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Así fue como Andrade y la boliburguesía chavista saquearon a Venezuela

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29/11/2018
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POR VÍCTOR SALMERÓN (ESPECIAL PARA EL ESTÍMULO) | FOTOGRAFÍA: DANIEL HERNÁNDEZ

Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos han dejado al descubierto los métodos para el fraude financiero y el lavado de dinero empleados por la madeja de corrupción que se tejió en torno al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), la Oficina Nacional del Tesoro y Pdvsa. El manual de corrupción financiera incluye manipulación de bonos, sobornos, falsas inversiones y empresas de fachada.

Mediante sobornos, empresas que servían de fachada, transacciones grotescas con bonos y falsas inversiones, millones de dólares terminaron en los bolsillos de funcionarios de alto rango y operadores financieros que conspiraron a la sombra del poder para enriquecerse en tiempo récord, conformando una casta: la “boliburguesía”.

Desde Bandes

El 7 de mayo de 2013 el organismo encargado de regular al mercado de capitales en Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, desnudó un esquema de fraude donde a través de sobornos una casa de bolsa ubicada en Nueva York, Direct Access Partners, logró que el Bandes vendiera baratos bonos de organismos públicos para luego recomprarlos bastante caros, dejando en el camino beneficios por $66 millones.

Este esquema operó entre octubre de 2008 y junio de 2010 y tuvo como principal operadora a María de los Ángeles González, quien se desempeñaba como gerente ejecutiva de finanzas del Bandes y de acuerdo a la SEC, recibió o esperaba obtener al menos $9 millones en sobornos.

¿Cómo operaba el esquema? La transacción del 28 de enero de 2010 es ilustrativa: la tesorería del Bandes le vende a Direct Access Partners bonos de La Electricidad de Caracas por 90 millones 673 mil dólares y el mismo día se los recompra por 95 millones 953 mil dólares, inyectándole a la casa de bolsa ganancias por 5,2 millones de dólares. Para que Bandes realizara estas operaciones irracionales, Direct Access Partners compartía parte del botín con María de los Ángeles González de Hernández, depositándole el dinero a través de Cartagena International INC, una empresa fachada constituida en Panamá.

Entre el 23 de junio de 2008 y el primero de febrero de 2010, es decir, durante la gran mayoría del tiempo en que la República perdía dinero a través de este esquema de fraude, Alejandro Andrade ocupó la presidencia del Bandes.

La Oficina del Tesoro

Alejandro Andrade también estuvo al frente de la Oficina Nacional del Tesoro entre 2007-2011 y desde allí operó un segundo esquema de fraude que combinó el uso de bonos del Estado y el control de cambio, que generó dos cotizaciones para el dólar: la tasa oficial que establecía el Banco Central y otra muy superior que surgía de las transacciones en el mercado paralelo, no regulado.

A fin de que el gobierno pudiese cancelar parte de sus gastos en bolívares, entre 2007 y junio de 2011 la Oficina Nacional del Tesoro vendía bonos en divisas a un tipo de cambio superior al oficial, pero inferior a la tasa del mercado paralelo. De esta forma, la casa de bolsa que compraba los títulos registraba grandes ganancias.

La acusación que el Departamento de Justicia de Estados le hizo a Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión, señala que valiéndose de su cargo como tesorero nacional influyó de manera decisiva para que determinadas casas de bolsa fuesen escogidas para estas operaciones y a cambio recibió sobornos por al menos $66 millones mediante cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, Seguros la Vitalicia y quien fuera director de Interbursa, de haber pagado $159 millones en sobornos a dos altos exfuncionarios “con autoridad para tomar decisiones” en la Oficina Nacional del Tesoro a fin de resultar favorecido con operaciones cambiarias.

En una entrevista concedida a la Revista Producto en 2016, Raúl Gorrín afirmó que el origen de su fortuna se debe a que entre 2005-2010 “el gran negocio era el cambio” y “las casas de bolsa ganamos mucho dinero. En Venezuela se transaban 500 millones de dólares semanales. Y en Interbursa aprovechamos esa bonanza”.

Créditos a Pdvsa

El 25 de julio de 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta, Abraham Eduardo Ortega, Hugo André Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Matthias Krull y Gustavo Adolfo Hernández Frieri de conformar una red para lavar unos $1.200 millones provenientes de Pdvsa.

Para disfrazar el origen fraudulento del dinero se utilizó como principal estrategia que empresas que actúan como fachada le otorguen créditos en bolívares a Pdvsa, que le serán cancelados en euros o dólares.

Una de las cadenas de contratos registra que el 17 de diciembre de 2014 Rantor, una empresa fantasma, le presta a Pdvsa 7.200 millones de bolívares. Luego Rantor le cede sus derechos a otra empresa registrada en Hong Kong, Eaton Global.

En resumen, Eaton queda con la obligación de prestarle los 7.200 millones de bolívares a Pdvsa (aproximadamente equivalentes a 35 millones de euros) y recibir como pago alrededor de 510 millones de euros.

Para encubrir el origen del dinero y justificar las transferencias entre cuentas se utilizaron distintas estrategias. En una de ellas, discutida entre José Vicente Amparan y Carmelo Urdaneta, se pone en venta un bono que será pagado con parte de los euros a ser lavados. Se trata de una falsa inversión, ya que el comprador nunca exigirá que el bono le sea cancelado al vencimiento.

En otra modalidad se justifica la transferencia de los fondos como una inversión en un fondo mutual que actúa como fachada. Una vez el dinero ingresa al fondo mutual comienza a ser gastado mediante cheques y otros instrumentos.

Corrupción sistémica

De acuerdo con la tesis de Robert Klitgaard, profesor de la Universidad de Claremont y considerado por una larga lista de organizaciones como experto en el estudio de la corrupción, Venezuela bien podría ser el ejemplo perfecto de los países con estructuras que incentivan los sobornos, la malversación y el desfalco.

Klitgaard resume su tesis en una fórmula matemática con tres componentes esenciales: C = M + D – R, es decir, la corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas.

En su artículo La Cooperación Internacional contra la corrupción explica que “la actividad puede ser pública, privada o sin fines de lucro y puede ocurrir en Washington o en Ouagadougou; sea como sea, la tendencia será a percibir corrupción cuando una organización o persona tiene poder de monopolio sobre un bien o servicio, tiene discrecionalidad para decidir quién lo recibirá y cuánto obtendrá, y no tiene que rendir cuentas”.

El control de cambio es una muestra fiel de los sistemas que, según Klitgaard, estimulan la corrupción: entre 2004-2015, cuando el Estado administró el mayor boom petrolero de la historia, un puñado de funcionarios tuvo el poder de decidir quiénes compraban dólares, en efectivo o a través de bonos, al tipo de cambio oficial y la cantidad que les sería vendida; en un gobierno donde la rendición de cuentas es inexistente o ínfima.

Robert Klitgaard señala que “los procesos presupuestales, los sistemas de control, las normas de compras de gobierno, los sistemas para escoger los servidores públicos, así como todo tipo de evaluaciones oficiales” crean el aparato anticorrupción de la administración pública y “el buen o mal funcionamiento de este aparato es determinante del nivel de corrupción de un país”.

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