El régimen militar cívico de Nicolás Maduro se apoya cada vez más en escuadrones de policías, guardias nacionales y civiles armados para mantener el control de una población descontenta y confinada en la pobreza. La escasez general de gasolina, transporte, gas, electricidad y agua llevan al extremo la capacidad de aguante de las familias y son la real amenaza creíble para el chavismo.
El régimen de Nicolás Maduro escala hoy su persecución contra activistas, periodistas, políticos y manifestantes comunes. Para esta nueva avanzada el chavismo arrecia el uso de policías y guardias nacionales contra la población civil. El método está inspirado en prácticas de Cuba, de las antiguas dictaduras de Europa del Este y del cono sur americano, señalan analistas consultados por El Estímulo.
En esa nueva ofensiva de represión y control, el régimen aprovecha la crisis energética creada por el propio sistema durante años. Además, se excusa en la emergencia por el nuevo coronavirus y la expansión de Covid-19 , que apenas comienza a repuntar por aquí.
También usa como argumento las sanciones impuestas por Estados Unidos a la alta jerarquía del chavismo cívico militar, contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y quienes negocien con ambos.
En los últimos días ha escalado la represión después que fueron desmanteladas fallidas incursiones militares de un puñado de opositores, que habían sido infiltrados por el propio gobierno. La llamada «Operación Gedeón» fue un chasco muy bien aprovechado por la efectiva propaganda del chavismo.
La narrativa revolucionaria se combina con las acciones físicas para arreciar la persecución, mientras se alejan las posibilidades de una salida política negociada al largo conflicto venezolano.
#Silvercorp || El magnicidio y desmantelamiento del Estado, es el objetivo principal de este contrato criminal; cuyo propósito general era la ocupación militar extrajera para apropiarse de los recursos estratégicos y desarrollar una guerra sin precedentes.#VenezuelaVictoriosa pic.twitter.com/mXfgJZrtYt
— GNB FANB (@GNBoficial) May 22, 2020
Pese a una cuarentena más bien relajada, han recrudecido protestas aisladas de vecinos que reclaman comida, gasolina, gas natural, electricidad y agua. Todas son reprimidas de inmediato.
Los servicios públicos en Venezuela están colapsados tras años de corrupción y pésima gerencia. Las sanciones de Estados Unidos le dieron el empujoncito final a las arcas de una régimen chavista ya quebrado tras dilapidar miles de millones de dólares en ingresos petroleros.
La principal arma del régimen de Maduro para responder a las protestas es la temida Faes (Unidad de Fuerzas de Acciones Especiales) de la Policía Nacional. Este cuerpo élite actúa desde 2017 supuestamente «para proteger al pueblo contra el crimen».
Solamente en 2018 la Faes asesinó a 5.300 personas por «resistencia a la autoridad». Familiares y defensores de los derechos humanos documentan casi todos estos casos como ejecuciones extrajudiciales.
La propia alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pide disolver esa fuerza de «escuadrones de la muerte».
Según el gobierno de Donald Trump, la sola existencia de la Faes puede llevar a incluir el chavismo en la lista de regímenes terroristas.
Hasta ahora el gobierno ha preferido no utilizar directamente a la Fuerza Armada para reprimir protestas. De los militares, solo utiliza a la Guardia Nacional, para casos específicos.
Para todo lo demás, para el trabajo más sucio, se apoya en los cuerpos policiales y paramilitares y hasta en guerrilleros, observó un experto.
«Porque no le conviene seguir presionando a la Fuerza Armada, y prefiere dejarla fuera de esa presión social», señala un reconocido analista político y experto en opinión pública.
El escenario es mucho más complejo de lo que era en las viejas dictaduras tradicionales.
«Pero por supuesto todos estos cuerpos los está activando para tratar de tener el control del territorio. También para desactivar cualquier amenaza de presión social que pueda venir. El ataque a opositores nunca ha cesado, es continuo”, agregó el analista.
La Faes, con sus hombres -y algunas mujeres- portando armas largas, pasamontañas y uniformes negros, son la viva imagen del terror entre ciudadanos comunes, especialmente en las barriadas pobres.
Testigos han explicado como sus agentes llegan durante las violentas redadas derrumbando puertas. En ocasiones exhiben fotografías de las personas que buscan, delincuentes o no, preguntando por ellos. Cuando los encuentran, los ejecutan. Muchas veces se equivocan de persona.
