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Shiera, Rafael Isea y otros: desfalcos multimillonarios del chavismo (Parte II)

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Como la lista de desfalcos a la Nación es tan larga y sorprendente, incluso teatral como la mostrara el diputado Julio Montoya en la Asamblea Nacional, Clímax hace entrega de la segunda parte de esta investigación. ¿En dónde están los pingües ingresos petroleros durante los 17 años del chavismo? Lo que se sabe es que muchos millones están manchados de corrupción

El diputado opositor Julio Montoya, recientemente, mostró en la Asamblea Nacional (AN) una lista inmensa de casos de irregularidades administrativas, promesas incumplidas, gastos millonarios por proyectos inexistentes, usos del poder para obtener beneficios personales. En realidad, es muy difícil conocer todo el dinero que se ha malgastado durante 17 años de Gobierno. Pero se pueden ofrecer algunas luces: en la entrega anterior, Los desfalcos multimillonarios de la era chavista (Parte I), en apenas seis hechos se sumaban 43.000 millones de dólares perdidos o utilizados con ineficiencia. En esta ocasión, se presentan seis casos más, con un total de 1.612 millones de dólares, 9 millones de euros y 384,47 millones de bolívares desviados o manchados por la corrupción

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La cifra

84,91 millones de dólares

Los señalados

-Pablo José González Hernández, exgerente ejecutivo encargado de Fondos para el Desarrollo del Fondo Conjunto Chino Venezolano

-María de los Ángeles González, exgerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos de Banco de Desarrollo Económico y Social

-César Rafael Cortissoz Ospino, excoordinador legal del Fondo Chino

-María Gabriela Dona García, exanalista de Coordinación Legal del Fondo Chino

-Ángel Daniel Dávila Briceño, exanalista operacional del Fondo Chino

-Javier Elías Briceño Scott, exgerente de operaciones del Fondo Chino

-Javier Fernando González González, exanalista del Fondo Chino

-Hugo Rigel Hersen Martín, exasistente de la Gerencia de Operaciones del Fondo Chino

-María Gabriela Dona García, exanalista de la Coordinación Legal del fondo

-Dubravka Dojc, directora general adjunta de la empresa Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial

-César Augusto Romero, director general de Cámara Venezolana de Empresarios e Industriales del Mercosur (Cavemin).

-Lea Dojc, hija de Dubravka Dojc

-Roberto Pfeffer Almeida, administrador de Cavemin

-Dan Dojc, uno de los representantes legales de Cavemin en Suiza

El caso

A finales de 2012, Alfredo Ricardo Miranda, expresidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, envió un informe al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en el que solicitaba información sobre dos desembolsos irregulares a nombre de esa empresa estatal. Hugo Carvajal, que en ese entonces era viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal y que ahora es diputado en la Asamblea Nacional —también fue vinculado con el narcotráfico hace dos años—, comenzó las averiguaciones.

En 2013, cuando Maduro anunciaba una lucha feroz contra la corrupción, se dieron los primeros resultados: fueron acusados cuatro representantes de la empresa Cavemin —Dubravka Dojc, Lea Dojc, César Augusto Romero y Roberto Pfeffer— y también cinco trabajadores del Fondo Chino —Pablo González, César Rafael Cortissoz, Javier Fernando González, Ángel Daniel Dávila Briceño y María Gabriela Dona García, a quien se le ordenó arresto domiciliario pues estaba embarazada. Ese mismo año el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvieron a María de los Ángeles González por otro caso: recibió sobornos por 5 millones de dólares a cambio de beneficiar a corredores de bolsa de Estados Unidos para realizar trámites fraudulentos con bonos. El dos de julio de 2014, fue detenido en México Javier Elías Briceño Scott; justo por esas fechas, las autoridades costarricenses informaron sobre el paradero de Dan Dojc, y las españolas sobre el de Hugo Rigel Hersen.

¿Y qué fue lo que pasó? Como señala el expediente 2014-296 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —en el que se decide la extradición de Hugo Rigel Hensen—, se hicieron dos desembolsos provenientes del Fondo Chino Venezolano: uno por 62,82 millones de dólares, que se destinó en junio de 2012 a la empresa Bismarck Consorcio Trading Corp.; y el otro por 22,09 millones de dólares, dirigido a la compañía Kelora S.A. en septiembre de 2012. De acuerdo con la investigación, los trabajadores del Fondo Chino dejaron pasar documentos fraudulentos. Hicieron creer que los dos contratos estaban en orden y que el dinero se utilizaría para adquirir 950 tractores del total de 3.422 maquinarias y equipos para el Plan Bienal de Producción de Alimentos 2011-2012, a cargo de la CVA Pedro Camejo. En realidad, no fue así.

