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Vinieron por carros chinos y terminaron en la cárcel

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24/12/2016
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COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: ANDREA TOSTA

Efectivos de la Guardia Nacional capturaron a seis zulianos, entre ellos dos wayúu y una mujer embarazada, en hotel de la Baralt. El allanamiento fue realizado sin orden. Desde el 16 de noviembre los detenidos permanecen en las celdas de los tribunales por una denuncia de estafa que, según abogados, no figura en el Cicpc

El viaje a Caracas tenía un fin: estar en el grupo de elegidos que recibiría un taxi de la Misión Transporte. Por eso, seis zulianos llegaron a la capital el 6 de noviembre pasado, con otro grupo de coterráneos a quienes habían ayudado en la gestión para entrar en esa lista de próximos choferes en recibir carros chinos. Pero el templete que se llevaría a cabo pocos días después del arribo de este grupo fue suspendido y repautado para el 17 de noviembre, según indicaron allegados de los integrantes de ese grupo, quienes prefirieron mantener sus nombres en el anonimato. Quienes adelantaron una cuota para recibir su taxi Orinoco se sintieron estafados y denunciaron a los seis líderes de la operación ante una comisión de la Guardia Nacional.

El 16 de noviembre, un grupo de militares llegó hasta el Hotel Meteroy —ubicado en la avenida Baralt de Caracas— y, sin una orden, allanó el lugar. En esa primera redada se llevaron a los seis zulianos que servían de vínculo con la próxima entrega de carros: Gilberto Reinoso, un hombre de 48 años que hasta ese día ostentaba el cargo de Coordinador Nacional de la Red Nacional y Apoyo Social Los Centauros 2, un grupo que sirve a la contrainteligencia política y social; Eunice Rendiles, una mujer de 48 años, embarazada, coordinadora del Frente Social Hugo Chávez que sirve a la comunidad de Costa Oriental del Lago, coordinadora de Consejos Comunales y responsable de la gestión para optar a un vehículo con la Misión Transporte; Silvana González, una joven de 28 años, wayúu, con una discapacidad en la pierna izquierda y colaboradora de Eunice en el Frente Social Hugo Chávez; Alejandro Fernández, un abogado indígena de 30 años de edad, responsable del área de sistematización de la información del Frente Social; y Jessica Partida y Jesús Rodríguez, ambos de 31 años, esposos y familiares de Eunice Rendiles, ambos ajenos al Frente Social y a la Red Nacional del Apoyo.

En una segunda visita domiciliaria, los castrenses capturaron a otro grupo de huéspedes, pero los únicos que llegaron hasta el Palacio de Justicia para ser presentados por supuestas estafas continuadas fueron estos seis zulianos, los demás fueron liberados. El Tribunal 18 de Control los recibió para celebrar la audiencia de presentación. Pero la juez que presidió no fue la titular, según informó de forma extraoficial uno de los abogados del grupo detenido, sino una juez accidental porque la titular ya se había retirado. Era de noche.

De acuerdo con el expediente que se presentó contra el sexteto, unas tres personas interpusieron ante la Guardia Nacional una denuncia por estafa. Aseguraron haber cancelado una cuota inicial para recibir un taxi de la Misión Transporte y estas personas no habían cumplido. Pero los señalados argumentaban que el acto sí se realizaría, y que ellos no se habían regresado para el estado Zulia porque esperaban la llegada de la fecha repautada. La juez los encontró culpables aunque, según dijeron las fuentes consultadas, no había más pruebas que una denuncia de palabra.

La juez dictaría una medida cautelar, pero tras analizar el sitio de origen de los seis detenidos, decidió dictarles una medida privativa de libertad argumentando peligro de fuga. Según establece el Código Orgánico Procesal Penal, entre otras consideraciones, el delito de estafa merece arresto cuando se sospecha la posibilidad de evasión de los señalados. Los abogados comentaron que todo el procedimiento fue tan rápido, que el día de la audiencia no se conoció la asignación del sitio de reclusión al que debían ser trasladados los seis detenidos, pues es sabido que los calabozos del Palacio de Justicia son transitorios, no permanentes. Sin embargo, luego de un mes de esta detención, los zulianos permanecen allí.

El grupo detenido recibe visitas y apoyo de hermanas indígenas que están en Caracas. Ellas bregan para que puedan salir antes de enero, que es cuando se estima les otorguen una medida cautelar, pues los 45 días correspondientes para pasar a juicio y reunir todas las pruebas en contra del grupo, se vence hacia el 30 de diciembre y hasta ahora no hay mayores evidencias más que tres denuncias sin respaldo físico ante la Guardia Nacional.

La desesperación de los detenidos ha llegado al punto de destituir a los tres abogados que asumieron la defensa el mismo día de la presentación. “No entendemos por qué hicieron eso. Nos enteramos cuando fuimos a revisar el expediente. Tampoco sabemos quiénes asumirán la defensa”, dijeron los juristas que, por presumir que la arremetida contra estos seis detenidos responde a una zuliana rivalidad política, prefirieron reservar sus nombres.

Por otro lado, las personas que apoyan al grupo encarcelado, quienes por el mismo motivo de los abogados exigieron no se revelara sus identidades, denunciaron supuestos abusos contra dos de los apresados. Al parecer, Silvana, la joven Wayúu de 28 años, fue abusada por una funcionaria de seguridad; y a Eunice, la mujer de 48 años, con un embarazo de alto riesgo, no le han permitido asistencia médica oportuna, ni tampoco le han otorgado una medida que le permita atender su estado. Los familiares y amigos solo esperan a que la situación de los seis zulianos se resuelva para que puedan celebrar sus fiestas en el calor de su tierra.