Este grupo de exterminio amplía sus acciones más allá del combate a la delincuencia común. Se afinca en la represión política contra activistas o ciudadanos que protestan incluso de manera pacífica.
¡¡¡URGENTE!!! Habitantes de la #urbsucre en #Barquisimeto están siendo acosadas por el #FAES y la #GNB, con violencia practican detenciones violando sus derechos humano, en represalias por ejercer su derecho constitucional a protestar, por la falta de luz, agua, gas e internet pic.twitter.com/THogUREaY2
— Prof. Bolivia Suárez (@SuarezBolivia) May 20, 2020
Según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en abril hubo 716 protestas, un promedio de 24 diarias. La cifra contrasta con las 1.963 de abril de 2019, un año que de lejos no se compara en gravedad con este 2020 del colapso económico y la parálisis.
«Se profundiza el autoritarismo, mecanismos de control social y restricción de derechos en el marco de las respuestas institucionales a la pandemia por Covid-19», señala en su informe de abril.
«Extienden medidas y controles de movilización ciudadana; detenciones, amedrentamiento y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector salud por informar sobre la situación del Covid-19», agrega la ONG.
También denuncia «restricciones informativas a través de medios de comunicación, redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp».
En efecto, cualquiera puede ir preso porque al régimen no les gusten sus mensajes privados por WhatsApp u otras redes.
Colegio Médico 🥼 del Estado Lara Advierte al RÉGIMEN DE MADURO, que podría ir a PARO el próximo viernes,si no es puesto en LIBERTAD,el Dr Luis Araya SECUESTRADO en Carora por la DGCIM,y que fue DETENIDO por enviar un simple mensaje de WhatsApp que NO le gustó a JORGE🤥 RODRÍGUEZ pic.twitter.com/ch6LXiQHj6
— abogadosvenezuela (@abogadosvenezu1) April 16, 2020
Todas estas manifestaciones son disueltas o enfrentadas de inmediato por cuerpos de seguridad legales o ilegales.
La FAES se llevó detenidos a 6 residentes de la Urb. Sucre, en #Barquisimeto. Los habitantes de los edificios tocaron cacerolas en protesta por los cortes eléctricos este #19Mayo. Afirman estar sitiados hoy #20Mayo pic.twitter.com/LFPP0Wupcv
— Lirio Pérez Petit (@LirioPerezPetit) May 20, 2020
Tras las denuncias de Bachelet, las Faes bajaron el ritmo y en 2019 solo asesinaron a 1.231 personas, según medios locales que procesan informaciones de sucesos.
«El gobierno ha aprovechado mucho la cuarentena para expandir su rol totalitario», señala la abogada Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia.
Al respecto, el Observatorio (OVCS) señala en su informe que en la emergencia sanitaria del Covid-19 «el régimen de Maduro profundiza el autoritarismo, los mecanismos de control social y restricción de derechos».
En Venezuela rige un decreto de «Estado de Alarma», dictado en el marco de un Estado de Excepción y Emergencia Económica, que permanece vigente de manera inconstitucional desde 2016 y «ha facilitado se cometan abusos y violaciones a los derechos humanos», agrega.
También son frecuentes las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios uniformados de los cuerpos de seguridad.
En la otra muela de la tenaza, los temidos grupos de civiles armados (llamados por aquí ‘colectivos’) actúan contra personas en los vecindarios.
En esta labor profiláctica los paramilitares advierten o arremeten contra los señalados de no cumplir con las normas o medidas de cuarentena domiciliaria, como no usar tapabocas, salir a la calle o no cumplir con los horarios establecidos.
«Con el problema de la gasolinas, militares, policías y colectivos (afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela) se han ido apoderando de espacios que antes eran ocupados por ciudadanos», explica la abogada Louza.
En las calles, conductores hacen filas durante días en frente a las estaciones de servicio, que son controladas por la Guardia Nacional, para repostar gasolina.
El sistema chavista determina que en estas filas la prioridad para poner combustible la tienen efectivos de la propia Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de la Científica, de la policía política (Sebin) y de la dirección de inteligencia militar. También tienen prioridad escoltas de funcionarios civiles y los “colectivos”, porque son el brazo de control social a la fuerza en las comunidades más pobres.
Un general o almirante de la Fuerza Armada está a cargo de cada gasolinera. En ocasiones llegan a ser consientes en la atención, dijo un testigo, un periodista que logró abastecer cuatro litros de gasolina para su motocicleta. Está permitido surtir gratis un máximo de 20 litros por vehículo.