Para ese proyecto, la empresa estatal firmó 54 contratos con compañías de Bielorrusia, Argentina y Brasil. Ni Bismarck ni Kelora formaban parte de la lista de empresas. A eso se suma que, de acuerdo con el expediente 2014-438 del TSJ, la persona jurídica beneficiaria del dinero recibido por Kelora era Cavemin, con sucursales en Suiza, Costa Rica y Venezuela, y con Dragan Dojc, Dubravka Dojc y César Augusto Romero como representantes. También se mencionó a Dan Dojc —identificado como uno de los representantes legales de la empresa— y Roberto Pfeffer como responsables por la falsificación de los contratos que llevarían a obtener las sumas millonarias.

Una investigación publicada en 2015 en el portal Armando.info, denominada Costa Rica no le confía ni un presunto estafador a Venezuela, señala que Dan Dojc fue localizado en 2014 y que el Gobierno venezolano solicitó de inmediato su extradición. El Tribunal Penal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, indica el texto periodístico, aprobó el procedimiento en marzo de 2015, pero después de que la esposa de Dojc introdujera un recurso de Habeas Corpus, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país negó la autorización. ¿La razón? No había pruebas suficientes que vincularan al acusado con el caso; además, se determinó que las fallas del sistema judicial venezolano no garantizaban un proceso justo. Por eso, aún quedan cabos sueltos. Y, de todos modos, el país se quedó sin tractores y con menos dinero.

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La cifra

89,47 millones de bolívares

Los señalados

-Luis Herrera Mendoza, expresidente de la Corporación Venezolana de Minería, CVG Minerven.

-Marbella Frederick Ochoa y Pablo Miguel Lara Ascanio, representantes legales e integrantes de la junta directiva de D & S Equipment Parts C.A.

-Valerio Ramón Guerrero Torres, Félix Darío Guerrero López y Hartung Schrader Claus Egon, representantes de Inversiones High Tech Mining C.A.

El caso

En 2011, comenzaron a hacerse públicas las denuncias de irregularidades en la gestión de Luis Herrera Mendoza. Andrés Velásquez y Américo De Grazia, ambos diputados de la Asamblea Nacional —ahora sólo De Grazia se mantiene en el parlamento—, y el Sindicato de Profesionales de Minerven se movilizaron en ese entonces para dar a conocer la situación: Herrera estaba beneficiando a una empresa que vendía equipos con sobreprecios. Ese mismo año, el funcionario fue destituido de su cargo.

Tres años después, la Asamblea Nacional se pronunció. En agosto de 2014 declararon la responsabilidad política del exfuncionario por un daño al patrimonio público de 89,47 millones de bolívares entre 2008 y 2011. La Gaceta Oficial 40.477 no especifica el monto en dólares y ahora es muy difícil saberlo con exactitud, pues en ese período se manejaron dos tipos de cambio oficial: en 2008 y 2009 era de 2,15 bolívares por dólar, y a partir de 2010 subió a 4,30 bolívares. En ese sentido, el monto oscila entre 20,80 y 41,61 millones de dólares.

El documento oficial le dio la razón a las denuncias que se habían hecho anteriormente: durante la gestión de Herrera, se beneficiaron dos empresas con contratos para comprar equipos. Una investigación publicada por el Correo del Caroní en agosto de 2014, titulada Informe de la AN corrobora compras con “exagerados sobreprecios” en Minerven ofrece algunos ejemplos. En junio de 2010 se necesitaban cinco piezas para los cargadores. D & S Equipment Parts C.A. fue beneficiada, pese a que presentó la oferta con más costo: 580.735 bolívares en comparación de los 265.644 bolívares que pedía Meta Guayana S.A. Casos parecidos se presentaron en otras oportunidades con la misma empresa que, además, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Contratistas y del Tribunal Supremo de Justicia, tiene como domicilio fiscal una residencia familiar en la urbanización Los Olivos, en Puerto Ordaz.

