Enorme deuda pública en mora es otro obstáculo para arreglar a Venezuela

La deuda impaga por Venezuela asciende actualmente a $90.000 millones, precisa el abogado y experto en arbitrajes Ramón Escovar Alvarado, en esta investigación hecha con patrocinio de Cedice Libertad, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, la más reconocida asociación civil del país dedicada a la economía y a promover la iniciativa privada.

Los inversionistas en estos bonos de Venezuela  hasta ahora mantienen 16 demandas contra Venezuela por incumplimientos de pagos. Cuatro de estos  procesos ya tienen sentencias condenatorias.

Durante los meses de la pandemia, los bonos venezolanos bajaron mucho de valor, hasta nivel de papeles basura, pero tras la guerra en Ucrania y el inicio de reuniones entre representantes de Biden y de Maduro, se han recuperado un poco sus cotizaciones.

El monto de los bonos en retraso de pagos incluye no solo los capitales adeudados al vencimiento y los intereses acumulados y por mora, sino también los costos legales y procesales correspondientes a los casos arbitrales.

Esta cifra representa más de la mitad de la deuda pública externa total de Venezuela y se irá incrementando semestre a semestre con la acumulación de nuevos intereses no pagados.

Un taxímetro encendido

Por ejemplo, desde junio de 2020 a marzo de 2022, se causaron nuevos intereses por el monto total de US$ 7.400 millones.

Este año, dos bonos adicionales se han sumado a la lista de aquellos en que el default se debe a la falta del pago del capital luego de la fecha de vencimiento.

“Se trata de los bonos PDVSA 2022 (USP7807HAP03) y PDVSA 2022 (USP7807HAM71). De modo, que ya son nueve bonos de Pdvsa en esta situación. En cuanto al resto de los 16 bonos, el default se debe a la falta de pago de intereses desde finales del año 2017”, aclaró Carrasquero a El Estímulo.

Deuda y crisis humanitaria

En 2020, “debido al default y la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela que aleja el escenario de una recuperación de la sostenibilidad de la deuda, el valor de mercado de los bonos de Venezuela y PDVSA es bastante bajo. En julio de 2021, por ejemplo, el promedio del valor de los bonos de la República era 10 centavos de dólar (i.e. 10% del valor facial), mientras que el valor de los bonos de PDVSA era de 3 a 7 centavos de dólar (i.e. de 3% a 7% del valor facial), dependiendo de la fecha de vencimiento. De este modo, el valor de mercado de los bonos se ha reducido aún más durante la pandemia”, se lee en el documento publicado por Cedice.

Pero antes de la cuarentena por covid-19, el promedio del valor de los bonos de PDVSA era 9,86 centavos de dólar (i.e. 9,86% del valor facial) y de los bonos de la República era 15 centavos de dólar (i.e. 15% del valor facial).

Tras el inicio de las negociaciones con Biden, el valor facial de los bonos subió nuevamente.

Van 16 demandas y cuatro condenas

Algunos de los principales tenedores de bonos de Venezuela son inversionistas institucionales, como BlackRock Inc., Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Greylock Capital, Pimco y T Rowe Price.

Y al menos 16 demandas internacionales han presentado ya los bonistas contra Venezuela por incumplimientos de pagos, 15 en Nueva York y una en Londres. De ese grupo, cuatro procesos arbitrales ya tienen sentencias condenatorias.

“Como consecuencia del default, en teoría todos los tenedores de bonos podrían demandar ante los tribunales a Venezuela, Pdvsa o Elecar. 13 demandas han sido contra la República de Venezuela y tres contra Pdvsa. El total demandado ha sido US$1.909.653.882 más intereses, honorarios de abogados y otros costos del juicio. Una demanda fue interpuesta en el 2018, siete demandadas en el 2019, cinco en el 2020 y tres en el 2021”, indicaron los investigadores.

Todas las series de bonos emitidos por la República han sido objeto de alguna demanda y seis series de bonos emitidos por Pdvsa también han sido objeto de demanda. Pero no se tiene conocimiento aún de demandas contra bonos de Elecar.

