Crónica

Plomo a las protestas

El país está encendido. Miles de venezolanos protestan día a día en rechazo a la gestión del gobierno. Entre enero y junio de 2014, 4.833 movilizaciones pacíficas se caldearon en todos los estados mientras los organismos de seguridad respondían con violencia, represión y torturas. El panorama no ha cambiado. El 2015 parece bullir desde sus cimentes

TEXTO: CARLOS PATIÑO
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Dos sucesos recientes han volcado la atención sobre la conflictividad social en Venezuela y sus consecuencias. El primero de ellos es el Informe anual de monitoreo de manifestaciones del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), presentado el pasado 19 de enero de 2015. Documenta la cifra record de 9.286 protestas entre enero y diciembre de 2014, equivalente a 26 protestas diarias en todo el país. Es decir, 111% más que en 2013, cuyo número es de 4.410 movilizaciones. El otro, la publicación de la Resolución 008610del Ministerio de la Defensa, de fecha 27/01/2015. Autoriza el uso de armas potencialmente mortales como recurso extremo para el control de manifestaciones y evitar “desórdenes”.

El informe del OVCS destaca la tendencia de conflictos de índole social reportados en años anteriores, pero con un salto inédito de la protesta política —52% del total—, como consecuencia de los sucesos acaecidos entre febrero y junio; donde predominaron los reclamos por la seguridad ciudadana, rechazo a los altos índices de criminalidad y violencia en las universidades, libertad de expresión y denuncias por la implementación de prácticas represivas de funcionarios y civiles afectos al gobierno en el contexto de manifestaciones pacíficas.

En efecto, el primer semestre de 2014, con un registro de 6.369 manifestaciones —35 diarias— fue mayor a la totalidad de protestas del año anterior. De estas, 4.833 estuvieron vinculadas a derechos políticos, un número claramente superior a las 302 reportadas en 2013.

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*Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

El OVCS resalta que el gobierno venezolano respondió a esta ola de movilizaciones pacíficas con un discurso de descalificación, prácticas sistemáticas de represión, militarización de algunas ciudades y criminalización de la protesta; promoviendo una escalada del conflicto con resultados lamentables en todo el país.

La represión hacia manifestantes alcanzó cifras inéditas en la historia venezolana, solo comparable con los sucesos del “Caracazo” de 1989. Según datos oficiales, difundidos por el Ministerio Público, “desde febrero hasta junio se registraron 3.306 manifestantes detenidos, 973 heridos y 42 fallecidos”.

Un dato que merece especial atención es que sólo 8% del total de las manifestaciones fueron violentas, desvirtuando el reiterado argumento del gobierno de que toda protesta deviene violencia y fomenta la desestabilización, ya que el 92% de ellas fueron pacíficas.

Sin embargo, en 437 protestas del primer trimestre se registraron acciones de grupos paramilitares y/o parapoliciales conocidos como “colectivos”. En la mayoría hubo heridos de bala.

En específico, las protestas del 2014 se orientaron hacia:

1. Rechazo a la gestión del gobierno 4.833 (52,04%)
2. Derechos laborales 1.415 (15,23%)
3. Vivienda y servicios básicos 1.365 (14,69%)
4. Derechos de privados de libertad y acceso a la justicia 971 (10,45%)
5. Rechazo a la escasez de alimentos, medicinas y productos de higiene 481 (5,17%)
6. Exigencias educativas 221 (2,37%)

De nuevo los trabajadores se mantuvieron en los primeros lugares de las protestas sociales en Venezuela, solos superados en 2014 en razón de la coyuntura política. Concentraciones, marchas, cierres de calle, huelgas de hambre, paralizaciones, asambleas permanentes y entrega de volantes fueron algunas de las expresiones de lucha realizadas por trabajadores de empresas públicas y privadas.

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*Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

El patrón de represión desarrollado en Venezuela durante este período fue el siguiente:

1. Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos Paramilitares.
2. Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
3. Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
4. Practica de Torturas y abusos sexuales a manifestantes.
5. Detenciones arbitrarias.
6. Allanamientos sin orden judicial.
7. Criminalización de la protesta.
8. Ataques a manifestantes durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión.
9. Fuertes operativos de la fuerza pública y paramilitar realizados después de las 6 de la tarde.
10. Agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
11. Persecución a dirigentes de partidos de oposición.
12. Persecución a líderes sociales y estudiantiles.