A eso se suma que durante la gestión de Herrera tampoco se comercializó el oro a través del Banco Central de Venezuela (BCV), una obligación que se establece en varias resoluciones de ese organismo. Andrés Velásquez dijo a la prensa en 2014 que también el BCV tenía su cuota de responsabilidad, pues no investigó las irregularidades en la producción como consecuencia de ese desvío. Por ejemplo, de acuerdo con la Memoria y Cuenta de Minerven, en 2011 no se alcanzó el total de la meta de producción: se logró 75% de lo esperado, con 1.341 kilos de oro fino; la comercialización y ventas alcanzaría 73% de lo proyectado, pues se destinarían al mercado nacional 1.318 kilos de oro fino. Si bien en 2014 la Asamblea Nacional pidió a la Fiscalía y a la Contraloría General que emprendieran las acciones necesarias, hasta el momento no hay información oficial sobre alguna sanción que se haya interpuesto.

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La cifra

Al menos 59 millones de dólares y 9 millones de euros

Los señalados

-Rafael Isea, quien ocupó estos cargos desde 1999: asistente en el despacho del Ministerio de Planificación y Desarrollo, consejero de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, diputado en la Asamblea Nacional —en representación del estado Aragua—, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, viceministro de Financiamiento para el Desarrollo Endógeno del Ministerio de Finanzas, ministro de Finanzas, gobernador del estado Aragua y presidente del Banco del ALBA.

-Gerardo Isea, hermano de Rafael Isea y exdirector de Minerales de Aragua S.A.

El caso

En 2013, poco tiempo después de que Tareck El Aissami se convirtiera en gobernador del estado Aragua, las denuncias ganaron fuerza dentro del propio oficialismo: los cuatro años gestión de Rafael Isea en Aragua, desde 2008 hasta 2012, estaban marcados por las irregularidades y la corrupción. Años antes —de acuerdo con un trabajo periodístico publicado en agosto de 2013 en El Nacional, denominado Rafael Isea dejó de ser “intocable” y es investigado por obras inconclusas—, representantes de la oposición ante el Consejo Legislativo del estado ya habían dicho lo mismo, pero nadie les hizo caso.

Justamente en 2013, la secretaria de la Gobernación, Caryl Bertho, introdujo una de las denuncias principales en el Ministerio Público de Aragua. La acusación salpicaba a Gerardo Isea y a otros funcionarios del gobierno de Rafael Isea —que no fueron mencionados de forma pública. En principio, se encontraron irregularidades con 59 millones de dólares y 9 millones de euros. Algunos ejemplos: a través de Supraragua, una empresa estatal para la comercialización de bienes y servicios, se adquirieron equipos deteriorados por 12 millones de dólares. También, entre otras cosas, está el caso de una empresa mixta, en la que Minerales de Aragua S.A. figuraba como accionista principal, que compró una planta para obtener carbonato de calcio por un total de 8,4 millones de euros, además de equipos por 1,4 millones de euros. “Supuestamente era una planta nueva y resulta que es de segunda mano. Además, llegó al país en estado de deterioro. El dinero prácticamente fue robado”, dijo El Aissami en junio de 2015, de acuerdo con una reseña de El Universal.

En esa misma ocasión, el mandatario regional señaló que se habían incautado nueve propiedades de Isea: tres quintas, dos apartamentos y un local en el estado Aragua, además de dos haciendas en Falcón y otra en Guárico que, aseguró, tenía más de 1.000 cabezas de ganado. Otras denuncias se sumaron a la lista: Elías Bermúdez, diputado de la oposición en el Consejo Legislativo de Aragua, dijo en 2013 que durante el gobierno de Isea al menos 120 obras quedaron inconclusas o manchadas por la corrupción. Entre ellas, afirmó, están el distribuidor Simón Bolívar, el Estadio Iberoamericano de Atletismo, el Hospital de Las Tejerías y el Teatro de la Ópera de Maracay.

Este último se cerró en 2009 para hacer remodelaciones, pero, a pesar de la frecuente asignación de recursos, fue prácticamente destruido. En 2009, el expresidente Hugo Chávez otorgó 22,6 millones de bolívares para esta obra y para el Hotel Jardín. Más adelante, en 2011, recibió 6,21 millones de bolívares. Luego, en mayo de 2012, la empresa Mignoli 2002 C.A. obtuvo un anticipo de 8,92 millones de bolívares, del total de 19,99 millones de bolívares que costaba la segunda fase de la refacción. Una denuncia de la Procuraduría General del Estado Aragua, admitida en 2013 por el Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la entidad, señaló que la empresa realizó trabajos que no se habían autorizado previamente. Finalmente, el recinto se inauguró en octubre de 2015 y, como dijo El Aissami, costó 800 millones de bolívares.

