Economía

Destinar producción a los CLAP incrementará el desabastecimiento

El presidente Nicolás Maduro anunció la noche del martes que emitirá un decreto en el que el gobierno se reservará el derecho de adquirir 50% de la producción agroindustrial para ser distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Representantes del sector privado señalan que esta medida solo aumentará el desabastecimiento.

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FOTO: JUAN BARRETO | AFP

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, indicó que el gobierno insiste en ir en la ruta equivocada, al tratar de atacar el problema de la escasez desde la distribución de productos y no desde la producción. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, coincide al señalar que el gobierno parte del diagnóstico equivocado.

Martínez sostuvo que el más reciente anuncio del Presidente, solo incrementará el desabastecimiento por lo que los anaqueles de los comercios formales lucirán menos artículos de lo que muestran hoy día.

«El problema no está en controlar la distribución, sino en estimular mecanismos de producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Esto debería suceder en forma urgente», dijo Martínez consultado por medios de comunicación.

La escasez no obedece a un problema de distribución ineficiente sino a la falta de volúmenes de producción, dice Olalquiaga a El Estímulo. «Así que por más que trates de distribuir de una u otra forma no habrá suficientes bienes. Hay que estimular la producción».

Destacó Martínez que no ve a los CLAP como la solución estructural a los problemas del consumidor porque la distribución a través de los CLAP nunca va a ser suficiente ni eficiente para todos los venezolanos.

«Los CLAP son más ineficientes que los mecanismos de mercado con los que cuenta la economía y que tienen un amplio alcance. En la medida en que se desregule, sin guías, se va a tener una distribución más equitativa a lo largo de todo el territorio nacional», señaló el dirigente industrial.

Observa Olalquiaga además, que los CLAP han demostrado ser un mecanismo de privilegios políticos que excluye a un porcentaje de la población por fidelidad política, por lo que se parcializa la entrega.

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