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La vorágine del billete de 100 en Bolívar, un año después

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22/01/2018
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TEXTO: MARCOS DAVID VALVERDE @MARCOSDAVIDV | FOTOGRAFÍAS: WILLIAM URDANETA (CORREO DEL CARONÍ)

En diciembre de 2016, Bolívar vivió un cataclismo porque una trastada económica terminó como detonante de una debacle. Eso fue la medida con la que el 11 de diciembre de ese año Nicolás Maduro decretó la muerte del billete de 100, que sobrevivió a sus condenas y hoy sigue tan vigente como el doloroso recuerdo de los comerciantes que vieron sucumbir sus negocios ante la rebatiña. Es más, se decretó su extensión hasta el 20 de marzo de 2018

Antes de que todo ocurriera, Melany rezó. La ferretería Ferremax, el negocio que sus padres inauguraron en 1998 (cuando ella tenía tres años) en la avenida España, de Ciudad Bolívar, era como otro miembro de la familia: allí también había crecido ella. Hablar de Ferremax no es hablar de su otra casa, sino de su hogar. Un hermano para ella, si a ver vamos.

Por eso, en la madrugada del sábado 17 diciembre de 2016, cuando una vorágine saqueadora que había estallado en el sur del estado llegó a Ciudad Bolívar, Melany Milanesa rezó para que al negocio de su familia no lo tocaran. Que se tranquilizara, le decía a su mamá. Que a la ferretería no van a saquearla, le insistía, porque allí no vendían comida y la gente estaba saqueando porque tenía hambre. ¿Para qué iban a saquear una ferretería? No había razón.

El papá de Melany pasó la noche del viernes 16 y la madrugada del sábado 17 en el negocio. No quería –no podía– dejarlo solo. Los rumores de que los saqueos iban a llegar a Ciudad Bolívar eran más persistentes, y en la madrugada del sábado se materializaron cuando una turba echó abajo las puertas de un Mercal en el sector La Sabanita.

A pesar de que rezaron y de la convicción de que no los iban a saquear pues tornillo no se come, la familia se fue toda para la ferretería porque tenían un dejo amargo que los intranquilizaba.

A las 10:00 de la mañana, alguien se sentó en la acera del frente del negocio. Después se sentó otra persona. Luego, dos más. Solo miraban “como buitres”, recuerda Melany. Hasta que se pararon, caminaron hacia la santamaría y la derribaron. Y ya no fueron cuatro sino 40. Y después 400. O algo así: el número exacto ya no importa.

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Lo que sí tiene vívida es la película de terror de hora y media que contempló junto a su familia desde el techo: aquella multitud que hormigueaba abajo y arrasaba con todo. “En ese momento fue la impotencia: ¿cómo haces eso, por qué lo haces? Los que estaban allí saqueando yo los conocía, yo los había visto”, recuerda desde Chile un año después. “Recé muchísimo para que no pasara y pensaba que no iba a ocurrir porque no era un negocio de comida. Como se supone que había hambre, no nos iba a pasar nada. Pero se notó que no era hambre lo que tenía la gente, sino ganas de saciar su salvajismo”.

Pero, a ver, ¿por qué comenzó todo? Si hay que señalar una fecha, habría que decir 11 de diciembre de 2016. Y si hay que buscar un motivo, habría que responder “decisión presidencial”. Y si hay que puntualizar un nombre, habría que mencionar a Nicolás Maduro.

La combinación para el estallido.

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Ese 11 de diciembre de 2016, en su programa televisivo Los domingos con Maduro,  el presidente de la República anunció una medida que dejó frío a todo el país: el billete de cien bolívares quedaría sin validez en apenas cuatro días.

“He decidido sacar de circulación los billetes de cien bolívares en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes poseen billetes los declaren ante la banca pública y ante el Banco Centra de Venezuela (…) te quedarás con tu almacén lleno de billetes de cien en Cúcuta y en Alemania”, dijo entre los consabidos aplausos.

Había un detalle: el día siguiente, lunes 12, era feriado bancario. Los venezolanos tenían entonces martes, miércoles y jueves para reunir sus billetes de cien, declararlos y depositarlos.

72 horas y contando.

