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“Pancho” Márquez y “Gabo” San Miguel, tras las celdas de los presos políticos

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19/07/2016
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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: ANDREA TOSTA

Dos miembros más del partido político Voluntad Popular se suman a la lista de presos naranja: Francisco “Pancho” Márquez y Gabriel “Gabo” San Miguel. Ambos son servidores públicos, distinguidos universitarios, y desde hace un mes son tratados como reos comunes luego de su apresamiento ilegal por entes gubernamentales

Cabello rapado, uniformes amarillos, ambos parados en formación como los demás presos. A lo lejos y tras las rejas, Francisco Márquez, de 30 años, y Gabriel San Miguel, de 24, podrían ser dos hampones más del Centro para Procesados 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico. Aunque sus caras se mezclan entre la delincuencia reinante, Márquez y San Miguel son coordinadores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sin crimen ni sentencia de apresamiento. Están detenidos por las autoridades gubernamentales desde el pasado 19 de junio.

Su carrera académica y profesional despunta entre aquella multitud de reos comunes. Ambos son miembros del partido político Voluntad Popular (VP) y pertenecen al despacho del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky. Márquez se desempeña como jefe de dicho departamento, escalafón que alcanzó por mérito, prácticamente extinto en los cargos públicos. Entre distinciones internacionales y cargos estudiantiles, forjó una carrera que raya en la excelencia.

Márquez es el menor de tres hermanos y nació en un núcleo familiar en el que la formación académica y la conciencia política son piedras angulares de la educación. Criado en una familia “de luchadores”, su abuelo materno fue militante de Copei y uno de los tantos presos políticos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; la madre de este se pronunciaba abiertamente en contra del mandato de Juan Vicente Gómez. El ADN de Márquez nunca estuvo ajeno a la persecución política y hoy lo vive en carne propia.

Sus inclinaciones hacia la gestión pública se vislumbraban antes de siquiera entrar en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de la que se graduaría de abogado en 2009. Fue presidente del centro de estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola mientras estudiaba el bachillerato. “Desde entonces, promovía el debate de las ideas, la defensa de los puntos de vista”, recuerda su madre, María Luz Lara de Márquez. Ese fue su punto de partida. Una vez estudiante de la UCAB, sus logros extracurriculares se sumaron a su naciente currículum vitae como arroz: perteneció al centro de estudiantes de su Escuela, a la Cátedra de Honor de la universidad y fue Consejero de Escuela de la Facultad de Derecho entre 2008 y 2009.

Las fronteras nacionales no significaron un cerco para él: fue Jefe de Delegación en WorldMUN UCAB, Modelo de las Naciones Unidas organizado por la Universidad de Harvard en el que participan más de cien países alrededor del mundo. Allí pulió sus habilidades como orador y negociador, que ya poseía, según su hermano Andrés. “Tiene el don de la palabra. Es muy hábil expresando sus ideas y sabiendo con quién hablar y cuándo hablar. Es un hombre sumamente inteligente y muy estratega en ese sentido”, afirma. Puliendo aquellas aptitudes, destacó dentro de la competencia internacional al pertenecer a la primera delegación venezolana en ganar el mayor galardón de la competencia: “Mejor Delegación”. Fue el primer MUN no angloparlante en obtener el reconocimiento, marcando el camino para las delegaciones ucabistas venideras, actualmente reconocidas por su alto nivel de diplomacia y destacado rendimiento.

Una vez culminada su carrera universitaria, voló a Estados Unidos, donde realizó un máster en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Allí se enfocó en seguridad ciudadana. Y teniendo la posibilidad económica y académica de quedarse en Estados Unidos junto a su familia, “Pancho” –como cariñosamente se le llama- decidió volver a Venezuela, a poner en práctica lo aprendido. Desde su llegada en 2012, ha trabajado en el comando Simón Bolívar del entonces candidato a la presidencia Henrique Capriles Radonski y en la secretaría de Gobierno de la Gobernación del estado Miranda por año y medio. En 2013, asume la cabeza del despacho de Smolansky.

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Márquez se une a VP en 2014, un año después que San Miguel, su joven allegado en el despacho de la alcaldía hatillana y con quien comparte más que su actual celda. Al igual que Márquez, “tuvo la oportunidad de irse del país, pero me dijo que no. Quería quedarse aquí porque sentía que podía hacer cosas buenas”, recuerda su madre Marybel Rodríguez, profesora jubilada. Se graduó de bachiller en el Colegio Dr. Gustavo Machado de Maracay y, desde entonces, mostraba inclinaciones hacia la negociación y la resolución de problemas.

En 2010, se mudó a Valencia para estudiar derecho en la Universidad de Carabobo (2015). Siguiendo los pasos de Márquez sin saberlo, participó durante tres años de su carrera universitaria en Modelos de las Naciones Unidas dentro y fuera del país. En 2012, fue merecedor del premio “Delegado Destacado” en HNMUN, competencia también organizada por la Universidad de Harvard, aunque a nivel nacional. Además, trasladó lo aprendido en dichas simulaciones a comunidades menos privilegiadas con el programa Líderes Sin Fronteras del MUN de su universidad. Durante cuatro años, impartió clases de oratoria, negociación y liderazgo. Actualmente, “Gabo” —como se le conoce entre familiares y amigos— estudia una maestría en Derecho Constitucional en la UCAB y trabaja de la mano de Márquez desde hace más de un año.

