Sangre en las calles, el rojo de la revolución

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La inseguridad encontró cobijo luego de 1999. El gobierno alimentó la criminalidad que luego quiso combatir a sangre y fuego, cuando ya era tarde. Dos décadas después el país encabeza listados como el de mayor cantidad de muertes violentas en todo el mundo, aunque el Estado no quiera figurar en tales registros apelando al silencio y al ocultamiento más que a la eficacia gubernamental.

Con motivo de su 13° aniversario, Clímax presenta la serie Deconstruyendo a Hugo Chávez

Caracas. Paseo Los Próceres. 1999. Hugo Chávez aún está estrenando el poder. Su discurso de reivindicaciones sociales llena sus palabras. Su objetivo, afirma airado siempre, es recomponer a una sociedad que ha sufrido décadas de exclusión y pobreza. “Muchos de ellos tienen que salir a robar un pan para darle a su hijo y que no se muera de hambre. ¿Cuántos no caen en eso? Yo creo que también caería”, remató. La tasa de homicidios era de 25 por cada 100 mil habitantes.

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El primer abordaje de la seguridad ciudadana se asumió en la línea mertoniana clásica, como bien lo explica el investigador Keymer Ávila: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. Por tanto, mejorar entonces sus condiciones de vida hará que el delito disminuya. Fue una máxima que, por lo menos en lo que tiene que ver con el discurso, se mantuvo hasta el final de los días de Chávez.

El discurso oficial insiste en que la pobreza disminuyó en Venezuela durante la primera década del siglo XX. Las cifras lo respaldan. La población tuvo mayores ingresos, y la capacidad de compra superó números anteriores. Todo era parte de una burbuja insuflada por los altos precios del crudo, una moneda sobrevaluada y una economía subsidiada. Fue, en definitiva, lo que hemos llamado “Misión Clase Media”.

El control de cambio le permitió a muchos acceder a experiencias y bienes muy difíciles de costear en una economía abierta. Una paradoja, un pequeño síndrome de Estocolmo en billete verde. Todo era una ilusión. Caídos los precios del crudo en el mercado internacional y despilfarrados los ingresos dejando a una economía minusválida y endeudada, ya en 2016 Econométrica calculaba que el 70 u 80 por ciento del ingreso de la clase media se iba en consumo básico, un comportamiento característico de la clase pobre.

Si la hipótesis gobiernera hubiese sido real, que a menor pobreza menor delincuencia, los números de la economía hubiesen contrastado con los de inseguridad. Pero no fue así. Al contrario, la violencia criminal se incrementó a ritmo acelerado, sin pausa, sin retroceso.

La inseguridad pasó a ser el ítem que encabezaba todas las encuestas de las preocupaciones nacionales y las percepciones de problemas sociales. También, el primer motivo de emigración para la ya olvidada primera ola de la diáspora causada por el chavismo. Aún no había tanta gente comiendo de la basura, se iban quienes podían costear los pasajes aéreos, incluso ayudados por el control cambiario y los cupos viajeros y de estudiantes, siempre huyendo de la delincuencia.

Todo el mundo hablaba de la criminalidad en el país. Excepto Chávez. Sus referencias al tema eran esporádicas, mínimas, llenas de excusas, o de negativas. “Eso pasa en todo el mundo”, decía. Y su corte lo repetía. “Es un problema en todas las grandes capitales. Mira las series de televisión gringas para que vean cómo matan gente en Nueba York”, escuché alguna vez de un señor en la Esquina Caliente del centro de Caracas. De nada valía explicarle que la Gran Manzana, con sus 8,6 millones de habitantes y más de 50 millones de turistas, tuvo 290 homicidios en todo 2017 según datos oficiales, la cifra más baja desde 1951. La capital venezolana, en contraste, sumó 3.387 homicidios entre sus 5 millones de pobladores.

