Una banda de niños y adolescentes recorre cada día la feria del CCCT. Son alrededor de 30 y van en busca de comida. El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chacao reconoce que no cuenta con los recursos para brindarles ayuda. No hay suficientes casas hogares en el área metropolitana para atenderlos. Sin embargo, voceros advierten que detrás de cada grupo infantil hay un adulto explotador
Aparecen en el momento menos esperado. Son dos y superan por escasos centímetros el metro de altura. A pesar de la enjutez de sus complexiones, juran tener 15 y 19 años de edad. Visten parecido: shorts y franela sucia. Su piel también está curtida por la mugre. En especial la de sus pies desnudos. Jesús —el que dice tener 19— lleva además una chaqueta. Gabriel, su compañero, camina en zigzag en medio de las mesas de la feria del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT). Jesús va directamente al cesto de la basura.
A los pocos segundos de entrar saben que se tienen que ir. Al vigilante del centro comercial le basta pararse detrás de ellos y, en seguida, el mensaje queda captado. No los tocan. Ni pueden, ni hace falta. En el CCCT las paredes gritan. En las columnas de la feria, junto a los establecimientos de comida y cerca de las taquillas para pagar el estacionamiento hay afiches que explican por qué no se le debe dar dinero ni comprar artículos a los niños de la calle. Jesús no entiende eso. Perdió la cuenta del tiempo que lleva sin hogar. Cuenta que su mamá lo abandonó cuando tenía un año de nacido y terminó con una tía hasta que se fue de allí. Él mismo reconoce que son como 25 los miembros de grupo: “A la mayor le dicen ‘la pure’. Tiene como 33 o 34 años. El más chiquito tendrá como 10. Nosotros salimos a pedir para poder comer”. Asegura que la ropa que le regalan la guarda con una prima para que no se la bote la policía, ni nadie; y que todo lo que consigue recolectar es para él, que no hay ningún adulto detrás.
Su versión se contradice con la de un audio supuestamente proveniente de la junta de condominio del centro comercial; asegura que todos los días el grupo de jóvenes es llevado en un camión por “alguien” que los pone a pedir y luego, en las tardes, los recoge con el botín.
Jesús se unió al grupito del CCCT hace cuatro meses. Supo del sitio por otro “compañero” sin hogar proveniente de Higuerote. Llegó y se quedó, porque en el establecimiento les regalan ropa y zapatos, desoyendo las recomendaciones del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chacao (CMDNA). Gloriana Faría, presidenta de la institución, explica que el caso de los niños en situación de desprotección no es reciente en el municipio, ni en los centros comerciales, primero la vieron en el San Ignacio: “Estos jóvenes pueden tener una casa a la que van en las noches o los fines de semana; pero suelen ser víctimas de actividades de explotación económica. Dentro de los grupos de niños hay una característica: siempre hay personas adultas que los comandan, los explotan. Los dejan para que vendan algún artículo y luego los buscan. Incluso se ha dado el caso de padres que alquilan a los niños para que otro los ponga a vender, o pedir. La gente les compra comida, ropa, zapatos, con la intención de ayudar, lo que no saben es que así los incentivan para que se mantengan en la calle”.
Será q ningún funcionario del gobierno visita el CCCT? porque cada día veo más niños en condición de calle,abandonados por las instituciones
— Pedro Natera Piñerua (@pedronaterap) June 14, 2017
Niños que rondan el CCCT en Chuao, 2 niñas de 15 años embarazadas y otros he visto buscando en basura del mismo centro. @MPvenezolano https://t.co/4dxYaQ8W1C — WebOn&CalleOn (@norkarrivi) June 8, 2017
Episodios de violencia
Los chamines que merodean el CCCT son bien conocidos por todos los que trabajan en el centro comercial y por quienes hacen vida en sus alrededores. Algunos les temen. Un mototaxista que tiene la parada de su línea frente al Cubo Negro espeta —sin que nadie le pregunte—: “Esos chamos están armados, tienen pistolas y chopos. Tienen una silla de ruedas y allí esconden las armas. Están emproblemados (sic)”. Él no es el único que considera que la actitud del grupo es violenta. Mariangel Paolini, especialista en alimentación, visitó la feria del CCCT a finales de mayo, a eso de las tres de la tarde. Relata que mientras estaba en el sitio llegaron tres: “La que los comandaba aparentaba tener 12 años, los más pequeños ocho o nueve. Ella, en una actitud muy desafiante, dirigía a los más pequeños para que arrancaran de las paredes los afiches de la campaña en la que se pide que no se les entregue dinero. Gritaban groserías, no tenían tamaño para las vulgaridades que decían. Se acercó un guardia que amablemente les pidió que se retiraran y también lo insultaron. Se notaba que el vigilante ya había lidiado con ellos. Insistió en que tenían que retirarse y, al final, hicieron caso”.
