Cierre de la frontera: Un negocio que crea más pobreza y escasez

Quince mil puestos de trabajo se han perdido en el eje San Antonio-Ureña, en la frontera del Táchira, desde que el 20 de agosto el presidente Nicolás Maduro adoptó la decisión de manera temporal para prorrogarla en par de ocasiones sin que se vislumbre una reapertura.

Recientes movilizaciones y protestas del sector empresarial como de la sociedad para presionar la reanudación del paso por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander no han logrado su objetivo.

Mientras el gobierno se desgasta en señalar a una supuesta guerra económica de ser la responsable de los alarmantes niveles de inflación y de escasez que ha llevado a muchos de los habitantes a una situación de penuria, la industria manufacturera de San Antonio-Ureña acusa una caída de 70%.

«La situación se ha ido convirtiendo en drama, las empresas se han reducido al mínimo y muchas otras optaron por no abrir este año», indicó José Rozo, ex presidente de Fedecámaras Táchira.

De 80 mil prendas de jean que confeccionaba una empresa, hoy solo elabora 5 mil; un establecimiento con 80 trabajadores hoy trabaja con apenas seis y una lavandería industrial que funcionaba todo el día, ahora solo lo hace por cuatro horas.

Quienes quedan desempleados «no se dejan morir de hambre», dice Rozo. «Roban, trafican, se las ingenian» para mantenerse, mientras que la escasez, las colas, el contrabando de extracción y la corrupción siguen en aumento.

En las estaciones de gasolina las filas de vehículos son cada vez más largas ante la acuciante escasez de gasolina. Antes del cierre de la frontera, una pimpina (bidón) con 23 litros de combustible tenía un precio de entre 1.200 y 1.300 bolívares, ahora su valor se ha multiplicado por 11,5 para comprarse entre 14.000 y 15.000 bolívares, a razón de 652 bolívares el litro, cuando en las bombas del Safec (Sistema de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible) en la zona limítrofe, la gasolina de 95 octanos se comercializa a 83 bolívares el litro, la de 91 octanos y el diesel, a 50 bolívares.

Con los alimentos y otros productos de primera necesidad, ocurre lo mismo, pero en la frontera la escasez es más crítica por el contrabando. Lo poco que se consigue tiene un precio impagable por la mayoría de la población, por lo que ante la negativa del gobierno de reabrir el paso entre ambos países, los anaqueles del Táchira comienzan a llenarse de productos colombianos desde hace un par de semanas, dice Rozo.

Papel higiénico, jabón de baño, desodorantes, crema de afeitar, máquina de afeitar, enjuague para cabello; granos, aceites, azúcar y leche en polvo producidos en el vecino país, se observan cada vez con más regularidad en las bodegas.

Queda la duda de cómo ingresan al país si la frontera permanece cerrada. Hay quienes aseguran que ante la acentuada escasez el gobierno se hace la vista gorda y de esa manera algunos sectores puedan tener acceso a ciertos artículos y alimentos.

De cualquier manera son aún más económicos que los productos venezolanos subsidiados que se consiguen «bachaqueados» (revendidos en el mercado negro a precios exorbitantes).

Pasar la frontera tiene precio. Los guardias nacionales cobran para facilitar el tránsito. En Colombia un aceite comestible cuesta 1.500 bolívares, en tanto que en Táchira, el venezolano se consigue entre 2.500 y 2.800 bolívares.

«Hay que abrir los puentes que es por donde transita la legalidad y la civilidad; por las trochas se lucra la corrupción y las bandas criminales que conjugadas con intereses políticos, tienen por el piso a la actividad económica formal», insiste Rozo.

La región se encuentra en una situación de crisis humanitaria. «En Ureña hace un mes colapsaron el cementerio y las funerarias, hay una situación de calamidad, el hambre está haciendo estragos en estratos populares, primero por escasez y luego por la carestía, mientras al otro lado de los puentes está lo que necesitamos: salud, medicina, alimentos», comentó Rozo.

Expuso el caso de un hombre de 37 años al que se le dañó la buseta con la que trabajaba y ante la imposibilidad de repararla, se quitó la vida.

En Zulia el panorama no es muy diferente. El cierre de la frontera en esa región, días después de haberse tomado la decisión en Táchira, puso de manifiesto el deterioro del aparato productivo.

Gilberto Gudiño, presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del estado Zulia (UCEZ) y director de Consecomercio, señaló que la medida solo dejó al descubierto la poca producción existente por la falta de incentivos al sector y la desconfianza en el mercado.

Con la debacle de los precios petroleros, las importaciones se redujeron al mínimo, por lo que abastecer el país resulta una tarea cada vez más difícil.

Como en Táchira, en los comercios formales de la ciudad de Maracaibo, en Zulia, algunos productos subsidiados no aparecen en los comercios. En las últimas semanas, se ha observado la presencia de algunos productos colombianos como leche, harina precocida y enlatados, dice Gudiño.

«Si se vende es que hay permiso de alguna autoridad nacional o regional, porque tenemos un mes viendo estos productos en el mercado», indicó para añadir que si el gobierno actúa de esta forma es porque queda en evidencia un tema de hambruna.

Se está permitiendo el ingreso de esta mercancía para paliar el alto nivel de desabastecimiento,asegura Gudiño. «Hay zonas urbanas con 40%-50% de escasez, y de 70%-80% en las rurales». Esto habla de una situación de empobrecimiento, señala.

Un salario mínimo (Bs 15.051) incluyendo cestaticket (Bs 18.585) no permite la compra de una fórmula láctea de 900 gramos para recién nacido, que se consigue en Colombia, por su alto costo, ejemplifica. Si no hay dólares oficiales lo poco que pueda llegar por frontera ingresa a dólar negro, acota.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 el promedio diario de consumo por habitante era de 1,2 kilos de alimentos. El organismo no ha actualizado su data, pero las estimaciones del empresario señalan que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mecanismo con el que el gobierno administra la escasez en los estratos más bajos, atienden a 15% del mercado nacional, dejando desasistido al resto.

De los 7,5 millones de hogares venezolanos no se atiende ni 10% diariamente, afirma el dirigente gremial.

La producción en el campo ha caído y «para los casi 31 millones de habitantes del país, tenemos menos de 10 millones de cabeza de ganado, cuando los organismos internacionales indican que para garantizar el abastecimiento se debe contar entre dos y tres cabezas por habitante», refiere el empresario.

Las distorsiones económicas causadas por los controles de cambio y de precios, aunado a la caída en la cotización del petróleo, colocan al país en una situación de crisis humanitaria, reconocida por varios sectores de la sociedad, incluyendo a la Asamblea Nacional, pero que el Poder Ejecutivo insiste en negar.

No en vano, Rozo, expresidente de Fedecámaras Táchira, señala que esta situación fue planificada. «En el comunismo la idea es acabar con los estratos sociales para que haya uno solo: el de los pobres, es el igualitarismo de la sociedad».

«La gente se está muriendo con la plata en la mano porque no consiguen los medicamentos ni los alimentos. Esto es un genocidio silencioso por falta de comida y medicinas», sostuvo para recordar que Mao Tse Tung, líder de la Revolución Cultural china, decía que para imponer el comunismo había que acabar con 50% de la población y murieron decenas de millones de chinos.