Entretanto, la impunidad se imponía como norma. Las instituciones de justicia comenzaron a carcomerse, a politizarse. En 1998, por cada 100 homicidios se detuvieron a 110 sospechosos. En 2000, por cada 100 homicidios se detuvieron a 18 sospechosos. En los años 2007, 2008 y 2009, por cada 100 homicidios se detuvieron a nueve sospechosos –en esos tres años el 91% de los homicidas quedó libre–. Es decir, la impunidad creció a pasos agigantados desde que inició la revolución bolivariana, según registran los informes del Ministerio Público.

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Pero vamos atrás. A los albores de la revolución. Antes del golpe de Estado. Antes de que se vociferara el socialismo del siglo XXI. En 2001, la tasa de homicidios subió a 32. Entonces, se reformaron los códigos Orgánico Penal y Orgánico Procesal Penal, y se puso en marcha un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Fue el primero de una seguidilla de más de una veintena de iniciativas para “combatir el crimen”.

Hasta 2004 se anunciaron los planes Estratégico de Prevención de la Violencia (2001), Confianza (2001), Nacional de Armas (2002) –con todo y ley de desarme–, Piloto de Seguridad (2003), Integral de Seguridad Misión Caracas (2004). En todos se hablaba de cultura de la prevención, aumento de la cantidad de funcionarios, definición de zonas prioritarias de atención, aumento del patrullaje, control de armas y un largo etcétera. Entretanto, la tasa de homicidios llegó a 37 ese año 2004, escenario de un referendo revocatorio que el mandatario ganó.

Con unas misiones sociales empujando la popularidad y estabilidad del gobierno, con un precio del petróleo en crecimiento y con una Pdvsa financiando la expansión del modelo estatista, ocuparse de la inseguridad no era prioritario. Ningún muerto en las calles hacía temblar al gobierno. Hasta 2005.

El abordaje gubernamental cambió cuando tres sucesos sacudieron el panorama. En noviembre de ese año ocurrió la “Masacre de Kennedy”, un caso de exceso policial en Caracas. Tres meses después, se registró el secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul por parte de varios individuos, incluyendo funcionarios de la ahora extinta Policía Metropolitana (PM). También, en otra alcabala policial resultó muerto el empresario Filippo Sindoni. Los tres casos impactaron a la opinión pública, generaron protestas y condujeron a la creación de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) y a la desaparición de la PM, acusada de ser un nido de malhechores.

“Pero se hizo sin voluntad política. La Conarepol hizo un buen trabajo, pero no se le dio continuidad cuando cambió el ministro”, apunta la diputada Yajaira Forero, excomisaria de la Policía Metropolitana. El titular del Ministerio de Interior era Jesse Chacón a quien le siguió Pedro Carreño y luego Ramón Rodríguez Chacín. “Esa primera reforma se engavetó”. En 2006 la tasa de homicidios llegó a 45 por cada 100 mil habitantes.

En 2008 Caracas comenzó a encabezar listados de las ciudades más inseguras del mundo, y luego pasaría a disputar el liderato con San Pedro Sula, de Honduras, y Acapulco en México. Entonces, el Ejecutivo anunció el Plan Caracas Segura, en conjunto con el “Madrugonazo al hampa”, el Ruta Segura y el Noche Segura, solo en la capital. El resto del país, no existía para el Ministerio de Interior que encabezaba Ramón Rodríguez Chacín. La tasa de homicidios escaló hasta 52.

Del humanismo a la corrupción

En 2009 otro ministro de Interior y Justicia impulsa el nuevo modelo policial. Tareck El Aissami, uno de los apenas tres civiles –frente a 11 militares– que ha pasado por ese cargo en los últimos 20 años, inauguró el sistema integrado de policía y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que saldó una deuda.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 había dejado en manos del Parlamento nacional la creación de ese cuerpo en un lapso no mayor a un año posterior a la aprobación del texto constitucional, pero durante una década nadie en el chavismo y su mayoría parlamentaria cumplió el mandado.

Su creación se enmarcó en la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional que confirmó el sentido “humanista” que ahora se impondría, incluyendo nuevos uniformes de tonos claros, “más amigables” defendía Hugo Chávez. Atrás quedaba la imagen tosta y táctica de policías como la de Baruta, que hasta entonces portaba uniformes negros con el objetivo de intimidar al hampa, infundir respeto. El mandatario nacional pedía que la PNB fuera “eminentemente preventiva, comunitaria, de lo comunal a lo nacional y de lo nacional a lo comunal, una policía firme en el cumplimiento de los derechos humanos”.

