Los pecados no confesados del 27 de febrero

Aunque “las causas” del 27 de febrero fueron analizadas desde todos los ángulos posibles por intelectuales y periodistas, y se celebrara entonces un debate parlamentario en la cual se descargaron reflexiones importantes; aunque es cierto que el presidente Carlos Andrés Pérez enjuició los motines como “un enfrentamiento de pobres contra ricos”, los hechos de febrero traían consigo un contenido y unas advertencias que la clase política y la élite social de aquella época no quiso escuchar ni analizar en toda su dimensión, bien porque quería evadir sus costos, o bien porque todavía existía la esperanza en que la entonces llamada Democracia pudiera remontar la cuesta de aquel grave pasivo desarrollando una exitosa política económica en compensación. El “Gran Viraje” de Miguel Rodríguez y Pedro Tinoco, apenas comenzaba.

En una entrevista concedida al periodista Roberto Giusti, muy poco después de los sucesos, Carlos Andrés Pérez enjuicia con bastante sensatez y todo el contenido autocrítico posible, procurando hablar a nombre del sistema, las causas de aquellos motines. Para Pérez las raíces de lo sucedido hay que ir a buscarlas atrás, en los comienzos de la década, conforme comienza a sembrarse el deterioro económico. “Los servicios públicos en Venezuela han venido desmejorando. En los últimos ocho años el pueblo comenzó a resentir una situación, no confrontada, de escasez e infortunio. Esto trajo un crecimiento espantoso de la delincuencia”.
Pérez agregaba: “hay que ir al fondo del problema. Desde el primer momento, tal vez sorprendí a muchos. Contrariando el estilo de los gobernantes latinoamericanos: no acusé el extremismo de ser el responsable de los sucesos. Señalé que estos obecedían a una larga cadena de problemas y los califiqué como una explosión social.”
El presidente recién electo, quién durante los años 80 hizo un dilatado trabajo de contactos hemisféricos y liderezgo internacional, comenta el efecto multiplicador que le otorgaron las televisoras a la propalación de los desmanes, al colocar la información en sus avances y extras, y negó de plano que aquello haya sido el resultado del acuerdo anunciado entre el país y el Fondo Moneteario Internacional (FMI). “Eso es ridículo. Yo he sido la persona que con criterio más objetivo ha enjuiciado la estructura económica internacional, la cual he calificado como la cúpula del totalitarismo económico. Eso no tiene nada que ver, ni el pueblo entiende eso, ni aquí estaban cumpliéndose medidas del FMI. Reta a la inteligencia andar diciendo esas cosas. Todas las medidas que tomamos, que las teníamos que tomar, se hicieron después de lo que pasó.”
Tambien Italo Del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa y máximo responsable del entonces mundo militar del país, le concedió una entrevista a Giusti en la cual tambien elabora un balance fundamentado y sensato de lo que acabada de suceder.
La postura afable y humilde del ministro Alliegro, sin duda un efectivo comprometido con la causa del orden democrático de 1958, lo había convertido en un personaje popular en la opinión pública de entonces. El nerviosismo imperante en 1989 produjo brotes crónicos de rumores de malestar militar, los primeros en Venezuela en muchisimo tiempo. Por algún motivo eran percibidos como movimientodos de derecha, no de izquierda, y producían nerviosismo: el fantasma temido era el de la tiranías del Cono Sur. Ahí estaba, afortunadamente, el Ministro Alliegro ejerciendo un liderazgo efectivo, apostando por las instituciones y hablando a nombre de unas Fuerzas Armadas “estructuralmente democráticas”.
Alliegro tenía una cabal comprensión de los errores cometidos y pudo elaborar un análisis leal y condesendiente con el orden democrático. Habló de “una acumulación de problemas y hechos que tienen como telón de fondo la deuda externa”. Casi todo el presupuesto había sido orientado, a mediados de los años 80, a honrar un draconiano esquema de pagos impuesto por la banca internacional a Jaime Lusinchi —que se llevaba más de la mitad del presupuesto nacional. El famoso “mejor refinanciamiento del mundo” que anunció en 1984. “El aumento del pasaje lo siente la gente en su bolsillo”, agrega más adelante, aludiendo también, con considerable diplomacia, “la inocencia” de la televisión comercial de entonces al propalar en las pantallas el ejemplo de los saqueos en su celo por informar.
