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Refugios nunca desocupados, vivir obligados en la miseria

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07/05/2018
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FOTOGRAFÍAS: DANIEL HERNÁNDEZ

La Ley especial de Refugios Dignos califica como un “tiempo prolongado” en los albergues un período que supere los seis meses. Sin embargo, hay familias que quedaron damnificadas en 2011 y todavía están en uno de estos sitios que en teoría deben ser provisionales esperando la adjudicación de una vivienda

Ha pasado casi una década desde que las lluvias caídas entre 2010 y 2011 dejaron a 38.000 familias damnificadas. En aquel entonces cualquier galpón, fábrica abandonada o edificio gubernamental en desuso terminaba por convertirse en refugio. En 2011 nació la Misión Vivienda y con ella una ola de expropiaciones que pretendía hacer frente a la crisis habitacional que se generó. En una década cualquiera creería que los más de 1.000 refugios que se instalaron en todo el país ya estarían vacíos, pero no es así.

 

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Cada vez que hay elecciones –o cuando llega diciembre– María Bailón escucha la misma promesa: “Este es el año”, les dicen. “Esta vez sí saldrán del refugio”. Vive con su familia en el albergue Van Raalte de La Yaguara. En 2011 salió de su casa ubicada en Gramoven con su hija de seis meses en brazos y su hijo mayor de 10 años. Protección Civil le ordenó desalojar la casa que construyó su padre, y en la que vivió desde que tenía 8 años. Fue primero al refugio de las Naciones Unidas en El Paraíso, y en 2013 los mudaron no a una “vivienda digna”, sino al Van Raalte. Llevan cinco años allí y no prevén que los vayan a sacar en el futuro cercano. “Somos los negreados”, se describen a sí mismos.

Refugiocita5Interrumpe otra mujer también albergada allí: “Yo perdí mi casa en Macayapa –en 2011–, en Los Frailes de Catia. Somos cinco en mi núcleo familiar, incluyendo a una persona en silla de ruedas, y todavía nada. Parece que la única forma de que se acuerden de nosotros es cuando trancamos la calle”. Y amenazan con volver a hacerlo, pese a que denuncia que la última vez un militar le quitó las llaves del edificio.Como máximo, una familia no debería pasar en un albergue más de un año. En 2011 se aprobó vía habilitante la Ley especial de Refugios Dignos que indica que un “tiempo prolongado” sería más de seis meses. Y además se sancionó la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas. Previamente Hugo Chávez firmó un Estado de Emergencia por lluvias a finales de 2010. La intención era proteger a los damnificados, pero aún queda quienes viven en condiciones infrahumanas.

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El sótano del Van Raalte es un pozo séptico. Todas las aguas servidas de la otrora fábrica de ropa se acumulan allí, mientras a los habitantes del albergue solo les queda presenciar como el pozo va subiendo de nivel. Es una piscina negra de excremento y suciedad a la que los refugiados solo se acercan cuando no tienen otra opción. “Las tuberías no sirven. Antes venía la Corporación de Servicios de Distrito Capital y succionaban eso y lo dejaban sequito. Lo estuvieron haciendo durante varios meses seguidos. Hasta que de pronto ya no vinieron más”, denuncia Eleana Fuenmayor.

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La insalubridad se manifiesta en la piel de los niños. Las dos hijas de Eleana, de 12 y 6 años de edad sufrieron de escabiosis. La mujer las curó bañándolas con hojas de cola de ratón porque medicinas no encontró. Dice que a una bebé recién nacida, en el cubículo frente al suyo, padece de lo mismo y la está curando igual. “A todos los niños del refugio les ha dado”, asegura. En el albergue quedan 35 familias.

Refugiocita4Eleana tiene allí un año y dos meses. El 15 de enero de 2017, la desalojaron de su vivienda en la Carretera Panamericana “por orden de la Vicepresidencia”. “Nos tumbaron el rancho”, recuerda.

32 familias de la Panamericana fueron ingresadas al refugio, con documentos de Protección Civil y del Instituto Municipal de Gestión de Riego y Administración de Desastres (Imgrad), que avalaban la condición de riesgo de sus viviendas. Eleana llegó a un cubículo sin puertas. Las rejas que tiene ahora las encontró en el sótano del edificio. En su espacio hay unos pipotes con agua –porque el líquido falta de jueves a domingo– y lo poco que pudo recoger cuando la desalojaron: “No me dejaron meter las camas de las niñas, apenas traje un colchón y la lavadora”. Ahora duermen en colchonetas al ras del piso, pese a que les dijeron que les entregarían camas al llegar, y no tienen nevera. Cuando tiene dinero para comprar proteínas debe adquirir solo lo del día. Atrás quedaron los tiempos en que cada padrino gubernamental dotaba a los albergues con comida y artículos de higiene, pese a que esa es una de las disposiciones de la Ley de Refugios.

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Como el Van Raalte no es un sitio diseñado para vivienda, en los cubículos no hay baños; sino que hay un sanitario público por cada uno de los tres pisos habitados. Hace casi dos años fue la última vez que sacaron a un lote de familias. Para aquel entonces eran 60 y adjudicaron a 45. Luego llegaron las 32 familias de la Panamericana. “Es injusto que entren y no salgan”, dice otro de los allí refugiados.

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María teme por la infraestructura del edificio, por las plagas y los zancudos que abundan. Ni siquiera porque su hija más pequeña padece de hemiparesia del lado derecho de su cuerpo y amerita una operación, logran que les asignen un apartamento.