Paolini también los vio sin zapatos, sucios y con la ropa desgastada; y ya antes un peña de cuatro —dos niñas y dos niños— había fisgoneado las mesas pidiendo lo que los comensales no fuesen a probar. Con la particularidad de que una de las niñas estaba embarazada. Eduardo Díaz, empleado de la feria, afirma que siempre andan en banda, aunque el número de integrantes varíe. Los ha visto pelearse entre ellos y gritarles a algunos clientes. También los ha observado acercarse corriendo a las bolsas de basura enseguida las sacan. El depósito provisional de desperdicios hubo que empezar a cerrarlo con llave porque hasta allí se metían. Luis González, otro trabajador del recinto, afirma que el número de niños que se acercan a mendigar crece, hasta alcanzar los casi 30. “Eso incluye a dos niñas embarazadas”. Los ve a todas horas. Pueden aparecer temprano, a eso de las 9:00 am; o a la hora de almuerzo, entre las 11:00 am y la 3:00 pm.
Poca atención
En Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe el trabajo infantil en su artículo 96. En el país solo puede trabajar un adolescente a partir de los 14 años de edad y con la autorización del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Un empleado de vigilancia del CCCT subraya que necesitan ayuda de los cuerpos de seguridad del Estado y de las instituciones de resguardo. “Es muy limitada la atención que nosotros podemos darles. En los últimos tres meses, los que han coincidido con las protestas, se ha vuelto crítico. El domingo 11 de junio contabilicé a 35 personas, incluyendo a las dos niñas embarazadas. La mayoría menores de edad”. A la ausencia de lugares en donde resguardar a estos niños y adolescentes, Faría responde que se trata de una de las deudas del gobierno nacional. “El problema es que no hay a dónde llevarlos y nadie los quiere tener. No existe una política pública clara, ni un lineamiento programático de atención infantil en situación de calle. El Consejo tiene competencias y recursos limitados”, sostiene la presidenta del CMDNA.
El número de las entidades de atención para esta población ha ido en descenso. En 2016, la ONG Proadopción y el Centro de Investigación Social dieron a conocer los resultados de un estudio en el que determinaron, con base en una lista que les entregó la Defensoría del Pueblo, que de 62 entidades de atención de cuidados residenciales y ejecutoras de medidas de protección a niñas, niños y adolescentes en la Gran Caracas, solo 21 permanecían activas. Los investigadores visitaron 56 casas hogares y consultaron a las seis restantes por teléfono y corroboraron que 11 cerraron y 30 migraron a otro ramo o cambiaron de objeto. Mientras esto sucede la cifra de niños y adolescentes en la calle aumenta. Para el período entre 2002 y 2006, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) señaló que había 2.925 niños y 993 adolescentes en entidades de atención. En 2011, la Defensoría del Pueblo reportó en su Memoria y Cuenta que existía un total de 244 entidades de atención a nivel nacional, con 3.147 niños. No existen cifras oficiales más actualizadas.
Cuando el Consejo de Derechos de Chacao los ha abordado se han encontrado con que son jóvenes de la periferia: Guarenas, Guatire, Vargas, los Valles del Tuy u otras regiones del estado Miranda. El abordaje lo han hecho por ejemplo con la Red de Casas Don Bosco, pero tampoco tienen la capacidad de darles un hogar. Jesús, que pide dinero en la salida del estacionamiento del centro comercial, cuenta que está en la calle desde hace dos meses. Se fue de la casa porque su papá cayó en la bebida. Jesús es de pocas palabras. Apenas suelta que lo ayudaron en Don Bosco pero no se pudo quedar porque la atención es para niños hasta los 12 años de edad y él tiene 13. También dice que no se junta con el grupo de chamos que piden dentro de la feria porque prefiere andar por su cuenta.
