William Contreras, superintendente de Precios Justos, informó que ante la eventualidad de la fiscalización ordenada por el presidente Nicolás Maduro, 21 panaderías estaban cerradas al momento de la inspección, por lo que verificará con testigos el tiempo del cierre para conocer si no abrieron sus puertas para evitar ser supervisadas y deben ser sancionadas.
En una rueda de prensa ofrecida la tarde de este martes, desde la avenida Sucre de Catia, Contreras dijo que investigan por qué los dueños de panaderías cerraron.
Reiteró que siguiendo instrucciones presidenciales los establecimientos en los que haya colas serán sancionados por violar los derechos individuales y colectivos de los consumidores.
«Desde las 6:00 de la mañana, debe haber producción continua, cero condicionamiento de horario y de venta», indicó que está prohibido la entrega de número o fichas.
Aseguró que al cierre de cada panadería se procederá a un inventario de materia prima, de manera que los comerciantes no se aprovechen de la necesidad de la población.
Insistió en que 90% de la harina de trigo debe ser destinada a la elaboración de las presentaciones populares del pan canilla y francés y que aquellas que «reciben la harina de trigo por parte del gobierno y cierren sin motivo, serán entregadas al pueblo». Añadió que «panadería cerrada se obliga a abrir y se entrega a la comunidad».
La actividad desplegada lleva por nombre Plan 700 por los 709 establecimientos registrados en el Sistema Integral de Control Alimentario. No se trata de un operativo de inspección. «Llegamos para quedarnos de manera permanente en las panaderías para garantizar la producción y distribución del pan».
De acuerdo con la información suministrada por Contreras, Caracas, municipio Libertador, es la región que concentra las colas en las afueras de esos establecimientos.
El personal a cargo de las labores que encabeza la Sundde -facultado para supervisar, ejercer contraloría y sancionar- revisará las cantidades recibidas y procesadas. La Sunagro ya elaboró un cuestionario al respecto, dijo.
Entre otros delitos, las sanciones serán aplicadas por especulación, boicot y condicionamiento en la venta, aseguró el superintendente.
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