La Fiscalía logró privativa de libertad para el gerente general de procura de Bariven, Ramiro Farit Rodríguez, por presuntamente incurrir en la contratación irregular de dos monoboyas por un monto de $51 millones y un sobreprecio de 100%. El imputado fue detenido el 6 de abril en la sede de la Corporación Venezolana de Petróleo en Anzoátegui.
En la audiencia de presentación el fiscal 55º nacional auxiliar, Luis Sánchez Rangel, imputó a Ramiro Farit Rodríguez por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción y, Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
«Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por el fiscal, el Tribunal 4º de Control de Anzoátegui dictó la medida privativa de libertad contra el hombre, quien se encuentra recluido en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en Barcelona. De igual forma, el fiscal solicitó el bloqueo e inmovilización de bienes y cuentas bancarias, además de la incautación de un vehículo Toyota perteneciente al imputado., medida que fue acordada por la referida instancia judicial», informó el Ministerio Público en una nota de prensa.
La investigación se inició luego de una denuncia en la cual señalaban que el gerente aprobó la solicitud de compra de materiales relacionadas con la adquisición de dos monoboyas por un monto de 51 millones de dólares. Adicionalmente, presentó la aprobación para la instalación del equipo bajo la modalidad de adjudicación directa a una empresa por $26,7 millones, proceso que fue ejecutado por otra.
«Se presume el sobreprecio de más de 100% en la negociación e instalación de la monoboya en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo».
Según informó la Fiscalía el imputado fue detenido el pasado 6 de abril por funcionarios de la Dgcim en la sede de la Corporación Venezolana de Petróleo, ubicada en Lecherías, estado Anzoátegui.
Por el mismo caso, la fiscalía ya había imputado a los presidentes de las subcontratistas Guevara Training C.A. y Castillo Max Oil and Gas por presuntamente haber cobrado facturas abultadas en la adquisición e instalación de los equipos.
También fueron acusados el gerente general y el superintendente de Ingeniería del terminal de almacenamiento y descarga de crudo José Antonio Anzoátegui, operado por Pdvsa.]]>
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