Ejecutivos de Credicard cumplen casi 7 meses presos sin juicio

Tras el colapso de los puntos de venta de 22 bancos públicos y privados del país ocurrido el dos de diciembre de 2016, seis ejecutivos del Consorcio Credicard fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara allanar la sede de la compañía en Caracas.
Desde entonces, el caso que ha sido tratado con mucho hermetismo por todas las partes involucradas, no ha tenido avance alguno y los detenidos tampoco han sido imputados por los tribunales competentes.
«Fue un hecho deliberado lo ocurrido en Credicard, está confirmado y los principales responsables están detenidos”, dijo el Jefe de Estado en horas de la tarde del dos de diciembre de 2016 en cadena nacional, en lo que supuso una condena pública.

Luego de la masiva falla en 207 mil puntos de venta de todo el país, los trabajadores del Consorcio Credicard terminaron siendo acusados por varios funcionarios venezolanos de “traición a la patria”.
El entonces director del Sebin, Gustavo González López, afirmó que los representantes de Credicard fueron capturados en flagrancia y señaló que eran los autores y ejecutores de lo que calificó como un  “plan de traición económica a la Patria”, según escribió en su cuenta en Twitter.
“Continúa la guerra financiera dentro y fuera del país, en lo interno vulneran operatividad bancaria”, y se cometió un “perverso ataque por omisión dolosa a la plataforma de transacciones bancarias (…) Investigamos presunta complicidad de Credicard en delitos contra la Patria mediante la inoperatividad de la plataforma”, escribió.
Los involucrados por el supuesto «sabotaje cibernético»son Víctor Gago, presidente ejecutivo de Credicard, de 46 años; Geraldine Abreu, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones; Harry Madden Schumacher, vicepresidente de Control y Riesgo; Clarión Suárez López, especialista en Almacenamiento y Respaldo de Redes; José Montañez, vicepresidente de Infraestructura y Laurentzi Bilbao Rangel, vicepresidente de Tecnología.
Los representantes de Credicard fueron presentados ante la jurisdicción militar el pasado 8 de diciembre, luego de 12 horas en poder del Sebin.
Los detenidos se enfrentan a penas de cárcel de hasta 30 años en caso de que la Fiscalía Militar los encuentre culpables del presunto sabotaje a la plataforma tecnológica de las operaciones bancarias.
Tanto la defensa civil como sus allegados han evitado todo contacto con la prensa, pues suponen que si permanecen callados y «sin alborotar el avispero», tendrán más posibilidades de ser liberados.
Por este caso, ha habido mucho hermetismo también en la jurisdicción militar. Sin embargo, por fuentes privadas se pudo conocer que estos ejecutivos están siendo procesados bajo la discrecionalidad del Ministerio de la Defensa, tras haber sido presentados ante la justicia militar en lugar de la civil, lo cual contraviene lo que dispone la Constitución Nacional, pues toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales, es decir, civiles por jueces civiles.
Esta jurisdicción se ha encargado de llevar a cabo aquellos casos penales en los cuales el gobierno sostiene que los detenidos han ejecutado actos de zozobra en contra de la población, así como actos de terrorismo.
Pero como todo el proceso ha caído en manos del hermetismo militar, también hay poco margen para una defensa justa. Además, para cualquier juez militar sería muy cuesta arriba contradecir con un fallo a sus superiores, y al mismísimo Maduro, señalaron expertos que requirieron el anonimato.
Con el colapso del medio de pago, el Consorcio Credicard emitió en esa oportunidad, un comunicado alegando que la plataforma presentó fallas técnicas debido al incremento de operaciones por parte de los usuarios.
Fuentes del sector bancario señalaron que durante esa jornada las transacciones pasaron de 2 millones a 8 millones, lo que originó la caída del sistema.
Durante la semana siguiente continuaron los problemas para que los usuarios pudieran utilizar sus tarjetas de débito y de crédito, aunque en menor medida. Expertos financieros y economistas atribuyen las fallas frecuentes del sistema de pagos a la escasez de puntos, y a la falta general de dinero efectivo, que obliga a realizar más operaciones en cualquier negocio, en medio de la hiperinflación y la incapacidad del gobierno para sustituir a tiempo el inútil cono monetario anterior.
El gobierno ha insistido en que la economía y las finanzas del país son objeto de una “guerra económica”, es por ello que para los funcionarios, lo sucedido formó parte de un manejo fraudulento de la plataforma tecnológica.
Fuentes consultadas señalaron que hasta ahora la Fiscalía no ha podido contar con elementos de prueba suficientes para acusar a los seis detenidos de sabotaje, por lo que aún se espera por el inicio del juicio.
«Hasta ahora lo que se ha establecido es que fue un accidente, tras los problemas de la plataforma por el incremento del número de operaciones se ejecutaron los planes de contingencia, pero en un principio los esfuerzos fueron infructuosos para levantar el sistema», dijo la fuente.
El Consorcio Credicard fue creado en 1988 y sus accionistas son el Banco de Venezuela con 33,34% de participación, el Banco del Caribe y el Banco Occidental de Descuento (BOD) con 33,33% cada uno.
Tras el incidente en diciembre pasado, se llegó a señalar que el gobierno tomaría el control total de la empresa, no obstante, hasta la fecha continúa operando con normalidad y bajo las directrices de sus accionistas.]]>