Los alrededores de las estaciones de servicios son un hervidero de negocios bajo cuerda. Si se paga en billetes de dólar, es posible avanzar un poco, explicó un camionero.
Pero, si un periodista, un médico o enfermero, o cualquier ciudadano común es sorprendido grabando, tiene que escapar del lugar. Si no, puede terminar preso y procesado por terrorismo, como «enemigo de la patria», que es lo mismo que decir del chavismo.
La militarización de las gasolineras y sus vecindarios es una operación en marcha del chavismo para evitar más protestas, comentó una fuente vinculada al mundo militar.
«Estos dispositivos buscan influir temor e impedir que se extienda el descontento. Su plan es resolver dentro de 30 días y después flexibilizarían el operativo militar policial», agregó.
La prioridad del régimen es mantener el apresto operacional de las fuerzas armadas y la capacidad de movilización de armas pesadas,tanques, camiones, oficiales y tropas. Como el chavismo dice estar convencido de que Estados Unidos viene a invadir Venezuela en cualquier momento, tiene razones estratégicas para que la gasolina sea el insumo para ganar esa supuesta guerra inminente.
Como además reprime constantes protestas y amenazas de rebeliones populares, necesita mantener bien equipadas todas sus patrullas, autobuses, vehículos antimontines y motocicletas.
«La gasolina es pues, el arma imprescindible para ganar la guerra internacional contra el imperio, y la guerra interna contra los venezolanos descontentos», señala un analista político.
El #CEOFANB se mantiene desplegado para la defensa Integral de la soberanía de Patria. ¡Con nuestro Sistema Integral Antiaéreo y Antimisilístico desplegado en todo el territorio nacional!, nos encontramos #ALERTA ante los ataques de cualquier potencia extranjera #22May pic.twitter.com/LrLv7nG9v2
— @ceofanb (@Libertad020) May 22, 2020
Pero, este esquema estratégico deja mucho margen para la corrupción. Y, como en toda guerra real o imaginaria, y en toda ocupación, el mercado negro es un gran negocio.
«Esos controles también han creado mucha corrupción. Los militares o colectivos controlan las zonas, los comercios y eso da lugar a que se comporten como una mafia que recibe beneficios a cambio de que el comercio pueda estar abierto», señaló por su parte Louza.
Los hijos de vecinos que no pueden repostar en las gasolineras tienen que acudir al mercado negro. Allí, el cliente final la debe pagarla por lo menos a $2 el litro y hasta a $3,5 y $4, según su urgencia, pudieron constatar periodistas. Militares o policías hasta llevan el combustible a domicilio, para guardar cierta discreción.
La extrema falta de combustible ayuda a mantener confinada a la población y a opositores organizados. También a cumplir un poco con la cuarentena por la Covid-19.
«Efectivamente es una situación grave donde la libertad relativa que había, sobre todo la de tránsito, ahora se ve mucho mas afectada con una supuesta justificación que no existe», señala Louza.
«El decreto del estado de alarma no dice que uno tiene que estar en su casa. Solo los contagiados o cuando se sospeche el contagio, y deben estar sometidos a aislamiento social. El poco estado de derecho que nos queda, y el estado de hecho, están totalmente militarizados y armados en contra siempre del ciudadano», señala la abogada de Acceso a la Justicia.
Venezuela padece una de las peores crisis económicas de cualquier país del mundo en tiempos de paz. Ya antes de que apareciera el coronavirus, erróneas políticas mantenían viva una de las hiperinflaciones más agudas y duraderas de la historia económica mundial.
El Producto Interno Bruto (suma de riqueza de un país) se ha desplomado en dos tercios desde 2013, cuando el heredero de Hugo Chávez asumió el poder. Era un año de altos precios del barril, en niveles récord, y una producción de petróleo que triplicaba la de hoy.
Venezuela completa dos meses una cuarentena obligatoria. Hasta hace pocos días el régimen se ufanaba de haber controlado la expansión de la epidemia. Pero de repente, ocurrió el salto en el número de casos confirmados, que ya se han vuelto exponenciales y hacen temer de una escalada como la vivida por otros países vecinos.
La narrativa oficial preconizada por Maduro y sus ministros ahora ataca también a los migrantes que retornan al país. Los estigmatizados como si fueran parte de una suerte de guerra biológica. Se les acusa de propagar la Covid-19 como parte de un plan macabro del presidente de Colombia, Iván Duque contra el sagrado suelo de Simón Bolívar.
