Representantes de las empresas Friosa, C.A. y Transporte Dole, C.A. introdujeron en el tribunal del Banco Mundial una solicitud de arbitraje, buscando ser compensados por la ocupación de ambas compañías en 2010, por orden del presidente Hugo Chávez.
De acuerdo con la página web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la demanda fue introducida el 5 de mayo por Luis García Armas, de nacionalidad española. La representación de Friosa y Dole en el caso será ejercida por la firma Freshfields Bruckhaus Deringer, basada en Washington.
La solicitud del reclamo se encuentra en estatus de «pendiente», a la espera de que se constituya un tribunal.
Friosa y Transporte Dole son propiedad de los inversionistas hispano-venezolanos Serafín García Armas y Karina García Gruber. Los demandantes alegan que la junta interventora que ocupó la empresa en mayo de 2010 aún sigue al mando de las instalaciones, lo que les ha generado la pérdida del valor total de sus inversiones.
La revista digital especializada Lexlatin, citando el documento de la demanda, reseña que la ocupación sin la debida compensación por parte del gobierno viola el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Venezuela para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones (Appri). Los demandantes poseen la doble nacionalidad.
La demanda exige un pago de 8 millones de dólares para cancelar los compromisos que se incumplieron en su momento, más el pago de una compensación por expropiación y por la violación del Appri, así como una indemnización por daños y la cobertura de los gastos del arbitraje.
La publicación también indica que Serafín García Armas está involucrado en disputas y acciones judiciales tanto en Venezuela como en Estados Unidos que reclaman al empresario el pago de deudas de las que él es garante y que nunca fueron honradas por el gobierno tras la expropiación.
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