Hasta ahora, poco se sabe de Isea. En 2014, la fiscal Luisa Ortega Díaz señaló que se había incorporado a la lista de personas solicitadas por la Interpol. Se dijo que estaba en Estados Unidos, como testigo protegido de la DEA, algo que el propio exfuncionario desmintió: afirmó había viajado hasta allí para hacer estudios. Los últimos tweets públicos, en la cuenta @Isea_enContacto, se refieren a los allanamientos que se realizaron en 2015 a propiedades de su familia, en los que también se incluyen ataques hacia El Aissami, ese antiguo compañero que se convirtió en su persecutor.

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La cifra

1.468 millones de dólares

Algunos señalados

-Simón Alejandro Zerpa, exsecretario ejecutivo y actual presidente del Fondo de Desarrollo Nacional. También es, entre otras cosas, viceministro de Inversión para el Desarrollo del Ministerio de Finanzas y Banca Pública, y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social.

-Raúl Pacheco, expresidente de la empresa Pulpa y Papel C.A y actual presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros cargos que ha ocupado desde 2003.

-Rodolfo Marco Torres, actual ministro de Alimentación, exministro de Banca Pública y, entre otros múltiples cargos ocupados desde 2002, exministro de Finanzas y Banca Pública.

El caso

La producción nacional de papel todavía es una promesa incumplida. En 2005 se creó la empresa Pulpa y Papel C.A., y se estimaba que al año siguiente comenzaría el proyecto para la construcción del complejo industrial en el sector de Macapaima, en el estado Anzoátegui. Un documento oficial del Ministerio de Industrias Básicas y Minería señala que la obra debía culminar en 2010 y que alcanzaría una producción de 250.000 toneladas anuales de papel prensa, además de 200.000 toneladas de pasta química blanqueada, 2.500 toneladas de ácido de aceites de resina y 30.000 toneladas de lignosulfonatos para el sector petrolero.

Aún el proyecto no se ha concretado. Mientras tanto, los medios impresos padecen la falta de insumos: Hugo Cabezas, presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro —que centraliza las importaciones de este producto— señaló en febrero que los periódicos debían reducir su tiraje en 60%.
Las cifras sobre inversiones son variadas. De acuerdo con una investigación publicada en julio de 2014 en Contrapunto.com, denominada Pulpaca: una fuente de dinero para una obra inconclusa, a finales de 2005 se proyectó una inversión de 574 millones de dólares. Pero, como la obra se ha retrasado, el gasto ha sido mayor: de acuerdo con la Memoria y Cuenta de 2014 del Ministerio de Industrias, hasta ese año se había asignado un total de 1.468 millones de dólares; de esa cantidad, se había ejecutado 80%. El documento de gestión de 2015, señala que el avance físico acumulado hasta ese momento —nueve años después del comienzo del proyecto— era de 59,23% y, además, se extendió el plazo de entrega: ya no sería 2015, como se dijo en 2014, sino finales de 2017.

Ahora, ¿qué sucedió durante los primeros años? Para saberlo, la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional comenzó una investigación en 2014, dirigida por los diputados Jesús Paraqueima, del oficialismo, y Marcos Figueroa, de la oposición. Después de inspeccionar las obras, en las que se evidenciaba un fuerte retraso, Figueroa señaló a la prensa que llevarían la denuncia a la Contraloría General de la República y que solicitarían la investigación de Raúl Pacheco, Simón Alejandro Zerpa y Rodolfo Marco Torres, para que dieran una explicación sobre los retrasos.

En ese momento, los trabajadores de la obra señalaban que no habían recibido recursos —algo que también se reconoció en la Memoria y Cuenta de 2011 y de 2015 de la empresa de marras— y que por eso no se había avanzado. De hecho, entre 2007 y 2011 se habían ejecutado 1.242 millones de bolívares, pero no se pudieron cumplir los cronogramas. Un informe de la empresa Inversiones Alfamaq indica que justo en ese periodo, específicamente entre 2008 y 2011, realizaron los movimientos de tierras.

