A partir de 2007 comenzó una espiral de endeudamiento que -además de los bonos de la República y Pdvsa y de los préstamos de organismos multilaterales-, incluye la deuda con China y Rusia, la deuda comercial con proveedores de Pdvsa, los pagos pendientes a líneas aéreas, telecomunicaciones, automotriz y otros sectores productivos, las indemnizaciones por expropiaciones que ya fueron sentenciadas por el Ciadi, todo lo cual ha llevado el monto de la deuda externa a más de $180.000 millones.
En 2007, esta deuda equivalía a 56% del ingreso por exportaciones, pero en 2017, con la caída de los precios y de la producción de petróleo, este porcentaje superó 400%, toda vez que los pagos de capital e intereses absorben una proporción cada vez mayor del menguado ingreso externo. Por eso, desde 2014 no hay suficientes divisas para pagar la deuda externa y al mismo tiempo cubrir las importaciones esenciales que requiere el aparato productivo.
El gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa apelando a un severo recorte de importaciones de materias primas, insumos, repuestos, maquinarias y equipos que requiere la producción nacional. Se estima que para 2017 estas compras en el exterior alcanzarían $15.000 millones, cifra que representa una reducción de 70% en comparación con la registrada al inicio del actual gobierno.
Pero con las recientes sanciones de Trump, esta reducción puede ser mucho mayor y afectará aún más a una economía que se ha reducido en 36% en los últimos cuatro años, con un aparato productivo que trabaja a menos de media máquina, con una alta capacidad ociosa que en algunos sectores de la industria llega a 80%.
– Las sanciones de Trump: ¿una apuesta al default? –
Con los precios del petróleo estancados, una producción en declive que cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios, el país enfrenta nuevos pagos de deuda externa con unas reservas internacionales de apenas $9.855 millones, de las cuales menos de $1.00 millones son líquidas porque el mayor monto está en lingotes de oro, instrumentos del FMI y otros bonos.
El mes de octubre está terminando con la incertidumbre de si Venezuela podrá pagar completos los $1.600 millones pendientes. En noviembre debe pagar $1.890 y en diciembre $1.310 millones para $3.200 millones adicionales. Por si fuera poco, en 2018 deberá cancelar otros $ 8.000 millones y en los próximos diez años, los pagos por deuda externa superan los $90.000 millones.
Hasta ahora el gobierno ha ratificado y cumplido con el cronograma vigente, pero en un contexto de prolongada contracción del PIB y caída sostenida de la producción de Pdvsa, la pesada carga de la deuda externa en los próximos diez años la hace cada vez más insostenible. Si el flujo proyectado de divisas no alcanza para pagar la deuda y garantizar las importaciones esenciales, es mejor reconocer que el país no podrá mantener el actual ritmo de pagos.
Si el default luce inevitable, lo menos dañino es que se declare cuanto antes para así evitar que se agrave la crisis, al colapsar la industria petrolera y el aparato productivo por falta de divisas. Sobre todo porque se ha pagado sacrificando las importaciones de alimentos, medicinas, materias primas, insumos, maquinarias, equipos y repuestos que requiere el aparato productivo nacional, cuestión que ha agravado la severa crisis de escasez que azota a la población.
El incumplimiento de los pagos pareciera ser un hecho inminente e inevitable. La imposibilidad de cumplir con el cronograma de pagos obliga a plantear a los acreedores una reestructuración amigable de la deuda a fin de evitar un default caótico que haría de la renegociación un proceso más difícil y traumático, debido a la cantidad de embargos y disputas judiciales que se desencadenarían. Los tenedores de los bonos le hacen un seguimiento permanente a la situación de Venezuela y, ante el inminente default, preferirían iniciar un proceso ordenado de reestructuración de la deuda para evitar que su cotización termine de hundirse en los mercados ante un default desordenado y caótico. La inminente crisis de la deuda externa puede inducir a los tenedores de bonos a aceptar un default preventivo y reestructurar la deuda con una rebaja cercana a la que actualmente reconocen los mercados financieros en los que se transan los bonos de la deuda externa venezolana.
Sin embargo, a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos resulta prácticamente imposible acordar con los acreedores una reprogramación de estos pagos. Como se sabe, el gobierno de Donald Trump prohibió al sistema financiero estadounidense adquirir nuevos bonos de deuda eterna emitidos por la República y Pdvsa. En adelante, esto generará un costo reputacional a quienes decidan hacer negocios con el gobierno de Venezuela. Recordemos que la Casa Blanca anunció que “Estas medidas están cuidadosamente calculadas para despojar a la dictadura de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento para mantener su gobierno ilegítimo y evitar que el sistema financiero de Estados Unidos sea cómplice de la corrupción”.
En consecuencia, un acuerdo entre Pdvsa y el gobierno con sus acreedores para firmar una reprogramación amistosa de los próximos pagos de la deuda externa, sería visto como una violación a esa prohibición, toda vez que implicaría canjear los bonos que están por vencerse por otros de mayor plazo, y esto sería valorado por las autoridades estadounidenses como un oxígeno financiero al gobierno venezolano.
– Venezuela rumbo a los brazos de la “solidaridad” china-
Un default preventivo, previamente concertado con los acreedores, dejaría las puertas abiertas para gestionar en los mercados europeos y asiáticos nuevo financiamiento a un costo mucho menor al que actualmente pagan las emisiones de deuda soberana y de Pdvsa. Esto aliviaría la carga de los pagos y liberaría recursos para levantar la producción de Pdvsa y reactivar el PIB. Pero si finalmente la Unión Europea se suma a las sanciones internacionales, la asfixia financiera que sufriría el gobierno de Nicolás Maduro lo terminaría empujando a los brazos de la “solidaridad” china.
El gigante asiático no perderá la oportunidad de lanzarle un salvavidas al gobierno de Nicolás Maduro y así poder convertir a Venezuela en su nueva mina para proveer de manera estable y segura el petróleo, gas y minerales que su pujante industria manufacturera necesita.
El plan chino de lanzar contratos petroleros de futuro denominados en yuanes le da sentido la nueva cesta de monedas anunciada por el gobierno de Venezuela. Sobre todo si se tiene en cuenta que, desde un punto de vista geopolítico, China, India y Rusia están buscando quebrar la hegemonía del dólar estadounidense. Particularmente, China tiene la voluntad política y el poder económico y financiero para impulsar la desdolarización de los mercados de petróleo y materias primas.
Ante el riesgo que significa desembolsar cuantiosos recursos en contratos petroleros y concesiones mineras que necesitan un período de maduración entre 20-30 años -cuya legalidad pudiera ser desconocida por un nuevo gobierno al haber sido aprobados por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC)-, China calcula que a medida que los gobernadores y alcaldes electos se juramenten ante la ANC, habrá de hecho un reconocimiento y legitimación de este poder supraconstitucional, cuestión que despejará sus dudas y aclarará el riesgo de realizar nuevos desembolsos a proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero del Orinoco, cuyos yacimientos quedarán bajo un creciente control de la principal fábrica del mundo.
