En una carta al presidente del Comité de Ética, Alvarado, un economista de carrera y miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento, afirma que el directorio de la CAF está comprometido con estas irregularidades, «al haber reiterado el otorgamiento de préstamos al Banco Central de Venezuela, en violación evidente al Derecho interno de ese país y con motivos que caben calificar de fraudulentos».
El presidente de la CAF, Luis Carranza Ugarte, un economista y académico peruano, fue mencionado por Maduro entre las personalidades que asistieron este 10 de enero a su cuestionada juramentación como presidente por un nuevo período hasta el 2021.
Los países americanos del Grupo de Lima -principal frente internacional de oposición a Maduro- son también los principales socios de la CAF, una organización que hasta ahora ha gozado de prestigio en el mundo financiero, y cuyos papeles son calificados con «grado de inversión» en los mercados.
«En función de lo anterior, solicitamos a ese Comité: A. Que investigue las operaciones indicadas en esta comunicación, publicando el informe contentivo de las investigaciones adelantadas. B. Que se publiquen todos los documentos relacionados con esas operaciones, a los fines de cumplir con el principio de transparencia y contribuir al control de la gestión de la CAF, ante la gravedad de los hechos aquí contenidos. C. Que a través de las instancias correspondientes, se dejen sin efecto las operaciones indicadas en esta comunicación y se desista, en el futuro, de otorgar nuevas líneas de crédito», dice la carta de Alvarado.
En Diciembre de 2017, el directorio de la CAF “aprobó una línea por hasta USD 400 millones al Banco Central de Venezuela (BCV), con el objetivo de brindar apoyo macroeconómico y mitigar riesgos de liquidez en el manejo de pasivos, contribuyendo a su vez a garantizar la estabilidad de importaciones en el país”, según nota de prensa de esa institución.
En Diciembre de 2018, y de nuevo, el directorio de la CAF otorgó nueva línea por un monto de “hasta USD 500 millones al Banco Central de Venezuela (BCV)”, para brindar “apoyo a sus países miembros en la gestión macroeconómica, en este caso a través de una institución autónoma como el BCV, con el propósito de contribuir a la estabilidad económica regional”.
«En ambos casos las líneas de crédito fueron cuestionadas por la Asamblea Nacional, considerando que ni Venezuela, ni el BCV, pueden recibir financiamiento debido a la sistemática violación de las normas constitucionales y legales que rigen al presupuesto público y a la actuación del BCV», recalca Alvarado.
Oportunamente se cuestionó que «tales operaciones solo pretendían encubrir el incumplimiento de Venezuela con la CAF, de forma tal que las indicadas líneas de crédito, en realidad, solo pretendían proveer a Venezuela de los recursos para pagar su deuda con la CAF, evitando el default de ese país, lo que podría afectar la calificación de riesgo de la CAF. Esta misma denuncia ha sido señalada por Ricardo Sigwald», quien fue consultor jurídico de la CAF y objetó este tipo de operaciones, al indicar que no eran más que una operación contable para disimular el incumplimiento de Venezuela con la propia CAF.
«Es importante señalar que de acuerdo con los estados financieros del ejercicio 2017, Venezuela adeudada a la CAF la cantidad de tres mil trescientos ochenta y cinco millones cuatrocientos noventa mil dólares (USD 3.285.490.000,00)», señala Alvarado.
«Las dos líneas de crédito a las cuales se contrae esta comunicación son contrarias al principio de honestidad, pues el BCV no tiene representante legal legítimo, en tanto su Presidente no ha sido designado previo control de la Asamblea Nacional, tal y como dispone la Ley que regula su funcionamiento».
«Además, tales líneas violan el principio de honestidad pues los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019 no contaron con la Ley aprobatoria de presupuesto y del límite de endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional, con lo cual, el BCV no puede contratar válidamente operaciones de crédito público, como por lo demás ha sido señalado por el Grupo de Lima, cuyos países están representados en el directorio de la CAF», agrega.
«Existen indicios de que esas líneas de crédito no fueron más que un fraude para encubrir u ocultar el incumplimiento de Venezuela con la CAF, sin que pueda señalarse que ellas hayan favorecido a la estabilización macroeconómica en Venezuela».
«En efecto, de conformidad con la Ley del Banco Central de Venezuela, el BCV es representado por su Presidente, cuya designación debe ser controlada por la Asamblea Nacional (artículos 10.3 y 17). Sin embargo, desde 2016 se ha violado esa norma, pues la designación del Presidente del BCV no ha sido controlada por la Asamblea Nacional. Desde la instalación de la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente, esa designación ha sido controlada por esa instancia, usurpando de esa manera las competencias de la Asamblea Nacional. En concreto, actualmente la Presidencia del BCV es usurpada por el ciudadano Calixto Ortega, cuya designación violó los controles parlamentarios aplicables, tal y como la Asamblea Nacional declaró mediante Acuerdo de 26 de junio de 2018».
«Como el Presidente del BCV no ha sido designado previo control de la Asamblea Nacional, entonces, la CAF no puede celebrar ningún acuerdo o contrato con el BCV, en especial, para otorgar líneas de crédito», remata.
