Investigación

Sancionados por EEUU: justos por pecadores y narcos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) tiene a 33 individuos y entidades relacionadas con Venezuela en su lista de sancionados, la mayoría acusada por nexos con el narcotráfico. El gobierno de Nicolás Maduro califica como "agresión" a todo el país que Barack Obama extienda su decreto de "amenaza extraordinaria" contra Venezuela, mientras no investiga a ninguno de los señalados

Composición fotográfica: Mercedes Rojas Páez-Pumar
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Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, calificó como una “agresión” que viola los “principios de Naciones Unidas” la renovación del decreto, que extiende por un año sanciones contra un grupo de altos funcionarios venezolanos acusados en violaciones de derechos humanos. El gobierno nacional lo asume como un ataque al país, cuando se trata de señalamientos contra particulares.

Las siglas OFAC tomaron notoriedad cuando en 2008 este departamento incluyó —y por primera vez en su historia—, a altos funcionarios venezolanos en su «Lista de Narcotraficantes Activos» —una especie de lista negra— por cooperación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En principio había 40 designaciones relacionadas con Venezuela, pero en los últimos años se fueron produciendo exclusiones, lo que eleva al país a una categoría “preocupante” para las autoridades de Estados Unidos.

La OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense que colabora en la lucha contra el crimen, revela que las 33 designaciones están dentro de seis categorías que pasan por sanciones debido a vínculos con el tráfico de drogas, nexos con Cuba, Irán, terrorismo y “No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (WMD).

Los países con más individuos y entes sancionados en Latinoamérica son Colombia, México, Cuba y Venezuela. El caso de Colombia, el peso de las sanciones en su contra, en los años noventa, ante la colosal erosión que causó el narcotráfico, impulsó a la Casa Blanca a tomar medidas unilaterales sobre este país ante el poder de las mafias sobre el Estado y la sociedad.

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En concreto, ocho entidades y ciudadanos venezolanos están sancionados por colaborar con el crimen en Colombia: 18 fueron designados como cabecillas extranjeros del narcotráfico —Kingpin Act—; 1 por nexos con Cuba y 1 por Irán —en el marco de las sanciones y embargos a esos países—; 3 por apoyar el terrorismo y 2 por relación con programas de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, detallaba Hagar Chemali, portavoz del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Trago amargo
La designación de estas personas está acompañada del congelamiento de los bienes que puedan poseer en Estados Unidos, y prohíbe a entes estadounidenses realizar transacciones con los designados o sus propiedades. Por motivos legales no se puede conocer qué activos son congelados. “En algunos casos los acusados no poseen riquezas en ese país y siquiera una Visa”, explicaba una fuente del gobierno estadounidense.

La OFAC administra una serie de programas de sanciones que pueden ser integrales o selectivas, mediante el bloqueo de los activos y restricciones comerciales que puedan afectar intereses estadounidenses. Esa “Lista de Narcotraficantes Activos” sancionados ya incluye a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo.

El último ladrillo de esta torre de sancionados relució en agosto de 2013, cuando el Departamento del Tesoro señaló al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como «un capo de la droga» con nexos internacionales. Con Villarroel Ramírez ya son cinco los militares venezolanos, retirados o activos, que Washington sanciona por delitos de narcotráfico. También se incluye a un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a un diplomático, y a políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que son diputados y otros llegaron a ser gobernadores.

Los primeros en entrar en esta lista negra, en 2008, fueron el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia; el general Hugo Carvajal, director de Inteligencia Militar; y el jefe del CEO de las Fuerzas Armadas, general Henry Rangel Silva, sancionados por asistir a la guerrilla de las FARC y a carteles de droga.

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Sí, Rodríguez Chacín es actual gobernador de Guárico; el mayor general Carvajal fue designado en abril de 2013 como director general de Contrainteligencia Militar y Rangel Silva es hoy gobernador de Trujillo. Todos y cada uno al unísono, como en un coro, niegan las acusaciones por narcotráfico.

Sin embargo, el miércoles 23 julio de 2014 Carvajal vivió el que podría ser su día con más miedo, cuando fue detenido por las autoridades de la isla holandesa de Aruba, quienes respondieron a una orden de detención emitida por EEUU.

Gracias a la inmunidad diplomática que gozaba el funcionario, por haber sido designado cónsul venezolano en esa Antilla, corrió con la suerte de no estar en estos momentos brindando declaración —tras las rejas— en alguna corte estadounidense.

El 18 de junio de 2008, por ejemplo, la OFAC señaló a dos supuestos colaboradores de la organización terrorista Hezbolá, radicados en Venezuela. Este organismo también sancionó a las siguientes entidades venezolanas: el Banco Internacional de Desarrollo, según el Programa de Proliferadores de Armas de Destrucción Masiva —esto en concreto por sus nexos con Irán— y a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). “Nadie entra en la lista OFAC por error. Todos nuestros señalamientos se ajustan a la ley… y son hechos en consulta con la Fiscalía, la CIA, el FBI, la DEA (Agencia Antidrogas de EEUU) y los Departamentos de Estado y Defensa”, explicaba en una entrevista Adam Szubin, ex director de la OFAC.

Siete fuera de la lista
La OFAC es una entidad pequeña pero muy poderosa. Fue creada formalmente en diciembre de 1950, tras la entrada de China en la Guerra de Corea, cuando el presidente Harry S. Truman declaró emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción de EEUU. “Nuestra inteligencia financiera llega a cualquier rincón del mundo, me atrevo a asegurarlo, y por eso tarde o temprano sabemos quién cometió un delito”, se jactó Szubin.

En los últimos ocho años siete individuos y entidades de Venezuela fueron excluidos de la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT). Cualquier persona cuyo nombre aparezca en la lista de sanciones de la OFAC puede presentar una solicitud para que la excluyan de la lista mostrando alegatos y/o pruebas que demuestren que el fundamento original para su señalamiento no procede. Es decir: cambio en las circunstancias y/o conducta.

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Desde 2008 hasta la fecha la lista OFAC ha dado un salto preocupante porque, a diferencia de otros países de América Latina, Venezuela es el único donde en un período de cuatro años personalidades con conexión directa al Ejecutivo son vinculados con drogas y terrorismo. La historia apenas se está escribiendo sobre este caso y las autoridades estadounidenses prometen que tarde o temprano el peso de su justicia caerá sobre los delincuentes.

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