En el marco del Decreto de Emergencia Económica, y cuyo manejo no pasó por la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional (AN), el gobierno promulgó Bs 121 mil millones en créditos adicionales.
De acuerdo con un análisis del Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), en Gaceta Oficial 40.880 apareció la repartición de los fondos el 5 de abril de 2016, que asigna 39,08% a gastos del Ministerio de Educación; 26,53% al Ministerio de la Defensa, y 9,85% al Ministerio de Energía Eléctrica, quedando distribuido entre otras carteras el monto restante.
“En un Estado de Derecho transparente estos recursos deben ser solicitados bajo la figura de créditos adicionales y deben ser aprobados por la AN, ya que están fuera de los recursos aprobados previamente por la Ley de Presupuesto”, señala el informe de Cedice.
Según el decreto promulgado en el mes de marzo, provienen del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y de los recursos propios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
“Hasta los momentos no se conoce cómo el Seniat puede tener recursos propios, cuando esta institución tiene como función la recaudación de los fondos públicos, no su atesoramiento”, denuncia el OGP.
OGP alerta el impacto de estos manejos discrecionales que permite el Decreto de Emergencia Económica, que la AN negó pero que igualmente fue adoptado por el Poder Ejecutivo.
“Si la administración púbica sigue bajo los efectos de este decreto de emergencia, se estaría generando un desorden administrativo que promueve la falta de transparencia en la rendición de cuentas de los fondos públicos. No es sano en un régimen fiscal permitir que el Presidente asigne recursos con plena discrecionalidad y pasando por alto a su principal contralor, la Asamblea Nacional”, refiere.
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Cedice, asociación civil comprometida en la defensa de la libertad individual, la iniciativa privada y el respeto a los derechos, se suma a conmemorar el día Mundial de la Propiedad Intelectual, dedicado este año al papel de las mujeres en este campo.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en Bs. 130 mensuales, de acuerdo con el último decreto anunciado en marzo de 2022. Esto equivale a 6,4 dólares de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV)
