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Votar, por fin, sin Tibisay Lucena

portaemily
16/07/2017
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FOTOGRAFÍA: AFP

Este 16 de julio se celebrará en el país por primera vez una consulta popular, ciudadana y sin participación del Consejo Nacional Electoral. El llamado a elecciones lo hizo la Asamblea Nacional, prescindiendo de la institución comicial. Llaman a la gente a participar, en eso radica su legitimidad, a la vez que aprovecharán para medir fuerzas con respecto a las elecciones territoriales y sectoriales para la constituyente convocadas por el gobierno para el 30 de julio

No es un plebiscito, ni un “plesbicito”, sino una consulta popular. Este domingo 16 de julio el ciudadano podrá volver a votar y no precisamente de la mano del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta vez no habrá baranda. Tibisay Lucena no tiene nada que ver con el proceso convocado por la Asamblea Nacional para rechazar o aprobar la realización de una constituyente, la renovación de los poderes públicos y defender la Constitución nacional aún vigente, con todo y llamado a la Fuerza Armada Nacional.

El Parlamento utilizó la potestad que le confiere el artículo 71 de la Carta Magna, que le autoriza a someter a consulta aquellos asuntos que sean de “especial trascendencia nacional” y la figura elegida aparece en el artículo 70 como un medio de “participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”. Luis Salamanca, abogado y profesor universitario de Derecho Constitucional, lo pone en palabras sencillas: “Lo que se hará el domingo es el referéndum consultivo que ni el presidente Nicolás Maduro, ni el CNE quieren hacer sobre la constituyente”. El también politólogo subraya que si bien Maduro tiene la iniciativa para una constituyente eso no significa que esté convocada. “Al hacerlo usurpó la soberanía del pueblo. La consulta popular no es inconstitucional, las elecciones a las que convocó Maduro el 30 de julio sí lo son”, resume.

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En consecuencia, el domingo 16 de julio el ciudadano está convocado a manifestar su voluntad, y decir con un “sí” o un “no” lo que desea para el futuro del país; amparados también en los artículos 5, 333 y 350 del texto constitucional. En el proceso podrán participar venezolanos y extranjeros nacionalizados; residenciados en el país o en el exterior, que hayan nacido antes del 16 de julio de 1999, sin importar que no estén inscritos en el Registro Electoral. Lo harán en “puntos soberanos” distribuidos por todo el país y en ciudades de otras naciones.

¿Qué ocurrirá el domingo?

Hay 2.025 “puntos soberanos” distribuidos en todo el país. El votante podrá acudir al de su preferencia –sin importar si se encuentra en el estado o municipio en el que reside. La ubicación de cada uno puede consultarse en las páginas web: https://crdvenezuela.com/ y en http://www.unidadvenezuela.org/. Las mesas de votación estarán abiertas desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm, o mientras haya electores en cola.

Sufragar apenas amerita cuatro pasos. Los grafica la ONG Súmate.

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El proceso es completamente manual. Así que cada ciudadano deberá rellenar el círculo con la opción del “sí” o del “no” ante las tres preguntas que se le plantearán en la boleta electoral.

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Los puntos soberanos no son colegios, tampoco iglesias. “Están ubicados en lugares de encuentro comunitario. Son centros de expresión ciudadana, en los que se espera reunir a una gran cantidad de gente, para garantizar que no sean atacados”, explica Juan Carlos Caldera, encargado de asuntos electorales de Primero Justicia. El diputado Juan Andrés Mejía agrega: “La seguridad ciudadana corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Nacional. No es nuestra tarea. Si el gobierno decide reprimir con alguno de estos funcionarios o con los grupos parapoliciales, nuestra respuesta será la misma de todos estos días: la resistencia pacífica”.

El escrutinio

Habrá una comisión de garantes. La conforman los rectores de las universidades Central de Venezuela (UCV), de Carabobo (UC), Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Católica Andrés Bello (UCAB) y Metropolitana (Unimet). Benjamín Scharifker, rector de esta última, es enfático al argumentar sobre la transparencia del proceso. “Habrá resultados inmediatamente después del cierre de las mesas. Este no será un procesamiento como el del CNE, opaco, que no fluye y que más bien genera la desinformación de la gente. Nosotros no vamos a guardar secretos”. Para garantizar la veracidad de la consulta también habrá redes de observadores electorales nacionales, “que tienen décadas en esto”, y observadores internacionales, algunos de alto perfil, según afirman en la MUD.

Ante la falta de automatización, una duda recurrente es cómo garantizar que no haya duplicidad de firmas y votos. A esto Scharifker responde que hay que confiar en la honestidad del venezolano: “Llegó la hora de comportarse como sociedad y no como un conjunto de individuos que comparten un territorio. Hay que ser ciudadanos que quieren el bien común, nuestro y el del vecino”. No obstante, indica que se realizará un proceso de auditoria ese mismo día, a partir de una muestra aleatoria para verificar la calidad de la data.

Otro punto que quiere dejar claro el rector de la Unimet es que a nadie se le entregará la información sobre la identidad de los electores. “Los cuadernos solo se utilizarán para el procesamiento de la información. Luego se destruyen”. De esta manera buscan dar tranquilidad a los votantes de que Tascón y sus listas siguen estando en el más allá. Caldera utiliza el ejemplo de las primarias realizadas por la MUD en 2012, para garantizar a la ciudadanía que así como el gobierno no logró echar mano de los cuadernos en aquella oportunidad, tampoco lo hará esta vez.