El nuevo cuerpo se desplegó inicialmente en el oeste del Municipio Libertador de Caracas, donde el PSUV gobernaba con Jorge Rodríguez como alcalde. Poco a poco se diseminó por otras regiones. En 2009 y 2010 la tasa de homicidios bajó a 49 y 48, respectivamente.

También en 2009 se creó la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) donde se formarían los nuevos funcionarios con una visión humanista y de respeto a los derechos humanos. Algo que sería vigilado por la Dirección de Desviación Policial y Atención a la Víctima del Ministerio de Interior, encargada de garantizar la integridad de los uniformados, aplicar correctivos a los funcionarios que incurran en prácticas abusivas y llevar un registro de los efectivos que cometan irregularidades, según detallaba El Aissami. “Allí comenzó una segunda etapa, con la PNB. Pero terminó siendo la policía con mayores vicios, con más funcionarios denunciados por corrupción”, opina el abogado criminólogo Luis Izquiel. “La PNB salió con muchachos poco formados, mal pagados, sin seguridad social”, agrega Forero.

De hecho, ese cuerpo policial ha protagonizado titulares como estos: Privados de libertad 5 PNB por corrupción en Caracas (2001, agosto 2015); Por seis delitos sería imputado pnb involucrado en extorsión (Panorama, septiembre 2015); Presos dos oficiales de la PNB por corrupción en Aragua (Notitarde, junio 2016); Aprehendidos oficiales de la PNB por corrupción (Globovisión, noviembre 2016); Logran condena para cuatro PNB por corrupción en Barquisimeto (Últimas Noticias, noviembre 2016); Privaron de libertad a 5 funcionarios de la PNB por corrupción (El Nacional, diciembre 2016); Más de 50 PNB están procesados por delinquir (El Nacional, septiembre 2017); Detenido funcionario de la PNB por extorsión en Caracas (Ciudad CCS, julio 2018); Privan de libertad al comisionado de la PNB de Carabobo (CrónicaUno, septiembre 2018); Funcionarios de la PNB implicados con la Banda “El Tren de Aragua” (El Tiempo, septiembre 2018). La lista es interminable.

Las primeras promociones de la UNES salieron apuradas. Graduaciones a teatro completo, incluso el Poliedro, con Hugo Chávez entregando diplomas en cámara, impactaban más que la acción real en las calles, allí donde el gobierno insistía buena parte de la inseguridad era un asunto de “sensación”.

Entre 2010 y 2012 casi diez mil jóvenes hicieron un curso de seis meses para integrarse a la PNB. Un curso que certificaba haber culminado la primera parte de su formación, luego de superar materias en manejo de armas, defensa personal y práctica policial, además de una cátedra sobre el pensamiento de Hugo Chávez. Quienes querían obtener una licenciatura podían continuar el proceso por otros cuatro años.

En 2011 nació la Misión A Toda Vida Venezuela, cuando Hugo Chávez ya enfermo se preparaba para afrontar sus últimas elecciones presidenciales. “Fue el plan mejor concebido, desde lo teórico, pues se plantearon acciones para la prevención del delito, la transformación del sistema judicial y del penitenciario. Pero la práctica no llegó”, opina Izquiel. Pero del papel a la realidad hay algunos cuantos cadáveres.

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En 2012 Hugo Chávez acuñó el término “bienlandros”, al exhortar a delincuentes a cambiar el revólver por una arepa, a entregar sus armas y ganarse un perdón por haberlas portado. Pedía, además, a una Comisión de Desarme parlamentaria que limpiara las calles de lo que ya se calculaba eran 3 millones de armas de fuego en las calles. Un contraste con aquel Hugo Chávez que llamaba a dotar de armamento a milicianos civiles pues “esta es una revolución pacífica, pero armada”.

