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Venezuela, el reino de la posverdad chavista

portadamentiras
21/06/2017
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FOTOGRAFÍA DE PORTADA: PIXABAY

Desde la muerte de Juan Pablo Pernalete hasta el referéndum consultivo para la Asamblea Nacional Constituyente. La cúpula gubernamental tergiversa la verdad. Desde abril de este año, los giros que dan a la realidad son más evidentes y hasta controversiales. El chavismo es experto en la posverdad

El gobierno miente. Así como el expresidente Hugo Chávez entró caminando al Hospital Militar en 2013 o remontaba la cuesta de su recuperación, según Ernesto Villegas, entonces Ministro de Información -vaya patrón-,  la administración de su hijo político “por decisión plena como la luna llena” sigue la senda. Son infinitas las versiones oficiales que oscurecen, más que esclarecer. En tiempos de protesta incesante, se visibilizan más. Un bombardeo de mentiras.

En 2016, el diccionario Oxford escogió como palabra del año a la posverdad, la manipulación de la realidad al priorizar las emociones o creencias personales frente a los hechos, pues su uso aumentó 2000% con respecto al año anterior. En política no es casualidad, sino algo buscado y hasta diseñado. David Roberts escribió en abril de 2010 en la revista Grist que la posverdad es “una cultura política en la que la política (la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación) se han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública”, y el término se hizo común en la campaña presidencial de Estados Unidos el año pasado.

Venezuela se suma a la tendencia. Desde el propio gobierno los eventos cambian de nombre, falsean realidades, se releen circunstancias de manera interesa. La Asamblea Nacional está en “desacato” pero no anulada. Las sentencias 155 y 156 emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no rompieron el hilo constitucional sino que causaron un “conflicto entre poderes” con la Fiscalía, que ahora desmienten sea un poder. Entretanto, el hartazgo popular no conoce de eufemismos y toma la calle mientas el poder lanza lacrimógenas, perdigones, balas, contradicciones y francas mentiras.

Juan Pablo Pernalete, del perno a la lacrimógena

El 26 de abril, Juan Pablo Pernalete cayó sobre el asfalto de Altamira, Caracas, tras el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, informó ese día que el joven de 20 años ingresó sin signos vitales a la sede de Salud Chacao. Traumatismo torácico era la presunta causa de muerte que ofreció Muchacho en la premura de la prensa por una primera versión. Sin embargo, antes de que el cuerpo se enfriara, las redes sociales bullían con versiones extraoficiales del fallecimiento.

El presidente Maduro no lo pensó dos veces: “Lo mató la misma oposición”, aseguró el primero de mayo. El diputado oficialista Diosdado Cabello atribuyó su muerte a la violencia opositora: “Ellos, los mismos muchachos, llamaron a asesinar a Pernalete”, aseguró el 7 de mayo. Pero fue el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien asomó una tesis más elaborada, días antes, que sorportó el resto de las afirmaciones En la mañana del 29 de abril, informó desde Miraflores la posibilidad de que una pistola de perno cautivo fue usada para causarle la muerte a Pernalete. Una conspiración para “buscar un muerto” se develaba. Un video musicalizado servía de supuesta evidencia. Varios medios dieron como cierta la información y hasta el diario Últimas Noticias publicó que la autopsia al cadaver negaba el impacto por lacrimógena disparada por un guardia nacional, como denunciaban los testigos.

Pero las presunciones se cayeron cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró en una rueda de prensa el 24 de mayo que el asesinato se concretó por el impacto de una bomba lacrimógena. La titular del Ministerio Público, informe en mano, esclareció los hechos: “Se produce por shock cardiogénico, impactado por un objeto como este”, dijo mientras mostraba un cartucho del proyectil, y continuó: “Esto es lo que lo impacta y lo asesina”. También aseveró que la experticia había determinado que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon la munición. El resultado de 79 actos de investigación sobre ese caso.

