La firma de un acuerdo de colaboración entre la empresa brasileña Odebrecht, la cual es protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes en los últimos años, y los fiscales que investigan sus nexos con políticos peruanos de alto rango fue postergada sin fecha, informó este jueves la fiscalía.
El pacto estaba previsto para el 11 de enero pero la remoción y posterior reposición en su cargo de los dos fiscales que habían negociado el acuerdo “afectó las investigaciones en el sentido de que habíamos establecido un plan de trabajo para resultados inmediatos”, dijo el fiscal José Domingo Pérez, uno de los que había sido removido junto a su jefe, el fiscal coordinador Rafael Vela.
Pérez añadió que también se postergarán las declaraciones del principal exfuncionario de Odebrecht en la última década en Perú, el exgerente Jorge Barata, las cuales se iban a realizar entre el 13 y el 16 de enero. “Esperemos que sea lo más pronto posible”, indicó Pérez, que investiga a la líder opositora Keiko Fujimori y a tres expresidentes de Perú.
Las pesquisas de Pérez han llevado a la prisión preventiva por 36 meses de Fujimori y la prohibición para salir del país por 18 meses del expresidente Alan García (2006-2011). Pérez también investiga al exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), que está en Estados Unidos y sobre quien pesa un pedido de extradición, y al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El miércoles, luego de dos días de protestas en diferentes ciudades del país, el fiscal general Pedro Chávarry retrocedió en su decisión y repuso en sus cargos a Pérez y Vela, dos fiscales que gozan de amplio apoyo en un país sacudido por el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Los fiscales Pérez y Vela habían logrado en diciembre un acuerdo con Odebrecht para que la empresa entregue sin condiciones documentos y datos sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú, además de un pago de 181 millones de dólares como reparación civil. La empresa también se comprometía a permitir que sus exfuncionarios en Perú colaboraran con la justicia y a entregar información encriptada de sus sistemas informáticos sobre los pagos ilegales.
Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía de Perú investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 por los presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
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