En 2010 arrancó definitivamente la construcción de la estructura, de acuerdo con datos oficiales, y a finales de ese año se culminó el patio de rolas. Luego, entre 2012 y 2013 llegaron 669 contenedores y 250 cargas de equipos provenientes de Austria, Alemania, Brasil, China y Estados Unidos, según informes de la empresa, que se almacenaron en el lugar de la construcción. Figueroa manifestó en 2014 su preocupación por el estado de estas maquinarias que no han tenido uso.

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La cifra

Por lo menos 295 millones de bolívares

Algunos señalados

-Radwan Sabbagh, expresidente de CVG Ferrominera Orinoco

-Noel Ramírez, exconsultor jurídico de CVG Ferrominera Orinoco

-María Rodríguez, exgerente de Administración de CVG Ferrominera Orinoco

-María Carolina Acosta, exgerente de Finanzas de CVG Ferrominera Orinoco

-Ángel Ramón Campero Franco, exgerente técnico de Operaciones de Ferrominera Orinoco

-Yamal Mustafá, dueño del diario guayanés Primicia y de 19 empresas que ofrecen servicios a la Corporación Venezolana de Guayana, de acuerdo con el diario El Mundo; además es amigo del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez

El caso

En junio de 2013, Ricardo Menéndez, en ese entonces ministro de Industrias, introdujo una denuncia en la Fiscalía General contra Radwan Sabbagh. En el documento señaló, sin muchos detalles, que el expresidente de la CVG Ferrominera Orinoco utilizó recursos con fines distintos a los que se habían programado. Por eso, pedía a la institución que comenzara las averiguaciones. En ese mismo mes, el exfuncionario fue detenido en un hotel de Caracas. Un mes más tarde, también fueron aprehendidos otros cuatro implicados: María Rodríguez, Noel Ramírez, María Acosta y Yamal Mustafá. A Ángel Campero Franco lo capturaron en octubre de ese año.

En realidad, los señalamientos empezaron mucho antes. En 2011, después de haber investigado la mafia de las cabillas —proceso con el que se logró la detención de Luis Velásquez, exgerente de Comercialización de Sidor—, Juan Carlos Álvarez Dionisi, jefe de División de Asuntos Especiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar, comenzó a indagar sobre las irregularidades en Ferrominera Orinoco. De acuerdo con un expediente citado en una investigación de Joseph Poliszuk —publicada en julio de 2013 en El Universal y denominada El soborno del coronel— el funcionario encontró pistas sobre el funcionamiento de la mafia del hierro: entre otras cosas, se facturaba ese material a precios más bajos para beneficiar a ciertas empresas. En total, según ese documento, se produjeron pérdidas patrimoniales por 1.113 millones de dólares.

Pero esta cifra está manchada por la duda. En el mismo año 2013 —de acuerdo con la causa 3463 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas— Álvarez Dionisi fue denunciado por extorsión: a Juan Aníbal Vásquez Peña, exgerente de Comercialización de Ferrominera Orinoco, le pidió 3 millones de dólares para no involucrarlo en la investigación sobre la mafia del hierro. A Radwan Sabbagh le exigió el pago de 20 millones de dólares –que realizó después de solicitar el dinero a dos clientes de la empresa–, y lo mismo le ocurrió a Yamal Mustafá, quien le entregó al coronel 4,4 millones de dólares y 2,55 millones de bolívares. El empresario Douglas Flores, representante de la empresa Corinsur, por su parte, aseguró que recibió amenazas de muerte del militar y que tuvo que pagarle 400.000 dólares y 800.000 bolívares.

Por este caso, Álvarez Dionisi fue acusado de extorsión e incremento patrimonial, y hasta 2015 seguía preso en Ramo Verde —de acuerdo con una investigación periodística publicada en mayo de 2015 en Armando.info y denominada El reality show de la “casa-cárcel” de Bolívar. También fueron acusadas otras tres personas por participar en estos hechos: el primer teniente Néstor Arturo Nieves, Carlos Gilberto Viera y Carlos Martínez Araujo.