Alejandra, de 14 años, sí lo hace. Vive en la calle. Su mamá murió, nunca conoció a su padre, y sus hermanas no la quisieron porque “le gustan las niñas”. Su hermano la acogió, pero “se metió a malandro y lo mataron”. Cuestiona la actitud de los vigilantes del centro comercial. Suscribe que a ellos no les importa que estén pasando hambre y dice que sí los maltratan. El hombre de seguridad lo niega: “Hemos recibido charlas con la Lopnna. Sabemos que tocarlos no puede traer consecuencias civiles y penales. Nuestra acción debe ser persuasiva, pero necesitamos una atención más directa de los casos. Hemos contratado a más personal de seguridad y lo que hemos logrado es mantenerlos fuera del recinto. Necesitamos que se vea la mano de la autoridad”.
Hoy estuve en el CCCT y me sorprendió la cantidad de niños indigentes que hay en sus alrededores. Hasta una niña como de 13 años embarazada.
— Jose Rafael Camejo (@joserafael) June 22, 2017
Atentos: niños de la calle se colocan en los dispensadores de ticket de estacionamiento del CCCT para que visitantes les den dinero. #22Jun — María Parra (@MariaGParraVzla) June 22, 2017
Tanto Alejandra como el Jesús A. de 19 años participan en las marchas en contra del Ejecutivo nacional. Dicen que van porque quieren, aunque reconocen que en esos espacios también les dan ropa, calzado y comida.
No obstante, Gloriana Faría advierte: “Ellos tienen derecho a manifestar, pero en esos entornos violentos no es adecuado. Están solos y son vulnerables. Hay adultos que por desconocimiento los aúpan. No entienden que esto los perjudica, que darles ropa, comida y dinero los condena más a la calle. Al conseguir todas estas cosas el nexo con su hogar se hace más lejano. Hay que ayudar a través de las instituciones, sino es una condena. Se entiende que hay una buena intención, pero detrás de ellos siempre hay un adulto que los gestiona”.
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Muchas historias de adopción no comienzan en una oficina gubernamental con trámites y evaluaciones sino en medio de una circunstancia que ronda la ilegalidad. "Regalar niños" o "entregarlos a una mejor familia" termina siendo práctica común cuando se unen dos variables: un hogar colapsado por la pobreza y otro imposibilitado de aumentar su población
A pesar de que la mendicidad y la buhonería están expresamente prohibidas en el sistema de transporte masivo de Caracas, las colaboraciones para enfermedades y las promociones de golosinas, con sus respectivos discursos prefabricados, forman parte habitual del maltrecho pacto de civilidad subterránea
Esta es una pequeña fotografía de un gran problema: en los pupitres y en las aulas se pasean la delincuencia y el homicidio vestidos con camisa beige o azul. Mientras los profesores imparten biología, matemáticas o castellano, tiemblan por sus vidas. No han conseguido la manera de poner en redil a quienes no cumplen con las reglas so pena de recibir una puñalada Los profesores del Liceo Gustavo Herrera, en Chacao, tienen un trabajo que raya en lo heroico y no en lo filantrópico. Conducen a sus estudiantes no solo en las materias estipuladas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación —apoyados con la computadora Canaima y el libro Bicentenario—, sino que también deben educar a adolescentes a cuyos padres no les parece extraño una pistola en la mesita de noche. Son tres maestros los protagonistas de estas historias. Todos deben mantener su identidad resguardada. Son testigos de cómo una parte de la educación pública se convirtió en la cuna de malandros y en la semilla de la impunidad. “Un muchacho de cuarto año le dijo a una docente que si no lo pasaba en la reparación la iba a caer a tiros. Tuvimos que acompañarla el día del examen y traer a Polichacao”, comenta una pedagoga del liceo. La unidad educativa ha celebrado 55 promociones desde que fuera fundada. Generaciones anteriores llenaron de prestigio la institución, la medalla del Gustavo Herrera ocupada los reconocimientos de buenos liceos junto al Andrés Bello y el Fermín Toro. Hoy en día cada año gradúa alrededor de 350 alumnos. Muchos de ellos luchan para ser los mejores. En los números, letras y