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Menores de edad: protegidos para delinquir

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24/09/2015
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FOTOGRAFÍA: POLICÍA DE MIRANDA

La mala administración de justicia se extiende en cualquier ámbito e incluso a pantalón corto. La impunidad también salpica a niños. Delincuentes en adolescencia se saben sin rumbos ni castigos, con las riendas sueltas para cometer sus fechorías. Es que el Estado no da justa reprimenda a quienes infringen ley. Tengan la edad que tengan 

Gabriel García tiene 13 años. Ante la Ley Orgánica para la protección del Niño y el Adolescente, también conocida como simplemente Lopna, gracias a la reforma del ocho de junio del 2015, es tan solo un niño. Sin embargo, sus comportamientos lo contradicen: actúa como todo un hombre. Vive en Canaima, un barrio en el Estado Vargas, con su mamá, un padrastro y dos hermanos menores. Sus padres saben que se escapa del colegio en el día y de la casa por las noches. “¿Pero qué hace cuando huye?”, se preguntan. Por las veredas, los vecinos lo acusan de robar. Pero no fue por hurto que lo recluyeron en la Casa de Observación de Menores-Retén de Macuto, hoy su morada sin subterfugios. Presumen que también violó a sus dos hermanos menores.

“En el 60% de los delitos que ocurren en el país están involucrados jóvenes menores de 18 años”, asegura el criminólogo y abogado Fermín Mármol García. Ellos, quienes probablemente nacieron en plena promulgación de la Lopna, también agresores, suelen ser mucho menor que la mayoría de sus victimas. Pareciera que tienen el poder sobre quienes apuntan con el arma, aunque sea alzando la mirada y el cañón. La participación de los adolescentes suele estar involucrada en los actos delictivos o en el encubrimiento posterior de los hechos. Aunque existan muchas variantes que determinan la colaboración en un crimen, hay una que predomina y que resulta atractiva para los delincuentes de mayor prontuario: no existe una pena establecida en el país para un menor de edad venezolano que supere los cinco años de prisión. “Los niños dan impunidad al crimen porque son inimputables. Su inocencia e incapacidad de reconocer el bien y el mal hace que el derecho no los catalogue como infractores. Las bandas entienden que los niños no pasan por un proceso penal. Son sus escudos”, acierta Mármol García.

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En su artículo 628 consagra: “la privación de libertad consiste en la internación del adolescente en establecimiento público del cual solo podrá salir por orden judicial (…) En el caso de adolescentes que tengan 15 años o más, su privativa de libertad no podrá ser menor de un año ni mayor a cinco años. En el caso de los menores de 14 años, la sanción es de seis meses a dos años”. El segundo párrafo contempla que el castigo sólo se aplica en caso de que el adolescente haya cometido: homicidio, salvo el culposo; violación; robo agravado; secuestro; tráfico de drogas; violencia o abuso sexual; terrorismo y sicariato. Cuando incumpliere en alguna sanción ya impuesta, la privativa será de un máximo de seis meses. “La policía de Miranda lleva 463 detenidos en lo que va de año, cinco de ellos tienen menos de 15”, informa José Betancourt, jefe de la policía comunitaria del estado. Como garantes del orden se repiten: ¿acaso la sociedad no debe estar protegida de los delincuentes, tengan la edad que tengan? ¿Presionar el gatillo, sea quien sea, no es igual un peligro? Las corrientes y las opiniones al respecto son diversas como los nombres de los malhechores.

La idea de la legislación promovida en 1998, y reformada en 2015, buscaba reinsertar a los niños en la sociedad después de haber cometido un delito. De facto, ha sucedido todo lo contrario: la delincuencia y los mismos menores encuentran en la “justicia” un escape para poder hacer de las suyas. Se saben inmunes. Se saben exentos de pena. “En muchos casos, las bandas le entregan las armas a los adolescentes de la zona, porque ellos no corren el riesgo de ser revisados o requisados. También sucede que para los chamos el hurto o el homicidio, les da estatus ante su nuevo grupo de ‘amigos’ ”.

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La lista roja la encabeza el tráfico de drogas seguido de hurtos y robos. El tercero, los homicidios y sicariatos. “En el caso de las drogas, son microtraficantes, juegan un papel de ‘campaneros’, esos que dan el ‘pitazo’ o de corredores. Es decir, son los mensajeros que entregan la mercancía de una calle a otra”, detalla Fermín Mármol García.

