Omar Farías, los guisos descubiertos del Zar de Seguros Constitución

Ni en sus peores pesadillas Omar Farías Luces, el Zar de los Seguros, soñó que saldría de un tribunal escoltado por alguaciles y con las manos esposadas, mientras un tropel de cámaras se peleaba por obtener la mejor toma para el noticiero estelar. En Venezuela, probablemente, esto nunca le ocurriría mientras continuara moviéndose en las sombras del régimen que lo favoreció, por lo menos, durante la última década, cuando ya era presidente de Seguros Constitución y uno de los principales proveedores de pólizas para entes oficiales.

Pero en República Dominicana hay pesadillas que se hacen realidad. Incluso, la de cumplir años en arresto domiciliario, cosa que le ocurrió a Farías el pasado 15 de agosto, una semana después del bochornoso episodio en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, a cargo de la abogada Solange Vásquez.

Desde luego, pudo ser peor para él. Su “celda” es en realidad un pent house en las residencias Piantini IV, ubicadas en la céntrica calle Porfirio Herrera de Santo Domingo. Para evitar cualquier salida intempestiva de la isla, como la que intentaba el 4 de agosto a través del aeropuerto de Punta Cana, los pasos de este hombre de 54 años de edad son vigilados mediante un cepo electrónico.

Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farías Pacheco figuran en la lista de veinte acusados por la fiscal nacional dominicana Yeni Berenice Reynoso como consecuencia de las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia de Ahorro y Crédito. Según la fiscal, lo ocurrido en la entidad financiera no fue el producto de esas licencias que a veces se dan los banqueros en el manejo de los fondos ajenos, llamadas con el eufemismo de “malas prácticas”, sino la consecuencia directa de las operaciones de “una estructura criminal de cuello blanco”, montada para la estafa, el abuso de confianza y, en fin de cuentas, el lavado de dinero.

Muchas de las 24 víctimas identificadas por los fiscales dominicanos, por cierto, son venezolanos asentados en la isla y en el país del que salieron tanto los Farías como los principales directivos de la entidad financiera: José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro.

Salida inminente

Durante los 45 días que tiene en arresto domiciliario, el Zar de los Seguros cambió de abogado, así como de estrategia para defenderse de las imputaciones. Su anterior apoderado judicial, Erick Hernández, sostuvo que los Farías no debían estar en la lista de acusados sino entre las víctimas al haber negociado con el banco un certificado financiero por 33,6 millones de pesos dominicanos —aproximadamente 731 mil dólares— cuando la entidad no tenía forma de respaldar esta suma para el momento de la transacción, en enero de 2014.

Pero esta posición implicaba que Farías Luces hasta último momento sostuviera su inocencia. Con el nuevo abogado, Robert Valdez, hubo un cambio en el enfoque. El litigante declinó emitir declaraciones para este reportaje, pero según el acusador privado César Amadeo Peralta en la actualidad está en marcha un proceso de negociación con la Fiscalía y la Superintendencia de Bancos que podría dejar en libertad al Zar de los Seguros y a su hijo.

Los procesados tendrían, eso sí, que cancelar a la Superintendencia de Bancos la cantidad involucrada en la transacción cuestionada. “Al tratarse de un delito económico la Fiscalía es más suave. Los Farías hicieron una operación fraudulenta para simular un artificio financiero. Querían mostrar un aval que no tenían en ese banco. Hubo una violación a la ley monetaria dominicana. Pero como no usaron el documento emitido por el banco son exonerados. Por eso los señalan solamente como cómplices. Eso facilita la situación para ellos”, explicó el litigante, quien actúa en representación de siete víctimas.

La libertad del presidente de Seguros Constitución así como la de su hijo podría ser acordada el viernes 26 de agosto, cuando está pautada una audiencia para el conocimiento de las pruebas del caso. No obstante, cualquier traba para la comparecencia de todas las partes ocasionaría una postergación del acto.

El origen de los fondos con los que será cancelada la fianza es un misterio. Farías y sus apoderados argumentaron ante el tribunal que estarían disponibles al concretarse una transferencia desde el exterior. Extraoficialmente, se indicó que el Zar de los Seguros adelantaba la venta de dos aeronaves registradas en Estados Unidos, ambas distintas de la identificada con siglas N855BC, que permanece confiscada por orden de la fiscalía dominicana.

Clientes oficiales

La información del Registro Nacional de Contratistas (RNC) arroja algunos indicios en torno al origen de los fondos manejados por Farías. Según esta base de datos, la aseguradora presidida por él tenía su principal clientela en los despachos manejados por el oficialismo venezolano. Allí se mencionan el Instituto Nacional de la Vivienda, la alcaldía de Libertador, la Oficina Nacional de Presupuesto, el Inces, la Corporación de Desarrollo de la Región Central, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el Inttt, Cadafe y el Ministerio de Energía y Petróleo, donde Seguros Constitución es proveedor de pólizas desde diciembre de 2007.

Aunque el RNC no lo indica, esta compañía también manejó la póliza de los trabajadores del Poder Legislativo. Según el presidente del Sindicato de la Asamblea Nacional (AN), José Vicente Rivero, esto sucedió entre los años 2013 y 2015, lapso en los que la institución estuvo presidida por el diputado oficialista Diosdado Cabello.