Civiles y militares en el mismo saco

A medida que las protestas de la oposición se hicieron más cuantiosas en 2017, también aumentaron las detenciones arbitrarias a manifestantes. Así lo denunció también Luisa Ortega Díaz, llamando a los cuerpos de seguridad a evitar esa violación a los derechos. Desde mayo, con la represión in crescendo, muchos de los apresados fueron presentados en tribunales militares a pesar de ser civiles, en flagrante violación del Convenio de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Constitución de Venezuela y el debido proceso. Abogados y defensores de los Derechos Humanos han denunciado que se emplea la jurisdicción con fines de persecución política y amedrentamiento.

El artículo 261 de la Carta Magna establece que “la comisión de delitos comunes, violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, será juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Allí encuentra el sustento el ministro de Defensa Vladimir Padrino para asegurar que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley pues se enmarcan en “ataques al centinela”.

Es entonces cuando la precalificación de delitos comienza a ajustarse a los supuestos daños de los detenidos, según Alonso Medina Roa, abogado de Foro Penal. Portar una bandera de Venezuela o un megáfono en una manifestación opositora puede considerarse como instigación a la rebelión, hasta traición a la patria. Se usan tribunales castrenses improvisados, incluso, así como imputaciones colectivas. Hasta el 25 de mayo, la ONG Foro Penal contabilizaba 341 detenidos en protestas presentados en tribunales militares. Sin embargo, la legislatura venezolana apunta que civiles deben ser sentenciados por su juez natural, los que portan togas y no uniformes.

¿Hay marcha? Cierren el Metro 

Es común ver cómo la cuenta oficial de Twitter del Metro de Caracas informa sobre los cierres de sus estaciones en jornadas de protesta. Altamira, Chacaíto, Chacao clausuran sus puertas “en resguardo de los usuarios”, como también ha ocurrido con hasta 31 paradas del subterráneo.

Un patrón salta a la vista: las santamarías se bajan cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convoca una movilización en la capital. El gobierno se fundamenta en el derecho al libre tránsito para reprimir cierres de vías en manifestaciones, pero deja en el limbo a usuarios del sistema de trenes. Ya es rutina.

Sin embargo, la medida no es nueva. 2014 marcó el precedente cuando “La Salida” se gestaba y el entonces ministro de Transporte Haiman El Troudi denunció supuestos ataques contra los trabajadores del Metro y vandalismo a las unidades de Metrobus. A pesar de la “incondicional determinación de seguir trabajando” que tiene la empresa, según sus mismas redes, condiciones aplican cuando el pueblo sale a la calle. La premisa de cerrar el Metro cuando hay marcha se mantiene vigente a pesar de que no se ha registrado agresión alguna a infraestructura ni empleados de la compañía.

El inquebrantable orden constitucional

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puso al país en las primeras planas del mundo. Sus sentencias 155 y 156 arrebataron competencias propias de la Asamblea Nacional, controlada por decisión del pueblo por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, y retiraba la inmunidad a sus diputados. Las caretas democráticas cayeron, se quebraron. Las declaraciones que la fiscal general Luisa Ortega Díaz emitió el 31 de marzo al respecto sacudieron al chavismo: “Allí se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”.

Las sentencias conjuntas de la Sala Constitucional causaron esa y otras rupturas de la alineación oficial entre altos funcionarios del gobierno. Los parlamentarios denunciaron golpe de Estado judicial, mientras el presidente Maduro calificó el hecho como un mero “impasse”. A horas de la declaración de Ortega Díaz, el mandatario anunció desde el Palacio de Miraflores no haber conocido de antemano el contenido de los decretos del TSJ e instaló el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para resolver la “discrepancia de criterios” entre la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, también se sumó al discurso promulgado desde el Ejecutivo e insistió el 3 de abril en una rueda de prensa que en Venezuela solo hubo “opiniones encontradas entre instituciones clave”. Cuatro días antes, el funcionario expresó “su firme apoyo” a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de limitar la inmunidad parlamentaria.

Pero el TSJ se desdijo y “corrigió” sus decisiones, atendiendo a “recomendaciones” del Codena. Pero el Parlamento continúa “en desacato” y el Poder Judicial se abroga, por tanto, decisiones clave del Legislativo.

