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Los Derechos Humanos en rojo: aquí no hay quien viva

Protesta enfermos
19/06/2018
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PORTADA: ARCHIVO | VALERIA PEDICINI

La organización Provea presenta su informe anual de la situación de derechos humanos en Venezuela y el escenario no es alentador. El registro de violaciones sistemáticas por parte del Estado revela cómo se ha profundizado el deterioro de los derechos fundamentales en el país, mientras el gobierno insiste en el discurso y la manipulación

Se ve, se siente, y lamentablemente lo ratifica el informe anual de Provea, de 2018. Herido, atacado, hecho jirones, el país es blanco de la andanada que contra la economía, la democracia, las instituciones, las libertades, la constitución emprenden los que se hacen (del) cargo. “Año a año la situación ha ido de mal en peor, y el año pasado ha sido el más terrible hasta ahora en la historia de los Derechos Humanos en Venezuela, y claro, el más difícil de vivir”, se lamenta Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG que en octubre cumple 40 años. Tan reveladoras y ásperas son las conclusiones que contiene la edición que presentaron públicamente este 13 de junio que han decidido suspender la celebración prevista por el aniversario; al menos como estaba concebida.

Bitácora de la realidad, tan colmilluda que devora por sí sola toda guisa de maquillaje, se trata de una minuciosa investigación de campo cuyos datos recabados contrastados y verificados, apartando la maleza y viendo de frente la maluqueza, desmonta los falsos positivos. Siempre en negación, no es fácil prever la reacción oficial, por ahora.

Cuando se cumplen, asimismo, los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, diciembre de 1948), la fecha en Venezuela pasa por debajo de la mesa. Ese compromiso suscrito con espíritu de consenso por la cofradía humana, que es confirmación de la voluntad de tener respeto por la vida y por la satisfacción de las necesidades personales y del conjunto que somos, aquí deviene recordatorio estorboso y se toma como escaramuza de la derecha. “No sabemos si podremos seguir haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, desliza Uzcátegui. “Conocemos que terminan el borrador de una ley que llaman Contra la traición a la patria”.

Provea(Alimentación)V1El informe es una suerte de muestrario o bestiario de las condiciones de supervivencia en el país. Que hace foco en las condiciones de la salud —es patente el retroceso en control de enfermedades—, y de la dramática obtención de medicinas: escasea 80 por ciento de las fórmulas; de la educación, la deserción escolar, la menguada matrícula y el deplorable mantenimiento de los planteles, al punto que se han producido muertes; de la inseguridad y la violencia; de las carencias —el desabastecimiento llega a porcentajes superlativos— y de la merma del poder adquisitivo que apenas suma 5 por ciento; de la situación de los servicios públicos: 40 por ciento de la gente no recibe agua regularmente.

Es un paneo que deja al descubierto la hipérbole del discurso oficialista y desmiente las cifras de los supuestos logros que son cantaleta de la prolongada cadena nacional. “20 años después de la instauración de este modelo que hambrea pero se sigue anunciando salvador, y luego de los suculentos ingresos petroleros que llegaron a las arcas del Estado, la pobreza crítica afecta a 16 millones de venezolanos, más de la mitad de la población, muchos más que cuando fue elegido Hugo Chávez”, dice Rafael Uzcátegui, “y 80 por ciento podemos llamarnos pobres”.

No es la única frase que conmueve y resulta discordante. “Se construyeron 16 mil casas, no 300 mil”, aclara las cuentas y prosigue. “El gobierno negó que se hicieran 50 protestas diarias en todo el país en 2017 pero luego en Uruguay, en la Cumbre de las Américas, dijo a modo de queja que entre el 1 de abril y el 30 de julio se había producido un promedio de 76 protestas diarias”.

Continúa: “Las protestas fueron criminalizadas y en los casi tres meses que duraron murieron 153 personas, muertes en casi su totalidad ejecutadas por personeros de organismos de seguridad del Estado, colectivos, o civiles armados sin identificación, con luz verde para actuar en contra, maltratar”. Añade: “En las protestas, siempre de carácter pacífico, fue recurrente el uso de gases lacrimógenos, perdigones y balas, y tenemos el registro de las tantas incursiones a la propiedad privada sin orden judicial que se produjeron así como los no pocos allanamientos, cuya ejecutoria ignora el debido proceso”. Y asesta: “Los detenidos fueron objeto de tortura, trato degradante, violaciones y lo peor es que estas actuaciones de los gendarmes no fueron aisladas sino que se inscribieron dentro de una política sistemática. ¿Que cómo se sabe? Porque fue así el patrón que se cumplió al calco y de manera reiterada en todas las aprehensiones”.

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Uzcátegui pone la guinda: “Las instituciones responsables no investigan, no hay quien procese las denuncias, fue casi una luna de miel el tiempo que Luisa Ortega Díaz cumplió con su trabajo”. Y cierra: “La información también está encarcelada, se pretende ocultar la verdad, aunque es imposible”.

Según medios oficialistas, los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución de 1999. Sin embargo, el país, por cuarta vez, ha vuelto a figurar en la incómoda lista de naciones en las cuales los defensores de derechos humanos sufren represalias: Arabia Saudí, Argelia, Baréin, Birmania (Myanmar), Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, los Emiratos Árabes Unidos, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Omán, Pakistán, Ruanda, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán y Venezuela.

A toda información inflada y reiterada por la hegemonía comunicacional —el nombre lo pone el mismo gobierno—, un correlato que muestras sus costuras, la nariz kilométrica del vocero. Provea tienes los pelos negros del burro en la mano.

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