Flexibilización salarial es insuficiente para optar por un crédito hipotecario

El Decreto N° 2.721, publicado en Gaceta Oficial 41.095 de fecha 14 de febrero, fija en 20% el porcentaje obligatorio de la cartera crediticia bruta anual que las instituciones bancarias deben otorgar a la concesión de créditos hipotecarios para la construcción, adquisición y autoconstrucción, mejoras y ampliación de vivienda principal.

El artículo 4 del decreto presidencial señala que para la compra de vivienda principal, la banca debe atender a grupos familiares con ingresos mensuales entre uno  y 20 salarios mínimos, que para la presente fecha se trata de un rango que va de Bs 40.638,15 hasta Bs 812.763.

Para el financiamiento hipotecario establecido el año pasado se ordenaba a la banca otorgar créditos a familias cuyos ingresos mensuales estuvieran entre tres y 20 salarios mínimos, es decir, entre Bs 34.734 y Bs 231.560. Hace un año el sueldo mínimo legal era de Bs 11.578.

El incremento nominal, tomando en cuenta el tope de 20 salarios mínimos, es de 251%, pero la inflación durante 2016 se disparó de manera descomunal a 799,9%, según cifras preliminares del Banco Central de Venezuela.

Los precios de los inmuebles escalaron significativamente en un entorno en el que la mayoría de los bienes y servicios se indexaron al dólar del mercado paralelo. No obstante, el valor de las viviendas se ha desplomado tras la crisis generalizada en el país producto de la incertidumbre política y económica.

El Decreto 2.721 distribuye el correspondiente 20% de la cartera bruta anual de la siguiente manera:

– 65% a créditos hipotecarios para la construcción de vivienda principal. Esto un alza de cinco puntos en comparación con el 60% asignado en 2016

– 30% a créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda principal, u ocho puntos menos que el 38% fijado el año pasado

– 5% a créditos hipotecarios para la autoconstrucción, mejoras y ampliación de vivienda principal, un aumento de 3 puntos porcentuales en contraste con el 2% establecido en 2016

Cada entidad tiene sus propios requerimientos para la solicitud de créditos hipotecarios, así como los plazos de pago. Pero un apartamento de apenas 54 metros cuadrados, de un solo ambiente, ubicado en la calle Panamerican de Catia, una populosa zona del oeste de Caracas, se vende en el mercado secundario por 27 millones de bolívares. Del otro lado de la ciudad, en Petare, un apartamento de 72 metros puede conseguirse entre 29 millones y 40 millones de bolívares, de acuerdo con el portal inmobiliario Tuinmueble.com.

Con un ingreso mínimo mensual de Bs 40.638,15 no se puede comprar siquiera una lámina de acerolit de 3 metros, utilizadas para colocar techos en algunas casas de zonas populares. La lámina de zinc, que es menos costosa, tiene un precio de Bs 30.400, también de 3 metros, apenas Bs 10.000 menos que el sueldo mínimo.

Llevar de tres a un salario mínimo los ingresos familiares mensuales para que una mayor parte de la población pueda optar por un crédito hipotecario, ya que resulta insuficiente para poder financiar el alto costo de una vivienda, en un contexto donde el bolívar pierde constantemente su poder de compra.

De hecho, de las carteras dirigidas de la banca, la hipotecaria fue la única que no se cubrió durante 2016 y apenas entregó 8,54% del total correspondiente.

Según la cartera de crédito bruta de 2015, las entidades bancarias debieron prestar 493 mil 204 millones de bolívares, que era el equivalente al 20% establecido por el gobierno para el año 2016.

Para este 2017 el sistema financiero tendría que otorgar créditos por 1 billón 180 mil millones de bolívares para dar cumplimiento a la cartera hipotecaria de 20%.