“Si bien se han incrementado los juicios contra Venezuela y Pdvsa con motivo del default, el monto total demandado todavía es solo una pequeña porción del total de la deuda derivada de los bonos (2,53% aproximado)”, acotaron.

Esto puede deberse a los altos costos que implican estos procesos legales y la dificultad de ejecución judicial de las condenas que se han dictado hasta el momento, dada la situación actual de Venezuela: no solo por su colapso económicos sino por sus “dos gobiernos”.

Riesgo país, un termómetro en rojo

El índice de riesgo país es uno de los indicadores para medir la confianza que tienen los mercados financieros en la posibilidad de un país para servir sus bonos de deuda pública.

Pues bien, en línea con esta situación crónica de impagos, el de Venezuela se mantiene en niveles históricamente elevados. El EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) elaborado por JP Morgan ubicaba a Venezuela este 5 de abril de 2022 en 35.863 puntos.

Esto se traduce en una diferencia de casi 36 puntos porcentuales en el rendimiento respecto a la tasa de interés de referencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los considerados por los mercados como papeles de cero riesgo.

Peor que Rusia

El valor histórico más alto de Venezuela ocurrió el pasado 28 de febrero, con 64.523 puntos, y el más bajo el 22 de febrero de 2005, con un hoy improbable de 47 enteros (4,7% por encima del Tesoro).

A modo de referencia, el riesgo país de Rusia, convertido hoy en un paria financiero internacional por su injustificada agresión a Ucrania, cerró el martes en 4.929 puntos.

Ese riesgo de Rusia tocó un máximo histórico de 6.215 puntos el pasado 9 de marzo.

Ucrania, que tras ser destruida por Rusia va a tener dinero para cualquier cosa menos para mantener al día sus pagos de bonos de deuda, registró este martes un riesgo país de 2.476 puntos. Su máximo histórico fue el 7 de marzo, con 4.929 puntos.

Bono Pdvsa 2020

El bono PDVSA 2020 merece especial atención porque es el único papel venezolano que cuenta con la garantía de un colateral (el 50,1 % de las acciones de CITGO, la filial de PDVSA, y principal activo refinador y distribuidor de combustibles de Venezuela en el exterior) y cuya validez jurídica es discutida.

“Este bono se origina en una oferta que realizó Pdvsa en octubre de 2016 a los tenedores del bono Pdvsa 2017, para canjear ese título por uno a vencerse en el 2020 (Pdvsa 2020). Esta operación no contó con la autorización de la Asamblea Nacional (elegida en 2015 y de amplia mayoría opositora) y actualmente la ejecución del colateral cuenta con un obstáculo: el régimen de sanciones de los Estados Unidos de América (EUA)”, aclara el trabajo de Cedice.

Hitos en la deuda

Estos son los antecedentes del caso: El 21 de mayo de 2018, el Gobierno de los EUA dictó la Orden Ejecutiva No. 13835, obstáculo para que los tenedores del PDVSA 2020 pudiesen ejecutar el colateral sobre las acciones de CITGO en caso de falta de pago.

El 19 de julio de 2018 la OFAC emitió la Licencia General No. 5, que permitía a los tendedores del PDVSA 2020 tomar el control de acciones de CITGO en caso de default.

El 24 de octubre de 2019 la OFAC emitió la Licencia General No. 5A, mediante la cual se dejó sin efectos la Licencia No. 5. La consecuencia inmediata de la Licencia 5A, es que los tenedores del PDVSA 2020 no podían ejecutar la garantía sobre dichas acciones en caso de que ocurra default hasta el 21 de enero de 2020.

La OFAC ha extendido dicha protección sobre las acciones de CITGO en varias oportunidades y actualmente está vigente hasta el 20 de enero de 2023, según un orden ejecutiva emitida por el gobierno de Joe Biden en enero pasado.

