Economía

En 2015 se registraron 219 intervenciones y ocupaciones de propiedad privada

Los ataques a la propiedad privada no solo consisten en expropiaciones. Los comisos de mercancía, las intervenciones y ocupaciones y los cierres de empresas son castigos de uso frecuente gracias a la legislación vigente, pero su aplicación constituye una violación a un derecho constitucional.

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El Observatorio de Derechos de la Propiedad, una iniciativa de la Asociación Civil Liderazgo y Visión y Cedice Libertad, contabiliza desde el el año 2005 las violaciones a la propiedad privada cometidas por organismos del Estado, entendidas como la vulneración o desconocimiento de cualquier tipo de tenencia. El año pasado se contabilizaron 107.954 ataques, lo que se traduce en 296 acciones diarias.

Estas cifras incluyen: 9 expropiaciones, 219 ocupaciones o intervenciones, 65.433 fiscalizaciones, 13.887 multas, 296 comisos, 96 invasiones, 14 regulaciones confiscatorias y 28.000 cierres de empresas.

Las expropiaciones, aunque se mantuvieron iguales que el año anterior, siguen siendo una herramienta familiar para el gobierno. El año pasado pareció preferir las ocupaciones -que además han sido incluidas en varias leyes como elemento sancionatorio-, que pasaron de 38 en 2014 a 219 al cierre de 2015.

La primera expropiación del año se produjo en mayo, cuando por orden de la Presidencia el gobierno adquirió forzosamente los hoteles Ausonia y Edwards. Posteriormente, en julio, se tomaron unas plantas de distribución ubicadas en La Yaguara, Caracas. En agosto, la Alcaldía de Libertador intervino el Centro Clínico Médico de Caracas, en Catia.

El grueso de las ocupaciones se ejecutaron sobre inmuebles y terrenos para el usufructo de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

– Riesgo latente –

Durante un acto el 1º de mayo, el presidente Nicolás Maduro reiteró con mayor vehemencia algo que había asomado en alocuciones anteriores: «Aquel que pare una planta, una industria o una fábrica será castigado por la ley y planta parada, planta tomada por la clase obrera. Me sabe a casabe quien sea», expresó.

Estas amenazas fueron repetidas por el primer mandatario dentro de la vigencia del primer Decreto de Emergencia Económica, que le permitía al gobierno requerir de personas naturales y jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a venezolanos.

El recién aprobado Estado de Excepción y Emergencia Económica fue más sutil pero también establece formas de intervención en la propiedad privada. Indica el texto que el presidente podrá adoptar medidas para que «el sector público asegure el apoyo del sector productivo privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos y bienes», que permitan combatir el ‘bachaqueo’ (reventa de productos con sobreprecio), el acaparamiento, la usura y otros de los delitos contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

– Medida impopular –

Aunque el gobierno ha asomado su intención de volver a la época de las grandes expropiaciones, los expertos aseguran que esto sería contraproducente, no solo por la baja productividad que han mostrado las empresas que pasaron a manos del Estado, sino por el impacto que medidas de este tipo tendrían en la opinión pública.

De acuerdo con el más reciente sondeo de Datanálisis, 91,8% de la población considera que las empresas nacionalizadas producen menos. La percepción negativa sobre medidas como la expropiación ha venido calando en la consciencia social: entre abril de 2015 y abril de 2016, la percepción del efecto negativo que tienen las expropiaciones en los precios pasó de 46,8% a 70,1%.

La amenaza directa contra Empresas Polar, que tiene paralizadas la mayor parte de sus líneas de producción, tampoco ha sido bien recibida por la población, que, según la encuestadora, ve en las empresas privadas la mayor garantía de abastecimiento.

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