Era más bulla que cabuya. Nunca en año electoral, el líder psuvista reprimió a la delincuencia. Después de todo, los crimilaes también votan, y tienen familia que también vota. En las cárceles venezolanas la opción del “comandante” siempre arrasó en comicios. Ese año y el siguiente vieron repuntar la tasa de homicidios a 50 y 56, respectivamente.

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Tiempo de pranes

Murió Chávez. Asumió Nicolás Maduro. En 2013 se aprobó la Ley de Desarme, y cayó en saco roto.

También se crearon las zonas de paz, que “terminaron siendo espacios de impunidad, que dieron paso a las megabandas, tan fuertes que terminaron combatiéndolas hasta con helicópteros”, refiere Yajaira Forero. Ella no olvida que un viceministro de seguridad, José Vicente Rangel Ávalos, “se tomó fotos con delincuentes” anunciando que se pacificarían; o que la ministra de prisiones Iris Varela hizo lo propio con “El Conejo” y “Wilmito” en otro momento. La tasa de homicidios creció a 60 por cada 100 mil habitantes en 2013.

Además, la seguridad ciudadana pasó a ser un tema castrense. “Una de las recomendaciones de la Conarepol era priorizar los mandos naturales de la carrera policial para que cesara la visión militarizada del orden público” pero nunca ocurrió, recuerda Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea. No solamente ha habido 11 militares al frente del Ministerio de Interior, frente a tan solo tres civiles, sino que desde hace un lustro toda la cadena de mando de la seguridad ciudadana está en manos de funcionarios verde oliva.

En 2018, en lo más alto del organigrama está Néstor Reverol (Guardia Nacional) como Ministro de Interior y Justicia. Le sigue el viceministro del Sistema Integrado de Policía, general (Guardia Nacional) Edylberto Molina, y el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, general (Guardia Nacional) Alexi Escalona. Luego, el director de la PNB, general Carlos Pérez Ampueda, también guardia nacional. Hasta la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) está bajo el mando de un general de la Guardia Nacional, Giuseppe Cacioppo, quien sustituyó a la fundadora Soraya El Achkar.

En ese año 2013 el ministerio lo controlaba el general Miguel Rodríguez Torres, quien dio inicio a Patria Segura, “el plan más militarista en la historia”, lo califica Luis Izquiel. A su juicio, con Maduro en el poder se dio un giro “hacia el lado más represivo, una violación masiva de derechos humanos”, que tampoco acaba con el delito. En 2014 la tasa de homicidios alcanzó 62.

La cúspide de esa política represiva llegó en 2015 con las OLP (Operación de Liberación del Pueblo) que dejaron un saldo de 500 muertos y 44 masacres. “En la Asamblea Nacional tenemos gran cantidad de denuncias de funcionarios asesinando a personas inocentes”, refiere Forero. En 2016 la tasa de homicidios alcanzó 70.

La presión internacional y de opinión pública hizo que las OLP desaparecieran de la retórica oficial. Pero las acciones siguieron vigentes, ahora a cargo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), “un grupo de exterminio”, como la califica Yajaira Forero. No es casual que en 2017 los uniformes de la PNB fueron cambiados. Atrás quedó el marrón “amigable”. Ahora los funcionarios van camuflados, portando prendas oscuras, pasa montañas y hasta “máscaras de la muerte”.

El cuerpo incluso ha sido criticado por Soraya El Achkar, quien también formó parte de la Conarepol en 2006, y escribió una seguidilla de tuits al respecto:

El calificativo que suelta Yajaira Forero no es gratuito. Las FAES se han convertido en el cuerpo policial más letal del país. Según Monitor de Víctimas, un total de 213 personas cayeron ultimadas entre mayo de 2017 y julio de 2018 a manos de funcionarios de ese organismo.

Los datos de ese observatorio indican que la PNB estaría involucrada en el homicidio de al menos 393 personas en esos 14 meses. En esas cifras se incluyen 181 casos de personas muertas cuyos familiares han denunciado fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales. Otras 180 se registraron como muertes ocurridas en presuntos enfrentamientos con los uniformados.

