Biden extiende por un año protección para evitar embargo de Citgo

Es la extensión más larga hasta ahora emitida de una licencia que en la práctica protege a la filial de Pdvsa del embargo de acreedores, como los propietarios del bono 2020 de la República de Venezuela, o los dueños de la minera Cristalex, cuya mina fue expropiada por Hugo Chávez.

Biden extiende por un año protección para evitar embargo de Citgo

El gobierno de Joe Biden aprobó una extensión de un año, hasta enero de 2023, de una licencia que protege a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, de una toma por parte de los acreedores de la República de Venezuela, informó este jueves el Departamento del Tesoro.

Según se desprende de la información divulgada en el portal del Departamento del Tesoro, los poseedores del bono PDVSA 2020 al 8,5% de rendimiento, no podrán ejecutar la garantía de estos papeles, representada en acciones de Citgo.

Hace un año, un juez también autorizó la venta de acciones de Citgo, demandadas por acreedores de la República, entre ellos la empresa Cristalex, cuyas minas de oro fueron expropiadas por Hugo Chávez de manera sumaria.

Cuando en 2017 el gobierno de Nicolás Maduro emitió este bono, empeñó el 51,1% de las acciones de Citgo, como garantía de estos papeles. Esta es la principal empresa de Venezuela en el exterior y con importante presencia en los mercados de combustibles de la Costa Este de EEUU, donde refina unos 750.000 barriles de crudo por día.

Aspectos legales

La oposición argumenta que esa emisión de deuda fue ilegal porque además de poner como garantía las acciones de Citgo, el gobierno de Maduro no solicitó la aprobación de la Asamblea Nacional (Congreso) en ese entonces controlado de forma abrumadora por opositores.

Esa omisión contravino una empresa norma constitucional.

Eventualmente Maduro y los otros jefes del chavismo desconocieron por completo las funciones del parlamento opositor hasta liquidarlo.

Bajo acusaciones de atentados contra la democracia y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, el ejecutivo de EEUU aplicó una serie de sanciones financieras contra la nomenklatura del régimen chavista, contra PDVSA y la República.

Entre estas sanciones emitió la Orden Ejecutiva 13835  del 21 de mayo de 2018 que “prohíbe a las personas estadounidenses participar en transacciones relacionadas con la venta, la transferencia, la cesión o la pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela en cualquier participación en el capital de una entidad que sea propiedad del gobierno en un 50% o más”.

Bonos pendientes

De esta manera, se requiere una  autorización del Tesoro antes de que ciudadanos estadounidenses “puedan participar en ciertas transacciones relacionadas con cualquier participación en el capital de una entidad que sea propiedad del Gobierno en un 50 por ciento o más”.

Esa restricción por carambola afectó los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de CITGO que sirven como garantía para el bono PDVSA 2020.

Entonces, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) emitió la Licencia General 5 el 19 de julio de 2018, que eliminó el obstáculo de la Orden Ejecutiva 13835 para que los tenedores de esos papeles tuvieran acceso a su garantía.

Las cosas se complicaron porque buena parte de esos papeles están en manos de la petrolera rusa Rosneft. Eso significaría que Rusia, una potencia que mantiene  una confrontación permanente con EEUU, iba a terminar controlando Citgo y el 10% de la refinación de petróleo en la Costa Este, lo cual no fue bien visto por el Congreso.

Efecto Guaidó

Entonces, llegó en enero de 2019 el desconocido diputado Juan Guaidó y con apoyo de los partidos  opositores, de EEUU y de unas 60 otras democracias de corte occidental, se erigió como “presidente encargado” de Venezuela, alegando que el ejercicio de Maduro es ilegítimo porque derivó de unas elecciones hechas fuera del marco constitucional.

Tras reconocer a Guaidó, Washington le otorgó el control legal y administrativo de los activos de la República en Estados Unidos, incluyendo Citgo. Así, la administración de Donald Trump decidió reemplazar la Licencia General 5 por  la Licencia General 5A.

Eso fue el el 24 de octubre de 2019 y supuso retrasar la efectividad de la autorización en la licencia general. Desde esa fecha, la OFAC ha prorrogado varias veces esa norma.

Ahora, este 20 de enero de 2022, la OFAC emitió la Licencia General 5I, “que retrasa aún más la efectividad de la autorización en la LG 5, hasta el 20 de enero de 2023”.

Ventas prohibidas

“Entre el 24 de octubre de 2019 y el 20 de enero de 2023 (la fecha en la que la autorización de la Licencia General 5I entra en vigor), no hay ninguna autorización en vigor que conceda licencias” aplicables a los titulares del bono del 8,5% de PDVSA 2020, aclara el Tesoro.

“Como resultado, durante dicho período, las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de CITGO en relación con el bono del 8,5 por ciento de PDVSA 2020 están prohibidas, a menos que la OFAC las autorice específicamente”, agrega.

El organismo deja abierta la posibilidad de conceder licencias favorables si hay algún tipo de acuerdo sobre propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos debidos a los tenedores del bono del 8,5%  PDVSA 2020.

“La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de licencias favorable a dicho acuerdo”, remata.