ecuaciones encuentran la salida de los barrios. Jóvenes de camisa azul, llenos de inquietud y de curiosidad estudian hasta más no poder pues entienden que solo a través del estudio podrán ser mejores. El lugar, siendo un reflejo del país, es espejo de jóvenes que deciden luchar por lo que sueñan y de otros que se van por el camino fácil. Tiene tres pisos, una terraza, una piscina y dos canchas. Pero esto no siempre fue así. Paredes rayadas con grafitis, pintadas hace un mes, demuestran que el lugar no está en las mejores manos. El ingreso de cada cual depende del ministerio y de sus criterios. “Aquí viene lo peor de lo peor. Niños de colegios de Petare, las Adjuntas y Caricuao. No importa el promedio, tampoco que traigan todos los requisitos. Ellos solo tienen que comulgar con la doctrina de ‘incluir, no excluir' o ir a hablar al Distrito Escolar, que es el organismo encargado de ubicar a los aspirantes de acuerdo a las zonas”. Pero no siempre fue así generaciones pasadas de los 70 y 80, dicen con orgullo que su colegio era uno de los mejores. Sin embargo, en la actualidad de los 1.152 colegiales, población total del liceo, en 42 secciones, ninguno es del municipio Chacao. Por cierto, hay una niña embarazada por cada salón, de primero a quinto año. “El primer día de clases yo les pregunto qué quieren ser cuando sean grandes. De 40 asistentes, menos de la mitad piensa seguir estudiando. Muchos menos ir a la universidad. La mayoría de estos chicos tienen aspiraciones como tener una moto, una pistola y dejar una barriga por ahí” comenta otra de las maestras. Para ellos el arma es una señal de poder, la única a la que se creen capaces de alcanzar y con ella generar funestos cambios. El liceo es simplemente un espacio para ellos imitar lo que ven en la casa y en el barrio. “Una vez encontraron a un niño vendiendo drogas y citamos a su mamá. La madre respondió que no le iba a decir a su hijo que dejara de vender, pues él la ayudaba para los gastos de las casa”, remata desolada. Pero el rimero de cuentos parece salido de un thriller: robos, puñaladas y drogas. Dice una docente de finos modales: “En esa pasarela de al frente se la pasan ajustando cuentas. También venden sus drogas justo allá arriba. Tú los ves llegar con una bolsita con polvo blanco”. Las autoridades del lugar no pueden hacer nada para parar esto, ni afuera ni adentro. “El ministerio prohibió que se expulsara a un alumno, sea cual sea su falta. Incluso los del Distrito Escolar nos dicen que dejemos eso así, pues podemos salir heridos”, añade. El lugar yace en la impunidad. Se resguarda en ella. En un escudo de lenidad que permite el crimen desde temprana edad. Lo máximo que pueden hacer quienes trabajan en la institución, que otrora fuera un ejemplo en educación —llevar el nombre de un abogado y diplomático insigne del siglo XX, quien además fue ministro de educación en gobierno de Isaías Medina Angarita—, para castigarlos es escribir la queja ante el libro de vida. Ni siquiera los carros de los profesores que se han robado en el propio estacionamiento del colegio han podido ser denunciados. Desde pequeños aprenden —eso sí— que la ley los escuda y está de su lado. Cita la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (LOPNNA) en el artículo 56: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados por sus educadores, así como recibir educación basada en el amor, afecto, la comprensión mutuo, la identidad nacional, el respeto recíproco a ideas y creencias y la solidaridad. En consecuencia se prohíbe cualquier tipo de castigo, sea físico o humillante”. Por consiguiente, no hay castigo a las faltas. Por todos lados están acorazados, hagan lo que hagan. Si no es la LOPNNA, son sus padres, si no es un Defensor del Pueblo, o una pistola. “Nadie puede sancionarlos aquí. Si les pones el cero que se merecen te dicen: ‘¡tú me raspaste te voy a tirotear! Dime tú, ¿Para qué aplazarlos si la ley no me va a respaldar si me pasa algo?”, comenta una tutora amenazada. “La ley protege a los jóvenes pero ¿quién nos resguarda? El robo de celulares es común, lo mismo que verle los ojos rojos y como volados”, espeta ya con ascos. En el trajín de los pizarrones, tizas