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Liceístas eximen la protesta como materia

vzlatoday
08/06/2017
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FOTOGRAFÍA DE PORTADA: VZLATODAY

No hay edad para ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Quienes cursan educación secundaria escuchan la búsqueda diaria de sus padres por alimentos, ven cómo aumentan los precios y sufren cuando necesitan algún medicamento. Ellos también quieren mostrar su descontento, y lo han hecho. Las escuelas, a cambio, sufren el hostigamiento del Ministerio de Educación, que las culpa de vejar los símbolos patrios

Toda persona tiene derecho a manifestar. Al menos eso es lo que dice la todavía vigente Constitución de 1999. No hay distingo de raza, religión y, mucho menos, de edad. Los estudiantes de liceos privados se unieron a las protestas que iniciaron en abril. Como consecuencia, sus centros de estudios corren el riesgo de ser sancionados. Aunque las consignas hayan sido de la puerta para afuera.

El llamado es tempranero. El timbre de entrada a las aulas aún no suena, cuando ya están listos los reclamos. Los últimos en sumarse fueron los de los colegios La Consolación, el Cervantes, y el Siete Estrellas —ubicados en Las Palmas. Reconocen que se forman en esas instituciones, pero son cuidadosos de no mostrar sus emblemas. El 2 de junio de 2017 tomaron la avenida Principal de Las Palmas y dejaron un solo camino de circulación de vehículos. Su objetivo era hacer un embudo informativo: que todo aquel que pasara se sensibilizara con sus pancartas escritas en papel bond. “La juventud rechaza la constituyente”, “No más jóvenes caídos”, “Pueblo, escucha: únete a la lucha”. Cantaron el Himno Nacional y se retiraron. No todos han corrido con la suerte de mostrar su descontento en paz.

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La noche del 21 de mayo los chamos de tercer año de bachillerato del Liceo Agustín Aveledo recibieron una cadena en sus celulares. Sus compañeros de la unidad educativa Monseñor Castillo los invitaban a unirse a un “plantón” que harían al día siguiente en la Plaza de La Pastora. El llamado era a las siete de la mañana y el mensaje llevaba una advertencia: ir con franelas blancas que cubrieran las insignias de sus uniformes. Diana* estaba dispuesta a asistir. Tenía la camisa en el morral y solo esperaba que terminara su clase de Física a eso de las 8:30 am. Cuando estaba por salir algo la disuadió. Vio a unos muchachos de otros liceos de la zona, corriendo asustados por el Bulevar Brasil porque “los estaban persiguiendo los colectivos”. Del susto se le quitaron las ganas de acercarse. Esa mañana del 22 de mayo la policía llegó casi de inmediato. Pero no fueron ellos quienes los desperdigaron sino los llamados “colectivos” —civiles motorizados presuntamente armados. Hubo agresiones verbales. Una mujer le arrancó la bandera de las manos a uno de los chamos y no les quedó de otra que retirarse a las carreras.

Hacen ¿honor? al grafiti que desde hace meses apareció en las paredes de las zonas populares del municipio Libertador. Dice: “Los colectivos toman Caracas en defensa de la revolución”. La misma inscripción está en Catia. Los grupos paramilitares de esa zona también fueron los encargados de terminar con la protesta del Colegio La Presentación, de Propatria. Yolima Guzmán es representante de un alumno de séptimo grado y ese día, después de dejar a su hijo en la institución, se quedó para apoyar a las compañeras de su pequeño. Relata que se sentaron todas en una acera, con franelas blancas y pancartas. La respuesta de los motorizados que vigilan la zona fue: “Aquí no se guarimbea. Si quieren guarimbear váyanse a Altamira”. Aunque lo que efectivamente las alarmó e hizo que entraran fue cuando escucharon: “Que se metan o les vamos a dar plomo”. Los adultos que presenciaron todo hicieron una cadena humana para protegerlas y convencerlas de que entraran al colegio hasta que llegara a buscarlas su representante.

cita-protesta-4 Ese 22 de mayo los estudiantes estaban entusiasmados con la idea de tomar las calles. También salieron alumnos de los liceos cercanos a la avenida Lecuna y La Candelaria. Una de la Unidad Educativa Nacional Teresa Carreño ubicada en Santa Rosalía vio cómo los colectivos golpearon a un alumno en la puerta de su edificio. “Lo agarraron a patadas, a golpes”. Los agresores vestían de negro, estaban encapuchados y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no actuó aunque estaba a poca distancia.

