«Desde el 16 de junio de 2014 se presentaron 25 nuevas demandas vinculadas con reclamos por cerca de 1.800 millones de dólares en capital y sentencias que totalizan aproximadamente 4.700 millones de dólares», escribió en una carta a Griesa fechada el jueves el abogado Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP que representa al país.
En la jerga judicial estos nuevos demandantes son conocidos como los «me too» (yo también) y forman parte del 7% de tenedores de bonos en default desde 2001 que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 que efectuó Argentina con importantes descuentos, reseñó la agencia AFP.
Algunos de ellos habían recurrido a la justicia con anterioridad al fallo de Griesa por 1.330 millones de dólares a favor de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius, y tienen sentencias emitidas por otros magistrados que nunca pudieron ejecutar.
Boccuzzi recordó que Argentina siempre advirtió sobre el riesgo de un efecto cascada a partir de la orden de Griesa que reconocía a los fondos especulativos el ‘pari passu’ o tratamiento equitativo para cobrar lo adeudado al mismo tiempo que los tenedores de bonos reestructurados.
Argentina se niega a aceptar la orden de Griesa y desde julio pasado se encuentra en default parcial de su deuda reestructurada en canjes con una aceptación de 93%, ya que el juez bloqueó sus pagos hasta que cobren también los acreedores judiciales.
«Las órdenes (judiciales) han tenido solo un efecto negativo: han creado más litigio», afirma Bocuzzi en la carta a Griesa, precisando que Argentina no puede pagar por completo esos reclamos y debe dedicar sus reservas internacionales con «propósitos macroeconómicos críticos».
En una carta del pasado 8 de octubre que menciona Boccuzzi, uno de los abogados del fondo NML Capital, Robert Cohen, había mencionado 52 tenedores de títulos de deuda impaga con y sin sentencia que pedirían órdenes como las que obtuvieron los fondos «buitres» por un total de más de 4.400 millones de dólares.
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