La autocrítica crítica
La televisión y el mundo del espectáculo enviaron mensaje de aliento y llamados a la gente para respetar las leyes y el orden democrático. En el Congreso de la República, Gonzalo Barrios, jerarca de Acción Democrática (AD), afirmó: “Venezuela recibió el beso de la muerte del Fondo Monetario Internacional”. El CEN de Acción Democrática, sin embargo, emitió el consabido comunicado respaldando al Presidente de la República.

Los adecos estuvieron renuentes a debatir lo sucedido, y lo impidieron hasta donde pudieron. En cualquier caso, por supuesto que los debates importantes tuvieron lugar. Eduardo Fernández, a nombre de Copei, afirmó que la situación demandaba un clima nacional de entendimiento. Orador del 5 de julio de 1988, el año de su candidatura presidencial, Fernández había pronunciado un discurso en el cual lanzaba un alerta: “el pueblo está bravo”. Luis Piñerúa Ordaz, el más exigente de los adecos en materia ética, dijo que: “la corrupción y el clientelismo están entre las causas del deterioro social”. Freddy Muñoz, Secretario General del Movimiento al Socialismo (MAS), declaró que su partido no estaba en absoluto sorprendido con los desmanes registrados: aquella era la concreción de un cóctel con un tiempo visible en preparación. El propio Presidente Pérez se mostró crítico y comprensivo: “una violencia social desbordada que resultó una reacción en contra de la especulación.” Hugo Fonseca Viso, hablando a nombre de Fedecámaras, hizo un llamado a la paz pública y le reprochó al presidente Pérez la matriz clasista del análisis hecho en Miraflores —destinado a malponer al empresariado con el país.
El martes primero de marzo, día particularmente cruento en las calles, Rafael Caldera, entonces en un ocaso político a causa de su reciente derrota frente a Fernández en las elecciones internas de Copei, pronunció en una sesión especial del Congreso un aclamado discurso venezolanista en el cual formuló una apasionado llamado a salvar el orden democrático.
Por Caldera parecía hablar la voz del alguna vez muy popular “espíritu del 23 de enero”, tan invocado a comienzos de los años 60. “Vamos a hacer un esfuerzo, adecos, copeyanos, los otros partidos, empresarios, trabajadores, para poder superar este momento. No sólo nosotros nos estamos jugando el porvenir, sino también otros países de América Latina” Caldera advirtió que a partir de entonces podía comenzar a emigrar gente en el país. “Ciudadanos que lo deseen, con sus razones, que hay que respetar, y extranjeros, de los tantos que han venido al país, y lo lamentaremos mucho. Pero los venezolanos, de verdad, los que amamos a fondo esta patria, sin embargo, y hay que decirlo en un momento como este, no nos vamos a ir”.
No se dijo demasiado, sin embargo, sobre un aspecto fundamental: los alcances, la profundidad e intensidad de la represión posterior. Sobre todo porque, a partir de entonces, y aunque pocos lo habrían querido admitir, la relación de la Democracia con las masas nunca fue la misma. El chavismo encontró un terreno fértil para cultivar y sembrar en la causa del resentimiento a partir de lo que acabada de suceder. Algo se rompió entre Acción Democrática, Copei, y las mayorías nacionales, desde de 1989.
Plomo revienta
“La represión del estado por los sucesos del 27-F tuvo lugar sobre todo el día 28, en la jornada siguiente”, recuerda Liliana Ortega, directora y fundadora de Cofavic —El Comité de Familiares y Víctimas del 27 de Febrero—organización decana en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
“El primer día llegaron a los hospitales heridos con contusiones, cortaduras, heridos leves. El 28, bajo la suspensión de las garantías constitucionales, ocurrió lo protuberante. Los militares desplazados eran muy jóvenes, recién alistados, no conocían Caracas y no tenían información topográfica de las zonas urbanas. Hubo mucha confusión y eso fue un elemento importante. Con las garantías suspendidas, ante la necesidad de reestablecer el orden, nadie reparaba en el número de muertos”.
Para el padre José Virtuoso, académico y director de la revista SIC, rector de la Universidad Católica Andrés Bello y activista de derechos humanos, es imposible hacer un análisis completo de lo sucedido el 27 de Febrero sin detenerse a considerar los alcances de la represión posterior. “Aquello fue terrible, realmente brutal. Participé como observador y activista de derechos humanos en Catia y otras zonas del oeste. Hay que ver lo que eso significó. En los bloques que me tocó visitar en el 23 de enero, vi por las mañanas hasta 20 cadáveres lanzados en las entradas de los edificios. La gente iba, los recogía y los apilaba. Se los llevaban en camiones. En los 55 años que llevo viviendo en Venezuela, jamás había visto una ejecución tan brutal del orden público como aquella”.

