Las obligaciones del Estado venezolano se multiplicaron por cuatro en 16 años y ahora arrojan un saldo récord de 112.641 millones de dólares entre lo que debe el Gobierno y principalmente los préstamos y emisión de bonos contratados por PDVSA. En dos años de gestión de Nicolás Maduro, el endeudamiento foráneo marcó récord
Si cada persona que vive en Venezuela tuviera que pagar la deuda pública externa, tendría que desembolsar 3.729 dólares, cociente que resulta de dividir lo que debe el Estado venezolano a entidades internacionales entre los 30,2 millones de habitantes que tiene el país, según el Instituto Nacional de Estadística. Hace 16 años, cuando el presidente Hugo Chávez llegó al poder, esa relación era de 1.166 dólares por individuo.
Este repunte ha ocasionado que nuevamente salte a escena el tema de la deuda pública externa, una materia que se consideraba superada después de haber dominado la agenda política y económica durante casi toda la década de los 80 del siglo pasado. Eran años cuando se habló de la Venezuela hipotecada, de un “mono” por pagar solo comparable con King Kong y que se había contratado al “mejor refinanciamiento del mundo”.
Durante los años 90, específicamente en los segundos mandatos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se emprendió una estrategia para aliviar la carga financiera que tenía la deuda externa y reducir el peso que representaba sobre el presupuesto público, pero esa tendencia se revirtió con la llegada del presidente Hugo Chávez, principalmente debido a las facilidades crediticias que se abrieron a partir de 2004 con el repunte en los precios del petróleo.
A partir de entonces se hizo norma que cada año se marcara récord de endeudamiento. La discusión sobre esta materia aún no está entre las prioridades de los políticos pero sí enfrenta a los economistas, no tanto por el tamaño, sino por posibilidad de que el Gobierno o Petróleos de Venezuela (PDVSA) incumplan obligaciones de pago y si habría intencionalidad de las autoridades de no honrar los compromisos de amortizar capital y pagar intereses.
“El Gobierno tiene la disposición de cumplir con los pagos de la deuda externa a costa de comprimir las importaciones y agravar la recesión”, sostiene José Guerra, ex gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Venezuela (BCV) y docente de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela.
Esa deuda externa oficial básicamente se refiere a las obligaciones que tiene el Gobierno y PDVSA por préstamos contratados con entidades financieras foráneas u organismos multilaterales —Banco Mundial, Banco Internacional de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF)— o por la emisión de bonos o títulos, créditos comerciales con compañías extranjera. Además de las obligaciones pendientes con el Banco de Desarrollo de China, que se pagan con suministro de crudo y combustibles.
El saldo de esa obligación alcanzó e tope de 112.641 millones de dólares, de acuerdo a la cifra que registró el BCV al cierre del tercer trimestre de 2014. Ese monto indica un incremento de 295% con respecto al registrado a finales de 1998 cuando el presidente Hugo Chávez resultó electo.
Esta realidad no siempre fue así en los años del chavismo. En los tres primeros—hasta 2001— se logró una reducción en el compromiso, después hubo una cierta estabilidad que mantuvo la deuda cerca de 27.000 millones de dólares hasta fines de 2006, pero al año siguiente se comenzó un rally que no parado debido a las obligaciones contratadas por PDVSA.
En los dos años que lleva el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, la deuda externa registra un crecimiento de 6,4% principalmente por la colocación de bonos y créditos comerciales contratados sobre todo por la petrolera. En 1998, las obligaciones financieras de PDVSA abarcaban 25% de la deuda externa pública, es decir, la cuarta parte y ese porcentaje se amplió a 43% el año pasado.
La carrera del endeudamiento de PDVSA iniciada en 2007 partió de una emisión de bonos por 7.500 millones de dólares y desde entonces no hay año en los que no se hayan hecho nuevas colocaciones de títulos para resolver los problemas de caja de la estatal y mantener las transferencias de dinero al Gobierno. No obstante, estos títulos también han servido como una válvula de escapa al control de cambios con el fin de obtener divisas a través de las llamadas operaciones de permuta que imponían una paridad en función del precio de los bonos en dólares, euros y yenes, y el registrado en bolívares.
Cae el petróleo, cunde el pánico
Los pronósticos sobre el mercado petrolero, tomando como referencia la caída en los precios del crudo, han propiciado que se agregue un nuevo factor que agrava la percepción de los analistas financieros internacionales de que ocurra un incumplimiento en los pagos de la deuda. Es lo que economistas llaman default por la acepción que tiene esta palabra del inglés en el campo de las finanzas.
“Pese al crecimiento que ha tenido la deuda pública externa, el país no se encuentra en una situación de insolvencia que le impida pagar, pero sí afronta una problema de falta de liquidez por la caída en los ingresos”, comenta el economista Ramiro Molina, docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La posibilidad de un cese de pago tiene su repercusión en lo que llaman el riesgo país. Es un medidor que indica cuál es la diferencia que hay entre la tasa de interés que un Gobierno con una economía no industrializada —por ejemplo, Venezuela— debería pagar a empresas o personas que compren un bono y la que ofrecería un papel similar —con vencimiento a 30 años— emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, considerado el título soberano más seguro del mundo. Ese indicador desarrollado por la banca de inversión JP Morgan arroja una brecha de casi 3.000 puntos básicos, o lo que es igual a una diferencia de 30 puntos porcentuales entre la tasa de interés que pagaría Venezuela y la que fijaría Estados Unidos. Hace siete años esas diferencia estaba en alrededor de 187 puntos básicos.
Esto implica que si el Gobierno tuviera que emitir bonos debería ofrecer una tasa de interés no inferior a 30%, lo que se considera altamente costoso y casi imposible de pagar. En tal sentido, una operación de este tipo no tiene otra lectura sino la inviabilidad.
La ausencia de datos e información sobre los activos financieros es uno de los factores que agrava la prima de riesgo e impide ofrecer cifras confiables que mejoren la percepción sobre la economía venezolana. “Es casi un imposible realizar un ejercicio para determinar los flujos que cubrirán el déficit de financiamiento externo de Venezuela cuando se mueven muchas partes y no hay transparencia en los datos”, indica la firma de asesoría financiera Jefferies Emerging Markets en su más reciente informe sobre América Latina.
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