 

De refugio, a invasión, a refugio

Sus habitantes le conocen como el Albergue del Banco de Venezuela, por la sucursal de la entidad bancaria que queda en la planta baja del edificio. El refugio se encuentra en Ruiz Pineda, tiene una entrada lateral, que no se deja ver tan fácil por las colas de quienes están ávidos de efectivo. 60 familias invadieron el inmueble en 2013, cuando el gobierno acababa de desocupar a los damnificados por las lluvias y el sitio quedó vacío.

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Ahora quedan 52 familias –170 personas–, que igual se consideran a sí mismos refugiados, por las gestiones hechas ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat y también ante la Comisión Presidencial de Refugios Dignos (Copredig), quienes los visitaron por última vez en noviembre de 2017. También han recibido llamadas del Coordinador Nacional de Refugios, adscrito al Ministerio de Vivienda y ahora se encuentran llenando un formato que les enviaron de esa institución con la esperanza de que la Misión Vivienda los tome en cuenta. A quienes no perdieron su vivienda en las lluvias, sino que llegaron a un albergue por no tener un techo sobre su cabeza se les conoce como “caso social”.Refugiocita3El espacio está dividido por tablones de madera, que sirven para separar los cubículos de cada familia. Rosmary Santaella vive en uno de los más pequeños, pese que son 8 personas cohabitando en escasos metros cuadrados. Allí reside con sus 7 hijos de 19, 18, 15, 10, 6, 5 y 1 año de edad. Cuenta que antes estaba “arrimada” en Caricuao y hace tres años supo por su cuñada que había una posibilidad de ocupar un lugar en el refugio.

 

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Se mudó, pero allí las condiciones no son buenas. El albergue no tiene baños. Cada uno de sus 170 habitantes debe orinar y defecar dentro de su pieza, luego esperar que se haga de noche y botar las excretas junto con la basura. En el mismo lugar cocinan, tienden la ropa cuando lavan, duermen y esperan la llegada de tiempos mejores.

En la pieza de Rosmary hay dos camas. Como en los dos catres no caben todos, debajo de uno de los lechos enrollan un par de colchonetas. “Los niños se me enferman. Al de un año le dio escabiosis. Nuestra esperanza es que nos envíen a un sitio mejor. Hemos tenido reuniones con Hábitat y Vivienda, y ellos han hecho varias visitas. Es obvio que me quiero ir de aquí”.

 

Refugiocita2El área de Mayerling Fermenal es un poco más grande. Lo armó con tablas y clavos que fue encontrando y, como su esposo vende plátanos en el mercado, utilizó las gaveras que él fue dejando de utilizar para improvisar gavetas y almacenar. Todos sus niños (de 8, 7, 5 y 3 años de edad) han tenido sarna. Los cuatro infantes, ella y su pareja se reparten en dos camas. Ambos colchones lucen desgastados, al igual que la ropa de los niños. A diferencia de Rosmary, Mayerling pudo separar con tablas el área de dormir de la cocinar. Pero deben hacer sus necesidades y bañarse en el mismo sitio en el cocinan.

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Yajaira Montilla señala las filtraciones en una esquina de su cubículo. Es madre soltera de dos varones de 10 y 13 años de edad: “Vivía prácticamente en la calle, hasta que hace 4 años me mudé para acá. Mi caso es especial porque sufro de ataques de epilepsia y hace tres meses que no consigo el medicamento –Kepra de 500 miligramos–. No tengo control. Ya varias veces me he desvanecido en la calle, he perdido las llaves y el celular así”.

Una invasión que se desarma

El 31 de diciembre de 2017 el Gobierno de Distrito Capital informaba de la entrega de 79 apartamentos, con lo cual cerraban 4 refugios de los que permanecen en funcionamiento en Caracas. Agregaban que “continúan trabajando para dignificar con nuevos hogares a las familias que aún se encuentran en condición de refugiadas” y mencionaban los casos del Van Raalte y Corporación de Servicios, ubicados en La Yaguara; y La Pomarrosa, en el bulevar de Catia.

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A una cuadra del Van Raalte hay otra invasión que ya lleva 11 años consolidándose y que ha sido visitada por Los Bomberos de Distrito Capital, el Imgrad, Jacqueline Farías cuando era jefa de Gobierno de Distrito Capital y Jorge Rodríguez cuando tenía el cargo de alcalde del municipio Libertador.

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Se hacen llamar Galpón Mundo Nuevo y se ubican en lo que era una fábrica textil que se incendió, llamada Edificios de Tejidos Nylon. Tienen un informe de los bomberos que alerta de riesgo por las instalaciones eléctricas, desprendimiento de trozos de paredes y de la losa del techo, grietas por filtraciones, y por la basura acumulada en el techo. Hace más de seis años tienen orden de desalojo, pero nadie se va. En cambio, confían en la Misión Vivienda. Su censo indica que allí hay 160 familias –546 habitantes, de los cuales 176 son niños.

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Yoleidi Laya fue de las primeras en llegar. Recuerda que al principio cada familia marcó su territorio dividiendo el espacio con plásticos. Luego con cartones, tablas y paletas de madera. Llevan tanto tiempo en la toma que muchos de los cubículos ya son de bloques. Tuvieron un tiempo sin servicio eléctrico, hasta que lograron que Corpoelec les pusiera medidores, pese al riesgo.

“Tenemos la misma necesidad que si hubiésemos perdido nuestras casas en unas lluvias; y estamos en más riesgo por las condiciones de la estructura. Llueve más adentro que afuera. Lo que quiero es una vivienda digna para mi familia”, concluye Yulimar Hidalgo. Por ahora, todos deberán seguir esperando.

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