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Si esa medida tuvo alcance nacional, ¿por qué Bolívar fue el foco del desastre? Austerio González, entonces presidente de la Cámara de Comercio regional (hoy, vicepresidente de Fedecámaras Bolívar), analiza el asunto un año después con énfasis en un punto: el movimiento de la economía en las zonas mineras de la región es casi exclusiva del efectivo. En palabras más simples, el oro se negocia billete en mano.

“Hubo descontento porque el gobierno no pensó que los billetes estaban represados en Bolívar. Depositar en un lapso de tan poco era imposible y los bancos estaban limitando porque tenías que declarar de dónde venían los ingresos. Al ver esa limitación, se hizo engorroso depositar”, explica.

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En los negocios de las zonas mineras comenzaron las aglomeraciones. Especialmente en los abastos chinos (mote popularizado para los negocios de propietarios asiáticos), las colas se reprodujeron y se sazonaron con la ira, el calor y la incertidumbre colectiva sobre la medida.

Una mezcla peligrosa.

“El sector asiático, que maneja lo más fuerte de los víveres, dejó de recibir ese billete de 100 el miércoles (13 de diciembre) a las 2:00 de la tarde. Fue la gota que derramó el vaso y produjo ese resentimiento. Tenías esos billetes y no se podían gastar ni depositar”, aduce.

Nadie sabe en qué lugar comenzó la rebatiña. Porque todo fue confusión y con dos ejes: El Callao y Tumeremo. Después, Guasipati y Santa Elena. Ese fue, digamos, el cuadro en el que estallaron los saqueos.

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En la mañana del viernes 16 de diciembre había números: 40 negocios violentados en Tumeremo, 30 en El Callao, 45 en Guasipati, 5 en Santa Elena. Las imágenes que circularon mostraban a los comerciantes asiáticos vaciando sacos de billetes de 50 bolívares sobre las multitudes desde las ventanas de los locales: eran los pagos para que no los saquearan.

La violencia arrastró vidas, además. A Alejandro Guarayote, de 15 años, lo mató un balazo durante una revuelta en el bulevar La Limonada, de El Callao. En Tumeremo también hubo una víctima de la violencia que, en ese momento, confirmó el Sebin. “Todos los negocios estaban cerrados y tenían escombros en las puertas. Después teníamos que ir a El Dorado para comer”, recuerda Yoel Vivas, un joven oriundo de Tumeremo.

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La noticia ya estaba rodando kilómetros arriba, en Ciudad Guayana, donde hubo dos protestas: una en una sucursal del Banco de Venezuela, en San Félix, y otra en la sede del Banco Central de Venezuela en Puerto Ordaz. Ocurrieron la mañana del viernes 16.

San Félix había sido centro noticioso nacional hacía un año y cinco meses, en julio de 2015, cuando una protesta en la avenida Manuel Piar contra el cobro excesivo de pasajes del transporte público activó una seguidilla de saqueos al mejor estilo de El Caracazo. Desde el 15 de diciembre de 2016, además, la gente esperaba la llegada de los billetes de 500 bolívares, otra promesa televisiva de Maduro. Los papeles nunca llegaron. Ciudad Guayana comenzó a verse como el siguiente foco de disturbios. Pero el fantasma del saqueo no se paró entre el Orinoco y el Caroní y siguió de largo, cien kilómetros hacia el oeste: la capital del estado.

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Para la fecha en que se conmemora la muerte de Simón Bolívar, funcionarios tanto de la Guardia Nacional como de las policías de Bolívar y de Heres estaban de vacaciones. Además, un grupo significativo de uniformados estaba en el sur, apaciguando los ánimos. Por eso no hubo capacidad de respuesta cuando, en la madrugada de ese día, una turba asaltó el Mercado de Alimentos de El Corito (a pocos metros de la avenida España).

La imagen más ¿representativa?, ¿impactante?, ¿famosa?, de ese día fue la de gente entrando y saliendo de los galpones de Plumrose en La Sabanita. El video fue la clarinada: Ciudad Bolívar era, ahora, el epicentro del terremoto.

Cada quien trató de resguardar su negocio como pudo. Rafael Crespo, propietario de abasto La Ideal, en la avenida Paseo Meneses, relata: “Esos días fueron horrorosos. No lo creíamos. La gente salió aterrada y vimos que intentaron meterse en unos chinos. Lo único que hicimos fue quitar el anuncio publicitario y poner tierra en la entrada para que se viera como que estaba en construcción. Sacamos pesos, rebanadoras, los quesos más finos, equipos de computación y puntos de venta”.

