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Año negro para la libertad de expresión

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22/02/2015
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TEXTO: CARLOS PATIÑO | COMPOSICIÓN GRÁFICA: MERCEDES ROJAS PÁEZ-PUMAR

La libertad de expresión en el país lo mismo que el libre ejercicio del periodismo se tambalean en una cuerda floja a punto de romperse. Las agresiones e intimidaciones a comunicadores sociales aunado a los pocos espacios para la disidencia ubican a Venezuela en el puesto 137 en el Informe mundial sobre Libertad de Prensa

Mientras el mundo aún resiente la masacre de los periodistas de la revista Charlie Hebdo, la ONG Espacio Público (EP) difunde sendos informes sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela año 2014 y enero del 2015, con números alarmantes. Según el reporte, el año pasado las violaciones a la libertad de expresión aumentaron en 102% (579 casos). Es la cifra más alta registrada en los últimos 20 años. Esto sin contar que la censura se incrementó 88%. El reporte ponderó: “el peor año para las garantías al derecho humano a la libertad de expresión”. Apenas en enero del 2015 hubo agresiones de cuatro fotógrafos, tres periodistas, dos equipos reporteriles de páginas web y tres medios de comunicación. Los responsables de estas agresiones son instituciones, autoridades y seguidores del oficialismo.

Asimismo, Reporteros sin Fronteras (RSF) publicó su Informe mundial sobre Libertad de Prensa 2015, en el cual Venezuela retrocedió 20 lugares para ubicarse en el puesto número 137. Según declaraciones de Clara San Filipo, encargada del Despacho para América de RSF, “la situación en Venezuela es año negro para los medios de comunicación”.

En el documento de Espacio Público se evidencia que la censura es uno de los problemas más preocupantes para el periodismo. Pone como ejemplo la venta de medios de comunicación de alcance nacional como el canal de noticias Globovisión, Cadena Capriles y el diario El Universal, que cambiaron su línea editorial crítica por otra favorable al gobierno; aunado a la salida abrupta de canales de televisión regionales y las limitaciones para el acceso a la información que circula en las redes sociales.

Tal como expresa el periodista Andrés Cañizalez en su columna “Infocracia”: “En Venezuela hay empresarios que aparecen como compradores —de medios de comunicación— y luego se develan otras figuras detrás de las transacciones, que en realidad son operadores o testaferros de los testaferros. Con los medios no sólo se compra un negocio para generar ganancias, sino que principalmente se adquiere una manera de hacer política.”

En este sentido, el editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció el pasado 04 de febrero ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España que: “el periodismo independiente ha sido arrinconado en Venezuela. El gobierno ha ido controlando los medios uno tras otro o desapareciéndolos o creando medios oficiales. La represión mediática es parte de la estrategia contenida en el Plan de la Patria que se traduce en hegemonía comunicacional. Llevamos dos años sin recibir autorización para importar papel y seguimos sobreviviendo con papel prestado de 13 periódicos del continente. Somos el único periódico independiente nacional porque los otros grandes los compró el gobierno. Los medios independientes no tienen ni un centímetro de publicidad oficial.”

El patrón de violaciones más recurrentes según Espacio Público fue el siguiente:

1. Censura
2. Agresiones
3. Intimidaciones
4. Hostigamientos verbales
5. Hostigamientos judiciales
6. Ataques
7. Restricciones administrativas
8. Muerte (registran el caso de Alejandro Márquez, golpeado por funcionarios militares mientras grababa el desarrollo de una protesta ejerciendo el reporterismo ciudadano).

A su vez, la censura estuvo orientada hacia:

1. Reducción del espacio de redacción de denuncias hecha por fuentes de periodistas.
2. Invisibilización de líderes políticos.
3. Cambio de títulos y modificaciones en las notas periodísticas.

En relación a los responsables, el documento clasifica a los victimarios entre actores estatales y no estatales:
Actores estatales:

1. Cuerpos de seguridad (agresión e intimidación).
2. Instituciones administrativas (sanciones y multas).
3. Funcionarios (descalificación de los trabajadores de la prensa).

Actores no estatales:

1. Dueños y directivos de medios de comunicación (cambios de líneas editoriales).
2. Desconocidos (agresiones, hurtos y amenazas).
3. Grupos armados violentos (agresiones, hurtos y amenazas).