Un conflicto financiero

“En el plano de Venezuela, en mayo de 2019 la Asamblea Nacional aprobó el pago de 71 Millones de dólares por intereses. Posteriormente, el 15 de octubre de 2019 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo declarando la inconstitucionalidad del bono por haberse emitido sin la autorización de dicho ente. El 28 de octubre de 2019 PDVSA debía pagar la cantidad de USD 914 millones por amortización de parte del capital y pago de intereses, lo cual no hizo. El 29 de octubre de 2019 la junta administradora ad-hoc de PDVSA demandó ante tribunales de EUA la nulidad de los contratos suscritos en 2016 por PDVSA para la emisión del PDVSA 2020, argumentando entre otras razones, que la operación no fue autorizada por la Asamblea Nacional”, acota el trabajo de los expertos, publicado por Cedice.

En su defensa, los tenedores de este bono argumentan que no era razonable exigirles el conocimiento del Derecho venezolano y que, en todo caso, aplica el principio jurídico internacional del «estoppel«.

Conforme a esta norma, PDVSA no puede realizar un acto (i.e. demandar la nulidad) que supondría una posición contradictoria con una asumida con anterioridad (i.e. pagar los intereses en mayo de 2019).

Derecho de acreedores

Debido a eso, en octubre de 2020 la Juez del Distrito Sur de Nueva York dictó decisión mediante la cual determinó que el bono PDVSA 2020 era válido conforme al Derecho de Nueva York y que los Estados Unidos de América tenía un interés sustancial en asegurar certeza a los acreedores.

Como parte de su argumentación, la Juez mencionó que no había recibido ningún pronunciamiento claro del gobierno de Trump sobre la consistencia de reconocer la declaratoria de inconstitucionalidad del bono por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela con las políticas norteamericanas. PDVSA apeló de esta sentencia y se encuentra pendiente su decisión por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Necesaria reestructuración de deuda

“Venezuela y sus acreedores necesitan acordar una reestructuración de la deuda pública externa. Ni Venezuela tiene la capacidad para pagar los compromisos asumidos ni los acreedores pueden lograr obtener el pago de lo que se les adeuda. Los dos gobiernos que se disputan la representación de Venezuela (i.e. el gobierno de Maduro y el gobierno interino de Guaidó) convergen en la necesidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda”, concluye Escovar.

Una reestructuración permitiría modificar los términos y condiciones de los bonos, especialmente los referidos al pago de la deuda (capital e intereses).

“Tradicionalmente, ello implicaría reducir el monto adeudado (i.e. haircut) y/o extender los plazos para pagar. Su materialización usualmente se hace a través de la emisión de nuevos bonos que sustituyen a los anteriores. En el caso de Venezuela, se están proponiendo otras opciones como por ejemplo la sustitución de deuda por acciones en compañías del sector petrolero (i.e. debt-for-equity swaps), lo cual ocurrió en 2021 con la refinería dominicana Refidomsa”, señala el  abogado.

El papel de los renuentes

La falta de cláusulas de acción colectiva en varios de los bonos, así como la inexistencia de cláusulas de agregación, le generan dificultades a un eventual proceso de reestructuración de la deuda pública externa de Venezuela. Será muy difícil evitar la existencia de acreedores «holdouts», quienes pueden ser un importante obstáculo para el éxito de las negociaciones y/o su materialización.

Este tipo de acreedores, que se quedan afuera de los acuerdos de refinanciamiento, suelen acudir a tribunales para procesar a un país acreedor y exigir el pago total de lo que se les debe, con intereses y capital.

Los «holdouts» rechazan los descuentos comunes en las negociaciones de reestructuración y refinanciamiento de deudas, por lo que se convierten en un serio obstáculo para resolver un complejo proceso, como el de Venezuela.

“Aparte de estas dificultades y de otras que pueden darse en cualquier caso de reestructuración de deuda soberana, Venezuela presenta dos adicionales causadas por la crisis política que sufre el país, a saber: el régimen de sanciones de los EUA y el problema del reconocimiento del gobierno de Venezuela. De este modo, no podrían hacerse canjes de bonos ni ninguna transacción con funcionarios del gobierno de Maduro, salvo que la OFAC emitiese una licencia especial para ello”, concluye Escovar.