Política

Luisa Ortega Díaz le mostró a la ONU su mundo de fantasía

Dos exámenes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y un Informe de la ONG Provea dan cuenta de los incumplimientos y violaciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la Venezuela en tiempos de revolución. Los mismos que golpearon la Fiscal General y al ministro Ricardo Menéndez en Ginebra

TEXTO: CARLOS PATIÑO | Composición fotográfica: Mercedes Rojas Páez-Pumar
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Los días dos y tres de junio de 2015, la República Bolivariana de Venezuela presentó examen de evaluación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra. El Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), conformado por 18 expertos de distintos países, fue el órgano encargado de evaluar el cumplimiento del PIDESC por parte del país en su condición de país miembro.

Tanto el Estado como las Organizaciones No Gubernamentales, que trabajan la materia, presentaron sus respectivos informes. Durante la jornada, el Comité realizó preguntas directas y específicas al Estado —la fiscal general Luisa Ortega Díaz y al ministro de Planificación Ricardo Menéndez— representado por  en temas de salud, género, educación, alimentación, medicinas y acceso a la información pública, entre otras. Para la ONG Espacio Público: “las respuestas ofrecidas dejaron mucho que desear, lo que hizo que el Comité reiterara las preguntas realizadas previamente. Escuchamos las mismas justificaciones a las que nos tienen acostumbrados para evadir la dura realidad de carencia de datos, desinformación y falta de explicaciones satisfactorias, no solo para el Comité de las Naciones Unidas, sino también para los venezolanos urgidos de respuestas concretas”.

Según la ONG Provea, en Europa, el argumento de la guerra económica sonó a “excusa vacía”. “Ese concepto ha sido usado antes pero cambió en 1945 con la adopción de la Carta de Naciones Unidas”, señaló el experto egipcio Mohammed Ezzeldin Abdel-Monein. La asiática Shiqui Chen añadió: “sus políticas parecen estar afectando a las personas, ¿contra quién es la guerra económica?”. El ministro Ricardo Menéndez, cabeza de la delegación criolla, respondió: “si nos preguntan qué es eso de la guerra económica se están haciendo juicios de valor. Represento a un pueblo y exijo respeto a la autodeterminación”.

Otras preguntas que cayeron a un foso sin explicaciones ni argumentos fueron: “En cuanto a corrupción, Venezuela está en el puesto 168 de 175 países en el índice de Transparencia Internacional. ¿Puede establecerse un instituto realmente autónomo para hacer seguimiento?”. “¿Cuáles son las restricciones constitucionalmente admisibles en el derecho a huelga en Venezuela?” “Queremos discutir sobre la Defensoría del Pueblo en Venezuela y los alegatos sobre su falta de independencia”. “¿Existen medidas para proteger el salario de la inflación?” “¿Cuál es el índice de inflación actual?” “¿Existe discusión tripartita para incrementar el salario mínimo?” “¿Qué se ha hecho para evitar la importación de 70% de la comida?” “¿Por qué se ha incrementado el embarazo adolescente?” “¿Se está investigando el asesinato de 28 dirigentes sindicales ocurridos en 2014?”.

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Pero allí no quedó la interpelacióno, como puede verse en una nota de prensa de la coalición de organizaciones de derechos humanos, Foro por la Vida,publicada en el semanario TalCual el 12 de junio. “Otras interrogantes persistentes fueron sobre fallas en los hospitales, desabastecimiento de medicinas, ausencia de independencia del poder judicial, respeto al trabajo de los defensores de DDHH. Las respuestas: Conspiración, mentiras mediáticas, confabulación galáctica contra el país”.

PROVEA no altera

“En 1993 Provea atendió a Nicolás Maduro cuando era un sindicalista hostigado por el Metro de Caracas, C.A., y jamás preguntó de dónde salían los sueldos de los abogados que lo atendieron. Hoy nos llama bandidos y, lo que es más grave, defrauda al pueblo al causar el mayor retroceso en derechos sociales en décadas, incluyendo los logros del gobierno de Hugo Chávez”, asegura Rafael Uzcátegui, director general.

El nueve de junio, la ONG Programa de Educación presentó su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela Enero / Diciembre 2014. Desde su primer párrafo, Provea ha utilizado como información privilegiada las cifras oficiales —que contrasta con investigaciones realizadas por las universidades, organizaciones no gubernamentales y los diferentes gremios. La ponencia estuvo a cargo de los coordinadores Esperanza Hermida e Inti Rodríguez y Rafael Uzcátegui.

