Empresarios vinculados al sector manifestaron su inquietud porque el gobierno pretenda reeditar el “Dakazo” de noviembre de 2013, cuando se ordenó vender los inventarios de electrodomésticos hasta 70% por debajo de los precios que marcaban y posteriormente se agravó la escasez que ha durado un año.
Una fuente vinculada al área de equipos médicos y que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, afirmó que representantes del gremio están preocupados porque las autoridades quieran buscar culpables en el sector privado de la precaria situación de la salud en Venezuela.
La escasez de medicamentos se ubica en 60%, según portavoces del sector farmacéutico, condición que llevó a la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales y a la Federación Médica Venezolana a solicitar al gobierno –en el mes de agosto- decretar la emergencia sanitaria, la cual fue negada por el Ejecutivo nacional.
Suministros Médicos Jayor C.A. fue constituida en 1991, y es uno de los proveedores de insumos más grandes del país. Suplidora Hospimed 2004 C.A., se conformó en 1995 y ambas pertenecen al mismo grupo económico.
Los galpones de 4.500 metros cada uno, donde fueron decomisados los insumos médicos están ubicados en Las Tejerías, en Aragua, y sus oficinas operan en Caracas, en la zona industrial de San Martín, en el oeste de la ciudad.
Según fuentes vinculadas al sector, las compañías, son proveedoras del Ministerio de Salud y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El presidente Maduro afirmó en cadena de radio y televisión, que las firmas recibieron 24 millones de dólares este año para la importación de insumos médicos.
No obstante, las cifras del Centro Nacional de Comercio Exterior indican que Suministros Médicos Jayor recibió 12.005.888 dólares y Suplidora Hospimed 2004, otros 4.714.939 dólares, para un total de 16.720.827 dólares.
Analistas independientes se preguntan si el material decomisado pertenece a inventarios comprados por la empresa con antelación, y si estaban dispuestos para ser distribuidos oportunamente o contra pedido.
El jefe de Estado afirmó que en los últimos años las dos compañías habían recibido 236 millones de dólares, lo que para un empresario del sector consultado, es una cantidad razonable para la trayectoria de ambas.
En círculos vinculados a la importación de equipos médicos, se ha insistido en que mantener inventarios en una empresa no es un crimen. La pregunta es cuando el Gobierno considera eso como un acaparamiento y quien determina donde están los límites.
Una persona allegada a la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines, afirmó que antes que inicien las investigaciones de rigor, parece que el presidente Maduro ya sentenció en público a sus dueños: Jacobo Serfaty, Cristóbal Blanco Uribe y Orideisy Benarroch.]]>
