Las grietas de Tocoma filtraron millones de dólares

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La eterna espera por la represa de Tocoma deja correr más rumores que agua al sureste del país. Su culminación genera expectativas y hartazgo, todavía no la energía para alivianar las carencias de la población venezolana. Su reactivación es un mero cuchicheo entre obreros; su paralización, un secreto a voces; su mala ejecución, un tema oculto. Y entre entuertos, cantidades exorbitantes de dineros públicos se esfumaron

Ni apagones ni racionamiento eléctrico. De haberse culminado la represa de Tocoma, al sureste del país, Venezuela hubiese podido escapar de la crisis de energía en la que entró en 2007 y recayó en 2010. También se hubiese alejado de la dependencia y sobreexplotación de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar –otrora Raúl Leoni– en Guri. Con la suma de su generación de 2.160 Megavatios (MW) se generarían más de 17.000 MW en el Bajo Caroní, equivalentes a más de 70% de la producción nacional de electricidad.

Han pasado dieciséis años desde que el fallecido expresidente Hugo Chávez anunció su construcción en abril de 2002; trece desde la licitación del proyecto en 2005; once desde que se iniciaron las obras civiles entre los municipios Piar y Raúl Leoni del estado Bolívar. Aún no hay energía servida, ni represa en funcionamiento, a pesar de tenerse planteada para 2012 y haberse corrido la arruga de su culminación en más de una oportunidad. Tampoco hay obra física terminada.

Además, la mala ejecución de su infraestructura, sus constantes retrasos en la entrega del proyecto y los trabajos inconclusos hasta la fecha restan décadas de vida útil a la represa bautizada con el nombre del prócer Manuel Piar. El tiempo de referencia en factores de seguridad, estipulado en 100 años, está bajo cuestionamiento dada su precariedad.

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En las entrañas

Un trabajador del Consorcio Uriaparí, encargado de la supervisión de la obra civil y electromecánica, fue testigo de la cantidad de errores injustificados que sufrió la represa de Tocoma.

El ingeniero de piel tostada, rasgos afilados y pelo negro prefiere mantenerse en el anonimato por temor a posibles represalias. Pero no duda en catalogar la obra como un “parapeto”. Así podrían llamarla los conocedores que hayan visto cómo se hizo. “Da vergüenza que la empresa haya permitido desviaciones de esa magnitud”, afirma.

El rango va desde falta de vaciados de concreto menores, hasta la inexistencia de geometría. La obra civil de envergadura es comparable con una muñeca de retazos. 2012 fue el año en que la represa tuvo más reparaciones, indica el inspector de Uriaparí. Para entonces, la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica reportaba un avance de 82,89%. Chávez aún vivía y promocionaba a la represa como parte de su campaña electoral para los comicios de ese año.

Pero más allá de la fachada de la central hidroeléctrica, se gestaban irregularidades que Uriaparí registraba. Hubo problemas en la instalación de las nueve compuertas por fallas en el diseño y desviaciones en su ejecución. Las estructuras radiales serían las responsables de dejar pasar el agua hasta el aliviadero, de 220 mil metros cúbicos de hormigón y con un flujo máximo de 30.000 metros cúbicos de agua por segundo. Su deslizamiento debe ser lo menos traumático posible. “Se debían tener las medidas precisas en la verticalidad allí más aún. Pero presentaba desviaciones en las pilas del aliviadero. Se vieron casos en los que tuvieron que demoler áreas de concreto en las caras de las pilas por esta desviación en su geometría”, asegura el inspector.

Aún recuerda cuando ordenaron las correcciones para permitir el deslizamiento de las compuertas. Con una máquina parecida a un hidrojet, llamada “licua”, capaz de cortar concreto a presión con agua, pulieron las fallas. “Aun así quedó irregular”, indica, y continúa: “No era para que existiera reparaciones ni desviaciones en el acabado”. El margen de error de 2 a 3 centímetros se había sobrepasado de lo común: la estructura presentaba errores de hasta 8 centímetros.

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Al experto se le acaban los dedos de las manos para contar errores como este que presenció en Tocoma. Lo engloba en un deterioro “a nivel estructural”, que parte desde las mismas cabillas que sostienen la obra civil. La oxidación del acero del que están hechas repercute sobre la superficie de concreto vieja, hecho que se incrementa a medida que se pospone la fecha de entrega del proyecto. “Queda una obra sin refuerzos si no se trata el óxido”, esclarece. En ninguna Memoria y Cuenta se reporta haber atajado eventualidades con las cabillas.