La constituyente no se consulta

“No es necesario un referéndum para activar una constituyente”. La frase dicha por Aristóbulo Istúriz se asumió como una verdad entre los altos funcionarios del chavismo, luego ratificado por una sentencia de interpretación emitida por la Sala Constitucional del TSJ el 31 de mayo. El recurso judicial explica que en 1999 se le preguntó al soberano si quería redactar una nueva Carta Magna, pues la vigente desde 1961 no hacía mención a esta modalidad de revisión constitucional. Era ineludible. Dos votaciones, una previa y otra posterior, avalaron la Asamblea Nacional Constituyente que ofreció Hugo Chávez en su primera campaña electoral. “La situación constitucional actual es totalmente diferente”, indica la decisión tribunalicia.

La Sala Constitucional ratificó las ideas esbozadas por varios ministros y el abogado Hermánn Escarrá. Y Nicolás Maduro secundó la moción anunciando que la gente sí opinará, pero después, cuando se pregunte en referéndum consultivo “si está de acuerdo o no” con darle curso a una nueva Constitución una vez redactada, dijo el 2 de junio. Pero los artículos 347 y 348 constitucionales siguen ahí, diferenciando la convocatoria a manos del pueblo y la iniciativa a cargo del Presidente.

Ante la irregularidad, la fiscal general Luisa Ortega Díaz consignó un escrito ante la Sala Constitucional para solicitar una aclaratoria sobre la sentencia, denunciando un secuestro de la soberanía popular. La decisión emanada del Poder Ejecutivo, un poder constituido, “no puede estar por encima del pueblo mismo. Se está vulnerando la progresividad de los Derechos Humanos”, argumentó la titular del Ministerio Público.

El abogado y analista político Javier Antonio Vivas explicó para El Estímulo que la convocatoria al proceso viola su esencia democrática, ya que discrepa de los preceptos originarios en que el fallecido expresidente Hugo Chávez convocó la ANC de 1999. La consulta previa es vital, pues solo así podría corroborarse que la población la acepte o rechace. Allí recae su legitimidad. El Tribunal Supremo de Justicia se mantuvo en sus trece.

¿Cuál fuerza bruta del Estado?

Los excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han ido en aumento desde que las calles se calentaron en abril de este año. Más que contención, los manifestantes han sido blanco de una creciente represión por disentir con el gobierno de Maduro. Los jefes de la seguridad estatal argumentan que el objetivo es disuadir las marchas opositoras que no tienen permisos para pisar el municipio Libertador. Pero el saldo de muertos, heridos, agredidos y robados grita más.

Los métodos rayan en la crueldad: disparos a quemarropa, robos a marchistas y transeúntes, detenciones arbitrarias, chorros de agua a presión a individuos hasta hacerlos rebotar… la lista de “atrocidades” es larga, como las reconoció el ministro de la Defensa Vladimir Padrino el 6 de junio. “No quiero ver a un guardia nacional cometiendo una atrocidad más en la calle. El que se aparte de la línea del Estado, de la preeminencia de los Derechos Humanos, y que se comporte no como un profesional, tiene que asumir su responsabilidad”, reclamó. No le hicieron caso, pero su declaración corrobora las denuncias que varias ONG, expertos en DDHH, políticos y manifestantes han hecho desde que iniciaron las manifestaciones.

tanqueta

No obstante, las actuaciones condenables se siguen amontonando. Los medios de comunicación y las redes sociales muestran cómo las palabras de Padrino entraron por un oído y salieron por el otro. Lo sucedido en el Conjunto Residencial El Paraíso -mejor conocido como Los Verdes- es el ejemplo más reciente del amedrentamiento del poder: rejas derribadas, cerraduras vulneradas, más de 85 vehículos atacados, perros sacrificados, bienes robados, todo bajo una figura de allanamiento sin basamento legal y con la finalidad de apresar a jóvenes tildados de “guarimberos”. Los desmanes son una realidad que se obvian y hasta justifican desde la cúpula gubernamental.

