El fin de la Ley Habilitante de Maduro

E

l martes 29 de diciembre, apenas dos días antes de que venciera la Ley Habilitante otorgada en marzo de 2015, el Ejecutivo nacional promulgó 26 nuevas leyes en Gaceta Oficial, aprovechando los poderes especiales otorgados por la mayoría «revolucionaria» de la Asamblea Nacional vigente hasta el 5 de enero de 2016.

Desde la llegada de la revolución bolivariana en 1999, la pluralidad de ideas y voces, representada en las curules del Palacio Legislativo, se ha visto opacada en seis oportunidades por visiones individuales del Ejecutivo. Primero, el fallecido expresidente Hugo Chávez; ahora, el actual mandatario Nicolás Maduro. Ambos han disfrutado de la libertad que las leyes habilitantes ofrecen, signada por la rapidez y la omisión de discusiones al emitir decretos-leyes. Esta figura legal, contemplada en la Constitución en su artículo 203, “fue utilizada para aprobar instrumentos legales que transformaban el orden político-social con miras a establecer el modelo socialista, contrariando el principio que justifica a la habilitante”, según explica la licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, Eskeila Guerra. Incluso, se hizo uso de la herramienta considerando que los diputados afectos al Gobierno eran mayoría desde 2005.

Sin embargo, el panorama legislativo podría dar un giro al modus operandi gubernamental. Con el triunfo parlamentario del 6 de diciembre de 2015 la oposición busca “el ocaso de una hegemonía política en la Asamblea Nacional (AN)”, tal como declaró el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba. Hegemonía que ha dado carta blanca al “líder supremo” y a su heredero de hacer y deshacer normativas vía Ley Habilitante. Tener las tres quintas partes del Poder Legislativo, 112 diputados electos de los 165, podría cambiar dicho proceder.

El abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Alfonso Herrera Orellana, indica que la próxima Asamblea “tendría la absoluta potestad” para derogar y reformar los decretos aprobados con la Ley Habilitante. “Hay que ser realistas y hay que respetar lo que la Constitución establece con la mayoría, que exista paralelismo de las formas. Hay muchos decretos-leyes que tienen carácter orgánico que no deberían tener, pues se dictan con una mayoría de dos tercios. Actualmente, estamos inundados de ellos que no están aprobados por esa mayoría y están generando perjuicios en la sociedad”, indica.

La aplicación de la herramienta legal no es novedosa para los venezolanos, a pesar de la popularidad que ha cobrado gracias a sus usos reiterados y aprobaciones de leyes en ascenso. Otrora La Habilitante contrarrestaba estados de emergencia. Durante su primer mandato, Carlos Andrés Pérez pidió la primera de la historia de Venezuela, en 1973. Pasó de llamarse autorización para dictar medidas extraordinarias en materia económica en la Constitución de 1961 y tener facultades financieras únicamente, a Ley Habilitante en la Carta Magna de 1999. Las materias de ejecución son ahora flexibles. Va sin cuidado si el Presidente de la República busca legislar en materia penal, vialidad, urbanismo, mientras sea lo suficientemente específico en el proyecto de ley que presente a la AN. Sobre cualquier ámbito tiene la facultad de emitir normativas y reformas.

En teoría, debe especificarse la duración de la venia legal en el papeleo presentado y discutido en dos oportunidades; en la práctica, el Poder Legislativo decide el período en que el primer mandatario dará el ejecútese a decretos-leyes, que puede durar desde semanas hasta más de un año. “Normalmente, los lapsos que la Asamblea ha aprobado han coincidido con sus plazos electorales. Han tendido a ser excesivos y sin vinculación real con la emergencia supuestamente planteada”, explica Herrera Orellana.

En cuatro oportunidades, el parlamento venezolano cedió los poderes legislativos al Ejecutivo. Tal como lo indica la Procuraduría General de la República, Chávez apeló al recurso legal por primera vez en 1999, con seis meses de acción sobre las materias de organización de la administración pública nacional, financiera, tributaria y económica sectorial. Seis meses que se materializaron en 53 decretos. Un año después, la Asamblea le cedió nuevamente sus facultades legislativas, ahora por el doble de tiempo, para que en Consejo de Ministros tomará acciones en materias financiera, económica y social, infraestructura, transporte y servicios, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, y organización y funcionamiento del Estado. Un año resumido en 49 instrumentos legales. En 2007, se otorga nuevamente la concesión legal, esta vez por dieciocho meses y en la que decreta 59 normativas. Su última Habilitante se accionó en diciembre de 2010, por dieciocho meses y con el motivo de las fuertes lluvias de finales de aquel año. Dicha legislación aprobó 54 leyes “que profundizan el modelo socialista, de las cuales se estima que tan solo seis fueron dictadas para atender de forma directa la situación de emergencia”, explica Guerra.

Actualmente y sin tener la mitad del camino presidencial recorrido, Maduro ostenta su segunda Habilitante propia, de nueve meses de duración, próxima a vencerse el 31 de diciembre de este año. Con ella quiere combatir la corrupción. “Una habilitante no está concebida para eso. Nada la justifica ni saliéndonos de la sana interpretación jurídica, ya que no es posible otorgar la potestad de hacer una ley a quien se debe controlar con la misma”, asevera Jorge Pabón Raydan en su artículo Las leyes habilitantes publicado en El Nacional. En 2013, el mandatario solicitó legislar por un año en materia económica. Las 44 leyes aprobadas al culminar su primera habilitación en 2014, junto a las 215 normativas y reformas del “Gigante Intergaláctico” han cruzado la línea invisible de las violaciones universales de Derechos Humanos, según Herrera Orellana: “Esas legislaciones son extremadamente antidemocráticas. Ningún gobierno puede crear delitos o impuestos por decreto y el nuestro lo ha hecho con la reforma del Código Penal por decreto ley, la Ley Orgánica de Precios Justos, y pare de contar”.

La posibilidad de una nueva aprobación de Ley Habilitante por la Asamblea Nacional, aún en plenas facultades antes de la toma de posesión de los nuevos diputados raya en el fraude a la Carta Magna. “Este sería todavía más evidente si consideramos que hasta el 31 de diciembre de 2015 se mantendrá la Ley Habilitante dictada este año. Una nueva, en estas condiciones, sería un acto abusivo”, explica el profesor de Derecho Administrativo de la UCV, José Ignacio Hernández en su artículo ¿Una Ley Habilitante puede neutralizar a la próxima Asamblea Nacional? publicado en Prodavinci.

Y en caso de que llegase a ocurrir, “el uso fraudulento de la Constitución no debe ser obstáculo para recuperar el carácter constitucional de las leyes. No tienen legitimidad democrática y no pueden ser obstáculos por formalismos”, ratifica Herrera Orellana, quien exhorta complementar la acción con la renovación de poderes públicos, en especial el Tribunal Supremo de Justicia. “Su Sala Constitucional es la culpable. Si desde el 2000 hubiese hecho su función sin preferencias políticas no tendríamos el escenario que tenemos ahora, con todas estas leyes que no se justifican”, remata.