Algunas interpretaciones defensoras del status entonces imperante no solo han procurado minimizar el impacto político de estos disturbios “lamentables, sin duda, pero no mucho más que eso, sino que también han desarrollado un análisis estrictamente técnico de lo sucedido. De acuerdo a esa aproximación, los desórdenes de aquellos días, con su ración de muertos y heridos, no solo no se levantaron en contra de las medidas económicas entonces anunciadas por Carlos Andrés Pérez, cuyo contenido casi toda la población todavía desconocía, sino que perfectamente pudieron haberse evitado de haber existido un plan anti-motines y un manual de procedimientos previstos para restaurar la autoridad del estado con un costo político y de víctimas razonablemente bajo.
La debilidad de una política de orden público y el estupor general ante lo sucedido obligaron al estado a responder con un procedimiento de guerra. La magnitud de las protestas, sin embargo, ya hacía reinar en el ambiente una sensación de conmoción. Tempranamente, El Nacional hablaba de “200 muertos y mil heridos en tres días de protestas”.
Siendo el tema de los muertos y los heridos ya de dominio público en las primeras de cambio, la represión como decisión de estado fue abordada varias veces con alguna profundidad por Pérez y por Alliegro en entrevistas a la prensa y la televisión. Comenta CAP a Giusti: “El desbordamiento de los sucesos es producto de la falta de provisión. Esto se reduce al mínimo si se toman las medidas. La incapacidad de nuestras fuerzas policiales no permitió una represión menos cruenta. No se crea que los 300 muertos de los que hablamos fueron producto exclusivo de choques entre la gente y la policia y el ejército. Hay muchas muertes que se produjeron por los mismos sucesos, gente que se degolló con vidrieras rotas, que arrolló a terceros, balas perdidas, hamponato común. Hay una serie de moviles. Desde luego que esta situación con la fuerza pública tuvo su parte más importante”.
Dijo Pérez que en Venezuela seguía vigente “una gimnasia guerrillera en el país” que trajinó sobre lo sucedido. “Excesos siempre hay. No podemos aspirar, en ninguna parte del mundo, a que luego de una situación como esta no se produzcan excesos”.
Sobre el papel de las Fuerzas Armadas durante aquellos días, Alliegro razona con Giusti. “En tres días fueron saqueados más de mil negocios. Eso no ha sucedido en ningún otro país del mundo. A veces uno cree que ha procedido de forma violenta, pero yo he visto manifestaciones por temas religiosos o políticos en los cuales mueren 20 o 30 personas sin saqueos. Las Fuerzas Armadas actuaron con gran sensibilidad y cuando se hizo uso de las armas es porque no había otra forma.” (…) “Hubo 277 muertos, pero decir que son muchos o pocos sería monstruoso. Hay que medir la realidad de los hechos, en qué circunstancias se actuó. Y aquí todos los muertos no son de las Fuerzas Armadas. Nadie me ha podido demostrar los supuestos abusos que se cometieron. Se quiso exagerar con los muertos, pero en un sistema democrático eso es imposible ocultarlo. Esta no es la Unión Soviética de Stalin, donde ahora descubren fosas comunes de 300 mil cadáveres. ¿Qué podíamos hacer? Lo que pasa es que todo es fácil decirlo luego de los acontecimientos. Tienes una explosión, una amenaza, todo el mundo en la calle sin control, arrasar una ciudad entera. Ahí es donde hay que amarrarse los pantalones. Y ver cómo se hace lo que se debe hacer provocando el menor daño posible”.
27 de febrero: derechos humanos en movimiento

Las cicatrices del 27 de febrero fueron tan hondas que, de forma no tan indirecta, contribuyeron decisivamente a consolidar en Venezuela, por primera vez, un auténtico movimiento de Derechos Humanos profesional, independiente, despolitizado y especializado. Un sistema de organizaciones, activistas y voluntarios dedicados al tema en exclusiva, con un lenguaje y una metodología propia, que han ejercido un importante trabajo contralor en torno a los excesos del estado con sus ciudadanos durante todos estos años.