Pero, si bien no hay certeza sobre esa cifra que señaló Álvarez, lo cierto es que, de todos modos, sí se encontraron irregularidades en la Ferrominera. El Ministerio Público determinó que se desviaron 295 millones de bolívares. Debido a este mal uso de los recursos, se postergó el mantenimiento de las plantas de pellas, briquetas y de procesamiento de hierro. También el organismo consiguió facturaciones inadecuadas: en algunos casos con un precio más bajo, y en otros, por cantidades más altas de las que se debía. En 2015, de acuerdo con la investigación de Armando.info —elaborada por Clavel Rangel— Sabbagh seguía recluido en la sede de Ciudad Bolívar de la Dirección de Contrainteligencia Militar. A Yamal Mustafá, por su parte, se le otorgó una medida sustitutiva en diciembre de 2015, por lo que salió de prisión. Pese a que cumplió dos años encarcelado, el empresario asegura que no tiene nada que ver con el caso e, incluso, demandó al Correo del Caroní por difamación e injuria; recientemente su director, David Natera, fue condenado a cuatro años de prisión y, además, debe pagar una multa de más de 1.000 unidades tributarias, una sentencia rechazada por varias organizaciones periodísticas, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa.

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La cifra

Más de 900.000 dólares

Los señalados

-Roberto Rincón, empresario venezolano, presidente de Tradequip Services & Marine, con sedes en Texas, Estados Unidos, y en Venezuela.

-Abraham Shiera Bastidas, gerente de la empresa Vertix Instrumentos

-Cinco funcionarios de Pdvsa, cuyos nombres no se han hecho públicos

El caso

A finales de 2015, los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera fueron detenidos en Estados Unidos por lavado de dinero y, entre otras cosas, violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: se demostró que pagaron sobornos a funcionarios de Pdvsa para obtener contratos millonarios. Un documento de la Corte del Distrito Sur de Texas señala que más de 1.000 millones de dólares estuvieron involucrados en la conspiración, que se desarrolló desde 2009 hasta 2014.

La investigación también arrojó que Rincón —quien, de acuerdo con el reportaje El magnate que viajaba en transporte público, publicado en diciembre de 2015 en Armando.info, es amigo de Hugo Carvajal, además de Rafael Ramírez y el propio Hugo Chávez— ofreció 2,5 millones de dólares a un solo empleado de la estatal. También se pagaron facturas de hoteles, whiskey y viajes.

Otro documento de la Corte del Distrito Sur de Texas, con el número de caso 4:15-cr-654, ofrece algunos detalles sobre el esquema que siguieron Rincón y Shiera. En 2009 acordaron trabajar en conjunto para sobornar a los funcionarios de Pdvsa, cuyos nombres no se mencionan. Por ejemplo, en abril de 2010 una de las compañías de Rincón pagó 100.000 dólares a uno de los trabajadores de la empresa venezolana. Más adelante, el empresario transfirió poco más de 164.000 dólares para pagar la hipoteca de la casa que otro funcionario tenía en Texas, a cambio de recibir asistencia para conseguir los contratos.

Ahora, es muy difícil saber exactamente cuánto dinero perdió el Estado por estas transacciones fraudulentas. De acuerdo con las cifras publicadas en el documento de la Corte, Pdvsa pudo haber perdido más de 900.000 dólares durante estos años de los sobornos. Por ejemplo, en junio de 2010, justo después de que una de las compañías de Shiera obtuviera un contrato por 2,6 millones de dólares, uno de los funcionarios implicados recibió 100.000 dólares. Lo mismo ocurrió meses más tarde, cuando después de que Pdvsa pagara más de 5,5 millones de dólares, Shiera transfirió 25.000 dólares al mismo empleado. Es decir, puede inferirse que hubo facturas con sobreprecios que permitieron prestar el servicio, ganar altas cifras y, además, pagar las comisiones a quienes ayudaron dentro de la propia estatal.

También se encontró que uno de los funcionarios de Pdvsa elaboró tres facturas por más de 400.000 dólares, por trabajos que las empresas de Rincón nunca prestaron. La intención era disfrazar pagos que llegaron a sus propias cuentas. Es decir, se justificó un gasto por servicios que Pdvsa no recibió —por ejemplo, uno de ingeniería de plantas generadoras— y que ayudaron a que una persona se enriqueciera.

Otro dato se ofrece en el documento: en agosto de 2011, después de que una de las compañías de Rincón recibiera más de 7,7 millones de dólares, otra empresa a su nombre emitió una orden de compra por los mismos equipos con un costo de 7,3 millones de dólares. Se estima, entonces, un sobreprecio de 386.487 dólares. Ahora, pese a todas las evidencias, Pdvsa ha dicho poco. Días después de las detenciones, la estatal emitió un comunicado en el que aseguraba que las acusaciones buscaban desprestigiar su nombre, y que cualquier irregularidad interna siempre era investigada.

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