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El caso

Víctimas de la fatalidad y las estadísticas ascendentes de presos de Voluntad Popular, Pancho y Gabo caen en manos de la arbitrariedad gubernamental el 19 de junio de este año. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los detuvo en un viaje a Portuguesa, donde prestarían apoyo logístico en el proceso de validación de firmas para el referéndum revocatorio. De acuerdo con la Fiscalía General, se incautaron paquetes de volantes propagandísticos y 2 millones 990 mil bolívares a los coordinadores de la MUD escogidos por la tolda naranja. Ante ello, el Ministerio Público les precalificó los delitos de legitimación de capitales e instigación pública.

Fue una bomba expansiva que nos llevó a todos. Su padre murió hace cinco años, ahora más que nunca su hermano y yo sentimos ese vacío”, narra la madre del detenido más joven, con voz agitada, pero firme, a diferencia de cuando recibió la noticia, sumida en llanto. Con una respiración entrecortada, la madre del mayor aún recuerda la conversación que mantuvo con Pancho aquel día, previa a su apresamiento. “Nos angustió mucho ese viaje porque sabíamos que iba es un territorio muy chavista. Iba con su carro propio y por eso no estábamos muy de acuerdo, pero nos dijo que confiáramos en él, que iba bien acompañado con Gabo, y así lo hicimos”, explicó María Luz Lara de Márquez, médico alergólogo e inmunólogo. En horas de la noche, una amiga muy cercana de la familia le comunicó a los Márquez Lara lo sucedido “y ahí empezó la tragedia, el desastre, el no saber de él, el sentirse completamente impotente”.

Las irregularidades procesales aderezaron el caso desde el primer momento. Una vez detenidos, fueron trasladados al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Carlos, estado Cojedes, y el pasado 23 de junio ingresaron al centro penitenciario guariqueño en el que se encuentran. De acuerdo con su equipo de abogados defensores, ambos presos fueron sentenciados y apresados ilegalmente hasta que la Fiscalía emita una sentencia luego de su período de investigación, con un plazo máximo de 45 días desde la imputación.

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La lista de violaciones de derechos se alarga a medida que se estudia el caso. El abogado defensor Nizar El Fakih recalca “el más importante”, el de la libertad personal, establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República. “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”, reza su primer punto. Ante ello, El Fakih enfatiza la arbitrariedad e inconstitucionalidad del hecho, sin orden de detención existente ni delito comprobado. El abogado suma las violaciones de los derechos al debido proceso, a su integridad y a la presunción de inocencia.

Mientras Venezolana de Televisión (VTV) presume que el capital incautado estaba “destinado a financiar los saqueos en Táchira y Mérida, además de registrar a los tarifados en sus listas de militantes”, los abogados de los imputados afirman que era parte del proceso de validación de firmas. Además, Elenis Rodríguez, una de las abogadas del caso, atestigua que no existió cadena de custodia ni fijación fotográfica de aquellos 2 millones 990 mil bolívares.

“Están sometidos a un régimen carcelario como si ya hubieran sido condenados. Deberían estar en libertad. ¿Quién les va a devolver todo ese tiempo que estuvieron presos?”, se pregunta la abogada Rodríguez. Además de las violaciones señaladas por El Fakih, el apresamiento de los jóvenes viola el principio del juicio en libertad, con el que se resguarda la independencia de cualquier imputado hasta el momento de su condena, “si es que es condenado” una vez emitida una sentencia.

Según la abogado, no es un secreto que los obligan a gritar “¡Chávez vive, la lucha sigue!” y demás consignas políticas que corea el resto de los internados. “Están solos en una celda. La luz que tienen es solar, que les imposibilita leer bien. Solo les permiten leer la Biblia”. Sin embargo, recalca que “hasta ahorita, los jóvenes están bien, dentro de lo que cabe”. Al día de hoy, las familias no han podido verlos. “Impedir que entren normalmente a ver a los presos es tortura psicológica, entran en un cuadro depresivo. Son maneras de quebrar la moral, de deprimir a la familia”, explica la abogada Rodríguez.

Con el fin de anular la decisión de la Fiscalía General, el equipo legal del caso presentó una apelación de la sentencia emitida, esperando la libertad plena de sus defendidos. Confiando en que el ente gubernamental culmine su fase de investigación, los abogados se mantienen firmes y activos, al igual que sus respectivas familias. “Estoy dispuesta a que nos investiguen. Ellos tienen los mecanismos, que lo hagan. Pero que no empecemos a brincarnos pasos”, pide la madre de Gabo. La de Pancho la complementa: “Nos asiste la razón. Queremos pensar que se va a respetar el estado de derecho a pesar de la precariedad de la justicia en Venezuela. Se hace todo lo posible a nivel legal. Esa nuestra esperanza. Que se resuelva y que esos muchachos salgan”. Pancho y Gabo entran en un patrón de detenciones a militantes de VP, en el que 9 de los 10 detenidos entre el 18 de mayo y 6 de julio son menores de 30 años, a excepción de Pancho. Además, se suman a los 17 presos naranja, con su coordinador nacional Leopoldo López en Ramo Verde desde 2014.