Iris, representante y educadora, fue hasta la esquina de Curamichate al enterarse de que los muchachos del Liceo Alcázar también estaban manifestando. Es de la firme idea de que todos tienen ese derecho, pero los adultos y más los educadores deben ayudarlos a canalizar esa inquietud. Cuando llegó se encontró con dos bandos. Por un lado, el piquete de la GNB; por el otro, pancartas y consignas que rezaban: “Fuimos a conversar con ellos, a convencerlos de que se fueran a sus casas. Eran unos pelados de 13, 14, 15 y 16 años. Estaban muy efusivos y los convencimos de que la protesta tiene que tener un sentido, así que iban a hacer un escrito explicando sus razones para estar allí. Luego nos acercamos a los guardias, para preguntarles quién estaba al mando y era impresionante como ninguno se atribuía la responsabilidad. Les pedimos tiempo, para terminar de convencerlos de irse y ahí mismo nos lanzaron la primera bomba lacrimógena”. Eso caldeó los ánimos de los jóvenes y animó a los de los colectivos a ir contra ellos. “Se les iban con las motos encima, los perseguían, golpeaban e insultaban. Arremetieron fuertemente contra los muchachos, y los militares no hicieron nada”, reclama Iris, que terminó escondida en una panadería.

Contra el colegio Pegada en el portón de entrada de la unidad educativa Colegio La Santísima Trinidad hay una circular del Ministerio de Educación. En las primeras cuatro líneas del texto describen a los “factores violentos” de la oposición venezolana como incitadores del “odio, la intolerancia y el asesinato de personas”. El mismo comunicado aparece de nuevo en el interior del plantel, ubicado en Los Magallanes de Catia, junto a las placas de reconocimiento y agradecimiento dejadas a la institución a lo largo de sus 61 años de historia. cita-protesta-3 Allí se instruye a los directores de las Zonas Educativas de todo el país a: 1.- Abrir el procedimiento administrativo correspondiente a los directivos y propietarios de escuelas privadas que permitan o autoricen la salida de estudiantes para “asistir a manifestaciones violentas”. 2.- Solicitar al Sistema de protección de niños, niñas y adolescentes levantar un expediente por las sanciones a que diera lugar. La circular tiene fecha del 11 de mayo. El 24 de ese mes la disposición del ministerio se hizo oficial. En un comunicado, el gabinete dirigido por Elías Jaua anunció las sanciones contra “algunos propietarios, y del personal directivo de instituciones educativas privadas” por “permitir, provocar e incitar dentro de las instalaciones educativas y sus adyacencias acciones de violencia, y el inaceptable desprecio e irrespeto” al pabellón nacional. El castigo recaería contra 15 institucionesprivadas de Caracas, Aragua y Zulia. Docentes de la Santísima Trinidad señalaron que hasta el 1° de junio aún no había ido personal del ministerio a supervisarlos y que hasta ahora se mantenían las clases con normalidad. Al Monseñor Castillo sí llegaron. “El mismo día se acercaron a las institución tres supervisores. El colegio no participó. Aquí para nada se han suspendido clases. Otra cosa es que el representante decida no enviar a su hijo. Eran 16 alumnos y ya hablamos con ellos. Es muy injusto si aplican una sanción contra esta institución que tiene 65 años trabajando siempre con rectitud, enseñando valores y el respeto por los símbolos patrios. No pueden sancionarnos sin antes investigar los hechos”. Josefina Scott, directora del Colegio Santa Cecilia, explica que después de anunciada la sanción “no ha pasado nada”. La docente aclara que es lo natural pues no han cometido ninguna falta: “Todo lo que se diga hay que probarlo. No han venido a supervisar, así que creemos que es un caso cerrado. En absoluto hemos perdido clases, pero no podemos controlar lo que hacen fuera de su horario”.

