requeridas. “De allí su importancia y nuestra preocupación para su recuperación, con el fin de contrarrestar esta guerra económica que quiere poner de rodillas al país y que nosotros desde nuestras trincheras vamos a defender con una ofensiva productiva y de posesión del territorio”.

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No obstante, esta es una batalla que el Gobierno pareciera luchar con las manos atadas. Hopkins informa que en 2016 el gobierno importó 3 millones de toneladas de soya. Mientras que la producción nacional entre 2009 y 2015 cayó en estrepitosa picada.

En 2009, cuando el complejo empezó su marcha, Venezuela producía 54.420 toneladas, y en 2015 la producción fue de 5.061 toneladas, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura, citados por Fedeagro. De haberlo hecho bien, la crisis sería menos evidente. Ernesto Castro explica que la soya, si se siembra correctamente, “año tras año aumenta su rendimiento” y asegura que si se hubiesen puesto a producir, así fuese las hectáreas instaladas del complejo, la Mesa de Guanipa sería capaz de procurar todo el frijol y la caraota que consume el oriente del país. “Son tierras muy parecidas a las del norte de Brasil. Es una lástima lo que pasó con el Abreu E Lima, que está ubicado en una zona con un enorme potencial productivo”, lamenta Hopkins.

Parte del convenio con Brasil contemplaba la trasferencia tecnológica y de conocimiento. No obstante, mientras el gigante del sur es el mayor exportador de soya del mundo, con una producción de 114,7 millones de toneladas de la oleaginosa en el actual ciclo agrícola; en la Venezuela de 2017 el presidente de la Corporación de Desarrollo Agrícola, Pedro Malaver, anunciaba en febrero que este complejo “a mediano plazo” estaría en capacidad de cultivar unas 15.000 hectáreas bajo riego mecanizado. Lo mismo que hizo en 2013 y que no ha logrado repetir.

El 29 de abril de 2016, el ministro Castro Soteldo realizó una inspección en el complejo y afirmó que las obras tenían un avance “que supera el 88%, con una inversión de unos 600 millones de dólares”.

El empleado que se mantiene en el anonimato asegura que antes de la intervención de la planta, el complejo se mantuvo paralizado durante año y medio. Período durante el cual la empresa estatal pasó brevemente a la jurisdicción del Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales, según la Gaceta Oficial Nº 40.649, del 28 de abril de 2015.

Las fuentes de financiamiento del Abreu E Lima, además de los auxilios de la banca pública, provenían del Fondo de Desarrollo Nacional, del Fondo Especial Ezequiel Zamora, de ingresos propios y –aunque se trataba de un convenio con Brasil– del Fondo Conjunto Chino Venezolano, todos controlados por el Ejecutivo y fuera del Presupuesto Nacional. Pese a los resultados adversos, en papel, el complejo se hacía cada vez más ambicioso y en 2013 se planteaban como objetivo “desarrollar 600.000 hectáreas de cultivo”, cuando el año anterior ni se acercaron a la meta ofertada de 120.000.

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Periodista egresada Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela en 2011. Ganadora del premio Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa por la serie Morir una, dos y tres veces de hambre, de El Estímulo. Estuvo entre los tres finalistas del Premio Gabriel García Márquez 2015, Categoría Innovación, por la investigación Propietarios de la Censura, hecha en alianza entre Ipys Venezuela, Armando.info y Poderopedia. También figuró entre los diez finalistas del mismo premio en 2014, Categoría Cobertura, por la serie El Patrón de la Represión, de El Nacional.