A $1.535 millones asciende deuda del sector alimentos con proveedores

En su primera aparición en los medios como presidente de Cavidea, Manuel Felipe Larrazábal detalló que  anteriormente el gobierno asignaba al sector privado 70% del total de divisas y el restante iba el sector público. Esto se ha revertido, según los últimos reportes del gremio.

Los rubros más afectados en este momento por la falta de materia prima son el atún, refrescos, salsa de tomate, galletas, jugos, avena, azúcar, pastas y mayonesas.

A esto se suma el hecho de que existen materiales para envases y empaques cuya producción se encuentra suspendida (Tetrapak, aluminio, etc).

Indicó que el gobierno ha rechazado de forma masiva y continua los certificados de no producción nacional, uno de los permisos necesarios para importar. Los reportes indican que ninguna empresa ha contado con la aprobación de este documento durante este último trimestre.

La deuda del sector asciende a $1.535 millones en divisas autorizadas mas no liquidadas para importación de materia prima, insumos, repuestos, envases y empaques. El promedio de espera para las autorizaciones de liquidación de divisas (ALD) es de 195 días.

Larrazábal se refirió al congelamiento de precios como ilegal, ya que consideran que su aplicación contraviene la ley de precios justos. Los costos de producción se han incrementado de forma significativa en los últimos 12 meses. Los empaques han subido 303%; los gastos administrativos, 238%; los gastos fabriles, 189%; y los fletes, ítem de mayor variación, 370%.

A esto se suma que los principales productos regulados tienen hasta 539 días sin revisión de precios. El arroz blanco lleva 378 días esperando por revisión; el azúcar, 265 días; las pastas alimenticias, 361 días; la harina de maíz precocida, 281; y el café, el de mayor retraso, 539.

Los casos de la harina de maíz y el arroz paddy son algunos de los más críticos en cuanto a que los precios regulados no cubren los costos de producción.

El maíz blanco fue fijado en octubre de 2015 en Bs 22 el kilo, mientras que la harina sigue congelada en Bs 19 desde febrero. El arroz de mesa debe tener un precio final de Bs 25, pero el arroz paddy, materia prima de este rubro, se fijó en Bs 27,8.

«Con estos precios la industria es inviable para la producción de las categorías reguladas», dijo Larrázabal.

Considera que la situación laboral es la que tiene mayor impacto en la caída de la producción. 42% de las empresas reportó que poseen niveles de ausentismo superiores a 30%.

«La ley de trabajo no se cumple y existe impunidad. Las calificaciones de falta involucran a 1% de los trabajadores que afectan la productividad del otro 99%», sostuvo. Explicó que cuando falta un trabajador se interrumpe el proceso en una línea de producción.

El gremio considera necesario que se tomen medidas urgentes sobre estos aspectos para evitar mayor desabastecimiento en los meses venideros.

Sus propuestas son:

-Permitir acceso inmediato y suficiente a las divisas. Esto también implica generar un esquema y cronograma de pago a los proveedores que recupere la confianza. Se necesita que la deuda sea atendida para que la producción se materialice en los próximos meses.

-Incentivar la producción nacional. Dar prioridad en la asignación de divisas a la industria local que es 500% más eficiente.

-Revisar oportunamente precios de productos regulados.

-Privilegiar el trabajo productivo. Incentivar la productividad laboral a través del reglamento de la LOT.

También propone una alianza para el impulso de la manufactura nacional entre el sector privado y público. De tomar estas medidas de forma inmediata, los efectos se verían en 120 días, tras lo cual podría aumentarse la producción 25%.

«La cadena de suministro de la industria está muy vulnerable de tal manera que tenemos continuas interrupciones de producción. La propuesta que se hizo en marzo no ha sido atendida. Somos optimistas de que el poder público va a tomar en cuenta estas medidas para que mejore el abastecimiento», señaló.

Reiteró que la industria no pide la derogación ni reforma de la LOT. «Estamos pidiendo que se aplique», aseveró. En este sentido instó a aprobar las calificaciones de despido pendientes.

Explicó que en el caso de la harina de maíz, el gobierno volvió a autorizar la producción de mezclas para compensar las pérdidas ocasionadas por la producción de la presentación regulada. «El problema es que estas pérdidas son tan altas que obligan a la industria a vender las mezclas en Bs 120 el kilo», expresó.

Aseguró que la industria privada tiene inventario de maíz blanco para diciembre y los meses venideros.