El chavismo parece dispuesto a aprovechar la crisis de la Covid-19 para atornillarse en el poder y aumentar la represión, denuncian activistas de los derechos humanos y políticos.
Solamente en el primer de la cuarentena, 14 periodistas cayeron detenidos sin fórmula de juicios y sus casas allanadas por divulgar información que no le gustó al gobierno.
Alertamos a la Comisiónada de los @ONU_derechos la Sra @mbachelet por las amenazas de muerte en contra del comunicador social Gilberto Reina la @sapadelorinoco por parte derigentes de #PSUV en Ciudad Bolivar, son capaces de matarlo para silenciarlos Así operaron con Aldrin Torres
— Angel Alvarez (@AngelAlvarezDip) May 22, 2020
Médicos, enfermeras, inmigrantes que regresan en la indigencia, periodistas, agricultores, políticos, militares, comerciantes y empresarios en diferente medida sufren hoy los recargados ataques del régimen.
Las redes sociales también son un territorio balcanizado, donde virulentos ataques son ejecutados a través de las cuentas de personeros del chavismo, o mediante tendencias posicionadas por sistemas de “boots”.
Una de las claves que le ha permitido al chavismo de Maduro un mayor control social es la llamada «Plataforma Patria». Este sistema de información incluye hasta un carnet de uso obligatorio para acceder a la comida subsidiada por el gobierno. También es usada por estos días para hacer encuestas a sospechosos de portar el coronavirus.
«La pandemia le vino como anillo al dedo para someter a prueba la plataforma», comenta el político de izquierdas Luis Manuel Esculpi, ex parlamentario y entendido en temas militares y de defensa.
«La otra clave es el nuevo pensamiento militar, basado en la alianza cívico -militar y ahora le agregan lo policial», dice sobre la nueva fase de un modelo iniciado por el difunto Hugo Chávez.
En Venezuela, la «nueva normalidad» es que sujetos encapuchados y con fusiles de asalto -identificados o no como parte de una fuerza del Estado- paren a cualquier en la calle y lo obliguen a bajar de su vehículo. También que escudriñen o roben teléfonos celulares, confisquen cargas en autos, patrullen los barrios de clase media.
Además, presos políticos civiles están sometidos a juicios en cortes militares del chavismo, a través de la fiscalía militar. Esto viola un principio básico de la Constitución que dice que una persona solo puede ser juzgada por sus jueces naturales.
«Chávez lanzó la idea de la unión cívico militar, pero como elaboración teórica. El primer libro para la fulana alianza y la instrucción militar se escribe en el 2012, y el segundo en el 2018. Claro, estamos ahora más a nivel policial, donde la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia Militar, el Sebin, los colectivos, una parte de las milicias y del PSUV actúan conjuntamente en esta situación», resume Esculpi.
El chavismo ha cobrado fuerza en las adversidades. Ya sea mientras patrulla calles y levanta alcabalas y retenes en las carreteras; cuando arresta dentro de sus casas a vecinos descontentos; cuando asesina sin fórmula de juicio; o cuando denuncia a opositores y los deja fuera de los programas sociales.
Mientras, la oposición está fragmentada, enfrentada entre sí, perdida y sin estrategias. Todas sus fichas las tiene puestas en el apoyo internacional, especialmente en el gobierno de Estados Unidos. Su líder, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 57 democracias de corte occidental, está bajo máxima presión de sus seguidores. Le piden resultados, mientras sus enemigos del chavismo quieren convertirlo ya en otro preso político.
«Si bien es cierto que el chavismo se ha comportado como un ejército de ocupación, lo que ha ocurrido es que a los actores sociales que adversa ideológicamente los ha percibido como ‘adversarios o enemigos´, a los que deben reducir o incluso eliminar», señala el politólogo Henryk Domiter, profesor universitario y experto en temas de resolución de conflictos.
«Hay una dinámica de dominación que privilegia «quién manda y quién obedece», en detrimento de una visión democrática de la tolerancia y la conciliación», agrega.
Según la encuestadora Dataviva, 53.6% de la población se inclinaría por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Estos números son radicalmente opuestos a los de otros estudios que ubican en 80% el rechazo a la gestión de Nicolás Maduro
Nuevamente una decisión del TSJ faculta a José Brito a tomar el control del partido Primero Justicia en medio de un proceso de negociación electoral
El Ministerio Público indicó que el coronel Marino Lugo presuntamente murió por ahorcamiento mientras estaba en custodia del chavismo. Un día antes asistió a un interrogatorio por su implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