El hombre de hablar pedagógico llegó a ser un estorbo para los demás involucrados en el proyecto. Su firma debía validar, bajo el nombre del Consorcio Uriaparí, que la estructura estaba construida correctamente. Sin embargo, sus observaciones obligaban a corregir o rehacer trabajos mal ejecutados, lo que tomaba más tiempo. Por eso se convirtió en incómodo, fue rotado cinco veces dentro de la estructura organizacional y cambiado su puesto de labores a distintas áreas porque era “muy rígido” con su quehacer como inspector. Hasta que eventualmente prescindieron de su firma: “Las desviaciones quedaron permisadas (sic) por los jefes de la obra”.

“A Tocoma hay que dinamitarla”, es el diagnóstico de Víctor Poleo, quien fue viceministro de Energía y Minas entre 1999 y 2001. El también profesor de postgrado en Economía Petrolera en la Universidad Central de Venezuela (UCV) no le encuentra reparo. Sin edulcorantes, agrega que está “mal hecha desde el punto de vista de la ingeniería de presa”.

Su solución sería construir una central hidroeléctrica desde cero en las riberas de aquel afluente. Las características del río Caroní lo convierten en un lugar propicio para la explotación de energía: 4.850 m3 de agua por segundo, una pronunciada pendiente y una superficie rocosa que da soporte a grandes estructuras, como las represas de Guri, Caruachi y Las Macaguas (I, II y III).

Pero la fama de buen ejecutor de Constructora Norberto Odebrecht S.A. y la bonanza petrolera criolla dieron por sentada su realización. Prevista en un principio para 2011 según estimaciones del propio Chávez, se tenía planteada su culminación para 2012 de acuerdo con el contrato N° 1.1.104.003.05 llamado Construcción de las estructuras principales de concreto, suministro e instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa izquierda, construcción de la variante del ferrocarril y construcción de la plataforma para sub-estación Tocoma y registrado en el Sistema Nacional de Contratistas.

Ideada en gobiernos anteriores al “revolucionario”, los movimientos de tierra entre los municipios Piar y Angostura en Bolívar iniciaron en 2002, lo que dejó el terreno listo para su licitación. En 2005, la Electrificación del Caroní (Edelca) –ahora Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)– pactó con el Consorcio OIV, conformado por la empresa brasilera Odebrecht (50%), la italiana Impregilo (40%) y la venezolana Vinccler (10%), para que la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, como se le conoce oficialmente, se convirtiera en una realidad tangible.

Aguas adentro

En papel, la Central Hidroeléctrica Manuel Piar era un objetivo lograble. Sería similar en dimensiones a la represa de Caruachi, ubicada 60 kilómetros aguas abajo del embalse de Guri, y 25 kilómetros aguas arriba de la represa de Macagua, en Puerto Ordaz.

También tendría su misma capacidad instalada, 2.160 MW, a diferencia de Caruachi que cuenta con 12 unidades de 180 MW, en ambos casos tipo Kaplan, las turbinas de agua de reacción de flujo axial más poderosas en el mundo. La construcción de estos equipos quedó a cargo de la empresa argentina Impsa.

En la práctica, las diferencias salpican, teniendo en cuenta el acabado de Tocoma y su producción inexistente de energía eléctrica. La represa, aún inconclusa, costó más de tres veces el precio de Caruachi, ejecutada con US$ 2.797 millones. En un inicio, la obra se planificó con un costo de US$ 3.000 millones, monto que escaló hasta los US$ 7.000 millones en 2013, según declaraciones del exministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón, para luego ascender de nuevo y posicionarse en US$ 9.365 millones, de acuerdo con el actual jefe de la cartera, Luis Motta Domínguez.

Se quedó en el papel

Según el contrato N° 1.1.104.003.05, Odebrecht estaba a cargo de las obras civiles del proyecto: una presa de enrocamiento de núcleo de arcilla en la margen derecha del río, una presa de enrocamiento con pantalla de concreto ubicada en la margen izquierda y un aliviadero con 9 compuertas radiales y 18 ductos de fondo. Una vez ejecutadas todas las obras correspondientes al proyecto, el embalse se sobre elevaría al nivel máximo de 127 m.s.n.m., inundando un área de aproximadamente 87,4 km2.