Frank Mendoza, dueño de una licorería ubicada en la avenida España, explicó que él y su familia simularon que ya habían sido víctimas: sacaron la mercancía, tumbaron las neveras, rayaron las paredes y rompieron las puertas. Los saqueadores ni los miraron.

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Pero otros no tuvieron la misma suerte. “No perdonaron a nadie. Pensé que no me iban a saquear porque es una zona tranquila. Pero la gente estaba desesperada. Cuando llegué al negocio en la tarde del sábado vi el desastre. Y a mí no me hicieron más porque me conocen. Se llevaron lo poquito que había: queso y mortadela”, relata César Pérez, propietario de un expendio de víveres y charcutería, El gordo Pérez, en Agua Salada.

El sábado en la tarde se decretó el toque de queda para Ciudad Bolívar. Paradójicamente, en la noche de ese día y el siguiente, la violencia alcanzó su clímax. El domingo a mediodía, Francisco Rangel Gómez, entonces gobernador del estado e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), emitió su primer pronunciamiento desde el comienzo de la vorágine.

“Estamos frente a un plan desestabilizador por escalas que se asocia a intereses políticos, pero vamos a contenerlo apegados a la ley (…) sabemos quiénes son los cabecillas políticos de estos grupos violentos que generan terror junto a agitadores preparados”, acusó. Un año después, nadie sabe el nombre de esos supuestos jefes de los que habló.

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La imagen era la de un cataclismo. Austerio González da cuenta del desastre: 540 negocios saqueados en Ciudad Bolívar, 106 en el sur del estado. No bastó el discurso, en tono de parsimonia fañosa, de Rangel Gómez ni el anuncio de Nicolás Maduro revirtiendo la medida del 11 de diciembre. El lunes 19, entonces, la plana mayor del PSUV, encabezada por Diosdado Cabello, llegó a la capital del estado.

En una rueda de prensa en la sede de la Gobernación apuntó a nuevos culpables, tan etéreo como los “cabecillas políticos” que había señalado Rangel Gómez. “Esta fue una respuesta de sectores opositores y de contrabandistas, narcotraficantes y cambistas porque querían ver el dólar cucuteño en 10 mil bolívares. Esto generó que en algunos lugares hubiese disturbios. Hoy podemos decir que todo el estado Bolívar está en absoluta calma”, aseguró.

Pero Cabello mintió: ese mismo día, con la plana pesuvista en Ciudad Bolívar, los saqueos continuaron. Y hubo, incluso, policías que se sumaron a la rebatiña.

El diputado prometió también fondos de ayuda, mediante la banca pública, para los negocios saqueados. La Cámara de Comercio estima que 90 por ciento recibió el dinero, aunque pocos pudieron hacer algo: la devaluación se tragó las indemnizaciones.

De los saqueos quedaron, además de la devastación, 286 detenidos. Abastos, licorerías, agencias de loterías, estaciones de servicio, y hasta ferreterías, como la de la familia de Melany Milanesa, terminaron saqueadas. “Creo que fue un acto vandálico organizado, porque venía alguien, levantaba la santamaría y la gente entraba. Creo que el tiempo ha dado la razón sobre lo equivocada que fue esa medida”, resume hoy Artemio González.

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Un año después, el “dólar cucuteño”, como lo señaló Cabello, traspasó no solo la barrera de los 10 mil bolívares, sino que se fue 90 mil peldaños más arriba. Y el objeto de la discordia, el billete de cien, continúa más vivo que ciertos legados y se vende como hojas de plátano en el sur del estado y al 120% de su valor.

“Vamos a cerrar todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se llevaron”, sentenció Maduro ese 11 de diciembre de 2016. Pero la sentencia se revirtió a menos de una semana de aquellas palabras que dijo delante de las cámaras y con un letrero de fondo: “Prendan la luz, que es diciembre”.

Ah, y en medio de un bullicio repetitivo que celebraba: “Así, así, así es que se gobierna”.

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Este texto se publica en alianza entre Clímax y Correo del Caroní.