Bajo el nombre “Compromiso con Venezuela”, los empresarios reunidos en la asamblea anual de Fedecámaras, que se celebran en Barquisimeto, divulgaron en un documento cinco propuestas económicas que aspiran a reactivar el aparato productivo y la generación de bienestar.
Lo urgente es “un cambio de dirección a nuestra economía”, asegura el texto que busca con estas propuestas alcanzar dos objetivos: una actuación justa de la ley y la eliminación de obstáculos. Para lograr esos objetivos, Fedecámaras pide trabajar en cinco grandes áreas:
-La estabilidad macroeconómica. Para que en Venezuela exista un clima de confianza para el emprendimiento y la inversión, es fundamental que el comportamiento de variables como el crecimiento, el valor de la moneda y particularmente la inflación, sea previsible. Pero más allá de eso, la estabilidad macroeconómica es fundamental para que el crecimiento sea duradero. Cualquier política que busque reducir la pobreza, promover la innovación, la educación, el empleo o incrementar el bienestar social, sería poco perdurable sin esta condición. Algunas normas que se deben modificar para contribuir a la estabilidad macroeconómica son: el Presupuesto Nacional, para garantizar que el gasto público se ejecute de manera organizada, eficiente y transparente; la Ley del Banco Central, para fortalecer su autonomía, tal que cumpla con ser garante de la estabilidad de precios; los Convenios cambiarios, para que obtener divisas no sea un proceso burocrático y arbitrario, sino una transacción fundamentada en las necesidades y la fortaleza de cada uno de los sectores de la economía.
-Regulaciones que garanticen el desarrollo de la producción. Las normas no deben atentar contra la sostenibilidad de la producción, y algunas de las que es más urgente modificar en este sentido son: la Ley de costos y precios justos, que ocasiona retardo regulatorio e incertidumbre, y por ende desestimula la producción, lo que se traduce en el empeoramiento de los problemas de inflación y escasez; la Reforma del sistema judicial, para que los procesos judiciales sean más efectivos y rápidos; el Régimen de inversiones extranjeras, que actualmente genera un trato discriminatorio a las inversiones extranjeras versus las inversiones locales; la Ley antimonopolio, que debería estar bajo los parámetros de la promoción de la competencia y la productividad; la regulación en mercado de capitales, que debe incentivar la financiación de empresas y proyectos de inversión; y la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, pues la existencia de varios tipos de cambio ocasiona muy importantes distorsiones financieras, contables y fiscales.
-Un sistema tributario eficiente. Los impuestos que recauda el Estado le permiten ejecutar sus programas, proyectos e inversiones, pero son también una carga para las personas y las empresas. Cuando los procesos de pago son engorrosos, la carga fiscal es muy alta o se modifican continuamente los pagos que se deben hacer, el marco tributario se convierte en un desincentivo a la inversión. En Venezuela se necesita llevar a cabo un proceso de armonización fiscal, que revise y ordene los impuestos nacionales, estatales y municipales, a los que se suman las más de 20 contribuciones y aportes parafiscales, afectando la competitividad de las empresas. Se deben revisar el Código Orgánico Tributario (COT), la Ley del Impuesto Sobre La Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Contribuciones Parafiscales. Estas normas tributarias deben garantizar el derecho a la defensa de los contribuyentes, simplificar y aclarar los procesos de pagos y retenciones, y asimismo, permitir y aclarar los posibles mecanismos de incentivo a la producción local y la exportación.
-Empleo digno. Las regulaciones laborales deben proteger a los trabajadores sin sacrificar la productividad de las empresas y su posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. El empleo digno no se trata solo de la permanencia de un trabajador en un puesto, sino que comprende sus posibilidades de crecimiento, y el aumento de los beneficios y remuneración de acuerdo a su esfuerzo.
-Reducción de la burocracia y simplificación de trámites. Eliminar obstáculos a la producción pasa por eliminar trámites que en nada contribuyen con el bienestar de la población. Una norma debe revisarse –para ser modificada o eliminada- cuando: el trámite no tiene propósito claro para los objetivos del Estado; la regulación es obsoleta o no tiene utilidad futura; hay duplicidades o contradicciones; tiene fallas de diseño, tal que no se puede aplicar efectivamente; no genera valor agregado; el trámite genera información poco relevante para el Estado; o la regulación va en contra de la elección del consumidor o las necesidades del mercado.
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