Destacó que los indicadores de pobreza han aumentado de manera dramática y la clase media se ha proletarizado. Entre los meses de febrero a julio de 2014 se realizaron más detenciones en manifestaciones que en los últimos 25 años, y la represión se ejerció con “particular brutalidad”. Además aparecieron indicadores claros hacia la construcción de un “Estado policial”. Se indicó que la pérdida precipitada del poder adquisitivo del bolívar colocó el salario mínimo en menos de un dólar diario, a niveles de los países más pobres del mundo, “pulverizando las prestaciones sociales de los trabajadores”.

“Las misiones, bandera de la inclusión, han sido erosionadas por la corrupción intestina y perdido su calidad retirándose de los sectores más excluidos (…) el quiebre del aparato productivo ha llevado al país a una economía, nada soberana, dependiente de las importaciones, con niveles críticos de escasez y desabastecimiento (…) El acceso y la calidad de los servicios de salud y educación han sufrido un franco deterioro. El ritmo de construcción de casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela decayó 310%. El país se encuentra ante una crisis sistémica provocada por un modelo rentista-populista-clientelar, dominado cada vez más por una élite militar que ha ido controlando y copando las instituciones del Estado”, suscribe el abultado legajo.

Del otro lado de la tribuna, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, soltó un mentís injuriando casi el documento de Provea. Regurgitó: “tiene debilidades técnicas. Privó más el discurso político en menoscabo de la investigación exhaustiva de carácter técnico”.Sin embargó, aseveró que sus páginas serán estudiadas. Al respecto, Marino Alvarado, ex miembro de la institución, declaró: “desafortunadamente los gobiernos de los últimos 25 años en lugar de analizar las observaciones y recomendaciones que se realizan, generalmente actúan a la defensiva, ya sea descalificando las informaciones o afirmando que las fuentes no son seguras y confiables. Decir verdades incomoda.”

La ONU la regañó

“El Comité es completamente independiente. Sus miembros se expresan de la misma manera en todos los exámenes con todos los Estados. Quizás, como el Estado venezolano tenía 15 años sin venir, olvidó la dinámica del diálogo. Hay que respetar al Comité”, exhortó Fabián Salvioli, Presidente del Comité de DDHH. Unos días después de la reunión, el 29 y 30, se revisó en Naciones Unidas el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Familiares Víctimas de la Violencia (Cofavic), 17 ONG y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) pusieron sobre la mesa su correspondiente reseña.

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Los expertos hicieron énfasis en lo que consideraron atropellos particularmente contra la jueza María Lourdes Afiuni, y de más de 300 detenciones arbitrarias. Expresaron su preocupación con las siguientes interrogantes: ¿cómo se garantiza que los funcionarios que han cometido tortura sean juzgados? ¿Cómo puede ser razonable la prisión preventiva contra alguien que no cometió delito grave? ¿Cuáles son las atribuciones del Ejecutivo para suspender las transmisiones de los medios? ¿Cuántas investigaciones hay contra personas que hayan cometido actos contra personas LGBTI? ¿Por qué se interpreta de manera restrictiva el derecho a manifestar? ¿Por qué el Estado dice que no tiene denuncias de acoso contra defensores de derechos humanos, si constan en la CIDH? ¿Por qué se le prohibió salida del país a 22 editores directivos de medios?

“Para que el abogado Yadh Ben Achour, cierre la boca, no es cierto que la jueza Afiuni haya sido violada o torturada.” Esa fue la respuesta que dio Luisa Ortega Díaz al evaluador a Achour, reconocido líder tunecino de la primavera árabe. “Aquí nadie manda a callar a nadie. Los miembros del Comité son expertos y el diálogo debe ser respetuoso”. Fue la inmediata intervención del argentino Fabián Salvioli, presidente del Comité ONU.

Liliana Ortega, presidente de Cofavic, extiende que el hilo conductor de la actuación del Estado fue la no aceptación de su responsabilidad, intransferible, como garante de los derechos humanos. “El Estado se presenta ante estos mecanismos intentando buscar a otros responsables: la guerra económica, el asedio internacional, las guarimbas”. La concluyente preocupación del Comité se manifestó en la alarmada intervención de Olivier de Frouville: Si nosotros somos acusados de formar parte de un complot, cómo será para los disidentes en Venezuela”.

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