cita-protesta-2 Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, señala que hasta ahora ningún plantel ha recibido una notificación formal de sanción, salvo el comunicado publicado por el ministerio en su portal web. “El texto habla de procedimientos penales y civiles, pero la Ley de Educación no establece sino procedimientos administrativos. En todo caso, antes deben defenderse”. Explica que su trabajo como docentes es orientar a los pupilos, pues ellos no viven en una burbuja y escuchan, ven y lee. “Quieren opinar, participar y es su derecho. Hay que orientarlos en cómo hacerlo en paz y armonía. Se puede ejercer el debate, pacífico y pedagógico”. El directivo aclara que no es necesario reprogramar el curso. Ejemplifica con el mismo período en 2016: “Para esta fecha se habían perdido 12 viernes consecutivos por ahorro energético y algunas clases miércoles y jueves. En esta oportunidad en ningún momento se han suspendido la asistencia y si el padre decide no mandar al niño se toman las medidas para cumplir con las actividades lo mejor posible”. Medidas de protección Los colegios están en el punto de mira. Sus estudiantes han sido víctimas de la violencia por la acción de los colectivos, además del accionar indiscriminado de la GNB y la PNB en el control de las manifestaciones. Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, acudió el 30 de mayo al Ministerio Público a solicitar medidas preventivas anticipadas para todos los centros educativos públicos y privados. Desde el 1° de abril hasta el 29 de mayo contabilizaron 11 instituciones afectadas por el uso indiscriminado de agentes químicos. “La PNB y la GNB violan el Manual de Actuación de los Cuerpos de Policía para garantizar el orden público. Su acción es descontrolada, innecesaria y desproporcional”. Explica que en las escuelas se deben generar espacios, oportunidades y momentos para que los niños y adolescentes compartan sus preocupaciones, miedos y propuestas. “La escuela no puede aislarse de su entorno. Esta es una oportunidad de aprendizaje ciudadano, sobre los valores democráticos. Desde la propia experiencia. El adolescente no mide los riesgos. Es preferible que sea un adulto el que le informe, lo oriente, le aclare y lo acompañe. Los colegios deben perder el miedo y entender que ellos son ciudadanos”.

El ministerio, en consecuencia, no debería criminalizar la protesta, ni hostigar a los colegios. Más cuando el 5 de febrero una joven de 16 años del Liceo Benito Canónico de Guarenas le planteó en persona al presidente Nicolás Maduro la retahíla de problemas que aqueja a esa institución, incluyendo que hay compañeros que se desmayan porque no cuentan con servicio de comedor. La respuesta del jefe de Estado fue: “No se pueden quedar en la solicitud. Ustedes se tienen que movilizar, ir a la calle, que se sienta su palabra y conquistar sus derechos en las batallas”. Al parecer estas batallas solo pueden ser las que no le incomoden al Ejecutivo nacional.

Trapani aclara que lo que sí no está permitido es la difusión de mensajes político-partidistas. Estas culpas sí recaen sobre el ministerio con la consulta de la Constituyente Educativa: “Es ilegal y excluyente en sí misma”. Con él coincide Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes: “Este es el momento ideal para tomar la Constitución y discutirla. Lo que no pueden hacer es llevar a las escuelas una consulta inconstitucional, para lavarse la cara y hacer ver que el proceso cuenta con la venia de las escuelas”.

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Con la intención de seguir

Las restricciones y amenazas no detienen a los que llevan chemises azules y beiges. Tienen ímpetu y convicciones. Una alumna de quinto año de la unidad educativa Santa Rosalía dice que está de acuerdo con seguir en la calle: “Nosotros debemos defender nuestro futuro. Desde pequeños nos hablan de libertad de expresión y esta es una manera de ejercerla. Es injusto que por eso el colegio quede expuesto a una sanción”. Diana, del Aveledo, también dice que haría el esfuerzo de ir si vuelven a convocar, pese a que después del 22 de mayo se sintieron amenazados por el director de la institución, con supuestas investigaciones en caso de que los viesen protestando. Lo mismo haría Andrea, del Colegio Independencia: “Tenemos derecho a manifestar. Está en la Constitución”.

 

*Los nombres fueron cambiados a petición de los entrevistados.