Los niños de la patria: sin patria y de vuelta a la calle

Si se hubiese tomado en serio una promesa de hace 16 años, Hugo Chávez se habría cambiado el nombre. Parece exagerado, pero eso fue exactamente lo que dijo. Justo el día en que ganó las elecciones presidenciales, el 6 de diciembre de 1998, lanzó una de sus tantas ideas populistas. “Declaro que no permitiré que en Venezuela haya un solo niño de la calle; si no, dejo de llamarme Hugo Chávez Frías”. Como tantos otros proyectos, el compromiso quedó en mero discurso: ni se acabó con el problema ni el ex mandatario dejó de llamarse de esa manera.

Por supuesto, esa no ha sido la única vez en la que se ha mencionado a la niñez y la adolescencia como objetivo de programas prioritarios. También aquí el oficialismo ha demostrado sus habilidades para la retórica. Por ejemplo, en otra ocasión Chávez dijo: “La primera importancia son los niños de Venezuela, su esperanza, su futuro; esa sí es la primera importancia”. Con esta frase, además, Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y ex presidenta de la Asamblea Nacional, inauguró su cuenta de Twitter. Pero, más allá de las palabras, en la práctica queda un buen trecho por andar.

Carlos Trapani, coordinador del Programa Buen Trato de la ONG Cecodap, señala que, si bien en estos años se han reconocido a los niños como sujetos de derechos —es decir, en las normativas y leyes que se han aprobado—, el problema se evidencia en la práctica. “Las debilidades se encuentran en las garantías y en la materialización”.

Es cierto que el Gobierno ha hecho propaganda de algunos proyectos —como el Plan Vacacional Comunitario, que este año esperaba atender a 2,3 millones de niños y jóvenes, o la entrega de más de 3,4 millones de computadoras Canaima entre 2009 y 2014—, pero en realidad no existe una política coherente y especializada para este sector de la población. Leonardo Rodríguez, director de la Red de Casas Don Bosco y representante de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes ante la Organización de Naciones Unidas —específicamente durante el examen del cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se realizó en junio de este año—, dice que no hay comunicación entre los organismos para ejecutar planes con una visión de conjunto.

De hecho, de acuerdo con el informe alternativo que presentó esta red —que agrupa a 22 organizaciones— ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, desde 2007 la rectoría sobre asuntos de infancia y adolescencia ha pasado por cuatro ministerios. En la actualidad, el encargado de los proyectos para niños en situación de vulnerabilidad es el Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo, creado en 2013 y adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia. A este organismo pertenece el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y, además, también hay acciones relacionadas con la infancia  que desarrolla el Ministerio para las Comunas y Protección Social.

“Nos encontramos con un sistema de protección desenfocado, que no tiene programas y en el que no se reconoce un actor con el otro. Debería existir un ministerio para la familia y la infancia, por ejemplo. El problema es que hay un divorcio entre el Estado y este sector de la sociedad. Pareciera que es un asunto que al Estado no le interesa”, se lamenta Rodríguez. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en un documento publicado en octubre de 2014 —en el que evaluó el informe periódico de Venezuela del año 2012— manifestó su preocupación, entre otras cosas, por esta falta de políticas públicas.

Ahora, ¿de qué manera afecta a los niños y jóvenes esta carencia de estrategias? Pues que existen problemas sin resolver en un sinfín de ámbitos: la violencia que no da tregua, la existencia de niños en situación de calle, el aumento de los embarazos adolescentes, las fallas en la educación y la salud. En pocas palabras: la preocupación del Gobierno se quedó dormida en el discurso.

Violencia con rostro de joven

En esta sociedad que parece ahogarse en la violencia, los jóvenes son las principales víctimas. Hay datos que demuestran esta situación: entre 1997 y 2011 el número de muertes de adolescentes entre 10 y 19 años de edad, producidas por causas externas —entre ellas, los homicidios, suicidios y accidentes—, aumentó en 85,3%, de acuerdo con un documento de Unicef y el Instituto Nacional de Estadísticas, publicado en 2014.

La investigación de Cecodap Impacto de la violencia en Niños, Niñas y Adolescentes, que recoge cifras del Ministerio de Salud, señala que la tasa de mortalidad por homicidios en jóvenes de 15 a 17 años de edad se incrementó sustancialmente en 12 años: en 1990, se ubicaba en 15,9 por cada 100.000 habitantes entre 0 y 17 años de edad; y en 2009, la tasa se encontraba en 42,2, casi el triple que en la década de los noventa.

