Las reacciones observadas a través de las redes sociales son de rechazo a la medida adoptada por la empresa en un intento por poner orden a la situación de conflictividad que provoca la venta de un grupo de alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal y de limpieza del hogar.
Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, afirmó que con acciones como esta, los consumidores no solo tienen limitaciones para adquirir productos y servicios de calidad, sino a su derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno, establecido en el artículo 117 de la Constitución de Venezuela.
“La gente está indignada. El papel de la empresa privada no es el del Estado, de prevenir, identificar y/o sancionar al infractor. Es el de atender las necesidades de los clientes”, dijo León Parilli.
El directivo de la organización va más allá al señalar que restringir las compras a partir de una determinada edad contraviene el artículo 21 de la Carta Magna, que establece que todas las personas son iguales ante la ley.
“Por más buenas intenciones que se tengan, no se pueden aplicar medidas que violentan los derechos de las personas. Vas a generar mayor descontento y eso es precisamente lo que se busca evitar”. De esta manera se convalidan los controles del gobierno.
-Rechazo a controles-
El efecto de esta práctica y la implementación de las máquinas captahuellas es el mismo en la población: rechazo, y ambos mecanismos no resolverán el fondo del problema, que es estructural, que es el control de precios, afirma León Parilli.
La encuesta Ómnibus de Datanálisis realizada entre 1.300 hogares entre el 25 de septiembre y el 7 de octubre, arrojó que 66,5% de la muestra no aprueba el uso de captahuellas en las compras: 35,4% manifestó estar muy en desacuerdo y 31,1% en desacuerdo.
67,1% de los consultados observan a la captahuellas como un sistema de racionamiento de alimentos para todos, en tanto 27,8% considera que sirve para evitar el contrabando y el acaparamiento.
El gobierno puso en marcha un plan contra el contrabando dos meses atrás y ordenó algunas acciones, entre ellas, la colocación de equipos captahuellas –hasta ahora sólo aplicada en un hipermercado de la red gubernamental y otro del sector privado- para hacer frente a la extracción de bienes básicos y su reventa tanto fuera como dentro del país.
El contrabando se produce por la distorsión en los precios relativos de los productos, lo que hace de su reventa un gran negocio, advierte Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Industria y Servicio de Caracas.
“El gobierno ha intervenido el sistema de mercado, que es un gran acuerdo sobre la base de la confianza y aquí no la hay. Y termina la filosofía autocumplida de una sociedad sin reglas donde el más fuerte se impone”.
Maldonado enfatiza en que no se trata de un problema de finanzas ni de empresa, sino de realidad social. Hay que colocar el problema en contexto, dice, para indicar que el país vive “una situación de envilecimiento económico del cual todos somos partes. Un consumidor que tiene que tomar provisiones porque no consigue lo que necesita o las empresas que, en contra de sus propios intereses, racionan las ventas y el gobierno intenta por la vía de los controles conseguir más controles, eso termina quitándole a la economía la racionalidad apropiada”.
Las razones que explican este comportamiento son la desconfianza y la incertidumbre en las políticas del gobierno.
Por un lado, las autoridades -con las regulaciones de precios- incentivan un mercado negro que, tiene una amplia penetración, dice Maldonado y que hace de esta actividad un gran negocio. Hay 3,5 millones de personas en sector informal de la economía, recuerda el dirigente gremial.
Y por el otro, está el consumidor, el ama de casa, el paciente clínico que opta por asegurarse hoy lo que desconoce si conseguirá mañana por las erráticas políticas gubernamentales, que no garantizan la existencia de los bienes de manera oportuna, coinciden Maldonado y León Parilli.
La medida adoptada por Farmatodo no hará que las colas desaparezcan y las personas tengan acceso a lo que buscan, ¿entonces para qué tomar una acción que te enfrentará a tu clientela?, pregunta Maldonado.
“El atropello proviene de las políticas públicas y la empresa privada no puede plegarse por temor a las consecuencias”, afirma el directivo de Anauco.
Ambos dirigentes concuerdan en que al liberar los precios se resolverá el faltante en los anaqueles.
“No puedes enfrentarte a tus clientes, porque ellos también son ciudadanos, tienen dignidad, una posición política y entonces invades esos espacios”, reflexiona Maldonado.
«Es poco útil que institucionalices lo que era un acuerdo informal», dice al referirse a una práctica que por meses han venido aplicando tanto cadenas de supermercados y farmacias como abastos.
La empresa privada no puede institucionalizar la represión, como decía Rousseau, eso genera insatisfacción y angustia, destaca el director ejecutivo de la Cámara de Comercio. “Es una mala aproximación sociopolítica al problema, una aproximación muy precaria de la realidad”, remata.
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