Es una estructura que aún Carlitos no ha visto en funcionamiento. Como la mayoría de los obreros, prefiere usar un apodo para resguardar su futuro laboral. Moreno y con casi dos metros de altura, recuerda que entró en 2010 como chofer y acabó como “todero”, trabajando en zonas como el aliviadero, la casa de máquinas, la toma y la presa izquierda, hasta enero de 2014. “Fueron años que pasamos trasnochados y echándole bola, pero la satisfacción de verla completa que le da a uno es grande. Ahora lo que estoy es espelucao”, dice con pesar.

Se le apaga la voz cuando se le pregunta por irregularidades en la estructura de Tocoma. “Somos la parte mala de la película”, se lamenta. Por falla de equipos, Carlitos presenció en varias oportunidades cómo podían pasar horas sin que el concreto se vaciara, “y los jefes armando peo y mentando madre. Pero no había mucho que pudiéramos hacer porque se dañaba la cinta transportadora de la grúa”. Retrasos como este producen una junta fría e impiden la compactación del concreto en sitios duros.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica lo reportó en 2010 como “fallas en el suministro de materiales de construcción (cemento y acero), afectando la programación de ejecución de vaciados”. En el renglón de obstáculos y limitaciones –que dejaron de llenarse con tal especificidad en los subsiguientes años– también se encontraban anomalías como retrasos en el montaje de la grúa de construcción ubicada en toma y casa de máquinas y bajo rendimiento en las actividades de preparación de vaciados, que afectaron la colocación de concreto en las estructuras principales.

“Se registraron detenimientos de horas en la fundición de concreto que aumentaban de forma exponencial. La discontinuidad afecta el resultado final”, asegura el exviceministro Poleo. Es una afirmación que también secunda Miguel Lara Guarenas, exdirector de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (OPSI) –ahora Centro Nacional de Gestión. Califica a la Central Hidroeléctrica Manuel Piar como una obra “llena de improvisaciones”, cuya ingeniería fue mal llevada. “No es una planificación armoniosa”, lapida.

Como uno de los empleados de RPL Construcciones, empresa venezolana subcontratada que aportaba cerca de 2.500 personas, Carlitos vivió el apogeo de Tocoma. Junto a Proyectos, Obras y Servicios C.A. (Prosica), RPL Construcciones era la compañía fuerte que aportaba mano de obra para construir el cuarto desarrollo energético del Bajo Caroní, una planificación que data de la época democrática venezolana. En 2013 llegó a su clímax con su máxima registrada de 12.335 empleados directos e indirectos, de acuerdo con la Memoria y Cuenta de ese año.

Pero también vivió en carne propia su declive. “Con la muerte de Chávez en 2013 se paró todo. Ya el daño estaba hecho, el que quiso sacar plata, sacó”, asegura. Los despidos fueron masivos tras un paro técnico de puertas adentro. Carlitos operaba entonces en el área de sumidero “cuando la debacle”. “Por semana botaban a 30, 40 personas. Cuando pasaban su ficha de identificación y el lector pintaba rojo, era que estabas botado. Fue abrupto”, cuenta.

La culminación de las reparaciones en la presa izquierda, reportadas en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica en 2015 como “trabajos no previstos de grietas en la pantalla”, fueron los últimos registrados hasta la fecha. Además, los últimos de Carlitos en Tocoma.

¿La razón? Falta de pago. Los montos adeudados por Corpoelec incidieron en el cierre técnico del proyecto y en el presupuesto estipulado. Los retrasos, de acuerdo con el Addendum N°2 aplicado al contrato N° 1.1.104.003.05, implican la aplicación de multas diarias por los componentes no instalados. Hasta la fecha, aún se registran dolientes: cerca de 30 trabajadores del Consorcio Uriaparí cuyas prestaciones no han sido saldadas.

Música paga no suena

Son errores que no son expresamente reconocidos desde el gabinete ministerial y muy poco especificados en las Memorias y Cuentas. Se mantienen ocultos bajo el manto de la centralización, tanto como la posibilidad de conocer el estado de la infraestructura, que ha sufrido revestimientos y remodelaciones que sobrepasan el estimado de defectos en una construcción de esa envergadura.

Puertas adentro, Corpoelec tenía conocimiento de irregularidades cometidas hasta agosto de 2013, fecha de emisión del informe preliminar N° AI-CP-R8-AGT-006, titulado Auditoría “Evaluar el control interno administrativo y financiero, aplicado a la construcción de las estructuras de concreto, suministro e instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa izquierda, construcción de la variante de ferrocarril y construcción de la plataforma para la subestación Tocoma. Estado Bolívar”.