Pero adolescentes no solo son víctimas, sino también victimarios. El informe anual de Cecodap, publicado este año, señala que entre 2013 y 2014 aumentó en 70% la cantidad de niños y jóvenes responsables de hechos delictivos. Además, hace unos meses, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, señaló que hay 2.052 jóvenes en conflicto con la Ley Penal. De ese total, 50% ya ha sido sancionado y el otro 50% está en proceso judicial. De todos modos, dice Trapani, no se ofrecieron datos históricos ni se informó acerca de los reincidentes.

Sobre este asunto, hace poco se reformó la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con la intención de mejorar el tratamiento que se da a los jóvenes que cometen delitos. Pero hay organizaciones que han hecho críticas. Cecodap y la Fundación Luz y Vida interpusieron a principios de agosto un recurso de nulidad parcial. Entre otras cosas, reclaman que ahora los consejos comunales formen parte del sistema penal, como planificadores de actividades de prevención y de medidas no privativas de libertad. También están en desacuerdo con el incremento de los lapsos de detención preventiva y con el aumento de la edad de imputabilidad: solo podrán ser juzgados los jóvenes mayores de 14 años. Los menores a esta edad deberán acudir a los consejos de protección, que aún no tienen programas para atender a esta población.

Se trata, como dice Rodríguez, de una falta de políticas especiales para estos adolescentes. A su juicio, la violencia que se manifiesta desde la juventud es consecuencia de un mensaje contradictorio que reciben estos muchachos: por ejemplo, se implementan las llamadas zonas de paz, pero prevalece la delincuencia; tampoco hay una verdadera promoción de la convivencia pacífica. “Son jóvenes que están expuestos siempre a la violencia. Eso se traduce en la existencia de chamos violentos y en el aumento exponencial de los índices delictivos. Ante esto, el Estado ha hecho muy poco”.

La vida en la calle

El problema de los niños y jóvenes en situación de calle es un asunto que se pretende invisibilizar. Las estadísticas oficiales no abundan, y las que existen no están actualizadas. Se sabe, por ejemplo, que en 2006 había aproximadamente 8.000 niños de la calle, una cifra mucho mayor que los 2.000 que contabilizaron en 1992 la Unicef y el antiguo Instituto Nacional del Menor —de acuerdo con un estudio de Yudey Rodríguez-Mora, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar. En 2009, como si la realidad pudiera transformarse por un simple deseo, el ex presidente Hugo Chávez aseguró que no había ni un solo niño viviendo y durmiendo en las calles.

Poco antes de este anuncio, se creó la Misión Niños y Niñas del Barrio, con la intención de atender a los venezolanos de 0 a 17 años de edad que estuvieran en situación de calle, que se encontraran institucionalizados en el antiguo INAM, que trabajaran o que vivieran en riesgo. Sobre sus verdaderos efectos, se sabe muy poco. De acuerdo con datos de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social, hasta 2012 la misión había atendido a 6,2 millones de personas. No se indican las cantidades exactas para cada grupo.

En 2014 este programa pasó a formar parte de la Gran Misión Hogares de la Patria, en la que también se incorporaron las de Madres del Barrio, Hijos de Venezuela y Niño Simón. De esta manera, se mantiene la situación denunciada por Rodríguez-Mora en una de sus investigaciones: “hay una falla de políticas públicas nacionales dedicadas especialmente a la atención de calidad de esta población vulnerable”.

Allende este asunto, hay dudas sobre la efectividad de la misión. Desde la Red de Casas Don Bosco, que se dedica a la atención de niños y adolescentes en situación de riesgo, se observó en 2012 un descenso de la cantidad de asistentes al patio abierto. Si bien pensaron que podría tratarse de una consecuencia de los programas del Gobierno, en realidad notaron que los jóvenes se quedaban en los barrios. “De acuerdo con nuestra experiencia, alrededor de 2012 se redujo el número de muchachos de la calle, pero no porque el Gobierno tuviera políticas efectivas, sino porque se incorporaron a la cadena del delito”, explica Rodríguez.

La investigadora agrega que es muy difícil evaluar la efectividad de una política pública si se desconoce información sobre sus indicadores y su calidad. Asegura que si bien entre 2003 y 2010 la gente tuvo mayor acceso a los servicios y hubo una disminución de la pobreza, la calidad de esos servicios y la situación económica del país han hecho mella en los niveles de vida. “Yo diría que esta misión no fue efectiva, si aplicamos un criterio de calidad perceptiva. Ni en sus primeros años de ejecución dejaron de observarse niños en las calles, que realizaban una gran cantidad de actividades de sobrevivencia. Sin la presencia y acción de las ONG, el problema hubiese sido aún mayor”, dice la especialista.