El Informe de Espacio Público correspondiente al mes de enero del 2015 corrobora la tendencia retaliativa plasmada en el informe precedente. El día 10 de enero, fueron detenidos el activista y comunicador social Carlos Julio Rojas, durante la cobertura periodística de las colas en supermercados por la escasez de productos; Anthony Lares, fotógrafo de la página web InfoVzla y Blas Santander, reportero gráfico de El Nuevo País, durante la cobertura de una protesta. Los tres fueron liberados bajo régimen de presentación cada 30 días, a pesar de que debió dárseles libertad plena.

El día 12 de enero hubo amenazas contra los equipos web de Contrapunto y NTN24 por grupos identificados como oficialistas mientras cubrían una denuncia de médicos del Hospital Clínico Universitario de Caracas sobre la situación de desabastecimiento de insumos básicos y suspensión de cirugías en áreas clave.

A su vez, el fotógrafo Vinicio Pérez del diario Nueva Prensa de Oriente fue golpeado en una pierna por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el día 14 de enero mientras cubría una cola; el 18 de enero, la periodista Blanca González y el fotógrafo Jesús Contreras del diario Últimas Noticias fueron agredidos por buhoneros en Catia en el municipio Libertador. La comunicadora reseñó lo sucedido en su cuenta de twitter (@BlancaG2001):

“Turba de buhoneros de Catia trataron de apedrearnos esta mañana, porque hacíamos trabajo sobre escasez y colas. En Catia ya no quieren a Últimas Noticias. Esta mañana nos quisieron linchar. Allá la escasez es peor que en el Este”

La reportera Vicelyz Fadul fue maltratada verbalmente por funcionarios del Consejo Municipal de Alto Apure, en lo que calificaría como hostigamiento en el ejercicio del periodismo.

Por si fuera poco, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, amenazó con demandar judicialmente a los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla por replicar una investigación sobre una supuesta vinculación de narcotráfico en altas esferas del poder publicada por el diario ABC de España. También se incluyó el anuncio del periódico Tal Cual de pasar de diario a semanario producto de las presiones del gobierno.

Las recomendaciones de la ONG apuntan al diálogo con la participación de todos los sectores de la vida nacional con la finalidad de fortalecer la gobernabilidad y mejorar la calidad de vida en el país. Exhortó a las instituciones del Estado a que garanticen la seguridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de la profesión y exigió el respeto y la protección de los Derechos Humanos.

Espacio Público concluye: “debe desarrollarse un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados y una revisión del Código Penal que suprima las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica”.

Casi en paralelo la organización internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch publicó su Informe Mundial 2015. Refiere que en Venezuela: “la acumulación de poder del Ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos han permitido al gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos.”

Luisa Torrealba, miembro del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, ha dicho en declaraciones al diario El Nacional, fecha17/02/2015, que la política de violaciones de la libertad de expresión comenzó por periodistas y medios de comunicación y ahora llegó a las fuentes informativas alcanzando a los ciudadanos: “Hay una suerte de desensibilización que puede ser por parte de los ciudadanos y de los periodistas. Esto es peligroso porque no nos activamos para exigir derechos y nos convertimos en especie de cómplices por omisión.”

Como corolario de los intentos hegemónicos, se ha criminalizado el opinar por la red social Twitter, ocasionando la autocensura de los ciudadanos por este medio. Casos como los de los tuiteros Inés González, Víctor Ugas, Lessy Marcano, Ginette Hernández, María Contreras, Daniely Benítez y Abraham Muñoz son referencias de personas que han sido privadas de libertad por emitir opiniones consideradas ofensivas por los órganos de control del Estado.

Si bien el gobierno se ha defendido argumentando que en el país existe plena libertad de expresión porque cada quién puede decir lo que quiere; la evidencia anterior demuestra que la libertad de expresión no es solo que puedas expresar lo que piensas, sino que luego no haya retaliaciones ni cercos de ningún tipo por hacerlo, y que además, tal como lo afirma el abogado Oswaldo Cali de EP, la libertad de expresión también implica el derecho de los ciudadanos de recibir información, el acceso de la información pública que ha sido obstaculizado en Venezuela.
Por ello cabe recordar aquélla frase de George Orwell, autor de obras emblemáticas sobre los horrores de los totalitarismos, como lo son Rebelión en la granja y 1984; en cuanto a que la libertad de expresión, sencillamente, “es decir lo que la gente no quiere oír”.