Concluye el informe aludiendo al desarrollo de un entramado jurídico dirigido a judicializar y criminalizar a la protesta social y pacífica: “El 24.04.14 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia en la que se obliga a todas las personas a solicitar un permiso para ejercer su derecho humano a la manifestación pacífica y obliga a los cuerpos de seguridad a dispersar cualquier manifestación que no tenga tal permiso. Esta medida afecta principalmente a los habitantes de sectores populares y trabajadores que son los que más protestan en Venezuela, de manera espontánea y exigiendo derechos sociales.”

Al respecto, el Coordinador General del OVCS, Marco Antonio Ponce, sostiene: “en 2014 los venezolanos salieron a las calles a exigir sus derechos de manera pacífica y obtuvieron como respuesta del Estado una política sistemática de represión y criminalización, que dejó un saldo de numerosos heridos, muertos y presos políticos. Nos preocupa el aumento de la impunidad y violación de los derechos humanos en Venezuela”.

Para el defensor de Derechos Humanos Marino Alvarado, el 2014 ratificó lo que ya era una tendencia en los últimos cinco años; el crecimiento sostenido de la protesta que solo tuvo un leve bajón en el 2013 como consecuencia del luto al ex presidente Chávez.

“Se incrementó la represión a la protesta social y el papel cada vez más protagónico de la Fuerzas Armadas a través de la GNB, aunado a un fenómeno nuevo: la actuación coordinada de grupos paramilitares y cuerpos de seguridad en labores de represión y el apoyo desde el alto gobierno”, discurre Alvarado.
Esperanza Hermida, actual coordinadora de exigibilidad de la ONG Provea, considera relevante que las manifestaciones no fueran sectorizadas. “Son colectividades enteras protestando, unificadas en torno a un discurso donde la reivindicación política era el eje central. Contaron con la participación tanto de trabajadores como de estudiantes, amas de casa, jubilados, desempleados, gente pobre, gente no tan pobre, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y hasta niños”, desmenuza y continúa: “Por sus similitudes, rememora la crisis de los noventa del siglo pasado y ello apuntaría al deterioro del modelo que Chávez encarnó.”

Hermida avizora que las protestas de carácter político continuarán. “La ausencia de diálogo político y social, la corrupción y la inseguridad, son otros ingredientes de una espiral de conflicto que sólo se detendrá si se respetan las libertades democráticas y se adoptan medidas que resuelvan progresiva pero decididamente problemas como la crisis cambiaria, la inflación y la escasez.”

Estas apreciaciones coinciden con las de Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), quien argumenta que hasta el año 2007, la protesta en Venezuela era mayoritariamente política. “No obstante, en los últimos siete años ha predominado la protesta social, poniendo en tela de juicio el alcance de las bondades de las reivindicaciones sociales publicitadas por el gobierno. Si bien en 2014 se reposiciona el tema político, el número de manifestaciones sociales se mantiene. Trasluce una falta de respuesta sostenida a las demandas del pueblo.”

En definitiva, estos indicadores de alta conflictividad y demanda ciudadana demuestran la necesidad de promover políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos, que garanticen el desarrollo pleno y sustentable de la sociedad venezolana; respondiendo oportuna y efectivamente a las exigencias sociales.

No obstante, la respuesta más reciente del gobierno ha sido oficializar la intervención militar para el control de manifestaciones, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con todos los medios necesarios, a través de la Resolución 00816; contraviniendo los artículos 68, 329 y 332 de la Constitución Nacional y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de “El Caracazo” que, tal como expresa el Coordinador General de Provea, Rafael Uzcátegui, “sólo admiten la intervención de la Guardia Nacional cuando las autoridades civiles y las policías hayan sido rebasadas por la violencia”, toda vez que las Fuerzas Armadas son entrenadas para derrotar enemigos en combate y no para controlar civiles. Frente a estos antecedentes, ¿qué nos depara el 2015?

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