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Votar por hambre y no por convicción

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27/12/2017
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PORTADA: GUSTAVO VERA | FOTOGRAFÍA DENTRO DEL TEXTO: DANIEL HERNÁNDEZ

No fue por gusto o por intimidación. En los comicios municipales del 10 de diciembre se evidenció cómo la necesidad movió a muchos electores a sacar el comprobante de votación y llevarlo a un punto rojo. No importó la violación a la ley ni el quiebre del secreto del voto, que nadie castigó sino que se alentó desde el poder. En las zonas populares, el crujir de los estómagos sonó más duro que cualquier consigna política. Y las promesas no se cumplen

“Bienvenido y agradecido, camarada” rezaba el mensaje de texto que recibió Eduardo Rivas dos días después de las elecciones municipales. Le sorprendió que tuviera una respuesta tan pronto. Apenas se había sacado el carnet de la patria hacía dos fines de semana, y la primera y única oportunidad en que lo usó fue el 10 de diciembre, cuando registró en uno de los llamados “puntos rojos” que había elegido al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos.

“Si votabas por él te iban a depositar un bono de plata por 500.000 bolos, y un bono más para los que tenían niños pequeños, uno por cada niño”, cuenta el hombre. Para ello, harían un trámite bancario si pulsaban la tarjeta que tenía “la cara de Chávez” –como hizo Rivas- o cualquiera de los partidos que apoyaban la candidatura de Rangel Ávalos para la alcaldía de Sucre. Pero no bastaba con afirmar haberlo hecho. Debía mostrar el comprobante de votación en el toldo después de sufragar, a pesar de que la norma indica que ese documento debía quedar resguardado en la caja de cartón dispuesta para ello.

Así lo hizo. Después de eso, dejó la papeleta con un militante y se llevó su documento. “Eso lo pusieron nuevo para que la gente saliera a votar por ellos”, dilucida. La ausencia de testigos de mesa independientes fue clave para que Rivas pudiera –sin saberlo, sin que nadie le advirtiera y menos aun lo castigara- violar la Ley de Procesos Electorales, incluso la Ley contra la Corrupción al sacar de su centro material electoral, considerado un documento público. El secreto del voto es un derecho constitucional.

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En la Unidad Educativa Instituto San Lucas, en la parroquia Petare, la abstención fue la gran ganadora de la contienda: 3.484 personas no votaron, lo que representa 67,65% del total de electores inscritos. Rivas fue una de las 715 personas que votaron allí por el candidato del PSUV, mientras que 897 eligieron a Enrique Mendoza, por Copei, quien contaba con el apoyo verbal y no electoral -pues el CNE no permitió las sustituciones- de Elías Santana, por Avanzada Progresista; y Rosiris Toro, por Un Nuevo Tiempo

A pesar de que Mendoza ganó en ese centro electoral, la victoria en el municipio se la llevó “Papi, papi” con 117.740 votos (59,85%). Eduardo Rivas afirma que no fue el único que lo hizo en el centro donde también el exalcalde del municipio Carlos Ocariz ejerce su derecho al voto. Desconoce sus razones, pero él tiene la suya: “Es una plata que me caería bien. Yo sé que con eso no soluciono todos los problemas que hay en el país, pero al menos me soluciona algo a mí”, agrega. Espera que ese bono se lo transfieran pronto a su cuenta bancaria para poder comprar “algo” con qué brindar el 31 de diciembre. “Si no llega lo pasaré con pocos recursos, pero con salud, con mi madre y mis hermanos”, avizora el hombre de 57 años que, desempleado y sin pensión, depende de la ayuda gubernamental.

Rivas no es un caso aislado, ni en Caracas y en el resto de Venezuela. Aunque es inédito en la historia republicana. Durante los comicios municipales, el PSUV aceitó su maquinaria para garantizar su victoria, que se vio representada en 308 de las 335 alcaldías. Clímax reportó un comportamiento sistemático de la práctica en zonas como Santa Rita, en el estado Zulia; Aguasay, en el estado Monagas; La Concordia, en el estado Táchira. Sin salir de la capital, se evidenció en Catia, 23 de Enero y Propatria. El “carrusel” electoral es una práctica que se ejecutó en el país y que sobrepasa el mito de que las captahuellas estaban de alguna forma relacionadas con el sufragio sistematizado.

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A través de las alertas del Observatorio Electoral Venezolano y la organización Súmate se identificó un patrón que quiebra el voto secreto, tal y como lo establece el artículo 63 de la Constitución nacional aún vigente. Se evidenció la necesidad de llevar el comprobante de voto para que les devolvieran el carnet de la patria en los toldos del partido de gobierno. “No tenemos la trayectoria demostrada, pero también sabemos que hubo quienes manifestaron sentirse intimidados por llevar el comprobante al punto rojo”, dijo Oriana Vielma, coordinadora de Investigación y Comunicación del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

No bastaron los ofrecimientos de dinero ni alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a cambio de la promesa de escoger al abanderado de turno del PSUV. Se necesitó certeza, seguridad, control. El voto debía ser constatado por medio del comprobante de votación en los puntos rojos. De esta forma, los electores eran registrados en una base de datos desarrollada a través de los dígitos del carnet de la patria. Solo así podrían ser merecedores de alguna dádiva.