Gabriel García no es el único que ha cambiado las aulas por las jaulas. El beso matutino de su madre por el de la diana fría. Claudia Díaz, su progenitora, teme que su hijo esté con otros que lo contaminen. “La última semana llegaron al retén una bandita de chamos de 17. Ellos sí que son peligrosos. No quiero que se junten con mi hijo”. Bajo el lente público, por ejemplo, el caso de la actriz y modelo Mónica Spear y de su compañero Thomas Berry. De los seis detenidos por el asesinato, dos de ellos eran menores de edad: Juan Alberto López Ibarra y quinceañero sin fiesta de nombre no divulgado. La influencia de este juicio condujo a otra reforma: “el tiempo de las penas para los menores de edad”, según declaraciones dadas por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Otro de tantos casos sonados, es el del contrabando de alimentos y de combustibles en la frontera de Zulia: “Los niños wayuú, delgados, con la piel reseca y muy bajitos para su edad, producto de la desnutrición, salen a las calles apenas pueden alzar unos cuantos kilos de peso, a cargar alimentos o succionar con sus bocas el combustible de los autos y venderlo en el lado colombiano de la frontera”, reseña el periódico El Siglo.

Mano dura

En el Tribunal Supremo de Justicia, un juez especificado en el área de menores, cuya identidad debe ser resguardada, menciona con claridad: “queremos reinsertar a los niños y adolescentes en la sociedad. El foco es que los que salgan de los albergues o retenes puedan tener un propósito de vida, como estudiar. Esa es la regla. Sin embargo, se convirtió en la excepción. No existe en el sistema un método adecuado. No hay personal especializado, las funciones de un profesional u otro se dispersan y nadie termina haciendo el trabajo. Recuperar a un joven involucra psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y constante guía de los organismos”.

Sus diminutas manos apenas pueden soportar con firmeza una pistola. Tiemblan como una arañita en medio de una tormenta. Tampoco entienden de las secuelas de la pólvora en el piso, mucho menos de la sangre. Ellos no juegan con pelotas ni con yoyos. Carlos Trapani, abogado de Cecodap —organización venezolana que, desde 1984, trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia— toca la alarma: “paradójicamente, los niños no han sido prioridad en la agenda pública. La Lopna no apalea la impunidad, pues desde que se eliminó en 2007 el Concejo Nacional de Derecho, ningún organismo está especializado en el área de los adolescentes. Es como un montón de músicos sin director”.

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La mayoría de los conocedores del tema, temen declarar con firmeza que la “nueva generación” de relevo ha incrementado su participación en los actos delictivos. Incluso, el abogado Carlos Trapani, comenta que una de las fallas del sistema es no dar las cifras exactas de menores de edad implicados en actos ilícitos y delictivos. Es evidente que el número ha subido”, recalca Fermín Mármol García. Las noticias también hablan: el 2015 ha desbordado información sobre escapes de menores en los retenes pertinentes. En enero, “los internos quemaron colchones y violentaron las rejas en un intento de escapar del albergue de menores Sepinami, Servicio de Protección al Niño, Niña y Adolescente de Miranda”, publicó el 20 enero El Nacional.

El 14 de abril, El Universal reportó la fuga de 33 adolescentes en retén de menores de Nueva Esparta. “Rara vez Sepinami se sale de control” dice José Betancourt. A esto le agrega: “aunque es evidente que hay más niños de la cuenta, el lugar no está preparado para retener a tantos. Hay veces que en la sede de la Policía de Miranda, en Los Altos Mirandinos, les damos una mano y los trasladamos a nuestras instalaciones. No es lo más correcto porque se mezclan con todo tipo de detenidos, pero, ¿qué se puede hacer?”.

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Retén de menores

En Miranda, asegura Betancourt, existen dos albergues importantes, Sepinami, en Los Teques y la llamada “Casa de observación de los menores”. Entre sus paredes, testigos de generaciones, se realizan actividades que buscan acarrear a los rebeldes. “Les dan talleres, se les hacen cine foros, y se les ensañan actividades extra curriculares para que puedan salir a trabajar después de estar aquí. Un oficio”, agrega. “Aunque a veces, muchos lo toman como una guachafita, de tanto que los sueltan y los vuelven a meter, le pierden el respeto y, peor, el miedo a las cárceles”, se crispa. Pero ese no es el caso de todos, hay quienes, por falta de espacio son enviados a sedes de la policía donde no están las condiciones correctas de nada.

Gabriel tiene su audiencia preliminar el 29 de septiembre en el tribunal pertinente. Sus hermanos pequeños hablarán. De la decisión del juez, dependerá que García sea trasladado al Retén de Carayaca —donde tendrá que convivir con otros delincuentes o se vaya a casa con su familia. Su mamá no confía en el sistema. El sistema tampoco en ella. Acierta el juez de menores: “es responsabilidad de los padres estar pendiente de sus hijos. La calle tiene suficientes peligros como para que ellos también los dejen a la deriva”.