El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ofreció el balance de un operativo de inspecciones realizadas por 5.807 establecimientos expendedores de alimentos en todo el país, en conjunto con la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Indicó que las visitas permitieron al organismo hacer un diagnóstico de la situación de abastecimiento, que fue compartida con el superintendende de la Sundde, Willian Contreras. «Detectamos en las colas presencia de bachaqueros desde primeras horas de la mañana», dijo, agregando que estos a veces actúan de forma violenta contra los usuarios.
También denunció la presencia de bandas organizadas que venden puestos en las colas para adquirir alimentos, administran listas y marcan a las personas en el cuerpo con un número que indica el orden en el que deben ingresar al local comercial.
Señaló que «se han detectado muchos ilícitos donde pudiera haber complicidad de muchos funcionarios» y personas de la empresa privada. Enfatizó en que el sistema de justicia tiene que sancionar «con todo el peso de la ley» a este tipo de bandas.
Mencionó además otros factores que violan los derechos de las personas a acceder de forma libre a los productos de primera necesidad, como la «falta de información a los consumidores sobre los productos qué llegan y en qué cantidad» y «la venta condicionada», que consiste, según describió el funcionario, en exigir la compra obligatoria de productos que son innecesarios para el consumidor.
«Allí hay una especie de acaparamiento condicionado de la propia empresa», dijo.
Otro ilícito destacado por el Defensor es la falta de criterios únicos para comprar ciertos productos, como los pañales, para lo cual muchos establecimientos exigen mostrar la partida de nacimiento del niño o, en caso de las mujeres embarazadas, el respectivo informe médico que demuestre su condición.
Sin embargo, estos requisitos fueron establecidos por la propia Sundde meses atrás a través de sus inspectores.
Pese a que tanto los consumidores como fuentes del sector comercial han denunciado discriminación en los mecanismos utilizados por los consejos comunales para controlar el acceso a la comida, el Defensor sugirió a los establecimientos buscar apoyo de estas organizaciones del poder popular para evitar que las bandas controlen el proceso y favorezcan a los revendedores.
También vio necesario aumentar la presencia de funcionarios de seguridad, fortalecer el uso de las captahuellas y no permitir el marcaje de números en ninguna parte del cuerpo.
Por su parte, el superintendente Willian Contreras indicó que todas las recomendaciones emitidas por la Defensoría serán tomadas en cuenta por el organismo, el cual, según aseveró, ha estado actuando para contrarrestar la presencia de «bachaqueros» en las colas.
«Son grupos organizados, tenemos meses investigando, vamos a seguir actuando de sorpresa como lo hemos venido haciendo las ultimas semanas», dijo.
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