La presencia de puntos rojos fue avasallante durante las elecciones municipales. 88% de los centros de votación tenía toldos pro-gobierno dentro de un radio de 200 metros, el mínimo establecido en la normativa electoral, de acuerdo con el informe de entorno emitido por Torino Capital el 18 de diciembre. Tomar registro de la asistencia de los votantes era su principal actividad, siete de cada diez puntos lo hacían. Sin embargo, al menos dos de diez retenían el carnet de la patria cuando la persona entraba a sufragar. Incluso, cuatro de diez puntos emitían distribución de alimentos, según Torino Capital.

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“No es mala idea”, respondió el mandatario Nicolás Maduro en televisión nacional el mismo día de las elecciones municipales ante la pregunta de si quienes votaran con el documento recibirían algo a cambio, un regalo. “Deben ser premiados aquellos que participen, ¿verdad? Mala idea no es que aquel que haya votado con su carnet de la patria tenga un premio de la República. No lo había pensado. Me voy pensando en eso y evaluándolo”, cerró su respuesta ante la interrogante de un reportero de VTV.

Hasta la fecha, Rivas no ha visto materializarse en su cuenta bancaria los 500.000 bolívares que le prometieron por votar por Rangel Ávalos. Tampoco las bolsas CLAP de noviembre y diciembre. Menos el “invento decembrino” al que se refirió el Presidente a inicios de diciembre en su programa Domingos con Maduro: un bono navideño que se le entregaría a 4 millones de venezolanos. “Esto es un engaño”, dice con voz conspirativa y el hambre latente.

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Engaño o no, Maryith Meza de 29 años apostó a la alimentación de su hija de siete años y su niño de dos. “Por ellos es que lo hice”, dice, mientras señala a los párvulos que juegan libremente en la plaza Bolívar. Ninguno de los dos mide lo que deberían a su edad. “Nos dijeron que ‘teníamos que votar por la bolsa’, así tal cual, en la reunión semanal que tenemos en el edificio y que en agradecimiento nos iban a dar una bolsa navideña y el CLAP de diciembre”, cuenta.

Tenía planes con la procura que recibiría a cambio de su voto por Érika Farías, candidata del PSUV para la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. “Íbamos a hacer el pernil horneado que, según, venía en el combo, y armábamos nuestra cena navideña. Capaz hacíamos hallacas”. Pero aún no sabe siquiera si existe. En Caricuao, sector donde reside, desconoce que la hayan entregado a alguien. Para Navidad, intentará “que no se note tanto la desmotivación, por ellos”, dice, y vuelve a apuntar a sus críos.

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La joven afirma con la cabeza cuando se le pregunta sobre la presentación del comprobante de votación al punto rojo cercano a su centro. No siente orgullo por ello. “Es la necesidad”, dice sin mayores reparos, y continúa: “Tengo que votar porque es la comida. Es ir a votar obligatoriamente por esta gente. Igual pasa con sacarse el carnet porque si no la bolsa no te llega, ni ningún beneficio”. Sus clavículas cortantes y pómulos prominentes denotan que no solo sus hijos sufren de malnutrición. Está entre el 14,4% de la población venezolana que depende en primera instancia de las cajas CLAP para sustentarse, según una encuesta realizada por Ratio Ucab, la empresa de análisis y estrategia de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Es su principal vía para conseguir alimentos.

Solo espera que “Dios ilumine al Presidente”. Meza tiene la confianza puesta en el Señor. Lourdes Pantoja también conserva sus esperanzas en el proceso revolucionario a sus 70 años. Como Meza, asiente sobre la muestra del papel para recibir beneficios, pero más rápidamente, abriendo los ojos más de los normal. “Tienen que ser responsables. Yo voté por Érika, todos votamos por Érika. Yo voto por el PSUV porque uno tiene que buscar su ayuda”, ratifica.

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No tiene quien la mantenga, a pesar de que sus dos hijos están en Colombia y Estados Unidos. Pantoja se bandea con su pensión de 177.507,44 bolívares y su “bono especial de guerra económica” que equivale a 53.252,23 bolívares. Esperaba hacer unas cuantas hallacas y bollos con la bolsa navideña que le prometieron el 10 de diciembre, y “dejar pa’ la comida de diario. No se sabe cómo viene la cosa pal’ año que viene”. Pasará la Navidad en su casa en Propatria con el único familiar cercano que tiene en Caracas, su hermana, quien también está “esperando la ayuda”. “Si esto es lo mismo pa’ otras elecciones no vale la pena. Lo que me da es tristeza”, dice.

A diferencia de Pantoja, Manuel Meléndez solo siente resignación. Votó por Farías el 10 de diciembre. Formó parte del 68,05% del electorado de la parroquia 23 de Enero que hizo lo mismo. Mostró su comprobante de votación en el punto rojo ubicado a pocos metros de su centro de votación. “Aseguró” su bolsa navideña, a pesar de no tenerla aún.

Meléndez también trabaja para el gobierno, ahora para la recién electa alcaldesa que lo tutela. Consiguió “una chamba” que no piensa soltar a pesar de sus 63 años: montar las tarimas de los actos de Farías en Caracas, tal como lo hizo en su cierre de campaña en la plaza Diego Ibarra el 7 de diciembre. Sin embargo, le alcanza para alimentarse. Le queda esperar, sin mayores expectativas, en su hogar en Sierra Maestra, donde no sabe nada de la bolsa navideña que le correspondía por su sufragio ni del subsidio alimenticio del mes de diciembre. “¿A quién le vamos a reclamar que no nos ha llegado nada? Gobierno es gobierno, y no se puede hacer nada contra el gobierno”. Y a él se pliega.