Sobre la construcción de la obra civil principal, el informe apunta “una serie de circunstancias de diferente naturaleza que afectaron el camino crítico del Proyecto, obligando a la extinta operadora Edelca (Electrificación del Caroní) a establecer cambios en el proyecto civil que generó trabajos adicionales no previstos, impactando de forma negativa el programa de construcción vigente y en consecuencia, el costo estimado del Proyecto Tocoma”.

Por medio de addendums del contrato original, el término de la obra se pospuso de forma legal con diversos proyectos. El Addendum N°5, por ejemplo, suscribió el programa general de construcción “R5 Flexibilizado” con la Resolución DIR N°0794, vigente desde 2011. Allí se modificaron las fechas estimadas de culminación para 2012 y 2013, dependiendo de sus marcocomponentes. El dique G y la ataguía B, presa izquierda, presa de transición izquierda, aliviadero, se tenían pensados para 2012, mientras que presa derecha, la estructura de toma y de casa de máquinas para 2013.

Ninguno se construyó dentro de lo esperado, tal como evidenció el informe preliminar N° AI-CP-R8-AGT-006 de agosto de 2013. Las edificaciones evaluadas se encontraban bajo la responsabilidad de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos de Expansión de Generación Oriente.

Y el tiempo siguió pasando y la legislación venezolana se incumplió de forma reiterada. Por falta de omisión del control previo e inobservancia de las disposiciones legales, se vislumbró que la junta directiva de la extinta operadora Edelca autorizó US$ 363.000.000 a pagar al consorcio OIV por concepto de “reprogramación y aceleración del programa de construcción de la obra”, bajo el Addendum Nº3. Se hizo con base en condiciones de emergencia eléctrica, hecho que la comisión de auditoría desmintió. “No había emergencia sino que los trabajos estaban retrasados (…) los eventos que dieron origen a la aceleración del programa de ejecución de la obra no guardan relación con las consideraciones establecidas en el mismo, relacionadas con circunstancias de orden natural”, reza el informe preliminar. Es un hecho que choca con la Ley Contra la Corrupción en su artículo 17, que establece que funcionarios públicos deben administrar los bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia.

Con “subcontratos de los subcontratos” se modificaron las entregas y sus respectivos objetivos, asegura el exdirector de la OPSI, Miguel Lara Guarenas. Mientras, millones de dólares y bolívares se filtraban a bolsillos no identificados.

Luego de evaluar el Addendum Nº4, el informe preliminar N° AI-CP-R8-AGT-006 reflejó la fuga más significativa del proyecto en moneda extranjera. Estaba suscrito con el objeto de “ajustar mediante desglose porcentual, el pago de los componentes referidos en este contrato para cada grupo típico de partidas, utilizando ochenta por ciento (80%) para componentes en divisas…”. Sin autorización previa ni la consideración de la comisión de contrataciones, las valuaciones en bolívares se convirtieron en 80% a dólares estadounidenses.

Parte de la obra civil entonces fue transada en “verdes” a tasa oficial, que en 2013 había pasado de 4,30 bolívares por dólar a 6,30. Los incrementos de pasivos en moneda extranjera alcanzaron un total de US$ 635.991.233,19 para el mes de agosto de dicho año, resaltó el documento.

Operación morrocoy

La represa de Tocoma es una obra que bien podría estar lista después de más de una década de trabajo si se hubiese cumplido con los ritmos.

Hasta la fecha, aún faltan unos pocos puntos porcentuales para cerrar el ciclo inconcluso de Odebrecht en el Bajo Caroní. De acuerdo con el asesor externo de la empresa brasilera y del Consorcio OIV, Jorge Faroh, la obra tiene 98% de avance físico. Fue una información suministrada a la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional, ente que adelanta desde 2016 una investigación sobre una posible malversación del patrimonio nacional, en las negociaciones del gobierno chavista con la constructora extranjera.

En una reunión acaecida en abril de ese año, Faroh se lavó las manos por la empresa con mayor responsabilidad en el proyecto: “Lo que falta no le corresponde al consorcio y los factores que dependen para eso no le corresponden al consorcio”, afirmó. Sin embargo, según fuentes extraoficiales, a Odebrecht le queda tarea pendiente. De acuerdo con un inspector del consorcio Uriaparí, encargado de la supervisión de la obra de ingeniería, se alcanzó 95%; mientras que la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2015 reporta mucho menos: 87,6%.