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Mientras más mejor

El universo electoral venezolano ronda los 20 millones de electores. Negal Morales, subsecretario general de Acción Democrática, dijo que espera que participen al menos 14 millones de personas. Las encuestadoras, por su lado, son más cautas; José Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis, al echar números dice que serán alrededor de 7 millones; mientras que para la firma Hercon Consultores la participación en la consulta popular estará entre los 8 y los 11 millones de votantes. Ese techo lo aspira también el gobernador de Miranda Henrique Capriles, citando un estudio de Datanálisis que cerró campo el 12 de julio: “62% de participación para el domingo”.

“La legitimidad no la da el CNE. La da el pueblo que nos respalda, si este domingo participan millones, pero el 30 de julio solo va un pequeño número será la prueba. Ellos saben que los ilegítimos son ellos”, asevera Juan Andrés Mejía.

Salamanca coincide en que se trata de una elección legítima, aunque no sea vinculante –pues no la reconoce el Ejecutivo, el TSJ, ni el CNE. “La legitimidad obedece a que millones de personas salgan a votar. El CNE no participa porque están ahí para hacer las elecciones que pide el gobierno. Lo más importante es convocar a la gente, que la sociedad venezolana se pronuncie democráticamente y ponerle la vara alta al oficialismo con la asistencia”. Añade el abogado: “Hay que transmitirle al mundo qué quiere la mayoría y que la elección del 30 de julio aunque sí sea vinculante es impuesta, deben llevar a la gente remolcada. Además, es completamente ilegal porque utilizan los medios públicos para fines privados”.

A la larga, se trata entonces de un proceso ciudadano que tendrá efectos políticos. “No es ilegal porque no hay ningún dispositivo que impida que las personas se organicen y conduzcan una consulta ciudadana”, subraya Scharifker.

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¿Y si el TSJ se pronuncia?

Maduro calificó la consulta de inconstitucional. Socorro Hernández, rectora del CNE, advirtió que no tenía validez, y Pedro Carreño, candidato a la asamblea nacional constituyente, dijo que iría al TSJ a pedir la nulidad de la consulta popular. Aunque el máximo tribunal del país no necesita de mayores empujones para pronunciarse en contra de las iniciativas de la Asamblea Nacional.

No obstante, una decisión de esta instancia en nada cambiaría los planes para el domingo. “Si se pronuncia no pasa nada. No acataremos la decisión inconstitucional de ese tribunal, desde el mismo momento en que la AN desconoció la orden de modificar el Reglamento de Interior y Debates y que salimos a la calle a luchar contra las sentencias 155 y 156. Lo mismo que la Fiscal General desconoce a la Vicefiscal. No tendría ninguna importancia”, declara el diputado Mejía. Caldera alega que se amparan en los artículos 333 y 350 de la Constitución: “Estamos en desobediencia civil. No cambia nada que el TSJ diga algo. Si cometen el error histórico de meterse en la consulta popular es una señal clara del miedo que les causa y más bien sería un motivo para que más gente asista”.

En consecuencia, una vez que se tengan los resultados “activaremos la hora cero o un levantamiento nacional democrático y pacífico. Esas acciones serán anunciadas en su momento”, asevera Caldera.

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Historia de plebiscitos

Si de ponerse estrictos con los términos se trata, es la primera vez que en el país se realiza una consulta popular con estas características. Sin embargo, es innegable que tiene carácter plebiscitario. En la historia venezolana solo hay un ejemplo de una convocatoria análoga. La hizo Marcos Pérez Jiménez el 15 de diciembre de 1957. Su objetivo era ratificarse en la Presidencia, así como a todos los poderes públicos.

Los resultados de ese plebiscito fueron ampliamente favorables a la continuidad del militar, con una diferencia entre el Sí y el No de dos millones de votos, aunque bajo denuncias de fraude. No le sirvió de mucho, un mes más tarde debió salir huyendo del país en pleno derrocamiento que incluyó a los cuarteles.

La figura del plebiscito, para Salamanca, en la práctica no dista mucho de la de un referéndum consultivo aunque sus orígenes sean distintos. “El plebiscito surge en el derecho romano antiguo. Era el instrumento que utilizaba el imperio para consultarle a la plebe, al pueblo, sobre temas de interés. El referéndum, en cambio, es una figura de la edad media, y se asocia a un procedimiento con el cual se somete a voto popular leyes o actuaciones del gobierno. Al fin y al cabo, ambas son consultas populares”.

De referéndum sí hay más ejemplos. El primero justamente se hizo en 1999 para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente –el paso que ahora se salta el presidente Maduro. En 2003 se planteó un referéndum consultivo para solicitar la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez –pues los tiempos no daban aún para el revocatorio. Sin embargo, el TSJ se pronunció y declaró que la renuncia era un acto personalísimo y voluntario, por lo cual los resultados de esa consulta no serían vinculantes; fue así como se allanó el camino para el referéndum revocatorio presidencial celebrado el 15 de agosto del 2004, que ratificó a Chávez en la Presidencia.

El mandatario no perdió una elección hasta el referéndum constitucional de 2007, cuando se pretendió modificar 69 artículos de la Constitución de 1999. La Carta Magna, no obstante, fue cambiada en el referéndum constitucional de 2009, en el que se aprobó la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230.

La experiencia del 16 de julio será la primera en la que los resultados de la consulta no son vinculantes. Amanecerá el 17 y veremos.