Desde entonces, durante el segundo semestre del año, han ocurrido otros eventos que han dejado varios muertos luego de la intervención de las FAES, como el operativo en el conjunto residencial ubicado dentro de Fuerte Tiuna que dejó ocho muertos y 23 detenidos el 8 de septiembre, o el operativo en la Torre Viasa del 13 de noviembre que dejó otros 7 muertos.

En Provea denuncian, por tanto, “terrorismo de Estado” a cargo de este cuerpo armado. “Lo ocurrido en la Torre Viasa es una situación escandalosa. Sin embargo, a diario se registran este tipo de operativos. Todas son con las mismas características: alegan enfrentamientos, situaciones donde siempre mueren los presuntos delincuentes y los oficiales no salen heridos”, dijo entonces Inti Rodríguez, abogado y coordinador de esa ONG. Informó además que diariamente los operativos de las FAES ocasionan entre 6 y 9 muertes en el país.

En contraste, el gobierno y la dirección de la PNB se enorgullecen de que las FAES hayan supuestamente “desarticulado” 500 bandas delictivas en 2018, y admiten que en el mismo periodo han sido detenidos 89 funcionarios por su presunta participación en excesos policiales cometidos durante procedimientos efectuados en todo el país, además de que 39 de los 2.289 procedimientos realizados se encuentran bajo las averiguaciones del Ministerio Público.

El informe 2018 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) -que ubica la tasa de homicidios de este año en 81,6- deja constancia de que la policía mata más. El documento señala que en Venezuela 23.047 personas resultaron muertas durante el año por causas violentas. Allí se incluyen 10.422 homicidios, 7.523 caídos por “resistencia a la autoridad” y otras 5.102 “muertes en averiguación”. La “epidemia de violencia” incluye un 32,6% de homicidios causados por fuerzas del Estado. Es la primera vez que el número es tan alto.

En detalle, según el OVV, en el estado Aragua hubo más muertes a manos de funcionarios policiales que homicidios causados por delincuentes. Incluso, en el municipio Urdaneta de esa entidad, la relación es 5 a 1.

Silencio en la sala

Desde 2005, el Ministerio de Interior no ofrece cifras oficiales sobre homicidios formalmente. En algunas oportunidades ha dado datos no confiables, sin informe, sin estar desagregadas; a veces apenas con un número en un tuit.

Así volvió a ocurrir ahora pues el gobierno dice que la tasa de homicidios en 2017 fue de 47 por cada cien mil –una afirmación de Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía–. Es difícil verificar ese dato, pero suena poco probable al saber que tres de cada diez homicidios ocurridos en ese año fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, cita el estudio ¿Cómo analizar las actuales cifras delictivas en Venezuela? (2018) de Amnistía Internacional.

Izquiel asegura que las autoridades ocultan abusos al registrar ejecuciones extrajudiciales como “enfrentamientos”, con lo cual las desagregan de los totales “porque lo consideran acciones dentro de la ley. El Observatorio Venezolano de Violencia registra 15 personas fallecidas por supuestos enfrentamientos cada día. Son casos que no son investigados. Al decir que es una acción legal de la policía, eso queda así. Hay una total impunidad”. Y allí puede estar la clave del número “bajo”.

En 2018 la impunidad ronda el 92%. Por lo que es más que sorprendente la tasa de homicidios que desde el Poder Ejecutivo juran corresponde a este año: apenas 30 por cada 100 mil, en palabras del mismo Pablo Fernández. De ser cierto el dato, no solo se trataría de una caída más que abrupta de los indicadores (50% menos en tan solo dos años), sino que milagrosamente derrumbaría la noción defendida por el chavismo de “a menos pobreza menor delincuencia”, pues según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 la pobreza por ingresos ya alcanza a 92% de los hogares venezolanos.

Periodista venezolano. Editor de Clímax. Con Esto Sí Suena y TalCual completa su tríada de información, mientras entrega informaciones a Semana, RFI y otros medios. Además de sus gustos por lo vintage y la cultura pop, le saca provecho a su afición nocturna por las series de TV, mientras siente que The Walking Dead es un retrato de la cotidianidad de Venezuela.