Para una obra de tal envergadura, tres puntos no son solo determinantes sino necesarios para los procesos finales que permiten su efectivo funcionamiento. De acuerdo con el inspector de Uriaparí –quien prefirió ocultar su identidad por temor a represalias– el área de toma, en casa de máquinas es el punto clave de la ecuación, ya que representa una estructura de más de 895 mil metros cúbicos de concreto y de la cual falta rellenar la parte superior, dejando un bache rectangular.

La casa de máquinas de la central es la zona donde irían las diez unidades prometidas: turbinas tipo Kaplan generadoras de 216 MW cada una. Equivalen a 2.160 MW de energía limpia y renovable, desperdiciados. “Se requieren unos vaciados especiales que se tienen que echar cuando se montan las turbinas. Pero no se permite instalación de equipos porque no está techado”, asegura el inspector haciendo referencia al espacio donde deberían estar instaladas las unidades desde la cuatro hasta la diez.

Desde 2013, un año después de la fecha de culminación establecida en principio, ya se informaba sobre las áreas inconclusas en casa de máquinas. El techo de la estructura se reportó “en ejecución” en el informe preliminar N° AI-CP-R8-AGT-006 para la fecha de la inspección el 25 de junio de 2013, habiéndose cumplido la fecha inicial de entrega de la obra, fijada en el contrato N°1.1.104.003.05.

Allí, solo una turbina está instalada por completo, bajo tapa cerrada, al resguardo de las alteraciones climáticas. Las unidades dos y tres están desarmadas, con fallas, arrumadas, en casa de máquinas.

La unidad uno es la misma con la que el entonces ministro de Energía Eléctrica Héctor Navarro se ufanó de su turbinado en seco, hecho impensable desde cualquier perspectiva de la ingeniería hidroeléctrica. Ese show distó del pronóstico del funcionario, quien había inspeccionado la obra en varias oportunidades previas y no había visto “ningún tipo de atraso”. La turbina no entró en servicio para la fecha pautada, sino que fue incluso televisado el montaje en septiembre de 2012 y postergada su operación para inicios de 2013. Pero sigue apagada.

Más allá de las meras declaraciones, el retraso violó el Addendum N°5, Cláusula Segunda, impuesto a la Cláusula Tercera del contrato N° 1.1.104.003.05, donde especificaba que el contratista debía terminar todo el trabajo especificado en los Documentos de Licitación (Especificaciones) hasta junio de 2013. “Se modifica la Cláusula Tercera del Documento Principal del Contrato, a fin de dar cumplimiento a la aprobación de un programa de construcción civil que hace factible la puesta en operación de la primera unidad generadora del Proyecto Tocoma para el cuarto trimestre del 2012 y la última en el segundo trimestre del 2014…”, rezaba el documento.

De acuerdo con el contrato N° 1.1.104.003.05, se previó iniciar los trabajos de construcción del edificio operativo y control de la represa el 11 de septiembre de 2012. Casi un año después no se habían iniciado, para agosto de 2013. Hoy, la sección donde se estima la construcción del edificio operativo sigue pendiente. “Si tiene 20% hecho es mucho”, atestigua el inspector de Uriaparí, quien acumula años experiencia en el área de supervisión de campo.

De la boca para afuera

De cara al venezolano común, el hermetismo que envuelve al Proyecto Hidroeléctrico Tocoma comienza desde el mero portón. “Acá nadie puede pasar por orden ministerial”, responde un encargado identificado con una camisa de Corpoelec que resguarda con desgano la entrada a la represa. Apenas un letrero descolorido en la vía Guri-Upata informa que “se construye en Revolución”.

Detrás del empleado, un guardia nacional no mayor de 25 años secunda su negativa con fusil en mano. “Solo carros autorizados pueden pasar. Más nadie. Si yo dejo pasar a alguien a mí me botan y a él lo meten preso”, dice el hombre de tez tostada, señalando al joven uniformado, más impresionado por la visita que por las consecuencias.

El portón poco deja ver los avances prometidos por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, y los retrasos que se dejan colar en las Memorias y Cuentas del Ministerio de Energía Eléctrica. Aunque no mucho ha cambiado desde su cierre técnico no oficial.

Otro de los empleados que custodiaban la entrada, ataviado con una camisa roja de botones y un carnet de Corpoelec que exponía su nombre, aseguraba que el proyecto se reactivaría en 2018. “Estamos buscando los materiales, tener todo completo para seguir con la obra”, asegura Héctor ajustando sus gafas.