“Antes del 27 de Febrero el tema de los Derechos Humanos era un asunto marginal, tocado ocasionalmente por los partidos políticos y algunos parlamentarios en torno a casos concretos. Sobre todo organizaciones de izquierda. Ahora podemos comprobar que de forma muy instrumental aludían a algunos presos políticos, o a casos como las Masacres de Cantaura y Yumare, dice Rafael Uzcátegui, director actual del Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, Provea.
“La violación a los Derechos Humanos, como tema colectivo, tomó especial relevancia luego de lo sucedido el 27 de Febrero de 1989”, dice el padre José Virtuoso y continúa: “Creó un vínculo, sembró una cultura. Antes de eso, por ejemplo, yo no tenía relación con ese concepto. De hecho, me parecía un asunto basante lejano. Todo cambió en mí cuando me tocó presenciar lo que pasó esos días”.
“Ciertamente: el tema de los Derechos Humanos no tenía antes en Venezuela la audencia, ni el desarrollo, ni el avance que ha conocido en estos años”, añade Carlos Correa, fundador de Provea, hoy Director General de Espacio Público. “Venezuela era un país con una buena imagen internacional, no era un foco de preocupación en la región. Todo lo contrario: todavía era un oasis democrático en medio de muchas dictaduras. Todo el mundo tenía la vista en lo que sucedía en Guatemala, Uruguay o Chile(…) “Este era un país muy rico todavía.
Ni siqueira existía la figura de la Cooperación Internacional. Todo estaba en fase germinal en 1989”.
“La primera organización que se creó en este campo fue la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, a finales de 1987”, prosigue Uzcategui. “Creadas, sobre todo, en torno a denuncias sobre procedimientos policiales, como la recluta o los ‘hampoductos’, o casos aislados de torturas”. Muchos activistas exiliados del Cono Sur participaron en estas actividades con carácter precursor. Provea, fundada por la chilena Dinorah Contramaestre y el argentino Raúl Cubas, ve luz al año siguiente, 1988. Ambos eran activistas de izquierda, exiliados de sus países: Cubas fue torturado por la dictadura argentina y dos de sus hermanos desaparecieron.
“Uno de los primeros casos que asume Provea es la de la Masacre del Amparo, a finales de 1988, muy poco antes del Caracazo, en plena campaña electoral. Un poco después, Provea hizo su primer Informe Anual: nosotros siempre decimos que ahí está escrito el comienzo de la ‘Historia Contemporánea del país’ en materia de Derechos Humanos”, dice Uzcategui.
Estas dos Asociaciones Civiles emergieron en un momento en el que la protesta social se estaba agudizando en Venezuela. Cofavic nace el año siguiente, envuelta en un halo de mucho prestigio —aunque ignorada por el estamento político dominante. Todos sus miembros activos, salvo excepciones menores, desde entonces hasta hoy, son familiares o víctimas de personas desaparecidas aquellos días.
Al respecto, Liliana Ortega comenta: “La verdad es que, respecto a los desmanes del 27 de febrero, y la represión, la jerarquía de los partidos politicos del estatus no fue especialmente sensible. Debo decir, sin embargo, que ni yo ni mis compañeros recibimos presiones ni hostigamientos de las autoridades por nuestras denuncias —como sí las hemos recibido, por ejemplo, de forma reiterada a partir de un año como 2003 con Hugo Chávez. En la Dirección Derechos Humanos del Ministerio Público de entonces estaba al frente el Padre Olaso, un jesuíta de una enorme nobleza, de una ética y una identidad irrepetible”.
Correa coincide plenamente con Ortega: “Si alguien ayudó a motorizar procesos y a sensibilizar a mucha gente sobre el tema de los Derechos Humanos en Venezuela, fue el Padre Olaso en la Fiscalía General de la República.” Aquella institución, dirigida por Ramó Escovar Salom, cultivaba entonces un estilo manifiesto autónomo y crítico del Poder Ejecutivo. “•Con Cofavic aparecen las Vicarías de Derechos Humanos, que fueron creando capitulos en Caracas y las regiones”.

La fragua de estas organizaciones, su trabajo tesonero y contínuo, en principio relativamente ignorado en el debate venezolano, hizo posible que, llegado el momento de la Asamblea Constituyente de 1999, sus propuestas fueran escuchadas y plasmadas en el proyecto final de la denominada Constitución Bolivariana. Aquel fue la concreción de un aprendizaje político y social que experimentó la nación entera.
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