De acuerdo con una resolución conjunta de los ministerios de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y de Economía y Finanzas, será la Corporación Socialista del Sector Automotor el ente que asuma la operación del Consorcio Industrial Venezolano de Tecnología China (CivetchI), expropiada el 23 de febrero.
La medida publicada en Gaceta Oficial 41.115 del 16 de marzo, indica que la Corporación Socialista del Sector Automotor, creada en octubre de 2015, realizará los trámites, procedimientos y gestiones pertinentes necesarios para la custodia, administración y operación de los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, bienhechurías, instalaciones, maquinarias y materiales, propiedad de la empresa Civetchi.
La junta directiva de la empresa estatal designará a los responsables que considere necesarios hasta la efectiva titularidad de los mismos por parte de la República.
Una de las atribuciones de la junta directiva será informar mensualmente a los ministros de Industrias Básicas y de Economía y Finanzas, de las acciones ejecutadas.
La resolución establece que se resguardará los derechos y garantías de los trabajadores de Civetchi, empresa que permanecía intervenida desde 2015.
Una deuda cercana a los 270 millones de dólares, una junta interventora que terminó cometiendo los delitos que impulsaron su constitución, y un Estado cuasi quebrado que sigue sumando fracasos, forman parte de la historia de una ensambladora con muchos interesados y pocos dolientes.
Perú exporta gas natural licuado extraído del yacimiento de Camisea a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa. El nuevo gobierno del izquierdista Pedro Castillo amenaza con expropiar las instalaciones si el consorcio internacional que lo opera no accede a negociar el contrato vigente.
El Juez Leonard P. Stark de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, en Delaware, decidió este viernes que CITGO debe ser liquidada para pagar una demanda a la minera canadiense Crystallex por la expropiación decretada por Hugo Chávez de una mina en Guayana. El fallo sigue a uno de la Corte Suprema, que el lunes pasado confirmó una sentencia anterior de Stark autorizando la liquidación de la filial de Pdvsa para pagar las demandas contra la República de Venezuela.
La alcaldía de Maracaibo informó el jueves que todos los locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad serían intervenidos por el estado.
