Derechos Humanos: el chavismo gana tiempo ante la justicia internacional

El chavismo ha ganado tiempo: Khan extendió el plazo para que el régimen establezca e informe a la CPI de procedimientos creíbles para sancionar a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país. Estas son las reflexiones a profundidad del investigador Andrés Cañizález luego de conversar con especialistas en el área

Derechos Humanos: el chavismo gana tiempo ante la justicia internacional

La justicia, en un sentido estricto, también incluye derechos y posibilidades de defensa, de argumentación y de pataleo incluso para quienes han sido violadores de derechos humanos. La revancha, el juicio sumario, el condenar a priori no son sinónimos de justicia. Es un asunto con el cual debemos familiarizarnos en Venezuela.

No debemos perder de vista esto, como la propia dinámica que se vive dentro de la Corte Penal Internacional (CPI), para entender lo que se ha conocido en estos días. El pasado 19 de enero, haciendo uso de sus atribuciones, el fiscal de la CPI, Karim Khan, tomó dos decisiones “en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad”.

Palabras más, palabras menos, el chavismo ha ganado tiempo. Esto se relaciona con los dos factores antes mencionados. Por un lado, aunque haya sido llevado al Tribunal de La Haya, el régimen de Nicolás Maduro sí tiene derecho a la defensa; y por el otro el fiscal Khan enfrenta presiones de diverso tipo dado que los procesos en la corte han sido dilatados, costosos y no siempre efectivos en la tarea de hacer justicia.

La CPI apostará por la cooperación con el chavismo. Tal vez, este es el resultado más evidente de lo que se está registrando en el ámbito de la justicia penal internacional, donde ya oficialmente se busca establecer responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.

Haciendo uso de sus atribuciones, Khan ha optado por otorgarle más tiempo al chavismo, esto –según analistas- busca que Caracas establezca e informe a la CPI de procedimientos creíbles para sancionar a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país.

Todo este proceso constituye un hito dado que ningún país latinoamericano había sido sentado en el banquillo del Tribunal de La Haya. Hasta que se decidió lo contrario con Venezuela, ningún país de la región había pasado de la fase evaluación preliminar.

El fiscal de la CPI tomó dos decisiones que en la práctica le otorgan mayor tiempo al chavismo. En primer lugar, aunque el 3 de noviembre Khan, de visita en Caracas, dijo que ya estaba decidida la investigación formal para establecer responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, no envió una comunicación oficial sino hasta el 16 de diciembre en la que le informó a los Estados parte del Estatuto de Roma sobre esta decisión.

Junto a esto, en lugar de un mes para que las autoridades de Venezuela emitieran una respuesta, se les otorgó un tiempo mayor. El plazo de un mes (según estatuto) que se vencía este 16 de enero, se extendió hasta el 16 de abril. En el ínterin, Khan viajará nuevamente a Caracas antes de esa fecha tope.

He palpado el desconcierto, por estas decisiones, entre varios activistas venezolanos de derechos humanos. Para ellos, que tienen largos años solicitando que el chavismo haga justicia, es un contrasentido darle más tiempo a un régimen que ha demostrado poco o nulo compromiso con las víctimas y que además tiene una política de acoso a los defensores de derechos humanos.

La fiscalía de la CPI “también reveló que está negociando con el gobierno medidas para ejecutar el memorándum de entendimiento que firmó el fiscal con Maduro en noviembre de 2021, el cual busca concretar una relación de cooperación para ver si pueden avanzar investigaciones y juicios en Venezuela”, acota Mariano de Alba, abogado venezolano especializado en derecho internacional, en su cuenta en Twitter.

Antes del 16 de abril, Venezuela deberá notificar si acepta o no la investigación, y tiene la potestad de pedir el diferimiento de la investigación. En este tiempo, antes de esa fecha, Khan volverá a visitar Caracas como lo hizo en noviembre.

Todo esto apunta al objetivo de lograr que sea el propio régimen el que establezca sanciones, lo cual puertas adentro del chavismo representa un tema sumamente espinoso.

“Si Venezuela solicita el diferimiento, el Fiscal tiene dos opciones: acepta la solicitud, difiriendo por 6 meses la investigación de las personas relevantes; o no la acepta, teniendo que solicitar a la Corte que autorice la continuación de la investigación”, recalca de Alba.

En diciembre pasado, Khan dejó en claro que su papel no estaba relacionado con un cambio político en Venezuela, tal como lo han querido presentar diversos voceros de la oposición democrática, que han insuflado esperanzas de que si Maduro llega a ser enjuiciado por la CPI, esto conllevaría a una transición democrática.

“El trabajo de mi oficina es seguir la evidencia y verificar cuál es la realidad, ver si han sido cometidos crímenes del Estatuto de Roma y, de ser así, ver si la evidencia revela quién es responsable. Esta oficina no está en el negocio de cambio de régimen”, apuntó Khan durante su intervención en la Asamblea de Estados Parte de la CPI en La Haya.

La ahora exfiscal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), presentó de salida un contundente informe a mitad de 2021 en el cual concluyó que “la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Con este precedente, Khan no tenía otra opción que llevar a Venezuela a una investigación formal ante la Corte Penal Internacional.

El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La CPI establece sanciones personales por violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, tal como ya ha sido documentado en los dos informes difundidos hasta ahora por la Misión de Verificación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Alberto Arvelo, un cineasta seducido por los desafíos creativos / Entrevista

El director venezolano no solo se aventuró a registrar, en tiempo real, la última aventura artística y obra “imposible” del maestro Carlos Cruz-Diez, a través de su fascinante documental Free Color. Además, junto a Gustavo Dudamel, recientemente lideró en Los Ángeles el montaje de la ópera Fidelio, de Beethoven, que por primera vez en la historia pudo ser escenificada y presenciada por una audiencia con discapacidad auditiva.

"Top Gun: Maverick", el poder del entretenimiento

La película de Joseph Kosinski es el blockbuster definitivo. Ese parece ser el objetivo de una producción que se sostiene sobre una vitalidad asombrosa, ajena al posible ingrediente de nostalgia. Tom Cruise, que recibió una ovación de seis minutos en Cannes y un reconocimiento a su carrera, emerge como un héroe cinematográfico fuera de lo común