El calentamiento global impulsa el ahorro de energía y alerta sobre el efecto invernadero que, sorpresivamente para muchos, se genera desde las edificaciones. En el municipio Maneiro, Pampatar, arrancó un plan de protección ambiental acordado con el World Green Building Council y el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible.
El calentamiento global es uno de los muchos desafíos del momento para la Humanidad. ¿Qué quedaría del planeta si no se acomete, acciones ante esta amenaza que se proyecta no para las generaciones en camino? En isla Margarita hay un proyecto pionero para luchar y crear conciencia contra este problema que es muy real y cercano.
El desarrollo sostenible es el principio atado a ese desafío, el cual orienta programas en todo el mundo para alcanzar los objetivos de desarrollo humano de Naciones Unidas. Uno de estos puntos, el octavo, nos advierte que «…las condiciones de vida y los recursos se utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural».
En Venezuela nacen hoy iniciativas con tal propósito y en la isla de Margarita, capital turística del país, ya está en marcha un acuerdo firmado por la Alcaldía del Municipio Maneiro, Pampatar, con el World Green Building Council y el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible.
El proyecto tiene el ancho nombre de «Transformación integral de la ciudad, sostenibilidad, eficiencia en el consumo de los recursos, creación y mantenimiento de espacios saludables, gestión de residuos, y creatividad e innovación de la gestión publica».
Karla España, ingeniero agroindustrial consultora de cooperación técnica internacional, es la coordinadora del acuerdo y detalla que la alcaldía de Maneiro, la más importante de Margarita, es la número 42 a nivel mundial y la primera en Venezuela que gestiona la certificación del Building Efficiency Accelerator (BEA), acelerador de construcciones sostenibles.
El objetivo, según ella indica, es «asumir los lineamientos dirigidos a alcanzar los Objetivos del Milenio».
«Se trata de un compromiso ante la amenaza del cambio climático, y si bien la isla de Margarita no es un emisor sensible de carbono, sí recibimos el impacto de esa problemática en la franja costera. Sin embargo hay que tomar en cuenta que cerca de 60% de las emisiones de efecto invernadero se generan desde las edificaciones nuevas, en construcción, y persisten posteriormente», explica.
La especialista en ingeniería ambiental y Ciencias Ambientales explica que el programa orienta en el proceso de lograr eficiencia energética; en la optimización del consumo de agua y del saneamiento de aguas residuales y en la mejor gestión de los desechos. Todos estos protocolos tienen la certificación de sostenibilidad al crear espacios saludables desde edificaciones nuevas y existentes, con ahorro mínimo de 20% en energía, uso del agua, materiales incorporados, recolección de basura e incluso mejoras en servicios de transporte publico.
El objetivo es «elevar la calidad de vida de la ciudadanía al consolidar la integración urbana desde la perspectiva ecológica de protección ambiental».
«Hemos iniciado el plan de acompañamiento y seguimiento bajo la premisa establecida en el programa BEA de condominios verdes, orientado a la preservación y sostenibilidad del entorno. Es importante aclarar que en este sentido el acuerdo no tiene carácter impositivo ni sancionatorio en zonas donde no haya avances», aclara.
Karla España detalla que la metodología establece un sistema de puntos por condominios y comunidades verdes en el proceso de seguimiento y evaluación.
«Estamos incorporando los actores que están vinculados con las decisiones necesarias y de consenso en este proceso de largo plazo, desde el sector privado, organismos públicos, la academia y comunidades en función de las metas y los objetivos».
España admite que se trata de un proceso de largo plazo. ¿En qué etapa se encuentran?
«Estamos en las fases organizativas formando equipos de trabajo. Por ejemplo, en el área de políticas públicas hacemos el arqueo de las normativas legales disponibles en materia ambiental del país, porque es muy amplia, tanto en el texto constitucional como en leyes penales, leyes orgánicas, decretos y ordenanzas municipales, y todo ello debemos compaginarlo con lo previsto en el acuerdo BEA».
«Igualmente hemos avanzado al establecer el proyecto piloto bajo el concepto de área urbana experimental, desde la cual partirán las primeras iniciativas. Se trata de la avenida Aldonza Manrique, sector Playa El Ángel, por sus características de alta concentración urbana, con la presencia de iniciativas privadas en las áreas residencial y comercial, del sector público y con alta afluencia ciudadana. Y todo se conjuga en función de la estrategia de mitigación del cambio climático y por la similitud con el concepto de ciudades inteligentes y sostenibles».
Es evidente que será determinante en todo el proceso el apoyo del sector privado y la participación protagónica de la ciudadanía.
Así transcurriría una etapa de evaluación del municipio, en comunidades, edificaciones, hasta nuevos proyectos de construcción y remodelaciones. Todos estos entornos deben tener incorporados los parámetros de sostenibilidad BEA (ahorro mínimo en electricidad y uso del agua potable, materiales incorporados, recolección de basura, gestión humana e incluso mejoras en servicios de transporte publico).
Estas etapas serán complementadas con la labor de educación y formación en las comunidades, en conjunto con actores y motivadores, tras la meta de proyectar internacionalmente el municipio como un espacio urbano de sustentabilidad que pueda generar la atracción de recursos humanos y financieros para el desarrollo, detalla España.
«Insisto en que este acuerdo en su implementación no tiene carácter impositivo ni sancionatorio. Por el contrario, la alcaldía asignará hasta 50% de descuentos en tributos municipales a empresas, condominios, centros comerciales y comunidades, de acuerdo con el avance de los objetivos del programa en cada espacio, lo cuál da carácter institucional al incentivo a la luz del acuerdo en desarrollo; es decir que se evidencien las metas BEA».
Pero, en Margarita y toda Nueva Esparta es constante la falta de energía eléctrica y de agua.
«Es cierto y es que los objetivos de uso racional de agua y energía eléctrica nos dan la posibilidad de anticipar la utilización de ambos recursos con criterios de sostenibilidad y ahorro para momentos en los que pueda haber normalización de esos servicios», dice la experta.
Karla España, como ambientalista convencida, deja que la emoción fluya libre al dar una visión de futuro sobre el acuerdo en marcha:
«Nuestro reto es crear conciencia ciudadana y generar progreso y desarrollo, y lo haremos con el criterio de laboratorio experimental, ya que confluyen intereses diversos, públicos, privados y comunidades. Al final los resultados impactarán positivamente de manera general en un escenario de gobernanza, porque queremos que esta experiencia se repita como una motivación en otros municipios de Nueva Esparta», afirma.
«Es satisfactorio involucrarse en el tema ambiental porque el derecho a la vida está esencialmente por encima de colores políticos. Se trata de participar activamente en la transformación sostenible de tu hábitat, es participar positivamente, sin imposición, que las comunidades puedan activarse en la transformación social de tu país», dice sobre un asunto que va más allá de isla Margarita.
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