También se ha reportado en diversas ocasiones que efectivos militares disparan metras con municiones “aliñadas” para causar mayor daño a los manifestantes. De acuerdo con el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, “ni existen en nuestros comandos, en el parque de armas, o en un depósito que tengamos ese tipo de esferas, no existe en nosotros”. Pero alí están las heridas, las marcas, las fotos. También las canicas de cristal y metal que se recogen del asfalto, junto con los cartuchos de perdigones. Durante una manifestación convocada por la MUD del 20 de mayo en Caracas, el diputado Miguel Pizarro se desplazó por la avenida Francisco de Miranda acumulándolas.

La oposición es la violenta

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) encauzó el descontento popular generalizado, incluso afianzado, luego de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las competencias legislativas de la Asamblea Nacional (AN) fueron expropiadas y el hilo constitucional se rompió. Una masa de gente volcó a las calles para denunciar su democracia perdida y sus derechos vulnerados. Y con ella, una campaña comunicacional del chavismo que se encarga de desprestigiar la legitimidad de la protesta opositora, hasta desnaturalizarla.

No importa si la Guardia Nacional disparó perdigones a mansalva contra marchistas indefensos. Tampoco si la Policía Nacional Bolivariana apresó, golpeó, humilló solo para desmoralizar a quien alza su voz contra la injusticia. Para el estamento oficial, la oposición es violenta. Nada más. Las barricadas no son para resistir la fuerza bruta del Estado, sino para causar muertes. Los escudos plásticos y de madera, que no resisten dos impactos de bomba lacrimógena, mucho menos una bala, no resguardan cuerpos sino que anuncian guerra. Los llamados a reclamar y alzar la voz hechos por políticos se constituyen, por tanto, en incitaciones al crimen y al odio.

El presidente Maduro se ha cansado de atribuirle destrozos, heridos, incluso muertos a la MUD. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ha asegurado que la oposición “organiza y financia” actos vandálicos en zonas puntuales del país, mientras que promueve el “fascismo” a través de las redes sociales. Según el diputado chavista Diosdado Cabello “la violencia llegó en la oposición para quedarse” utilizando a jóvenes como “carne de cañón”. Dirigentes han sdo acusados de autores intelectuales. Primero fue el diputado José Guerra por los sucesos en El Valle. Y recientemente el legislador Miguel Pizarro ha estado en la mira, al ser señalado coo responsable del fallecimiento de Neomar Lander el 7 de junio. La perorata no acaba.

Bonus: la muerte de Neomar Lander

No hubo cabida para la duda en el gobierno. Neomar Lander no tenía ni 12 horas fallecido cuando el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, soltó por su cuenta de Twitter el parte de batalla. El muchacho de 17 años habría muerto el 7 de junio en Caracas “por un mortero que manipulaba” decía uno de sus mensajes. La tesis se convirtió en “oficial”, ratificada por el vicepresidente Tareck El Aissami con “elementos de prueba criminalísticos”, e incluso replicada por seguidores del chavismo como Winston Vallenilla, quien además lo tildó de “guarimbero”.

En la calle, otra versión rodó: testigos aseguraron que el deceso se produjo por un impacto frontal y no solo por un estallido. Jonathan Quantip, paramédico que intentó revivirlo, cuenta cómo la masa pulmonar estaba al aire, sus costillas rotas y su tráquea quebrada; aunque no puede determinar si una lacrimógena fue el detonante de su temprana partida. El diputado Miguel Pizarro, quien estaba a metros de lo ocurrido, pudo ver el boquerón en el pecho del muchacho. Atisbó una herida “de frente, ni lateral ni desde atrás”. La foto, elocuente, se hizo de dominio público.

Un video aficionado muestra una fila de efectivos de la PNB con material antimotín contra un joven con la cara tapada sin mayor protección en la conexión de la avenida Francisco de Miranda con la Libertador. Luego de la explosión de un fuego artificial y detonaciones de las filas estatales, Lander cae inerte en el suelo, boca abajo. “Lo mataron”, grita una mujer desde el anonimato.

La versión oficial no ha calado más allá de las fronteras de la hegemonía comunicacional. Pero todas las tesis corren al unísono mientras el Ministerio Público no haga pública sus averiguaciones y conclusiones. La Fiscal General tiene, de nuevo, la palabra.