Cuando a oposición asumió la conducción del Parlamento fue convocada una nueva licitación. Rivero recordó que la empresa de Farías concursó, pero no salió favorecida. “Hubo ofertas menos onerosas. Además, como organización sindical solicitamos una revisión del contrato anterior pues hubo muchos detalles”, añadió. Recordó que los empleados del Legislativo se quejaban constantemente pues las clínicas no prestaban los servicios que se supone debían dar a quienes estaban amparados por pólizas de Constitución. A pesar de esto, el contrato con la aseguradora fue renovado en dos años consecutivos.

Sistema de comisiones

Mientras Farías y su hijo intentan liberarse de los enredos judiciales en República Dominicana, en un principado europeo llevan cuatro años investigando al Zar de los Seguros por un menú de delitos que van desde la corrupción hasta el lavado de dinero.

El 5 de mayo de 2016 la Sección de Instrucción Especializada 1 de la Bastilla de Andorra envió una rogatoria de cooperación judicial a las autoridades francesas para que localicen y congelen todos los activos que puedan tener en el país galo el presidente de Seguros Constitución así como otros de los implicados en el escándalo por un presunto blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).
El documento solicita medidas similares a los venezolanos Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño, Rosycela Díaz Gil, José Luis Zabala, José Enrique Luongo y el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos.

Salazar Carreño era señalado como otro intermediario en el suministro de seguros al sector energético venezolano durante la gestión de su primo Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela y ex ministro de Energía y Petróleo. Según la solicitud remitida a las autoridades francesas, Farías y los demás mencionados “se valían de sus influencias en círculos de poder y con la ayuda de los demás imputados organizaron un sistema de comisiones en relación a los contratos públicos de la empresa Pdvsa”.

El texto explica que las compañías que licitaban con la estatal petrolera eran obligadas a su vez a contratar a las empresas pertenecientes a los investigados para ser adjudicadas con los contratos.

La mayoría de los pagos entre las empresas favorecidas y las pertenecientes a los imputados se efectuaban a través de la Banca Privada de Andorra, una entidad financiera que tuvo una oficina de representación en Venezuela entre 2006 y 2010.

Las sospechas sobre el uso de BPA para legitimar capitales comenzaron en 2010 al detectarse operaciones sospechosas en las que participaba el ex jefe Antidrogas de la policía judicial, comisario general Norman Puerta, en forma simultánea con otros venezolanos con antecedentes o que estaban convictos y confesos por haber traficado drogas. En la actualidad, Puerta permanece detenido en Venezuela al igual que uno de los señalados en el mismo expediente, Richard Cammarano.

Pero la rogatoria suscrita por la juez Canolic Mignorance Cairat, donde Farías Luces aparece mencionado, es producto de lo que el diputado Julio Montoya ha llamado la “segunda fase” de las investigaciones sobre la BPA. Esta pesquisa comenzó en 2012, cuando la policía de investigación fiscal francesa Tracfin detectó una transferencia sospechosa desde la cuenta abierta por la corporación Highlands Assets Corp en la BPA a un banco francés en beneficio de un empleado hotelero, por el monto de 99.980 euros. Esto en “gratificación por servicios prestados”.

Highlands Assets Corp es una empresa registrada en Panamá cuyo presidente es Diego Salazar Carreño. Según el documento, Salazar y su “hombre de confianza”, Luis Mariano Rodríguez, hacían “importantes dispendios” en hoteles y boutiques durante temporadas que pasaban en París.

Los fondos de Salazar fueron congelados cuando hacía las gestiones para comprar un inmueble en la capital francesa valorado en 40 millones de euros.

Carlos Tablante, ex presidente de la Conacuid y autor del libro El gran saqueo, recordó que en 2012 Farías fue objeto de un embargo preventivo de bienes y capitales en Andorra. Pero en 2014 esta medida fue levantada debido a que las autoridades del principado no pudieron demostrar entonces el origen ilegal del dinero involucrado en las transacciones bajo escrutinio. Además, se tomó en cuenta que en Venezuela, de donde se supone que surgieron estos capitales, no había ninguna causa abierta contra las personas señaladas en la lista.

Pero las averiguaciones han continuado, tal y como lo demuestra la rogatoria del juzgado andorrano. De acuerdo a Tablante, en Venezuela la principal traba para el desarrollo de las investigaciones estaría en el Ministerio Público. Recordó que en 2012 Andorra solicitó al despacho del Poder Moral los datos para continuar sus pesquisas. Pero “hasta la fecha se desconoce si respondió a la solicitud”.

Tablante cree que este entramado de relaciones económicas y familiares, en las que a su juicio participa Farías Luces, no sólo ha generado grandes ganancias para todos los miembros de la red sino que también ha ocasionado pérdidas al país ante eventos como la explosión de la refinería de Pdvsa en Amuay. Según el ex diputado las autoridades judiciales de Andorra detectaron transferencias entre Farías y familiares de Rafael Ramírez y altos gerentes de la estatal petrolera para el momento en que ocurrió la tragedia, que ocasionó la muerte de por lo menos 42 personas. Esto habría permitido orientar las averiguaciones relativas a la explosión hacia un supuesto sabotaje, con lo que las reaseguradoras se abstendrían de efectuar pagos.

No es de extrañar entonces que, una vez traspuesto el escollo de República Dominicana, el Zar de los Seguros regrese al país donde mantiene intactos sus negocios.