Es una idea que obreros en Pueblo Guri también repiten como loros, con el agregado de que será una empresa china, cuyo nombren desconocen, la que tomará cartas en el asunto.

Aquella entrada, a la que solían acercarse trabajadores de la zona buscando algún hueco en la nómina de personal, ahora está desierto. “Uno antes, hace unos cinco años, iba al portón a ver si salía alguna contrata. Ahora nada de nada”, dice desde el anonimato un obrero de piel morena y ojos esquivos. Es uno de los tantos residentes de Pueblo Guri que fungieron como mano de obra en aquel proyecto de gran envergadura.

“Se escucha que lo van a reactivar pero eso está parao’ ahorita. Ahí solo va personal administrativo”, lo secunda Gregory, un trabajador de 39 años que prefiere resguardar su apellido. Compara 2017 con los tiempos de productividad cuando vació tanto cemento que perdió la cuenta de los metros cúbicos.

No hay quien no guarde relación con Tocoma en Pueblo Guri, ya sea por familiares o experiencia propia. La localidad, con unas pocas calles, cuantiosos árboles y fachadas desteñidas, se pensó como refugio para los trabajadores de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, otrora Raúl Leoni. Gregory es uno de ellos: cumple funciones de vigilancia en las unidades 17 y 18 de Guri, la cuarta represa más grande del mundo. Pero no olvida sus días como obrero en la construcción del dique contiguo.

“En 2009 sí se trabajaba. Después agarré una contrata con otra obra y volví a Tocoma en 2011. Ahí estuve hasta 2012 y también se trabajaba”, asegura el hombre. Ha podido visitar la represa en los últimos meses como personal de la empresa Fapco, encargada de retirar las vigas extensibles que soportan las nueve compuertas del aliviadero de la represa. Lo que percibe es desidia y aprovechamiento: “Las empresas venezolanas que estaban subcontratadas por el consorcio se están llevando andamios, sus herramientas, sus materiales pue’”.

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La primera vez que apareció una ficha técnica del proyecto en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica de 2010 registró su culminación para el 31 de diciembre de 2014. Se mantuvo hasta 2012, cuando se repautó para el 31 de diciembre de 2018.

Fue una fecha con la que se jugó como la lotería, al igual que su norte. En principio, el proyecto 24780 de la represa de Tocoma tenía por objetivo específico la construcción de una central hidroeléctrica para el aprovechamiento del potencial del Río Caroní. Así lo estableció su ficha técnica en 2010 y 2011.

En 2012, la represa pasó a no ser el fin último del Proyecto Hidroeléctrico Tocoma, sino el de incrementar la capacidad instalada de generación eléctrica en el país. Incluso su código varió a 115416. También su fecha de inicio al primero de enero de 2012. El resultado palpable del proyecto se resumió en 0% en todos los renglones de acciones específicas.

Fue cuando Tocoma se redujo a las observaciones de los informes de gestión ministeriales, que aclaraban que la central hidroeléctrica presentaba un avance físico de 82,89% acumulado para diciembre de 2012 y cuya ejecución estaba sujeta a revisión.

El proyecto inicial siguió mutando: en 2013 tuvo nuevo código (118986), nuevos lapsos (inició el 01/01/2013 y culminaría el 31/12/2015), incluso el número de empleados directos e indirectos creció a su máxima de 12.335 personas. Para entonces, se estudiaba la “reprogramación del proyecto en función de la asignación de recursos financieros y presupuestarios”, según las letras pequeñas en el renglón de observaciones. Por vez primera, la insuficiente asignación presupuestaria resultó ser una limitación para el avance del proyecto, según los papeles.

La Memoria y Cuenta de la misma cartera en 2014 evidenció que la fecha de entrega, nuevamente, sería otra. Se rodó dos años más, para el 31 de diciembre de 2017, a pesar de tener el mismo código, objetivo específico, incluso nombre del proyecto. Una vez en 2015, a pesar de haber pasado el tiempo, se regresó a la fecha de culminación del 31 de diciembre de 2018. Del timbo al tambo.

Periodista venezolana egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en 2016. Ganadora del premio Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa por la serie Morir una, dos y tres veces de hambre, de El Estímulo. Reportera de pies en la calle y un libro en la mano, entre la cultura y la investigación. Antes de Clímax estuvo en Pizzolante y Runrun.es. Y luego, en El Pitazo.