y dictados, una vez se toparon con un párvulo que apuñaló a otro. “En pleno jueves a las 11 de la mañana, en un pasillo, un chamito se estaba metiendo con la novia de un malandrito, entonces ella le dio una navaja y él lo apuñaló. Más tarde el niño murió por hemorragia interna. Y bueno, el que lo mató estuvo muy poco tiempo en la cárcel, las autoridades recomendaron que les dieran charlas para que mejoraran su conducta”. Sus hormonas adolescen otro tipo de conflictos que las de un joven en corrección. Sus problemas no son de acné, las peleas con el papá porque no los dejaron ir la fiesta, el regaño por sacar 12 en una prueba final. “Ellos se agrupan en manadas. Los pasillos están llenos de bandas de jóvenes que no solo se burlan de los otros, también los amenazan de muerte. El último piso es temido hasta por los mismos directores, muchos prefieren no visitarlo para evitar ver cosas y tener inconvenientes”, da fe un vecino de la zona. “Hace poco la directora encontró a una pareja haciendo sexo oral en el último piso. Otras veces los hemos encontrado jugando a la ouija”, esto por decir lo más inocente. Los salones están abandonados. Solo quedan pupitres rotos, puertas forcejeadas y paredes rayadas con marcador. Uno que otro se atreve a seguir la rutina. Cumplir con su oficio: instruir, ilustrar, hablar de álgebra de Baldor o fotosíntesis de Serafín Mazparrote. Son 60 los docentes asignados para este plantel. Solo 25 asisten a dar clases. “La mayoría se rebusca en otros liceos. Casi todos cobramos sueldo mínimo. A penas esta semana es que nos hicieron el reajuste salarial del 20% que dio Maduro en noviembre del 2014”. Hasta mediados de mayo cobraban 2.702,04 bolívares. Ahora su salario base es de 3.270,27. La mayoría tiene más de 10 años dando clase. Tiempo que pasa lento cuando su incentivo es llegar a la meta sudada: la jubilación. Politizando el asunto Quienes enseñan tienen los brazos cruzados. Lo único que les queda es dar sus clases con la esperanza de que al menos unos pocos quieren desembarazarse del peso de la violencia. Salvar a uno es un milagro y para eso están. Un teacher de 3er año dice: “Yo soy feliz con que al menos cuatro tengan ganas de aprender y de salir del barrio”, suspira y continúa: “En una promoción de 350 entre 10 y 15 son los que quedan en alguna universidad”. Sin embargo, pareciera que el hampa juvenil encontrará un nuevo hogar donde “formarse”. Ahora todos podrán estudiar en las universidades públicas. Estén preparados o no. Según lo publicado en El Nacional, el 21 de mayo, La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) tomó entre 70% y 100% de las plazas disponibles para los nuevos ingresos en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Simón Bolívar (USB). La mayoría de los asignados provienen de escuelas públicas. Entre esos cupos se encuentran 350 futuros egresados del Gustavo Herrera. “William quedó en la UCV ¡Uy y ese que es tan flojo!” comenta la guía. 79.245 cupos prometió la OPSU para bachilleres de instituciones del Estado. Con preocupación dice la fuente anterior “Yo te digo, no es solo el Gustavo Herrera, todos los públicos son como este. Se escuchan cuentos de todo tipo. Imagínate, cómo pueden cambiar las universidades”. La educación es un derecho fundamental. Incluso de los penados por la ley. Consagra la LOPNNA en el artículo 53: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derechos se cumpla (…) aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”. Con la excusa de la inclusión, las normativas amparan a todos, sin hacer distinción entre nivel educativo, comportamiento social y prontuarios. La pregunta es: ¿Estarán preparados estos jóvenes para afrontar la convivencia universitaria? ¿Harán de las universidades públicas lo mismo que los liceos? ¿El libro Bicentenario los habrá preparado para afrontar el pregrado? ¿Se seguirá premiando la facilidad y la impunidad? “Los liceos son una pequeña Venezuela, son el ejemplo de lo que somos y seremos”, elucida con voz papal un gran educador del Gustavo Herrera. NOTA: por protección a los menores de edad, la foto de portadilla no corresponde al Liceo Gustavo Herrera. Es una imagen genérica.
